Julio César Fabián Ruiz
Expediente 1092/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 16 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1092/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 19/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Julio César Fabián Ruiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes, el oficio signado por el Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Cosamaloapan, Veracruz; atento a su contenido, téngasele acusando recibo en relación al oficio 1620 de veintiocho de febrero de este año, por medio del cual se notificó la sentencia dictada en este asunto. Notifíquese.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada el veintiocho de febrero de este año, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara, que dicha resolución ha causado ejecutoria para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez que se trata de un expediente en el que por una parte, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal y, carece de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el veintidós de marzo de dos mil veintiséis. Por otro lado, se establece que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó la medida cautelar solicitada; por lo que en términos del artículo 21, inciso c) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece como fecha probable el veintidós de marzo de dos mil veintiséis. Ahora, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido; por lo que, se establece como fecha probable el veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Insértese copia de este proveído en los cuadernos incidentales para los efectos legales a que haya lugar, sin que sea necesario que se hagan las notificaciones correspondientes en aquéllos. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, a las doce horas del veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, Luis Rafael Bautista Cruz, asistido de Citlali Sánchez Sosa, secretaria de juzgado, con quien actúa y da fe, inicia la audiencia prevista por el artículo 124 de la Ley de Amparo en el juicio 1092/2022-2, promovido por Julio César Fabián Ruiz. Abierta la audiencia, la secretaria da lectura a la demanda y demás constancias de autos, entre las que se destacan el propio escrito de la demanda de amparo e informe justificado de la autoridad responsable. Acto seguido, el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de las constancias indicadas en el párrafo que antecede. Abierto el período de pruebas, la secretaria hace constar que únicamente la autoridad responsable ofreció la siguiente probanza: la documental adjunta a su informe justificado, consistente en copia certificada del expediente ********************, de su estadística. Acto seguido, el juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por admitido dicho medio de prueba, el cual se desahoga por su propia y especial naturaleza; al no haber más probanzas por desahogar, se da por concluido dicho periodo. Posteriormente, abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que las partes no hicieron uso de ese derecho, por lo que al no haber alegatos de las partes por reproducir, se declara concluido ese periodo. Por último, se dan por terminadas las dos primeras etapas de esta audiencia, por lo que se levanta esta acta que fue firmada electrónicamente por quienes en ella intervinieron, y se turnan los autos para dictar la sentencia correspondiente. SENTENCIA Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 1092/2022; y, RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, del que correspondió conocer a este juzgado, ********************por propio derecho, promovió juicio de amparo contra el acto y autoridad señalados en el escrito de demanda. SEGUNDO. Mediante proveído de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, se desechó parcialmente la demanda de amparo respecto de la autoridad responsable Gerente General y/o Administrador General de la empresa denominada Ingenio San Cristóbal y/o Fideicomiso Ingenio San Cristóbal 80333, en Carlos A. Carrillo, Veracruz y, se admitió respecto de la restante autoridad señalada por la parte quejosa, se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Previa sustanciación del juicio, una vez integrado el expediente, se efectuó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, por lo que se turnaron los autos para dictar la resolución que ahora se emite; y, CONSIDERANDO: PRIMERO (COMPETENCIA). Este juzgado de Distrito es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; y 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el punto cuarto, fracción VII, primer párrafo, del Acuerdo General 3/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Por cuestión de la vía, en virtud de que se trata de una resolución emitida dentro de un proceso susceptible de afectar directa e irreparablemente un derecho sustantivo fundamental, lo que permite que sea materia de análisis en amparo indirecto. Por razón de la materia (mixta) dado que actúa tanto como órgano de instrucción en las materias penal, civil y administrativa, así como de control constitucional al conocer del amparo indirecto en primera instancia. Y por cuestión del territorio, atento a que la ejecución del acto reclamado tiene lugar en la circunscripción territorial en la que este tribunal ejerce jurisdicción. SEGUNDO (PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO). En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama del Juez Segundo de Primera Instancia con sede en Cosamaloapan, Veracruz: -La resolución de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, emitida en el juicio ordinario civil ********************, mediante la cual declaró infundado el recurso de reclamación interpuesto por ********************confirmando la pensión alimenticia provisional fijada en auto de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, consistente en el cincuenta por ciento (50%) del sueldo y demás prestaciones que percibía el aquí quejoso como trabajador de la Secretaría de Educación de Veracruz y del Ingenio San Cristóbal, Industrial Azucarera San Cristóbal Sociedad Anónima de Capital Variable, correspondiente el veinte por ciento (20%) para cada menor y el diez por ciento (10%) para la allá actora. TERCERO (EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO). Es cierto el acto reclamado al Juez Segundo de Primera Instancia con sede en Cosamaloapan, Veracruz, porque así lo expresó al rendir su informe justificado y porque ello se corrobora con las constancias que remitió en apoyo al mismo, a las cuales se les concede pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 231, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO (CAUSAS DE IMPROCEDENCIA). Las causas de improcedencia son de estudio preferente y orden público, de acuerdo con el artículo 62 de la ley de la materia, sean o no alegadas por las partes. En ese sentido, impuesto el que suscribe de las constancias, considera que no se actualiza causal de improcedencia alguna de las previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo ni las partes invocaron alguna, por lo cual se procede al estudio de fondo del asunto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 22/91 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no se opone a la Ley de Amparo en vigor, visible en la página 60, tomo VII, junio de 1991, materia común, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, con registro 205800, de título y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada una de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento." QUINTO. Examen constitucional del acto reclamado. Ahora, se procede al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, sin que sea necesario transcribir los conceptos de violación ante la inexistencia de dispositivo legal que obligue a ello, ni irrogarle perjuicio a las partes con tal omisión. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 830, con registro 164618, que dispone: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Sin embargo, cabe resaltar que los motivos de disenso hechos valer contra la resolución reclamada esencialmente proponen la infracción a los derechos fundamentales previstos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por las razones que se resumen: La parte quejosa alega que la resolución impugnada viola en su perjuicio el numeral 57 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, toda vez que la autoridad responsable omitió valorar las pruebas aportadas por éste, a través de las cuales intentó acreditar que la allá actora no tenía el carácter de acreedora alimentaria, así como que éste contaba con diversa acreedora alimentista (su progenitora) lo cual reducía su capacidad económica y lo dejaba en imposibilidad de solventar sus propias necesidades. Lo anterior puesto que refiere aportó, entre otras, las siguientes pruebas: 1) Documental pública: consistente en copia certificada del acta de nacimiento número 761 de quince de agosto de mil novecientos setenta y ocho correspondiente al aquí quejoso. 2) Documental consistente en la constancia de dependencia económica de dieciocho de julio de dos mil veintidós, expedida por el Jefe de Manzana número 50, de la ciudad de Cosamaloapan, Veracruz, certificada por el Secretario del Ayuntamiento de dicho municipio el veinte de julio de dos mil veintidós. El concepto de violación precisado resulta infundado, sin que se advierta queja deficiente que suplir a favor del peticionario del amparo, por los motivos que a continuación se expondrán. HIPÓTESIS NORMATIVA En ese sentido, conviene traer a contexto algunas premisas sobre el tema de la pensión alimenticia provisional regulada por el Código Civil para el Estado de Veracruz, y respecto del recurso de reclamación con que cuentan los justiciables para inconformarse contra aquellas que se decreten a su cargo y estimen atentatorias de sus derechos. Sentado lo anterior, procede señalar que el artículo 210 del Código de Procedimientos para el Estado de Veracruz, contempla -para el caso controversias sobre el tema- la determinación de una pensión alimenticia provisional como medida cautelar cuya finalidad es hacer efectivo el derecho de los acreedores alimentistas mientras se resuelve en definitiva el juicio del que deriva; es decir, se trata de una prevención que permite garantizar la subsistencia de los acreedores en tanto se dilucida en un proceso si procede el otorgamiento de forma definitiva, así como los términos y los montos que corresponda, según se fijen en la sentencia. Al respecto, el artículo 239 del código civil vigente para el Estado de Veracruz establece que los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en casos de enfermedad. Respecto de los menores, los alimentos comprenden, además, los gastos necesarios para la educación primaria del alimentario, y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a su sexo y circunstancias personales. La figura de los alimentos se encuentra delimitada por el principio de proporcionalidad previsto en el artículo 242 del Código Civil para el Estado de Veracruz, el cual prevé que los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos. Para atender el principio de proporcionalidad, conlleva también a observar el de equidad, por lo que debe considerarse que la posibilidad del deudor alimentista depende, primordialmente, de su activo patrimonial, según sea el monto de su salario o ingresos, o el valor de sus bienes, los que han de ser bastantes para cubrir la pensión reclamada, pero debe atenderse también a sus propias necesidades, sobre todo cuando vive separado de sus acreedores alimentarios, lo que obviamente ocasiona que sus necesidades sean mayores al tener que autoalimentarse y alimentar a sus acreedores con motivo de ser el generador de ingresos. En relación con la necesidad del o los acreedores, ha de establecerse atendiendo, de manera preferente, a los conceptos que se comprenden bajo la palabra alimentos (vestido, habitación y asistencia en casos de enfermedad). Ahora, retomando lo establecido por el aludido numeral 210, tercer párrafo, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, se obtiene que contempla la posibilidad de que la persona a cuyo cargo se fincó una pensión alimenticia provisional, la controvierta con el fin de que sea regraduada. De esta guisa se colige que el procedimiento que la autoridad jurisdiccional en materia civil debe seguir desde el momento en que se presenta una demanda de alimentos, hasta la etapa en que se resuelve la reclamación, que en su caso se llegara a plantear, se integra por los siguientes momentos: 1) Cuando se presenta una demanda con los requisitos de ley, se correrá traslado de ella a la persona o personas contra quienes se proponga, y se les emplazará para que contesten dentro de nueve días; 2) En los casos en que se reclamen alimentos, el juez podrá en el auto que admita la demanda, a petición de parte y atendiendo a las circunstancias, fijar una pensión alimenticia provisional y decretar su aseguramiento; 3) Cualquier reclamación sobre la pensión provisional decretada, se podrá formular dentro del escrito de contestación de demanda; y, 4) Previa vista que se dé a la parte contraria, el juez resolverá la reclamación dentro del término de tres días, tomando en cuenta los documentos que se hubieren aportado. Como se ve, el procedimiento contenido