Julio Cesar Garcia Estrada
Expediente 1380/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1380/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 22/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Julio Cesar Garcia Estrada
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, a través del cual informa el domicilio de ********************; de lo que este juzgado de Distrito toma conocimiento. Lo anterior, sin que se realice mayor pronunciamiento, ello atendiendo a que el catorce de noviembre de dos mil veintitrés, se emitió la sentencia, mediante la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Notifíquese.
- Principal
Audiencia Constitucional ...En Cuernavaca, Morelos, a las once horas con cincuenta minutos del catorce de noviembre de dos mil veintitrés, en audiencia pública Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, asistida de Mac Quetzin Murillón Duarte, secretario con quien legalmente actúa, declara abierta la audiencia constitucional del juicio de amparo indirecto 1380/2023, promovido por Julio César Gar********************, sin asistencia de las partes. Juicio de amparo: 810/2023Parte quejosa: 810/2023; y Luego, a fin de relacionar las constancias que obran en autos, el secretario hace constar que se da lectura a cada una de ellas, entre las que se encuentran por su importancia, el escrito inicial de demanda, admisión de la misma y el informe justificado rendido por la autoridad responsable. Enseguida la Jueza acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, no procede diferir la audiencia constitucional, pues a pesar que el informe justificado rendido por la responsable sólo se hizo del conocimiento de la parte quejosa con ocho días de anticipación a la celebración de la misma, lo cierto es que dicho término está establecido a favor de cada una de los partes en lo individual, a fin de que puedan defenderse en contra de lo contenido en el mismo y sus anexos, conforme a la jurisprudencia P./J. 54/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 191995, de rubro "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Luego, es que en el caso, como se argumentara posteriormente, en virtud de que la parte promovente estuvo en posibilidad de defenderse del mismo, y al sólo perjudicar el presente fallo a la parte amparista, en este caso en particular, se está en una excepción a la regla general -diferimiento-, que tiende proteger una justicia pronta y expedita en términos del artículo 17, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -al privilegiar la solución del asunto, sobre los formalismos procedimentales-, lo que además propicia la garantía del equilibrio de la igualdad procesal de las partes -pues el diferimiento de este asunto atendería a un derecho procesal establecido a favor de partes diversas al quejoso, y sólo beneficiaría a la parte amparista-, sin oponerse por ello a lo previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Acto continuo, la Jueza declara abierto el periodo probatorio: El secretario procede a dar cuenta con las pruebas ofrecidas la autoridad responsable. A lo anterior la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza tales pruebas documentales. Luego, la Jueza declara abierto el periodo de alegatos: En el que el secretario hace constar que ninguna de las partes ejerció ese derecho ni la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita presentó pedimento. En esas condiciones, se procede a cerrar el período de alegatos y, al no haber diligencia que practicar ni escrito pendiente por acordar, se da por concluida la presente audiencia y en vista de lo actuado, se procede al dictado de la siguiente resolución. S E N T E N C I A Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos ha tenido vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 1380/2023; y R E S U L T A N D O 1. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito depositado el cuatro de octubre de dos mil veintitrés en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y recibido el nueve de octubre siguiente, por razón de turno, en este Juzgado Primero de Distrito en la citada jurisdicción, Julio César Gar********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra [1] Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, por el siguiente acto reclamado: "IV.- ACTO RECLAMADO. LA INCORRECTA INVESTIGACIÓN DE BENEFICIARIOS DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, EN VIRTUD DE QUE LA PERSONA QUE LE IMPUTAN LOS DERECHOS DE MI EXTINTO PADRE JOSE LUIS GARCIA MONZURI, NO CUENTA CON LOS DERECHOS PARA RECLAMAR, LOS DERECHOS DE MI PADRE. De igual manera se reclaman las actuaciones llevadas a cabo (.)" 