Julio Cesar Gallardo Carrillo

Expediente 527/2018 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 13 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
527/2018
Año
2018
Actuaciones
13
Última actuación
22/11/2018

Partes del expediente

  • Julio Cesar Gallardo Carrillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Ciudad de México, a veintidós de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, se aprecia que feneció el plazo de quince días que establece el párrafo primero del artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes recurriera el auto que tuvo por cumplida la sentencia protectora. En ese sentido, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 196, párrafo cuarto, de la ley reglamentaria, en su oportunidad, envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se sobreseyó y concedió el amparo, que en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de depuración por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción IV del punto vigésimo primero del referido acuerdo, con excepción de los documentos a que se refiere dicha disposición, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente.

  2. Principal

    Ciudad de México, a veintitrés de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Por consiguiente, en razón de que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, de conformidad con los artículos 192 y 196 de la ley de la materia, se estudiará con base en las constancias que integran el expediente si el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese sentido, por sentencia de nueve de agosto de dos mil dieciocho, por una parte, se sobreseyó en el juicio y, por otra, se concedió el amparo solicitado por Julio César Gallardo Carrillo, para que se realizara lo siguiente: 1. El Subsecretario de Sistema Penitenciario de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México debía dejar insubsistente el oficio SG/SSP/3530/2015, por el que autorizó el traslado del justiciable. 2. El Director del Reclusorio Preventivo Varonil Norte de esta ciudad, debía regularizar el procedimiento (acorde con la Ley Nacional de Ejecución Penal, por ser la legislación actualmente aplicable), esto es, solicitar al juez que tuviera a su disposición al quejoso, o bien, al juez de ejecución que estimara competente, la autorización de dicho traslado; y 3. Esta última autoridad judicial debía emitir una resolución en la que de manera suficientemente fundada y motivada, determinara si autorizaba o no el traslado del quejoso. Inconforme, el amparista interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que registró como R.P. 239/2018 y, mediante sesión de veintiocho de septiembre pasado, confirmó la sentencia recurrida, con la precisión que la concesión es para los siguientes efectos: 1. El Subsecretario de Sistema Penitenciario de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México deje insubsistente el oficio SG/SSP/3530/2015, por el que autorizó el traslado del quejoso. 2. Los Directores del Reclusorio Preventivo Varonil Norte y Ejecutivo del Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria I, ambos de esta ciudad, adopten todas las medidas necesarias para que el solicitante de amparo sea regresado al reclusorio citado en primer término; y 3. Se dejaran a salvo las facultades de las autoridades correspondientes, para que en el caso de considerar que se actualiza alguno de los supuestos para que sea trasladado el quejoso de un centro de reclusión a otro, se constriñan al procedimiento que para tal efecto prevé la Ley Nacional de Ejecución Penal, sin soslayar que corresponde al órgano jurisdiccional resolver en definitiva sobre dicho tema. Así, después de recibido el testimonio de dicha ejecutoria, se requirió a las autoridades responsables citadas para que en el plazo de cinco días dieran cumplimiento a la misma. Al respecto, el Subsecretario de Sistema Penitenciario y el Director Ejecutivo del Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria I, mediante oficios que se recibieron en este juzgado el quince de octubre pasado, remitieron copia certificada de diversas constancias, con que refirieron dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Con base en lo anterior, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, sin que realizaran algún pronunciamiento. De lo expuesto, se concluye que la sentencia protectora está cumplida. En efecto, de dichas documentales se aprecia que el subsecretario responsable dejó insubsistente el oficio SSP/3530/2015 y ordenó el reingreso del quejoso al Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México, que se realizó el once de octubre pasado, pues así lo informaron los directores de referencia. Situación que se corrobora con la constancia de notificación personal de dieciséis de octubre pasado, de la que se advierte que al quejoso le fue notificado el proveído de quince octubre del año en curso en dicho reclusorio. Consecuentemente, es inconcuso que se restituyó al quejoso en el goce de sus derechos violados, acorde con el numeral 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Por último, de ser el caso, una vez que fenezca el plazo previsto en el artículo 202, de la ley de la materia, dese cuenta para acordar lo conducente, dado que no se actualiza alguno de los supuestos señalados en el último párrafo de este dispositivo.

  3. Principal

    Cúmplase.

  4. Principal

    Ciudad de México, a nueve de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, del que se advierte que el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito devolvió el juicio de amparo 527/2018, asimismo, remitió testimonio de la resolución dictada en el toca R.P. 239/2018; al respecto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y acúsese el recibo de estilo e infórmese a las partes que el órgano revisor confirmó la sentencia recurrida. En cuanto al cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión interpuesto en el presente juicio -previo desglose de las constancias originales -, procédase a su destrucción. Ahora, la protección constitucional, acorde con dicha ejecutoria, es para el efecto de que el Subsecretario de Sistema Penitenciario de la Secretaría de Gobierno de esta ciudad realice lo siguiente: a) Deje insubsistente el oficio SG/SSP/3530/2015, por el que autorizó el traslado del quejoso del Reclusorio Preventivo Varonil Norte de esta ciudad al Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria I; y b) Ordene a quien corresponda que bajo su más estricta responsabilidad, el quejoso Julio César Gallardo Carrillo, sea trasladado del Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria I, en que actualmente se encuentra y sea materialmente devuelto al Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México, donde se encontraba antes de la emisión del acto reclamado. Regreso que deberá ser materializado en un plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que se le notifique a la citada autoridad la ejecutoria emitida por el tribunal mencionado. En la inteligencia de que, si la autoridad administrativa con posterioridad estima necesario el traslado del quejoso por razones de seguridad, conforme las formalidades esenciales del procedimiento para el traslado del justiciable, deberá, en su caso, informar tal circunstancia a la autoridad judicial que corresponda para que esta actué en el ámbito de sus facultades en términos de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados a las diversas autoridades ejecutoras por no haber sido combatidos por vicios propios, sino como consecuencia del acto reclamado a la responsable ordenadora. Por tanto, con apoyo en los preceptos 192 y 194 de la ley de la materia, requiérase al subsecretario responsable, para que en el plazo señalado informe a este juzgado acerca del cumplimiento que haya dado a la ejecutoria mencionada o el impedimento legal que tenga para ello; apercibido que de ser omiso, se le sancionará con multa por el equivalente a cien veces la Unidad de Medida y Actualización, en términos del dispositivo 258 de la citada ley, con independencia de que se seguirá el procedimiento señalado en el numeral 193 del ordenamiento legal invocado. Por último, con apoyo en el artículo 192, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase al Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, para que con el carácter de superior jerárquico, ordene a la citada autoridad responsable cumpla con la sentencia protectora, para lo cual deberá remitir las constancias que así lo acrediten; apercibido que de no hacerlo, se procederá de conformidad con las medidas de apremio señaladas en el párrafo que antecede, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad mencionada.

Quedan 9 actuaciones en este expediente

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