en el citado artículo 210 constriñe al Juez a resolver únicamente con los documentos aportados por las partes en la reclamación y en su desahogo de vista, dada la naturaleza sumarísima del citado medio de impugnación, por lo que el juzgador únicamente puede tomar en consideración aquellos documentos aportados por las partes que reúnan los requisitos legales, y en todo caso, será materia de lo probado durante la secuela del procedimiento con las pruebas de preparación ofrecidas por las partes, para que sean tomadas en consideración en la sentencia que en su momento de dicte. Tiene aplicación la jurisprudencia VII.1o.C. J/21, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, consultable en la página 775, Tomo XXII, Noviembre de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 176670, que dice: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. AL PROMOVERSE EL RECURSO DE RECLAMACIÓN EN SU CONTRA, DADA LA PRONTITUD CON QUE SE ORDENA RESOLVER, EL JUEZ ÚNICAMENTE DEBE TOMAR EN CUENTA LOS DOCUMENTOS APORTADOS AL INTERPONERLO, ASÍ COMO LAS PRUEBAS QUE OBREN HASTA ESE ESTADÍO PROCESAL Y NO AQUELLAS EN QUE SE SOLICITÓ SU PREPARACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). El artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, en su párrafo tercero, textualmente señala: "Cualquier reclamación sobre la medida indicada en el párrafo que antecede, se podrá formular dentro del escrito de contestación a la demanda, y previa vista que se dé a la parte contraria de la reclamante, el Juez la resolverá dentro del término de tres días, tomando en cuenta los documentos que se hubieren aportado. Contra esta resolución no procede recurso ordinario.". Del precepto mencionado se desprende la existencia de un trámite procesal que se sustanciará con la sola vista que se dé a la parte contraria de la reclamante, debiendo el juzgador resolver dentro del término de tres días, para lo cual tomará en cuenta exclusivamente los documentos aportados al promoverlo, así como las pruebas que obren hasta ese estadío procesal, sin que el artículo citado prevea la posibilidad legal de que el a quo valore otros medios de convicción respecto de los cuales requieran para su desahogo de cierta preparación, como por ejemplo, la solicitud de un informe a determinada autoridad o la ratificación judicial de algún documento, con los que la reclamante pretenda demostrar hechos que permitan al juzgador natural reducir la pensión alimenticia provisional decretada, en razón de la prontitud con que se ordena resolver." De lo expuesto se obtiene que la reclamación constituye el medio por el cual el demandado en un juicio de alimentos, busca que el Juez del conocimiento equilibre la cantidad o porcentaje decretado como pensión alimenticia provisional, quien al resolverlo pueda modificar la inicialmente fijada, disminuyéndola siempre y cuando el deudor alimentista aporte pruebas con las que se justifiquen hechos que el propio juzgador desconocía al momento de señalarla, con la condición de que éstas sean idóneas para tal fin. En armonía con lo anterior, debe señalarse que todo acto de autoridad debe cumplir con la totalidad de los requisitos exigidos por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se traduce en que debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresar con exactitud el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, también con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; y es necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/43, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página setecientos sesenta y nueve, Tomo III, Marzo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que informa: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento." Lo anterior para que la resolución cumpla con el principio de exhaustividad al considerar en su totalidad las cuestiones debatidas y probadas en la reclamación, en términos del artículo 57 del Código de Procedimientos Civiles de la Entidad, para decidir lo tocante a la confirmación, aumento o reducción de la pensión, en acatamiento al precepto legal 210 de ese mismo ordenamiento, que en su párrafo tercero regula la reclamación en análisis, en la que el juez del conocimiento deberá resolver con las pretensiones, excepciones y en atención a las pruebas documentales que se hayan aportado por los litigantes. Ilustra lo anterior, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en la página 1178, tomo XIV, Agosto de 2001, materia civil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 189215, que dice: "ALIMENTOS. EL JUEZ DEBE ANALIZAR EN FORMA INTEGRAL LAS CUESTIONES DEBATIDAS Y PROBADAS, PARA DECIDIR LO TOCANTE AL AUMENTO O REDUCCIÓN DE LA PENSIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 242 del Código Civil para el Estado de Veracruz, los alimentos deben ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos. Por su parte, el artículo 243 del mismo código dispone que si fueran varios los deudores alimentistas y todos estuvieran en posibilidad de proporcionarlos, es potestad del Juez repartir el importe entre ellos, en proporción a sus haberes. Y el artículo 57 del Código de Procedimientos Civiles para la propia entidad, instaura el principio de congruencia de las sentencias, estableciendo que deben ser claras, precisas y congruentes con la demanda y contestación, y con las demás pretensiones deducidas oportunamente por el pleito, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Así las cosas, debe precisarse que atendiendo al principio de proporcionalidad que rige en materia de alimentos, cuando son varios los deudores o en el caso de que ambos cónyuges trabajen, se debe repartir equitativamente la carga alimenticia tomando en cuenta los ingresos que obtengan, pues en esos términos los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos. Por tanto, si en un juicio se reclama, en lo principal, la reducción de la pensión alimenticia, y al contestar la demanda de reconvención se aducen cuestiones que no se señalaron al momento de ejercitar la acción principal, como pueden ser el que el reconvencionista trabaja y que por ello obtiene ingresos, así como que el demandado en reconvención tiene otros hijos fuera de matrimonio a quien proporciona alimentos, el juzgador, al resolver, deberá decidir en la misma sentencia, los argumentos planteados por los actores tanto en lo principal como en la reconvención, así como los vertidos en los respectivos escritos de contestación, con base en las pruebas aportadas; todo ello en cumplimiento al principio de congruencia que establece el artículo 57 del código adjetivo invocado, ya que de no hacerlo, se violaría la garantía de legalidad establecida