2. Trámite del juicio. Por auto de diez de octubre de dos mil veintitrés, este juzgado admitió la demanda de amparo referida y pidió a la autoridad responsable su informe justificado. Además, en el citado proveído se hizo del conocimiento de las partes, su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sin que hayan realizado manifestación al respecto. Asimismo, se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, y se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró el día de hoy catorce de noviembre de dos mil veintitrés al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como con el acuerdo general número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, ya que se trata de un juicio constitucional en el que se reclama un acto de autoridad del tipo declarativo, que no tiene ejecución material, del cual previno este juzgado en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, tal como apoya la jurisprudencia VII.2o.T. J/63 K (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con registro 2021783, de rubro "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS QUE POR SU NATURALEZA NO REQUIEREN EJECUCIÓN MATERIAL PARA SURTIR SUS EFECTOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO EN EL CONOCIMIENTO DEL ASUNTO." Lo anterior, aunado a que el quejoso reclama la legalidad del llamamiento al juicio especial de declaración de beneficiarios y todo lo actuado en el mismo, el cual concluyó con el laudo de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, en el que exclusivamente se declaró como única beneficiaria del extinto José Luis García Monzuri, a su nieta Leslie Gonzalez García, por lo que tal procedimiento y los actos derivados del mismo, sólo tienen efectos declarativos, pues en dicho expediente no se decidió sobre alguna prestación o derecho distinto, que la declaración aludida, de allí que tales actuaciones -derivadas del procedimiento en cuestión- no cuentan con una ejecución material por sí mismas, pues será en todo caso alguna diversa determinación o juicio que le reconozca u otorgue un derecho a tal beneficiaria -lo cual resulta ajeno al acto reclamado en el presente juicio de amparo-, la que tendría ejecución propia, lo que resulta futuro e incierto, resultando aplicable por ello lo sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, en la tesis XXI.3o.C.T.1 L (10a.), con registro 2011044, del contenido siguiente: "DECLARACIÓN DE BENEFICIARIOS. AL TENER DICHA RESOLUCIÓN ÚNICAMENTE EFECTOS DECLARATIVOS Y CONSTITUIR UN ACTO FUERA DE JUICIO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO. En los procedimientos relativos a la declaración de beneficiarios, donde sólo se ventile esa cuestión, independientemente del modo en que se tramiten, esto es, por un riesgo de trabajo o en los demás supuestos previstos en los artículos 982 a 991 de la Ley Federal del Trabajo, al no estar en presencia de un conflicto entre partes sometido a decisión jurisdiccional, con independencia de que el litigio pueda estar latente pero nunca presente, y aun cuando existan diversas personas que puedan considerarse como tales, la decisión que se adopte tendrá efectos únicamente declarativos y, por esa razón, constituye un acto fuera de juicio, contra el cual procede el amparo indirecto en términos del artículo 107, fracción IV, párrafo primero, de la Ley de Amparo." Sin que se desconozca que tal criterio contendió en la contradicción de tesis 237/2016 de la Segunda Sala de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 1/2017 (10a.) de rubro "PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE DECLARACIÓN DE BENEFICIARIOS. LA RESOLUCIÓN QUE LO DIRIME TIENE LA NATURALEZA DE LAUDO, POR LO QUE, EN SU CONTRA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO", sin embargo, en dicha determinación nuestro tribunal constitucional únicamente varió el criterio del Tribunal Colegiado precitado, en el sentido de que el procedimiento en cuestión se trataba propiamente de un juicio, por lo que su resolución final se trataba de un laudo y no de un acto dictado fuera de juicio, sin embargo, en esa ejecutoria no cuestionó lo allí determinado en el sentido de que esa resolución únicamente tiene efectos declarativos, lo cual se sustenta en la presente determinación, apoyando en el mismo sentido por analogía en la tesis con registro 356575, de la ahora extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: "HEREDEROS, SUSPENSIÓN TRATÁNDOSE DE DECLARACIÓN DE. Si se reclama en amparo la resolución de segunda instancia, que declara a una persona, heredera de otra, se trata de un acto declarativo que no tiene efecto inmediato alguno y no puede causar perjuicios de difícil reparación a la parte quejosa, y la suspensión debe negarse." II. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado en este juicio consiste en: Autoridad responsable Acto reclamado [1] Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos a) La legalidad del llamamiento -por convocatoria- al procedimiento especial de declaración de beneficiarios 487/2021, promovido por Leslie González García, en el que mediante laudo de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, se declaró a la promovente -Leslie González García- como única y legitima beneficiaria, dependiente económica del ahora fallecido trabajador José Luis García Monzuri. III. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la [1] Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, pues así lo manifestó en su informe justificado. Además, tales aseveraciones se encuentran corroboradas con las copias certificadas de las constancias que remitió la junta responsable, relativas expediente laboral 487/2021, las cuales tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2º, por tratarse de documentales públicas, al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones, de las cuales se advierte la existencia del laudo antes mencionado sobre la declaración de Leslie González García como única y legitima beneficiaria, dependiente económica del ahora fallecido trabajador José Luis García Monzuri; en consecuencia, dichas aseveraciones y tales documentales resultan suficientes para acreditar su existencia. IV. Improcedencia del juicio de amparo. Este juzgado advierte de oficio que, respecto al acto reclamado a la autoridad responsable [1] Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 en relación con el diverso ordinal 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, en atención a que la parte quejosa no acredita tener interés jurídico. En primer lugar debe tenerse presente, ante todo, que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos que no afecten los intereses de la persona peticionaria del amparo, según se desprende del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece lo siguiente: "ARTÍCULO 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." Ahora bien, los citados artículos 61, fracción XII y 5, fracción I, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la presente Ley. (.)" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." De los preceptos transcritos, se tiene que la acción de amparo puede promoverse cuando se aduzca ser titular de un derecho, o bien cuando se afirme tener un interés legítimo individual o colectivo; empero, es importante resaltar que, en todo caso, al acudir al juicio de amparo la parte peticionaria del amparo debe situarse en alguna de las hipótesis jurídicas, esto es, como afectada de manera directa en un derecho jurídicamente tutelado -interés jurídico-, o aduciendo contar con un interés legítimo individual o colectivo en virtud de su especial situación frente al orden jurídico -interés legítimo-. Ahora bien, tratándose de actos que provienen de un procedimiento jurisdiccional, la regla es que la parte quejosa debe acreditar el interés jurídico, es decir, demostrar que es titular de un derecho jurídicamente protegido. En el caso, en virtud de que el acto reclamado se encuentra inmerso dentro de un procedimiento especial de declaración de beneficiarios en materia laboral, de donde se colige que para reclamar actos derivados del mismo debe acreditarse la existencia de un interés jurídico. Asimismo, debe tenerse en consideración, que respecto a tal procedimiento, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 237/2016, precisó que el derecho sucesorio civil no es aplicable en materia laboral, en tanto que la ley laboral tiene un procedimiento especial para "declarar" quién o quiénes y en qué proporción, son los beneficiarios de las indemnizaciones o cantidades endeudadas a los trabajadores que llegue a fallecer. Para ello clarificó que tal procedimiento se sustancia conforme a los artículos 115, 503, 892, 896 y 898 de la Ley Federal del Trabajo, y que el mismo puede presentarse para continuar un juicio o cubrir una indemnización decretada, o bien como una especie de acto prejudicial o preparatorio, en aquellos casos en que únicamente se pretende obtener dicha "declaración", pero que todos los supuestos mencionados, se trata de un procedimiento especial; lo cual dejó plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 1/2017 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2013592, del contenido siguiente: "PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE DECLARACIÓN DE BENEFICIARIOS. LA RESOLUCIÓN QUE LO DIRIME TIENE LA NATURALEZA DE LAUDO, POR LO QUE, EN SU CONTRA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. El procedimiento especial de declaración de beneficiarios a que se refiere el artículo 892, en relación con el 503, ambos de la Ley Federal del Trabajo, tiene como objetivo determinar quién o quiénes y en qué proporción habrán de suceder al trabajador fallecido en sus derechos laborales, liberando al patrón de responsabilidad en caso de que pague a quien señale la Junta de Conciliación y Arbitraje; procedimiento que es útil en caso de muerte por riesgos de trabajo o cuando se encuentran pendientes de cubrir prestaciones o indemnizaciones, ejercitar acciones o continuar juicios, según se advierte de los numerales 115 y 503 de la citada legislación, pues evita la obligación de sustanciar el juicio sucesorio. Ahora bien, en dicho procedimiento la Junta está obligada a investigar y convocar a quienes consideran tener derecho a ser declarados beneficiarios del extinto trabajador, y se da la oportunidad de exhibir pruebas, formular alegatos y oponerse al derecho de presuntos beneficiarios, es decir, admite controversia entre éstos y, por tanto, tiene la naturaleza de juicio; sin que constituya una incidencia o etapa preliminar, ya que su objetivo es exclusivamente el mencionado, y lo corrobora el hecho de que en caso de muerte por riesgos de trabajo o prestaciones pendientes, no necesariamente se desarrollará una controversia entre patrón y beneficiarios con posterioridad