Julio Cesar Fernandez Hernandez

Expediente 723/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 31 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
723/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
31/07/2023

Partes del expediente

  • Julio Cesar Fernandez Hernandez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el estado de autos que guarda el presente expediente y toda vez que no se interpuso recurso de queja en contra del auto en el que se desechó la demanda de amparo, con apoyo en el artículo 98 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con la normatividad anterior, se considera que el presente asunto carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las hipótesis a que aluden dichos puntos, ni a consideración de este órgano jurisdiccional tiene alguna transcendencia por la cual deba conservarse el asunto, aunado a que no es de naturaleza agraria para que se clasifique de relevancia documental; además, de que se desechó la demanda de amparo, entonces es DESTRUIBLE; y en esos términos indíquese en la carátula del expediente. En atención a que el asunto se clasificó como DESTRUIBLE, transcurridos tres años a partir de la fecha del acuerdo de archivo, procédase a su destrucción en términos de los artículos 20, 21, 22 y 23 del AGCJF, y acorde con el Manual respectivo. Precisando que la fecha en que se actualiza dicha hipótesis será a partir del treinta y uno de julio de dos mil veintiséis.

  2. Principal

    Se tiene a la Secretaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, remitiendo el testimonio de la ejecutoria pronunciada el seis de julio de dos mil veintitrés, en el recurso de queja 165/2023 del índice de dicho tribunal; recibida en este juzgado el catorce de julio siguiente. Ahora, de la ejecutoria remitida por el órgano colegiado, se advierte: "ÚNICO. Es FUNDADO el recurso de queja interpuesto por ********, contra el acuerdo de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo 723/2023, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla". En lo que interesa, el tribunal colegiado consideró: "(.) Con base en lo anterior, este tribunal colegiado considera que fue incorrecto que la jueza de distrito desechara de plano la demanda al actualizarse la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XV, de la Ley de Amparo, por estimar que las normas reclamadas son de carácter electoral, y que por tanto, la modificación de las condiciones de trabajo o extinción del cargo que ocupaba que se generen como resultado del Decreto reformatorio de leyes electorales, deben ser resueltas por el Tribunal Electoral del poder Judicial de la federación, ya que por una parte, no hizo el análisis de la naturaleza jurídica de las normas y, por otra, el auto inicial no es el momento procesal oportuno para ello; aunado a que la quejosa al ejercer la acción constitucional alegó violación a derechos humanos afirmando que los preceptos tildados de inconstitucionales afectaban sus derechos laborales, por lo que, en los términos anotados, genera que la causa que citó no sea notoria y manifiesta. Máxime, si se toma en consideración que el criterio de selectividad en la vía para impugnar normas electorales no es absoluto, sino que admite excepciones como la relativa a cuando dichas disposiciones violan derechos humanos, en cuyo caso el gobernado afectado puede acudir a reclamarlas a través del juicio de amparo. (.) En ese tenor, es claro que la causa de improcedencia no es notoria e indudable, dado que el asunto no reúne esas características y, por lo tanto, no fue apegado a derecho que se desechara la demanda con base en la causa de improcedencia invocada, ya que no está fehacientemente probado que las normas reclamadas únicamente incidieran en la materia electoral y que, por tanto, la modificación de las condiciones de trabajo o extinción del cargo que ocupaba que se generen como resultado del Decreto reformatorio de leyes electorales, deben ser resueltas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por todo lo antes expuesto, fue incorrecto que la Jueza determinara desechar la demanda de amparo por estimar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XV, de la Ley de Amparo. En las relatadas consideraciones, ante lo fundado de los agravios, suplidos en su deficiencia, dada la naturaleza del auto recurrido que desechó la demanda de amparo indirecto, con fundamento en el artículo 103 de la Ley de Amparo, lo procedente es declarar fundado el recurso de queja y ordenar a la juzgadora proveer lo conducente en relación con la admisión de la demanda, pues este tribunal colegiado no puede asumir la jurisdicción que a este corresponde, por ser propio de los juzgadores de primera instancia el cabal cumplimiento de los preceptos referentes al trámite que se debe seguir a la presentación y admisión de demanda. (.)" Como se advierte, el órgano colegiado declaró fundado el recurso de queja, al considerar no actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XV, de la Ley de Amparo, al considerar que la parte quejosa alegó vulneración a derechos humanos afirmando que los preceptos impugnados afectaban sus derechos laborales; precisó que la causal de improcedencia no era notoria pues se requería un análisis profundo de las normas controvertidas para analizar esa afectación, cuestión que no podía realizarse en el auto de radicación; por lo anterior, ordenó a este juzgado proveyera sobre la admisión y trámite del asunto. Desechamiento Al respecto, debe decirse puntualizarse que: La parte quejosa impugna el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de marzo de dos mil veintitrés, al considerar que éste afecta su estabilidad laboral, al eliminar la junta Distrital Ejecutiva donde aduce desempeña sus labores; por tanto, refiere ubicarse