en el artículo 14 constitucional." Por tanto, al resolver el recurso de reclamación al que se ha hecho referencia, el juzgador debe sujetarse a los principios de proporcionalidad y equidad que rige la materia de alimentos, así como a los requisitos constitucionales de fundamentación y motivación que debe contenerse en un acto de autoridad, en términos del 16 Constitucional, y la facultad discrecional no puede ser arbitraria, por lo que tiene el deber de establecer si las pruebas aportadas por el reclamante son o no suficientes para modificar la pensión provisional inicialmente decretada, atendiendo a la totalidad de los planteamientos de las partes, y tomando en consideración el binomio: necesidad-posibilidad. Apoya lo apuntado la jurisprudencia VII.1o.C. J/10, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, consultable en la página 603, Tomo XII, septiembre de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 191085, que indica: "ALIMENTOS PROVISIONALES. VALORACIÓN DE PRUEBAS EN LA RECLAMACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). Al establecer el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, que el Juez que conozca de una demanda de alimentos podrá fijar una pensión alimenticia provisional y decretar su aseguramiento en el auto admisorio, a petición de parte, atendiendo a las circunstancias particulares del caso, y que contra esa medida, el deudor alimentista en su escrito de contestación de demanda podrá promover reclamación, se le está concediendo un medio de defensa para tratar de equilibrar la cantidad o el porcentaje que como pensión alimenticia provisional haya decretado el Juez natural, quien pudo tomar como base únicamente los datos expresados por la actora en su demanda, reclamación que debe declararse procedente si el deudor alimentista aporta pruebas documentales que el propio juzgador no tuvo en consideración al señalar la pensión provisional y que sean idóneas para tal fin." Hasta aquí las premisas normativas ANTECEDENTES Para mejor comprensión de la resolución que se emite en el presente asunto, resulta pertinente narrar los antecedentes del acto reclamado, los cuales se obtienen de las constancias relativas al juicio ordinario civil ******************** del índice de la autoridad responsable: 1. Mediante escrito de nueve de marzo de dos mil veintidós, Arali Ortega Ortega, por propio derecho y en representación de sus menores hijas de iniciales M.M. y D.F., demandó de ********************en la vía ordinaria civil, entre otras prestaciones, el pago de una pensión alimenticia provisional y en su momento definitiva (fojas 2 al 10 del tomo pruebas). 2. Por auto de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, el Juzgado Segundo de Primera Instancia con sede en Cosamaloapan, Veracruz, dio trámite a la demanda, ordenó formar expediente, registrarlo con el número ******************** y correr traslado a la parte demandada; asimismo, decretó como medida cautelar una pensión alimenticia provisional a favor de la parte actora y menores acreedores, consistente en el cincuenta por ciento (50%) del sueldo y demás prestaciones que percibía Julio César Fabián Ruíz como trabajador de la Secretaría de Educación de Veracruz y del Ingenio San Cristóbal Industrial Azucarera San Cristóbal Sociedad Anónima de Capital Variable, correspondiente el veinte por ciento (20%) para cada menor y el diez por ciento (10%) para la allá actora (fojas 53 al 58 del tomo de pruebas). 3. Se emplazó a Julio César Fabián Ruíz el ocho de julio de dos mil veintidós (foja 102 del tomo de pruebas) y, mediante escrito de diez de agosto siguiente, dio contestación a la demanda e interpuso recurso de reclamación en contra de la medida provisional alimenticia decretada a su cargo, entre otras cuestiones (fojas 113 al 141). 4. Con motivo de lo anterior, en proveído de treinta de agosto de dos mil veintidós, el juzgado responsable tuvo a la parte demandada dando contestación e interponiendo el citado recurso, con lo cual ordenó dar vista de la parte actora por el término de tres días, para que manifestara lo que a sus intereses conviniera, quien desahogó la vista mediante escrito de dos de septiembre de dos mil veintidós (fojas 149 al 156 del tomo de pruebas). 5. Por auto de cuatro de octubre de dos mil veintidós, se turnaron los autos para resolver el recurso de reclamación interpuesto por la parte demandada (foja 161 del tomo de pruebas). 6. Mediante resolución de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, la autoridad responsable declaró infundado el recurso de reclamación interpuesto por ********************confirmando la pensión alimenticia provisional fijada en auto de diecisiete de marzo de dos mil veintidós consistente en el cincuenta por ciento (50%) del sueldo y demás prestaciones que percibía el aquí quejoso como trabajador de la Secretaría de Educación de Veracruz y del Ingenio San Cristóbal Industrial Azucarera San Cristóbal Sociedad Anónima de Capital Variable, correspondiente el veinte por ciento (20%) para cada menor y el diez por ciento (10%) para la allá actora (fojas 162 al 166 del tomo de pruebas): Resolución que constituye el acto reclamado en esta vía constitucional. Ahora bien, en el caso, de la resolución reclamada, se advierte que el juez responsable para resolver en la forma en que lo hizo, indicó en lo que interesa lo siguiente: Que la allá actora argumentó entre otras cosas, que contrajo matrimonio con el demandado, que procrearon a sus dos hijas, que siempre se había dedicado al cuidado de éstas y de su esposo, cumpliendo con las labores que le correspondían, ya que había acordado con su esposo que él trabajaría y ella se dedicaría al cuidado del hogar y de sus hijas. Que cuando contrajo matrimonio no contaba con formación académica por lo que acordaron que se dedicaría preponderantemente a las labores del hogar, así como de atender las actividades escolares de sus hijas, lo que hizo por más de catorce años en el domicilio conyugal, razón por la cual le fue imposible continuar con su profesión o actividad que le permitiera desarrollarse profesionalmente. Asimismo, que el día veintisiete de febrero de dos mil veintidós se encontraba en el domicilio conyugal con sus hijas cuando de repente llegó su esposo y suegra, comenzando a agredirla física y verbalmente, llevándose sus pertenencias, abandonando el hogar y dejándole de otorgar alimentos. Que la actora para fundar su pretensión, presentó como pruebas de su parte el acta de matrimonio número 00055, libro 01, de cuatro de abril de dos mil siete del Registro Civil de Cosamaloapan, Veracruz, celebrado entre Arali Ortega Ortega y ********************copias certificadas de las actas