a su resolución. Por ello, si aquel procedimiento se estableció para admitir una controversia entre partes y no constituye una incidencia ni un acto prejudicial o preparatorio a juicio, la resolución que lo dirime no constituye una actuación dictada en juicio, fuera de juicio o después de concluido, sino que tiene la naturaleza de laudo, en términos de la fracción III del artículo 837 de la Ley Federal del Trabajo y, por ende, en su contra procede el juicio de amparo directo." Es en tales términos que el procedimiento de declaración de beneficiarios apuntó que sólo tiene como objetivo declarar quién o quiénes y en qué proporción, tienen derecho al pago de las prestaciones o indemnizaciones del trabajador fallecido, liberando al patrón de responsabilidad hecho el pago en cumplimiento de la resolución correspondiente de la junta respectiva. Es por ello que conforme al artículo 503, fracción I de la Ley Federal del Trabajo, para la sustanciación del mismo -y por ello para el llamamiento de beneficiarios-, se requiere practicar una investigación económica y fijar un aviso a manera de convocatoria, para los beneficiarios de dicho trabajador. Y en ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 47/97, determinó que en virtud de que la resolución dictada en el procedimiento especial en comentó se circunscribe a "declarar" quiénes son los beneficiarios del trabajador fallecido, los únicos que resentirían un agravio con tal designación, serían las personas que se consideraran con un mejor derecho que el beneficiario declarado. Lo cual expuso en la jurisprudencia 2a./J. 22/98, de dicha Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 196119, del contenido siguiente: "BENEFICIARIOS EN MATERIA LABORAL, DECLARACIÓN DE. EL PATRÓN CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR SU RESOLUCIÓN. De una interpretación armónica de los artículos 115, 501, 503, 892 a 899 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo, se concluye que el procedimiento de beneficiarios y dependencia económica, que tiene como única finalidad que se declare por parte de la autoridad laboral, quién es el que habrá de suceder al trabajador fallecido en el beneficio de una condena en contra del patrón, respecto de una acción previamente instaurada, sólo podría impugnarse por alguna de las personas que se considerara con mejor derecho en términos de las fracciones I a V, del mencionado artículo 501, pero la determinación adoptada en el procedimiento respectivo no genera un perjuicio o agravio personal y directo en la esfera jurídica del patrón, habida cuenta de que al existir una condena previa en su contra, independientemente de quién resulte beneficiario, él tendrá que cumplirla, lo que actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción V, del artículo 73 que, aplicado en concordancia con el artículo 74, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, conduce al sobreseimiento del juicio." En tal contexto normativo, precisamente, el quejoso reclama que con motivo del llamamiento -que aduce deficiente- que se le realizó en tal procedimiento especial -realizado en el expediente 487/2021, ante la junta responsable, el cual fue sustanciado como un procedimiento especial de forma autónoma-, se le está privando de un derecho adquirido, en el sentido de que, sin ser parte en dicho procedimiento especial laboral, la responsable reconoció a Leslie González García como beneficiaria del ahora occiso trabajador José Luis García Monzuri, perjudicando sus derechos de forma injustificada, sustentando en que el aquí quejoso tiene el carácter de beneficiario de tal trabajador fallecido, al tratarse de su hijo, sin embargo, no anexó prueba alguna para demostrar dicha circunstancia. Así, el amparista aduce ser titular de un derecho subjetivo que potencialmente puede ejercer en el procedimiento especial en comentó, y el cual aduce que fue afectado, al no habérsele notificado adecuadamente de dicho procedimiento, no obstante, no acredita tal circunstancia. Al respecto, además, debe considerar que el aquí quejoso, actualmente no es parte en dicho procedimiento -pues materialmente no se ha apersonado al mismo, ni formalmente se le ha reconocido tal carácter-, por lo que está acudiendo al presente juicio como una persona extraña al mismo. Es así, que al ostentarse como persona extraña a dicho procedimiento del que no forma parte, es que no se puede decir ipso facto -en este momento, sin necesidad de prueba alguna-, que tal procedimiento especial por sí mismo le causa un perjuicio directo a su esfera de derechos. Pues no se le está señalando textualmente como afectado de las resoluciones derivadas de tal procedimiento, ni se le incluyó de manera formal o materialmente al mismo, y es en tales términos, que en este caso en específico, el quejoso tiene la carga de acreditar su interés jurídico para probar fehacientemente que dicho procedimiento le causa un perjuicio, en el sentido de que cuenta con un derecho que potencialmente podría llegar a defender en ese controvertido. Ello, ya que si bien el procedimiento especial de declaración de beneficiarios admite controversia entre partes, tomando