Julio César García Ceballos
Expediente 672/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 672/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Julio César García Ceballos
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintisiete de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que la sentencia de cinco de noviembre de dos mil veinte, dictada por este órgano jurisdiccional, en la cual la Justicia de la Unión no Amparó ni Protegió en el presente juicio de amparo, a -------------, por su propio derecho, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Ahora bien, vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que en el juicio de amparo en que se actúa no existe diligencia ni trámite pendiente que realizar, se ordena su archivo definitivo; háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno de este juzgado. Por otra parte, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, artículos 18, inciso b; 20, fracción II, inciso a, y 21, inciso c, que dicen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL. Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: . II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; ." "CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DEPURABLES Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito: a) Los incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas; b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional; y . EXPEDIENTES DESTRUIBLES Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de seis meses. Los expedientes auxiliares y judiciales de las siguientes series documentales deberán ser destruidos, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos: II. Expedientes judiciales: a) Duplicados, siempre que se cuente con el original; y . Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados;" En mérito de lo anteriormente expuesto, se estima que este expediente es susceptible de depuración, pues se trata de un asunto en el que la justicia de la unión no amparó ni protegió en el presente juicio de garantías a la parte quejosa, debiéndose dejar únicamente la demanda y la sentencia, de las que se ordena el desglose y copia debidamente certificada en su oportunidad, a fin de ser remitidas al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su guarda y custodia. No se omite precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15 del acuerdo de mérito, no es considerado asunto de relevancia documental. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 672/2020-VI, promovido por ----------, por propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, con sede en Tlalnepantla de Baz. RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez y turnado a este Juzgado de Distrito hasta el cinco de octubre del presente año, --------------, por propio derecho, promovió juicio de amparo contra las autoridades y los actos que más adelante se precisarán. SEGUNDO. Derechos fundamentales que se estiman vulnerados. La parte quejosa, estimó violados en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del juicio. Por auto de siete de octubre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación, se dio vista a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento, y, se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, inició conforme al acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, Constitucionales; 1, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Apartado Cuarto, fracción II, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; así como el Acuerdo General 53/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funciones de los Juzgados Decimoquinto y Decimosexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez; así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito en la entidad federativa y residencia indicada; y que reforma el similar 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, antes mencionado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil diecinueve; toda vez que los actos reclamados carecen de ejecución material, aunado a que la demanda se presentó ante este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo,6 con el fin de estar en aptitud de resolver la litis efectivamente 6 Tesis III.1o.A.31 K, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. ESTUDIO INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO. Es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la demanda de garantías es un todo, por lo que su estudio integral no debe limitarse únicamente al escrito de demanda, sino que además de analizar éste, debe comprender igualmente la ampliación, aclaración y documentos que la acompañan, porque de hecho forman planteada, debe precisarse que de la lectura integral de la demanda, y demás constancias que obran en el expediente, se observa que el acto reclamado es: ? La omisión de dictaminar el asunto y de dictar laudo dentro del juicio laboral J.4BIS/442/2016, del índice de la Junta Especial Número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Presidente de la Junta Especial Número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, al rendir informe justificado manifestó que era cierto el acto reclamado, ya que no se había dictado el laudo correspondiente, pero refirió que ello se debió a que en auto de trece de marzo de dos mil veinte se concedió a las partes un plazo de tres días a efecto de que expresaran su conformidad con la certificación de que no quedaban pruebas pendientes por desahogar, y fue hasta el veintidós de octubre de dos mil veinte que se declaró cerrada la instrucción. Cuestión corroborada con las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado, consistentes en el copias certificadas del juicio laboral J.4BIS/442/2016, de las cuales se advierte que hasta la fecha en que fueron recibidas aún no había sido dictado el laudo correspondiente, de ahí que se tenga por cierto el acto reclamado. Constancias a las que este juzgador les otorga pleno valor probatorio, conforme a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público, merece estudio preferente, lo aleguen o no las