de nacimiento a nombre de sus menores hijas de identidad reservada de iniciales M.M. y D.F. de apellidos F.O., dos boletas de evaluación de las menores de primero y cuarto grado de primaria, un recibo de pago de servicio de energía eléctrica, recibo de pago de Megacable, telefonía por cable y recibo de pago del servicio de agua potable, medios de prueba a los cuales la autoridad responsable les otorgó valor probatorio en términos del artículo 261, fracción II, IV, 266 y 337 del Código de Procedimientos Civiles. En ese sentido, precisó que de las actas de matrimonio y nacimiento que allegó la actora como pruebas de su parte, se advertía el derecho que le asistía en su calidad de cónyuge y en representación de sus menores hijas de identidad reservada de demandar alimentos. Por su parte, respecto de la capacidad económica del deudor alimentista, la autoridad responsable indicó que ésta se encontraba acreditada, toda vez que percibía ingresos como trabajador de la Secretaría de Educación de Veracruz y del Ingenio San Cristóbal Industrial Azucarera San Cristóbal Sociedad Anónima de Capital Variable. De igual forma, en relación a los agravios hechos valer por el demandado en su escrito de reclamación, la autoridad responsable señaló que no le asistía la razón a éste, ya que si bien argumentó que la pensión alimenticia era excesiva y que la actora no tenía derechos alimentarios pues era trabajadora del Instituto Veracruzano de la Educación para los Adultos, además de dedicarse a la venta de ropa americana y otros artículos, con ingresos superiores a éste, y que además la pensión alimenticia fijada para las menores acreedoras era excesiva dejándolo en estado de indefensión porque vivía separado de su esposa e hijas; lo cierto era que dichas circunstancias no fueron acreditadas documentalmente en términos del artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles, esto es, que no se evidenciaba con documento suficiente que la accionante percibía los ingresos aducidos, menos aún que no contaba con el derecho de necesitar alimentos, así como que la pensión fuera excesiva, debido a que indicó el deudor únicamente exhibió la partida de matrimonio y nacimiento de las menores, lo que reafirmaba el derecho alimentario de éstas. Aunado a que, señaló la allá actora había indicado que se dedicó preponderantemente al cuidado de sus hijos y al hogar, lo que hacía presumir su derecho alimentario y, que las menores acreedoras también contaban con dicha presunción al no poderse allegarse de los alimentos por sí mismas. Respecto a lo manifestado por el aquí quejoso relativo a que su progenitora dependía económicamente de éste, presentando la constancia de dieciocho de julio de dos mil veintidós expedida por el Jefe de Manzana, número cincuenta, de la colonia Centro, del Cuartel 2 "B" de Cosamaloapan, Veracruz, la autoridad responsable le otorgó valor probatorio en términos del artículo 261, fracción II, 266 y 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz y, precisó, que dicha probanza era insuficiente al tratarse de una declaración unilateral de quien la suscribió, por lo que carecía de la eficacia probatoria, debido a que los datos ahí anotados no fueron tomados de algún expediente o archivo público, a efecto de contar con certeza jurídica. En razón de lo expuesto, el juez responsable indicó que derivado de que el reclamante no cumplió con la carga procesal que le imponía el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, al no haber presentado prueba documental suficiente para demostrar sus afirmaciones, resultaba procedente declarar infundada la reclamación planteada por Julio César Fabián Ruíz y confirmar la pensión alimenticia recurrida. Ahora, en contra de tal determinación, la parte quejosa alega que la resolución impugnada viola en su perjuicio el numeral 57 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, toda vez que la autoridad responsable omitió valorar las pruebas aportadas por éste, a través de las cuales intentó acreditar que la allá actora no tenía el carácter de acreedora alimentaria, así como que éste contaba con diversa acreedora alimentista (su progenitora) lo cual reducía su capacidad económica y lo dejaba en imposibilidad de solventar sus propias necesidades. Lo anterior, resulta infundado ya que contrario a lo manifestado por la parte quejosa, de la resolución reclamada se aprecia que la responsable sí valoró los documentos aportados por éste y los demás existentes en autos hasta la emisión de la resolución combatida, asignando valor probatorio y emitiendo juicio de valor respecto de tales probanzas. Y si bien los medios probatorios que aportó el demandado en el juicio de origen no fueron favorables a sus intereses puesto que no justificaron los hechos de su reclamación, lo cierto es que la responsable sí tomó en consideración las probanzas por él aportadas y las alegaciones efectuadas, pues se advierte que la parte quejosa ofreció como pruebas de su parte las siguientes: 1) Documental pública: consistente en copia certificada del acta de nacimiento número 761 de quince de agosto de mil novecientos setenta y ocho correspondiente al aquí quejoso. 2) Documental consistente en la constancia de dependencia económica de dieciocho de julio de dos mil veintidós, expedida por el Jefe de Manzana número 50, de la ciudad de Cosamaloapan, Veracruz, certificada por el Secretario del Ayuntamiento de dicho municipio el veinte de julio de dos mil veintidós. Pruebas a las cuales la autoridad responsable les otorgó valor probatorio en términos del artículo 261, fracción II, IV y 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz. Asimismo, se observa que la responsable concatenó el acta de nacimiento exhibida por éste, con las actas de nacimiento de sus menores hijas, señalando que únicamente servían para reafirmar el derecho de las menores a percibir alimentos. Y, por cuanto hace a la segunda probanza relativa a la constancia de dependencia económica de dieciocho de julio de dos mil veintidós expedida por el Jefe de Manzana, número 50, de la ciudad de Cosamaloapan, Veracruz, el juez responsable precisó que era insuficiente al tratarse de una declaración unilateral de quien la suscribía, por lo que carecía de la eficacia probatoria, debido a que los datos ahí anotados no fueron tomados de algún expediente o archivo público, a efecto de contar con certeza jurídica. Por lo que, atendiendo a dichas documentales, la responsable precisó que no se justificaba con éstas las afirmaciones del reclamante relativas a que la pensión alimenticia provisional fijada era excesiva, que la allá actora no le asistía el carácter de acreedora alimentaria al contar con un empleo