en consideración que el artículo 896 de la Ley Federal del Trabajo establece, expresamente, que cuando se controvierta el derecho de los presuntos beneficiarios, celebrara una audiencia, con la finalidad de que las partes puedan ofrecer y aportar las pruebas relacionadas con los puntos controvertidos, por lo que se tiene que tal procedimiento tiene la naturaleza de juicio con la finalidad de verificar quien cuenta con derecho o mejor derecho en su caso, para ser declarados como beneficiarios del extinto trabajador. Por lo que, para acreditar el interés jurídico de forma fehaciente para impugnar el llamamiento de beneficiarios en tal procedimiento, el quejoso tuvo que probar que cuenta con tal derecho o en su caso un mejor derecho, para ser declarado beneficiario oponible al establecido en el procedimiento de origen, pues éste es el único supuesto en que podría afirmarse que cuenta con un derecho que potencialmente podría llegar a tutelarse en el procedimiento que pretende ser llamado, lo que en la especie no sucede. Sin que basten sus manifestaciones bajo protesta de decir verdad, ni la existencia del acto reclamado, para tener por colmado dicho interés o bien, para demostrar un mejor derecho para acreditar que el mismo podría ser susceptible de tutelarse, sino que resulta indispensable que acredite el derecho que sostiene le es afectado por el acto de autoridad -en este caso demostrar el parentesco en cuestión, y que el mismo resulta oponible, lo cual señala que no fue tomado en cuenta-, al no existir en la especie un grado de verosimilitud y probabilidad, de que tales derechos le asisten, pues incluso no han sido definidos por la responsable, al no ser parte de tal procedimiento. Resultando aplicable por ello la jurisprudencia I. 1o. A. J/3, por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con número de registro 229368, de rubro "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO LO ACREDITA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO", y la diversa jurisprudencia 3a./J. 27/90, de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 207221, de rubro "INTERÉS JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD." En ese tenor, al no haber exhibido el quejoso prueba alguna que se considere idónea para acreditar el derecho que aduce tener -respecto a que se cuenta con el carácter de beneficiario de tal trabajador fallecido, al tratarse de su hijo-, a fin de que acreditar un interés jurídico en el presente asunto -pues tuvo que acreditar la existencia del derecho que como beneficiario aduce tener en el procedimiento de origen, sustentado en una figura jurídica o precepto de las legislaciones secundarias relativas que evidenciara ese derecho, lo que en el caso no hizo, al no aportar algún material convictivo eficaz de su parte con el que acreditara el derecho que, dice, le asiste como mejor beneficiario del ahora occiso trabajador José Luis García Monzuri-, ello trae como consecuencia que la parte impetrante del amparo no haya demostrado su interés jurídico para impugnar el llamamiento de beneficiarios en dicho asunto. Por lo que resultan aplicables por identidad jurídica sustancial, con base en su contenido las jurisprudencias 1a./J. 39/99 y 2a./J. 20/2009, de las Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registros digitales 193045 y 167611, respectivamente, del texto siguiente: "SUCESORIO. CUANDO UN POSIBLE HEREDERO NO FUERA LLAMADO A UN JUICIO DE ESA CLASE Y ÉSTE HUBIERE CONCLUIDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIONES ADJETIVAS DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y TLAXCALA). Cuando el afectado impugne que no fue llamado legalmente al juicio sucesorio correspondiente, que ya concluyó, argumentando que el emplazamiento, la convocatoria o citatorio de herederos no se ajustó a los lineamientos que establecen los preceptos adjetivos aplicables, debido a que no constituye un imperativo el que tenga que ejercer previamente la acción de petición de herencia a que se refieren los artículos 12, 13 y 834 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco y 9o. fracción I, 10, fracción VI y 11 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, el amparo indirecto será procedente, de acuerdo con la excepción al principio de definitividad prevista en la parte final de la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, que establece que las personas extrañas al juicio del que emanan los actos reclamados pueden promover su demanda de amparo en forma inmediata, ante el Juez de Distrito. Por tanto, si cuenta con los documentos públicos para probar la idoneidad de su parentesco con el de cujus que le permitiría ser declarado probable heredero, el afectado no está obligado a ejercer la acción de petición de herencia. En todo caso, el ocurrir o no a esa vía jurisdiccional resultaría optativo para el quejoso, siempre que no haya transcurrido el término de diez años para que opere la prescripción, señalado en los artículos 2993 del Código Civil del Estado de Jalisco y 2939 del Código Civil del Estado de Tlaxcala." "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO SUCESORIO AGRARIO. ACREDITA SU INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA SENTENCIA FIRME DICTADA EN DICHO JUICIO, SI SE UBICA EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 17 Y 18 DE LA LEY AGRARIA. Acorde con los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73, fracción XIII, y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, procede el amparo indirecto contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo cuando afecten a personas extrañas al juicio, constituyéndose una excepción al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, de ahí que la persona que, a pesar de tener interés jurídico, no fue llamada al juicio sucesorio agrario, es tercera extraña a éste, en la medida en que no fue convocada a ejercer sus defensas y, por tanto, puede impugnar en amparo indirecto la sentencia firme dictada en aquel juicio. Para estos efectos, el tercero extraño debe probar ante el Juez de Distrito que se ubica en alguna de las hipótesis previstas en los artículos 17 y 18 de la Ley Agraria, consistentes en: 1) figurar en alguna lista de sucesión inscrita en el Registro Agrario Nacional o formalizada ante notario público o 2) acreditar que es cónyuge, concubina, concubinario, hijo, ascendiente o dependiente económico del ejidatario fallecido." Lo expuesto, máxime, que sin prejuzgar sobre los efectos del laudo que concluyó el procedimiento reclamado, lo cierto es que con el material probatorio con que se cuenta hasta estos momentos -sin desconocer que de existir diversas pruebas tal apreciación podría variar-, no se encuentra acreditado que tal determinación cause una afectación a personas terceras a aquella que fue declarada beneficiaria en tal procedimiento, pues incluso, no se encuentra comprobado que se haya iniciado un distinto juicio o procedimiento, en el que esa simple declaración, sin efectos ejecutivos propios -en cuanto a que era beneficiaria la promovente de ese procedimiento especial-, produzca efectos lesivos sobre diversas personas que puedan ostentarse como beneficiarios -como en el caso de que se le otorgara el pago de alguna prestación relativa al trabajador fallecido-, lo cual confirma que al menos, para efectos del presente juicio de amparo, y con el material probatorio con que se cuenta, no se tiene certeza de que tal procedimiento de forma real y actual cause una afectación a partes diversas a la participe de ese procedimiento, resultando ilustrativa en ese sentido, lo expuesto en la jurisprudencia 2a./J. 19/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 167744, del contenido siguiente: "COSA JUZGADA. NO SE PRODUCE RESPECTO DEL TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO SUCESORIO AGRARIO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 85/2008, de rubro: "COSA JUZGADA. EL SUSTENTO CONSTITUCIONAL DE ESA INSTITUCIÓN JURÍDICA PROCESAL SE ENCUENTRA EN LOS ARTÍCULOS 14, SEGUNDO PÁRRAFO Y 17, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.", sostuvo que la cosa juzgada es uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica, siempre que en el juicio correspondiente se haya hecho efectivo el debido proceso con sus formalidades esenciales, y en la jurisprudencia P./J. 86/2008, de rubro: "COSA JUZGADA. SUS LÍMITES OBJETIVOS Y SUBJETIVOS.", precisó que esa figura procesal tiene límites. En congruencia con lo anterior, se concluye que no se produce la cosa juzgada respecto del tercero extraño al juicio sucesorio agrario, cuando no formó parte de la relación procesal a pesar de tener interés jurídico para ello, pues al no haber sido llamado a la contienda, no se le dio oportunidad de ser oído y vencido en el juicio sucesorio. Además, en esta situación se presenta tanto un límite objetivo como uno subjetivo de la cosa juzgada, ya que por una parte, aun cuando la pretensión del tercero extraño versa sobre el mismo objeto del juicio sucesorio (es decir, los derechos sucesorios del ejidatario de cujus), no se trata de la misma causa, pues postula su mejor derecho a suceder al ejidatario, cuestión que aún no ha sido resuelta y, por la otra, hay un límite subjetivo a la cosa juzgada en atención a que los litigantes no son los mismos, ya que el tercero extraño precisamente reclama que no se le dio oportunidad de participar en el juicio sucesorio donde se dedujeron los derechos hereditarios que pertenecieron al ejidatario fallecido." Pues si bien, no se está aseverando que el laudo que concluyó tal procedimiento no constituya cosa juzgada para el aquí quejoso, lo cierto es que, para efectos del presente juicio de amparo y con el material probatorio con que se cuenta, no está demostrada la existencia real y actual de alguna afectación en ese sentido, pues, se insiste, incluso, no acreditó el carácter de beneficiario con un mejor derecho que oponer, ni que se haya resuelto sobre alguna prestación del trabajador fallecido en la que el aquí promovente tenga injerencia, para así tener por acreditado un interés jurídico suficiente, para incidir en el procedimiento especial de origen. Por lo expuesto, resulta innegable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, y lo precedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto al acto reclamado a la [1] Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, de conformidad con el diverso 63, fracción V, del propio ordenamiento. Ello además, porque aun cuando tratándose de beneficiarios de un trabajador fallecido aplica la suplencia de la queja, en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, y conforme a la tesis 2a. XCV/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2007681, de rubro "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA LABORAL. OPERA EN FAVOR DE LOS PENSIONADOS Y DE SUS BENEFICIARIOS", no obstante, la misma no puede llegar al extremo de hacer procedente lo improcedente conforme a la jurisprudencia 1a./J. 46/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 169409, de rubro "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA AGRARIA. NO DEBE LLEGAR AL EXTREMO DE ACEPTAR LA PROCEDENCIA DE UN RECURSO NO PREVISTO POR LA LEY." Siendo que resulta carga de la prueba de la parte quejosa el acreditar su interés jurídico, aunado a que en el caso debe de tenerse en cuenta que en el procedimiento de origen también es parte una persona que fue declarada beneficiaria del quejoso, por lo que, no debe perderse de vista que la naturaleza de la suplencia de la queja es beneficiar a una parte en desventaja, lo que no acontece cuando ambas se ubican en una hipótesis de suplencia, pues en estos casos el favorecer a una de las partes implica afectar a la otra, aun cuando ambas se encuentran en una situación vulnerable, como lo evidencian la tesis 2a. XCIII/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2002412, del contenido siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL AMPARO AGRARIO, CUANDO AMBAS PARTES EN EL JUICIO AGRARIO DE ORIGEN SEAN BENEFICIARIAS DE DICHA FIGURA. Si bien la finalidad primordial del amparo agrario consiste en facilitar a los núcleos de población en general y, a los campesinos en particular, la defensa de sus derechos agrarios más allá de los principios que se aplican en todo tipo de amparo, de tal manera que dicho juicio sea un medio eficaz del derecho social previsto en el artículo 27 de la Constitución Federal, para lo cual, entre otras, se aplica en beneficio de aquéllos la figura de la suplencia de la deficiencia de la queja, lo cierto es que dicha aplicación no debe romper con el equilibrio procesal que rige en este tipo de contienda cuando ambas partes en el juicio de origen sean sujetos de derecho agrario." Así como, la jurisprudencia 2a./J. 42/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 184002, que señala: "SINDICATOS DE TRABAJADORES. CASOS EN QUE SE LES DEBE SUPLIR LA QUEJA DEFICIENTE EN LOS JUICIOS DE AMPARO. Del análisis de la evolución histórica de la institución de la suplencia de la queja, prevista en el artículo 76 bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, se advierte que el legislador, basado en el principio de justicia distributiva, la instituyó, exclusivamente, en favor de la clase trabajadora que acude al juicio de garantías, ya sea como persona física o moral constituida por un sindicato de trabajadores, en defensa de sus derechos laborales consagrados en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la legislación reglamentaria, para lograr el equilibrio procesal de las partes que intervienen en dicho juicio, y con la única finalidad de velar por el apego de los actos de autoridad al marco constitucional para garantizar a ese sector de la sociedad el acceso real y efectivo a la Justicia Federal. En consecuencia, la referida institución opera a favor de los sindicatos de trabajadores, cuando defienden derechos laborales que han sido vulnerados por cualquier acto de autoridad sin importar su origen, siempre y cuando éste trascienda directamente a los derechos laborales de sus agremiados, y no intervengan diferentes organizaciones sindicales como partes quejosa y tercero perjudicada, toda vez que esta peculiaridad procesal implica que ninguna de las partes se coloque en una situación de desigualdad jurídica que requiera ser equilibrada y dé lugar a la obligación de suplir la queja en tanto las dos partes, al ser sindicatos, deben estimarse parte trabajadora en igualdad de condiciones. En otras palabras, cuando un sindicato acude al juicio de garantías y su contraparte es también un sindicato al que le interesa que subsista el acto reclamado con el fin de tutelar los derechos del propio sindicato, significa que no subsiste la desventaja técnico procesal que tanto el Poder Revisor de la Constitución como el legislador ordinario tomaron en cuenta para establecer tal obligación." Lo que incluso en el caso de juicios sucesorios civiles, ha sido acotado por nuestro máximo tribunal, en el sentido de que no aplica tal figura, ni tratándose de la establecida en el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, en cuanto al orden y desarrollo de la familia, si no se encuentran inmiscuidos en tal contienda derechos de menores de edad o incapaces, que originen la necesidad de su aplicación, como se advierte en la jurisprudencia 1a./J. 65/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2020924, que establece: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, EN