partes, tal y como lo estatuye el artículo 62 de la Ley de Amparo: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Al no haberse invocado causal de improcedencia por alguna de las partes, y sin que éste juzgador de oficio advierta su actualización, a continuación se procede al estudio de fondo. QUINTO. Estudio de fondo. Los conceptos de violación en contra del acto reclamado se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias;7 sin embargo, es conveniente precisar que en la demanda de amparo, el quejoso, en síntesis, adujo lo siguiente: ? Se violan en su perjuicio los artículos 885 al 890 de la Ley Federal del Trabajo, porque desde el mes de febrero de dos mil veinte, se declaró cerrada la instrucción en el procedimiento de origen, fecha en la que se ordenó turnar el expediente laboral para formular el proyecto de resolución. ? Refiere que ha trascurrido en exceso el plazo para el dictado del laudo, vulnerando con ello el derecho a la administración de justicia, en relación a que los órganos jurisdiccionales deben emitir sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, sin que haya ninguna excusa para no haber dictado el laudo correspondiente. Los argumentos esgrimidos en los conceptos de violación resultan inoperantes, en tanto que parten de una premisa errónea, ya que contrario a lo sostenido por el quejoso, a la fecha de presentación de la demanda no se había cerrado la instrucción ni ordenado turnar el asunto a dictamen para formular el proyecto de resolución. Como se advierte de los autos, el presidente de la Junta Especial responsable, al momento de rendir su informe justificado manifestó que si bien el trece de marzo del presente año, se dio vista a las partes con la certificación de que no quedaban pruebas pendientes por desahogar, para el efecto de que si las partes no tenían objeción, se cerrara la instrucción, sin embargo de las constancias del expediente laboral de origen, se advierte que el apoderado de la parte actora acudió a ser notificado de ese acuerdo hasta el veintinueve de septiembre de dos mil veinte. parte de ella y sólo así puede alcanzarse la interpretación completa de la voluntad del que demanda la protección de la Justicia Federal." 7 Resultar aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 830, cuyo rubro establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. [.]" Asimismo se advierte que en auto de veintidós de octubre de dos mil veinte, la Junta responsable advirtió que no se realizó manifestación alguna respecto de la vista otorgada el trece de marzo de dos mil veinte, por lo tanto, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en autos y en caso de que hubiera algún medio de prueba pendiente por desahogar, se les tuvo a las partes por desistidos de los mismos; en consecuencia se declaró cerrada la instrucción y se ordenó turnar los autos al dictaminador para que emitiera el proyecto de resolución correspondiente. Sin que la parte quejosa haya exhibido algún medio de convicción del cual se pudiera advertir la existencia de un acuerdo de febrero de dos mil veinte, en el cual, manifiesta fue cerrada la instrucción en el procedimiento de origen y se ordenó turnar el expediente laboral para formular el proyecto de resolución. Por el contrario, como se vio, de las constancias del expediente laboral J.4BIS/442/2016, no se advierte la existencia de esa resolución, sino que la última actuación de la responsable antes de la fecha de presentación de la demanda (veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve), fue el auto de trece de marzo de dos mil veinte, en el cual se concedió a las partes un término de tres días hábiles para que manifestaran si estaban o no de acuerdo con la certificación de la secretaria de la Junta responsable respecto de que no quedaban pruebas pendientes por desahogar. Luego entonces, al momento de la presentación de la demanda de amparo el estado procesal del juicio natural no era la etapa de dictado de laudo como lo aduce el quejoso, ello al atender a que en tal procedimiento continuaba en el periodo probatorio, por lo que aún no se había cerrado la instrucción Así, el concepto de violación que esgrime el quejoso resulta inoperante, al partir de un postulado erróneo, ya que en el presente juicio no se acreditó la existencia de un auto de febrero de dos mil veinte, ni de alguno diverso por medio del cual a la fecha de la presentación de la demanda de amparo ya se hubiera concluido con la etapa de probatoria,8 en tanto que estaba pendiente que las partes consintieran la certificación antes referida, a efecto de que se les tuviera por desistidas del desahogo de cualquier prueba pendiente Ahora bien, conviene precisar que el hecho de que no se hubiera cerrado la instrucción en el juicio laboral de origen resulta de vital importancia en el presente asunto, porque previo a que la autoridad laboral esté vinculada tanto a turnar el asunto a dictamen como a emitir el laudo que en derecho proceda, se deben satisfacer los requisitos planteados por los artículos 884, 885, 886 y 887 de la Ley Federal del Trabajo, vigente al momento de inicio del procedimiento laboral, que a la letra dicen lo siguiente: "Artículo 884. La audiencia de desahogo de pruebas se llevará a cabo conforme a las siguientes normas. [.] V. Al concluir el desahogo de las pruebas, la Junta concederá a las partes un término de dos días para que presenten sus alegatos por escrito." Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. [.] 8 Lo cual tiene apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 108/2012 (10a.), aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS. Los agravios cuya construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su análisis y calificación, pues al partir de una suposición que no resultó verdadera, su conclusión resulta ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida." "Artículo 886. Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas. Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas." Artículos de los que se desprende que el secretario de la junta, una vez agotadas las etapas probatoria y la de alegatos, debe certificar el hecho de que no quedan pruebas por desahogar; posteriormente, se debe dar vista por un plazo de tres días para que las partes manifiesten si están de acuerdo con esa certificación y hasta que ese plazo fenezca es cuando se declara cerrada la instrucción, momento en el cual es que surge la obligación de turnar los autos para la formulación del proyecto de laudo, momento a partir del cual comienzan a correr los plazos para presentar el proyecto y después para su votación. En otras palabras, el cierre de la instrucción en el juicio laboral constituye un presupuesto procesal en términos del artículo 886 de la Ley Federal del Trabajo, aplicable en el procedimiento natural, para que la responsable, se encuentre obligada a turnar los autos al auxiliar dictaminador, a fin de que elabore el proyecto de laudo correspondiente, y con mayor razón para la discusión, votación y en su caso dictado del laudo que ponga fin al juicio. Por lo tanto, toda vez que a la fecha de presentación del escrito inicial de demanda que diera origen al juicio que ahora se resuelve (veinticuatro de septiembre de dos mil veinte), aún no se había cerrado la instrucción en el expediente laboral J.4BIS/442/2016, se debe concluir que no existía obligación legal que exigiera a la autoridad responsable de turnar el asunto al dictaminador, por no encontrarse en la etapa procesal establecida por el ordinal 886 de la legislación laboral aplicable, lo cual ocurrió hasta el veintidós de octubre de dos mil veinte. Consecuentemente lo procedente es NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, ya que la concesión del amparo que en su caso llegare a dictarse, no puede trascender a etapas posteriores del juicio laboral, sino que únicamente debe atender a la etapa procesal que guarda el juicio de origen, y en el caso que nos ocupa lo cierto es que al instarse la presente vía constitucional, la controversia laboral se encontraba en el periodo probatorio. De ahí que, si el estado procesal de autos del juicio de origen lo era la etapa de pruebas al momento de la presentación de la demande de amparo, lo procedente era que la siguiente actuación era que concluyera el plazco concedido para desahogar la vista con la certificación de que no quedan pruebas por desahogar y posteriormente, el cierre de instrucción (lo cual ocurrió con posterioridad a la presentación de la demanda en auto de veintidós de octubre de dos mil veinte), mas no la del dictado del laudo que reclama la parte quejosa. Por lo tanto no es procedente conceder el amparo, en razón que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, al atender los principios de congruencia y exhaustividad de las que deben estar revestidas las sentencias, acorde a lo previsto en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, vigentes a partir del tres de abril de dos mil trece.9 9 Apoya a lo anterior por su contenido jurídico, la tesis CV/2013 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, pagina 732, Décima Época, que señala: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPAPROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los Motivo por el cual este órgano constitucional considera que lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia respecto del acto reclamado consistente en la omisión de dictar laudo dentro del juicio laboral J.4BIS/442/2016, del índice de la Junta Especial Número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco. Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, 65, 73, 74, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO Ampara ni Protege a ------------------, en contra de los actos precisados en el considerando SEGUNDO y por las razones expuestas en el ÚLTIMO considerando de este fallo. Notifíquese por lista a las partes, en los términos que al efecto establece el artículo 2110 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintiséis de octubre de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, por el cual rinde informe justificado. En consecuencia, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado de mérito y dése vista a las partes por el término de ocho días para que manifiesten lo que a su interés legal convenga respecto de su contenido, asimismo, otórguese nueva cuenta con dicho informe en la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, siete de octubre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo, promovida por ---------, por propio derecho, contra actos de la Junta Especial número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco con sede en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, de conformidad con los artículos 103 y 107, fracción VII, Constitucionales 1º, fracción I, 108, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, 48 y 55, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, SE ADMITE a trámite en sus términos. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 de la Ley de Amparo, y 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se instruye a secretarios y demás personal para formar cuaderno impreso y electrónico, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 672/2020-VI. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 a 117 de la Ley de Amparo, pídase su respectivo informe justificado a las autoridades responsables, el cual deberán rendir dentro del plazo de quince días, siguientes al en que reciban el oficio en el que se solicita. En el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 de la citada legislación, remitan copia certificada, legible y completa, de las constancias que sirvieron de base para emitirlo, pues serán necesarias para la resolución del asunto; ello, con la debida anticipación que permita su conocimiento a las partes, al menos OCHO DÍAS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL; asimismo deberán de proporcionar su correo oficial para la celeridad del presente juicio de amparo. Requiérase a las autoridades responsables para que en el momento de que cesen los efectos del acto reclamado, o bien ocurran otras causas notorias de sobreseimiento deberá manifestarlo a este Juzgado Federal. Asimismo, en atención al contenido de la jurisprudencia 2a/J.176/2012 (10a), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1253, libro XVI, enero de dos mil trece, tomo dos, materia común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se informa a las responsables que únicamente se les notificará mediante oficio las determinaciones que sean de trascendencia y mediante lista de estrados el resto de los acuerdos que carezcan de tal relevancia. Hágase del conocimiento de las partes que se señalan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para la celebración de la audiencia constitucional, fecha y hora disponible en la agenda que para tal efecto se lleva en este juzgado federal. Al respecto, con apoyo en el numeral 25, para el efecto de que las partes estimen conveniente estar presente de manera virtual en la audiencia constitucional, es menester que soliciten por escrito su deseo de dicha circunstancia; para lo cual, se les concede el plazo de tres días legalmente computados, de conformidad con el precepto 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para que manifiesten tal situación, y en caso de no hacerlo, se tendrán por desinteresados y se llevará a cabo, sin su asistencia. Ello, sin perjuicio que puedan alegar u ofrecer medios de convicción procedentes antes de la celebración de la audiencia de Ley, de manera física o en línea. Para el caso de que las partes asistan de manera virtual al desahogo de la audiencia constitucional, es menester que cuenten con la aplicación 'Cisco Webex Meetings', misma que deberán descargar en cualquier dispositivo móvil o computadora personal (PC), y que se encuentran a su disposición en Apple store y google play. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le corresponde, la cual se deberá realizar de manera electrónica, toda vez que es un hecho notorio para este juzgador que la representación social actualmente cuenta con su usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea. ------------Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en ------------------------, Atizapán de Zaragoza, Estado de México, toda vez que se encuentra dentro de la circunscripción territorial donde este órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción. --------- Ténganse por autorizados en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ---------, --------- y -------, toda vez que cuentan con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Además, se hace del conocimiento del actuario judicial, que para llevar a cabo las notificaciones y diligencias que deriven del presente juicio, deberá dar cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la salud de quien realice la notificación y de las personas justiciables. Asimismo, se pone a disposición de las autoridades responsables, el correo electrónico rodrigo.ramos.gomez@correo.cjf.gob.mx, para el caso de que deseen presentar promociones relacionadas con el presente asunto, siempre y cuando tengan firma electrónica de la responsable, o bien se remita de manera digitalizada con firma y sellos autógrafos, a través de correo electrónico oficial y/o institucional. De igual modo, se hace del conocimiento de las partes el número telefónico del Secretario encargado del asunto Rodrigo Alejandro Ramos Gómez, a saber 53870500, extensión 1392, a quien de ser necesario para atención del expediente, se podrá contactar en un horario de nueve a quince horas de lunes a viernes. Para el caso de que la voluminosidad de las constancias que se deseen presentar no permita su digitalización se pueden presentar vía ordinaria. En en términos del Acuerdo General 21/2020, artículo 22 y cuarto transitorio, se sugiere a las partes, que de ser posible transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en donde podrán acceder al micrositio de "servicios jurisdiccionales" en el siguiente enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, además, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se pueda entablar el contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios, y así estar en mayor posibilidad de dar la expedites y celeridad para la integración del asunto, como lo prevé el precepto 17, constitucional. Por otra parte, tocante a la parte tercera interesada, no es necesario emplazarla al presente juicio de amparo, lo anterior, en virtud de no existir razón alguna para que le incumba el mantenimiento de incertidumbre que se encuentran generando las responsables con motivo de la omisión que se les imputa; de ahí que no sea necesaria su incorporación a este trámite. Tiene aplicación por analogía la tesis consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, página 320, junio de mil novecientos noventa y tres, Materia Administrativa, Octava Época, de rubro: "TERCEROS PERJUDICADOS. CUANDO SE RECLAMA LA FALTA DE RESOLUCIÓN CULMINATORIA DE UN PROCEDIMIENTO AGRARIO, NO EXISTEN LOS". Se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Igualmente, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto, se emita o actualice la normatividad respectiva. Así también, se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este juzgado de Distrito, para signar los oficios que con motivo del presente trámite se originen. Finalmente, sin que haya lugar a aperturar por separado y duplicado el incidente de suspensión por no haber sido solicitado. Notifíquese vía correo electrónico a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y a la parte quejosa por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · 7,552 expedientes
- Julio César Chávez Calzada677/2018
- Julio César Colín Rodríguez906/2018
- Julio César Colín Rodríguez1154/2018
- Julio César Gallardo Torres1091/2018
- Julio César García Ceballos y Otros.980/2023
- Julio César García Ceballos1680/2018
- Julio César García Ceballos438/2022
- Julio César Hernández Sánchez1157/2021
- Julio César Jaime Vargas1190/2017
- Julio César Luna Patiño1712/2017
- Julio César Martínez Blanco y Otros.839/2021
- Julio César Martínez González932/2019