remunerado y que contaba con una diversa acreedora alimentaria (su progenitora) lo cual a decir del quejoso disminuía su capacidad económica, estimando procedente confirmar la pensión alimenticia provisional fijada en auto de diecisiete de marzo de dos mil veintidós. De lo que se obtiene que no le asiste la razón a la parte quejosa por cuanto dice que el juez responsable omitió valorar el material probatorio ofrecido en autos, dado que, como se indicó, el resolutor sí valoró las documentales ofertadas por la aquí parte quejosa tomando en cuenta las particularidades del caso concreto. Y si bien, se advierte que el quejoso también ofreció la prueba confesional a cargo de la actora, una prueba de inspección judicial, así como la prueba de informes a cargo de la Directora y Dirección Estatal ambos del Instituto Veracruzano de Educación para Adultos, empresa TELECOM, a la Institución Bancaria Santander, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, empresa Coppel y/o bancoppel, Elektra, oficina de correos de Cosamaloapan, Veracruz, empresa Estafeta, institución bancaria CITIBANAMEX. Dada la naturaleza cautelar de la medida alimenticia y ante la necesidad y urgencia de garantizar la subsistencia de la parte demandante durante el juicio, de conformidad con el artículo 210 del ordenamiento procesal en comento, únicamente el juzgador se encontraba en la posibilidad de tomar en cuenta los documentos que hasta ese momento se hubiesen aportado, sin la posibilidad de ampliar los términos legales ni admitir pruebas supervenientes, o de especial pronunciamiento como las citadas, puesto que éstas, en su caso, serán tomadas en consideración en la sentencia que en su momento de dicte. En ese sentido, es claro que la resolución reclamada no transgrede lo dispuesto por el artículo 57 del Código de Procedimientos Civiles de la Entidad, el cual prevé el principio de exhaustividad, puesto que se observa que la responsable consideró la totalidad de las cuestiones debatidas y probadas en la reclamación, para confirmar la pensión alimenticia decretada en el auto de inicio del cincuenta por ciento (50%) del sueldo y demás prestaciones que percibe el aquí quejoso como trabajador de la Secretaría de Educación de Veracruz y del Ingenio San Cristóbal Industrial Azucarera San Cristóbal Sociedad Anónima de Capital Variable, correspondiente el veinte por ciento (20%) para cada menor y el diez por ciento (10%) para la allá actora. Pues se insiste, la responsable resolvió tomando en consideración las pretensiones, excepciones y pruebas aportadas por las partes, así como a la capacidad económica del deudor alimentario, y a las necesidades de las acreedoras. Resolución que además se estima apegada a derecho, puesto que como bien lo señaló la responsable, las pruebas aportadas por el demandado resultaban insuficientes para disminuir el quantum fijado, puesto que de éstas únicamente se desprendía el lazo familiar que tenía con sus menores acreedoras. Así como que la diversa probanza relativa a la constancia de dependencia económica de dieciocho de julio de dos mil veintidós expedida por el Jefe de Manzana, número 50, de la ciudad de Cosamaloapan, Veracruz, carecía de valor probatorio para acreditar el extremo pretendido por el quejoso, en razón de que el funcionario que la expidió carece de facultades para ello, por ser ajena a sus funciones. Por sus consideraciones, tiene aplicación la tesis XX.64 C emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Marzo de 1996, página 905, Novena Época, materia civil, con número de registro 202909, de rubro: "CONSTANCIA EXPEDIDA POR EL SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. CARECE DE VALOR PROBATORIO PARA ACREDITAR LA DEPENDENCIA ECONOMICA DE LOS PROGENITORES DEL DEUDOR ALIMENTARIO LA. (LEGISLACION DEL ESTADO DE CHIAPAS)." Lo anterior, sin que se soslaye, que el quejoso pudiera tener gastos como lo aduce; sin embargo, desde el análisis del binomio necesidad-posibilidad, se estima adecuada la improcedencia de la reducción del porcentaje, en los términos que lo analizó la responsable, con base en las pruebas que obran en el sumario ofrecidas por ambas partes, puesto que de éstas se desprende que el aquí quejoso tiene obligación con su esposa y dos hijas conforme a las partidas de nacimiento y matrimonio, que no demostró que su progenitora dependiera económicamente de él y que además éste contaba con la capacidad económica suficiente para solventar la carga alimentaria impuesta al ser trabajador de la Secretaría de Educación de Veracruz y del Ingenio San Cristóbal Industrial Azucarera San Cristóbal Sociedad Anónima de Capital Variable, sin que además se acreditara que el porcentaje relativo al cincuenta por ciento que le restaba lo dejara en estado de insolvencia. Así las cosas, al ser infundado el concepto de violación esgrimido y al no advertirse queja deficiente que suplir a favor del peticionario de amparo, a juicio del suscrito lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal que solicitó la parte quejosa Julio César Fabián Ruíz contra la resolución de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, emitida por el juez responsable en el juicio ordinario civil ********************, mediante la cual declaró infundado el recurso de reclamación interpuesto por éste, confirmando la pensión alimenticia provisional fijada en auto de diecisiete de marzo de dos mil veintidós consistente en el cincuenta por ciento (50%) del sueldo y demás prestaciones que percibía como trabajador de la Secretaría de Educación de Veracruz y del Ingenio San Cristóbal Industrial Azucarera San Cristóbal Sociedad Anónima de Capital Variable, correspondiente el veinte por ciento (20%) para cada menor y el diez por ciento (10%) para la allá actora. Finalmente, cabe destacar que en la presente sentencia se citaron diversos criterios, los cuales, aunque fueron integrados conforme a la Ley de Amparo abrogada, siguen siendo aplicables de acuerdo a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, ya que en lo que en ellos se interpreta, no se opone a las disposiciones de la ley de la materia aplicable. SEXTO. Tratamiento de datos personales. Por otra parte en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 11, 73, fracción II, y 68 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en atención a que durante la integración del expediente, las partes no expresaron su inconformidad respecto a la publicación de su nombre y demás datos personales en la sentencia que ahora se dicta, en tales condiciones, publíquense los mismos, con supresión de datos sensibles, en la inteligencia que dicho fallo quedará a disposición del público para su consulta cuando lo