TRATÁNDOSE DE LA AFECTACIÓN AL ORDEN Y DESARROLLO DE LA FAMILIA. NO PROCEDE EN LOS JUICIOS SUCESORIOS INTESTAMENTARIOS. El artículo citado prevé la suplencia de la queja a favor de tres grupos distintos: los menores de edad, los "incapaces" y la familia, en aquellos casos en que se afecte su orden y desarrollo. Ahora bien, a fin de determinar si en un juicio sucesorio intestamentario opera la suplencia de la queja con base en la protección a la familia, es menester dilucidar cuándo se está en presencia de casos en que se vulnera su orden y desarrollo, siendo que estaremos en ese supuesto cuando se ven trastocadas las relaciones entre los miembros de la familia o cuando están en juego instituciones de orden público, lo que no se traduce en la protección de los miembros del núcleo familiar en lo individual, sino a las relaciones existentes entre ellos y en los derechos y obligaciones subyacentes a las mismas. Por tanto, si la finalidad del juicio sucesorio intestamentario consiste esencialmente en la división y adjudicación de los bienes del autor de la sucesión a favor de los herederos, quienes tienen el deber de soportar las cargas de la herencia; es claro que sólo se encuentran en juego intereses económicos y que las consecuencias que pudieran producirse no lesionan al grupo familiar, pues no varían su configuración o el orden existente, sino que redundan en cuestiones estrictamente patrimoniales, por lo que no opera la suplencia de la queja con base en la última parte de la fracción II del artículo 79 de la Ley de Amparo; lo anterior, siempre y cuando en el juicio sucesorio intestamentario no se encuentren inmiscuidos derechos de menores de edad o "incapaces", pues es evidente que en tales supuestos la suplencia de la queja opera en su mayor amplitud. No es obstáculo a la conclusión anterior, el hecho de que en ese tipo de juicios es necesario analizar si el accionante acreditó su entroncamiento con el autor de la sucesión de manera que pueda determinarse si tiene o no derecho a la herencia, pues lo cierto es que el reconocimiento o desconocimiento del grado de parentesco que se dice une al presunto heredero con el de cujus sólo surte efectos en relación con el juicio de petición de herencia, esto es, para saber si está en aptitud de obtener alguna porción de los bienes del autor de la sucesión por tener el carácter de heredero. Lo anterior, sin embargo de ninguna manera puede ser susceptible de modificar el vínculo filial o el estado civil de alguna persona." Lo que no ocurre en la especie, de allí que no le resulte benéfica tal institución al aquí quejoso, y que por ello, se insista en la actualización de la causa de improcedencia en estudio -lo que origina el sobreseimiento en el asunto de conformidad con el diverso 63, fracción V de la Ley de Amparo-. Por último, resta decir que al haberse sobreseído en el presente juicio de amparo, no se le causa ninguna afectación con esta determinación a las partes diversas a la aquí parte quejosa, al resultar esta determinación favorable a sus intereses, tal como disponen las jurisprudencias con registros 181801 y 238863, de las Primera y Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros "AMPARO CONTRA LEYES. AUN CUANDO EL HECHO DE NO LLAMAR A JUICIO A ALGUNA DE LAS CÁMARAS QUE INTEGRAN EL CONGRESO DE LA UNIÓN CONSTITUYA UNA VIOLACIÓN PROCESAL, RESULTA INNECESARIO ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO SI LO QUE PROCEDE ES NEGAR EL AMPARO O SOBRESEER EN EL JUICIO" y "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARA", así como la diversa tesis P. V/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 196912, del contenido siguiente: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74 a 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Único. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por **************, contra el acto reclamado a la autoridad responsable precisados en el considerando II, por las razones indicadas en el último considerando de este fallo. Notifíquese; y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Cuernavaca, Morelos, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos los escritos signados electrónicamente por el autorizado de la parte quejosa, a través de los cuales solicita el acceso al expediente electrónico y proporciona diversos usuarios para tal efecto. En atención a lo anterior, de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 35, 36, 37 y 38 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza al promovente la consulta del expediente electrónico, siempre y cuando se realicen con los usuarios que proporciona y se encuentren registrados en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese.
- Incidental
Cuernavaca, Morelos, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Interlocutoria ...Por lo anteriormente expuesto y fundado, se R E S U E L V E: Único.- Se niega la suspensión definitiva a ********************, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable señalada en el considerando segundo, por las razones precisadas en el mismo.
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