en un grado de excepción para combatir el referido Decreto. ... el veintidós de junio de dos mil veintitrés, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de 9 votos, invalidó el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado el 2 de marzo de 2023. Sobre esas premisas, se concluye que el Decreto reclamado en el presente juicio de amparo ya no subsiste en la vía jurídica, pues al haberse declarado su invalidez por el Máximo Tribunal del País, ya no afecta en los derechos reclamados por la parte quejosa. En tal virtud, si bien el tribunal colegiado declaró fundado el recurso de queja presentado por la parte quejosa, a fin de que este órgano jurisdiccional diera trámite a la demanda de amparo, tomando en consideración la vida jurídica del decreto reclamado; lo cierto es que esa cuestión se modificó en vista de lo resuelto en sesión celebrada el veintidós de junio de dos mil veintitrés, en la cual, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez del Plan B, de las reformas electorales, en las cuales se incluye el Decreto impugnado en esta vía de amparo. En ese sentido, sin desacatar lo ordenado por el tribunal colegiado, se estima que resultaría estéril admitir una demanda relacionada con un Decreto que ya fue declarado inválido y por ende, ya no subsiste ni puede ser aplicado a la parte quejosa. Desde esta perspectiva, en aras de privilegiar el principio de seguridad jurídica a la impetrante del amparo sin que ello signifique desatención a lo ordenado por la superioridad; es dable concluir que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo... Así, la cesación de efectos del acto reclamado se actualiza cuando la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación o conducta omisiva, lo que debe entenderse que implica no solo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica de la particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia que se analiza se encuentra orientada por la imposibilidad de materializar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la persona agraviada en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Por tanto, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. ... En el caso a estudio, como ya quedó establecido, la parte quejosa reclama del Congreso de la Unión, a través de las Cámaras de Diputados y Cámara de Senadores, del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades, desde su sola vigencia, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado el dos de marzo de dos mil veintitrés. Como hecho notorio (el cual constituye un acontecimiento conocido por todos, es decir, que es del dominio público y que nadie pone en duda. En el ámbito judicial es aquel que un tribunal conoce con motivo de su actividad jurisdiccional) se precisa que en sesión pública de veintidós de junio de dos mil veintitrés, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, invalidó la segunda parte del paquete de reformas político electorales 2022 2023, por violaciones al procedimiento legislativo, como quedó puntualizado con anterioridad. Como se puso de relieve, por mayoría de nueve votos de los ministros, se invalidó el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado el dos de marzo de dos mil veintitrés, el cual, corresponde al Decreto reclamado en este juicio de amparo. Al declararse la invalidez del Decreto impugnado, el Pleno determinó que a fin de preservar el principio de certeza que rige en materia electoral, las normas que se habían reformado a través de dicho Decreto recuperarán su vigencia con el texto que tenían hasta antes de la entrada en vigor de aquel, es decir, al dos de marzo de dos mil veintitrés. En consecuencia, con la determinación adoptada por la Suprema corte de Justicia de la Nación el veintidós de junio de dos mil veintitrés, cesan los efectos del acto reclamado, por lo que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada como si se hubiera concedido el amparo, pues en su caso, esa concesión tendría el efecto de declarar la inconstitucionalidad del Decreto cuestionado, lo que ya aconteció en la especie. Por lo anterior, al haber quedado sin efectos del Decreto reclamado dejó de surtir efectos en su esfera jurídica, por tanto, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia en estudio. Por tanto, se concluye que en el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; por tanto, se desecha de plano la demanda de amparo, por lo que hace al referido acto reclamado.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por la parte quejosa************por propio derecho y como representante común de los quejosos que integran el************visto su contenido se provee: COPIA CERTIFICADA Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos de su numeral 2°, expídase copia certificada de la constancia que solicita, y entréguese a la persona facultada para tal efecto, previa identificación y razón de recibo que se otorgue en autos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS En relación a su solicitud de tomar fotografías, vía lector laser, cámara fotográfica u otro medio de reproducción portátil, de las constancias que integran el presente juicio; al respecto, se autoriza a las personas que menciona para la toma de fotografías de documentos de los acuerdos emitidos durante la sustanciación del presente juicio...no se hace extensiva respecto a documentos que sean clasificados como reservados o confidenciales.

  4. Principal

    En audiencia constitucional se dictó sentencia que concluyó con el punto resolutivo siguiente: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por **, contra el acto reclamado y la autoridad responsable precisados en el considerando segundo, por las razones expresadas en esta sentencia.

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