soliciten. SÉPTIMO. Expedición de copias. Ahora bien, en aras de cumplir con la impartición de una justicia pronta, completa e imparcial, como lo establece el artículo 17 Constitucional, y con el fin de evitar las promociones de las partes solicitando copia de la sentencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, expídase a costa de las partes una copia simple o certificada, según lo soliciten al momento de comparecer ante el personal actuante, de la sentencia dictada, previa razón de entrega que se realice y firma de recibo de parte interesada que se recabe. Por lo expuesto y fundado en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo se; RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión No ampara Ni protege a ********************por propio derecho, contra la resolución de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, emitida por el juez responsable en el juicio ordinario civil ********************, mediante la cual declaró infundado el recurso de reclamación interpuesto por éste, confirmando la pensión alimenticia provisional fijada en auto de inicio, acorde a lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la sentencia que ahora se dicta, en términos del considerando sexto. TERCERO. Expídase a costa de las partes una copia simple o certificada, según lo soliciten al momento de comparecer ante el personal actuante, de la sentencia dictada, previa razón de entrega que se realice y firma de recibo de parte interesada que se recabe. Notifíquese por lista a la parte quejosa y tercero interesado, por oficio a la autoridad responsable, y por correo electrónico a la agente del ministerio público de la federación adscrita en materia de amparo. Así lo resolvió y firma electrónicamente el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, Luis Rafael Bautista Cruz, asistido de Citlali Sánchez Sosa, secretaria con quien actúa y da fe. Doy Fe. Con fundamento en el artículo 26 bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, reformado mediante el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, la secretaria del juzgado CERTIFICA: Que la presente sentencia se firma electrónicamente en un horario posterior al cierre de la celebración de la audiencia constitucional, puesto que se trata de una sentencia dictada en audiencia constitucional y debe tomarse en consideración el proceso de revisión de la misma, así como la firma sucesiva de la secretaria que suscribe y el titular del juzgado, y atendiendo a que en la misma fecha de su celebración, se dictó la sentencia respectiva. Doy fe. BOCA DEL RÍO, VERACRUZ, 28 DE FEBRERO DE 2023. SECCIÓN AMPARO JUICIO DE AMPARO 1092/2022 MESA CINCO AL CONTESTAR EL PRESENTE OFICIO SEÑALAR LOS DATOS RELATIVOS AL NÚMERO DE JUICIO, OFICIO, SECCIÓN Y MESA. Oficio 1620 JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA. Cosamaloapan, Veracruz En el juicio de amparo 1092/2022, promovido por Julio César Fabián Ruiz, contra actos de usted, el día de hoy se dictó la sentencia siguiente: "SENTENCIA Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 1092/2022; y, RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, del que correspondió conocer a este juzgado, ********************por propio derecho, promovió juicio de amparo contra el acto y autoridad señalados en el escrito de demanda. SEGUNDO. Mediante proveído de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, se desechó parcialmente la demanda de amparo respecto de la autoridad responsable Gerente General y/o Administrador General de la empresa denominada Ingenio San Cristóbal y/o Fideicomiso Ingenio San Cristóbal 80333, en Carlos A. Carrillo, Veracruz y, se admitió respecto de la restante autoridad señalada por la parte quejosa, se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Previa sustanciación del juicio, una vez integrado el expediente, se efectuó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, por lo que se turnaron los autos para dictar la resolución que ahora se emite; y, CONSIDERANDO: PRIMERO (COMPETENCIA). Este juzgado de Distrito es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; y 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el punto cuarto, fracción VII, primer párrafo, del Acuerdo General 3/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Por cuestión de la vía, en virtud de que se trata de una resolución emitida dentro de un proceso susceptible de afectar directa e irreparablemente un derecho sustantivo fundamental, lo que permite que sea materia de análisis en amparo indirecto. Por razón de la materia (mixta) dado que actúa tanto como órgano de instrucción en las materias penal, civil y administrativa, así como de control constitucional al conocer del amparo indirecto en primera instancia. Y por cuestión del territorio, atento a que la ejecución del acto reclamado tiene lugar en la circunscripción territorial en la que este tribunal ejerce jurisdicción. SEGUNDO (PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO). En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama del Juez Segundo de Primera Instancia con sede en Cosamaloapan, Veracruz: -La resolución de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, emitida en el juicio ordinario civil ********************, mediante la cual declaró infundado el recurso de reclamación interpuesto por ********************confirmando la pensión alimenticia provisional fijada en auto de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, consistente en el cincuenta por ciento (50%) del sueldo y demás prestaciones que percibía el aquí quejoso como trabajador de la Secretaría de Educación de Veracruz y del Ingenio San Cristóbal, Industrial Azucarera San Cristóbal Sociedad Anónima de Capital Variable, correspondiente el veinte por ciento (20%) para cada menor y el diez por ciento (10%) para la allá actora. TERCERO (EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO). Es cierto el acto reclamado al Juez Segundo de Primera Instancia con sede en Cosamaloapan, Veracruz, porque así lo expresó al rendir su informe justificado y porque ello se corrobora con las constancias que remitió en apoyo al mismo, a las cuales se les concede pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 231, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO (CAUSAS DE IMPROCEDENCIA). Las causas de improcedencia son de estudio preferente y orden público, de acuerdo con el artículo 62 de la ley de la materia, sean o no alegadas por las partes. En ese sentido, impuesto el que suscribe de las constancias, considera que no se actualiza causal de improcedencia alguna de las previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo ni las partes invocaron alguna, por lo cual se procede al estudio de fondo del asunto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 22/91 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no se opone a la Ley de Amparo en vigor, visible en la página 60, tomo VII, junio de 1991, materia común, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, con registro 205800, de título y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada una de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento." QUINTO. Examen constitucional del acto reclamado. Ahora, se procede al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, sin que sea necesario transcribir los conceptos de violación ante la inexistencia de dispositivo legal que obligue a ello, ni irrogarle perjuicio a las partes con tal omisión. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 830, con registro 164618, que dispone: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Sin embargo, cabe resaltar que los motivos de disenso hechos valer contra la resolución reclamada esencialmente proponen la infracción a los derechos fundamentales previstos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por las razones que se resumen: La parte quejosa alega que la resolución impugnada viola en su perjuicio el numeral 57 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, toda vez que la autoridad responsable omitió valorar las pruebas aportadas por éste, a través de las cuales intentó acreditar que la allá actora no tenía el carácter de acreedora alimentaria, así como que éste contaba con diversa acreedora alimentista (su progenitora) lo cual reducía su capacidad económica y lo dejaba en imposibilidad de solventar sus propias necesidades. Lo anterior puesto que refiere aportó, entre otras, las siguientes pruebas: 1) Documental pública: consistente en copia certificada del acta de nacimiento número 761 de quince de agosto de mil novecientos setenta y ocho correspondiente al aquí quejoso. 2) Documental consistente en la constancia de dependencia económica de dieciocho de julio de dos mil veintidós, expedida por el Jefe de Manzana número 50, de la ciudad de Cosamaloapan, Veracruz, certificada por el Secretario del Ayuntamiento de dicho municipio el veinte de julio de dos mil veintidós. El concepto de violación precisado resulta infundado, sin que se advierta queja deficiente que suplir a favor del peticionario del amparo, por los motivos que a continuación se expondrán. HIPÓTESIS NORMATIVA En ese sentido, conviene traer a contexto algunas premisas sobre el tema de la pensión alimenticia provisional regulada por el Código Civil para el Estado de Veracruz, y respecto del recurso de reclamación con que cuentan los justiciables para inconformarse contra aquellas que se decreten a su cargo y estimen atentatorias de sus derechos. Sentado lo anterior, procede señalar que el artículo 210 del Código de Procedimientos para el Estado de Veracruz, contempla -para el caso controversias sobre el tema- la determinación de una pensión alimenticia provisional como medida cautelar cuya finalidad es hacer efectivo el derecho de los acreedores alimentistas mientras se resuelve en definitiva el juicio del que deriva; es decir, se trata de una prevención que permite garantizar la subsistencia de los acreedores en tanto se dilucida en un proceso si procede el otorgamiento de forma definitiva, así como los términos y los montos que corresponda, según se fijen en la sentencia. Al respecto, el artículo 239 del código civil vigente para el Estado de Veracruz establece que los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en casos de enfermedad. Respecto de los menores, los alimentos comprenden, además, los gastos necesarios para la educación primaria del alimentario, y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a su sexo y circunstancias personales. La figura de los alimentos se encuentra delimitada por el principio de proporcionalidad previsto en el artículo 242 del Código Civil para el Estado de Veracruz, el cual prevé que los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos. Para atender el principio de proporcionalidad, conlleva también a observar el de equidad, por lo que debe considerarse que la posibilidad del deudor alimentista depende, primordialmente, de su activo patrimonial, según sea el monto de su salario o ingresos, o el valor de sus bienes, los que han de ser bastantes para cubrir la pensión reclamada, pero debe atenderse también a sus propias necesidades, sobre todo cuando vive separado de sus acreedores alimentarios, lo que obviamente ocasiona que sus necesidades sean mayores al tener que autoalimentarse y alimentar a sus acreedores con motivo de ser el generador de ingresos. En relación con la necesidad del o los acreedores, ha de establecerse atendiendo, de manera preferente, a los conceptos que se comprenden bajo la palabra alimentos (vestido, habitación y asistencia en casos de enfermedad). Ahora, retomando lo establecido por el aludido numeral 210, tercer párrafo, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, se obtiene que contempla la posibilidad de que la persona a cuyo cargo se fincó una pensión alimenticia provisional, la controvierta con el fin de que sea regraduada. De esta guisa se colige que el procedimiento que la autoridad jurisdiccional en materia civil debe seguir desde el momento en que se presenta una demanda de alimentos, hasta la etapa en que se resuelve la reclamación, que en su caso se llegara a plantear, se integra por los siguientes momentos: 1) Cuando se presenta una demanda con los requisitos de ley, se correrá traslado de ella a la persona o personas contra quienes se proponga, y se les emplazará para que contesten dentro de nueve días; 2) En los casos en que se reclamen alimentos, el juez podrá en el auto que admita la demanda, a petición de parte y atendiendo a las circunstancias, fijar una pensión alimenticia provisional y decretar su aseguramiento; 3) Cualquier reclamación sobre la pensión provisional decretada, se podrá formular dentro del escrito de contestación de demanda; y, 4) Previa vista que se dé a la parte contraria, el juez resolverá la reclamación dentro del término de tres días, tomando en cuenta los documentos que se hubieren aportado. Como se ve, el procedimiento contenido en el citado artículo 210 constriñe al Juez a resolver únicamente con los documentos aportados por las partes en la reclamación y en su desahogo de vista, dada la naturaleza sumarísima del citado medio de impugnación, por lo que el juzgador únicamente puede tomar en consideración aquellos documentos aportados por las partes que reúnan los requisitos legales, y en todo caso, será materia de lo probado durante la secuela del procedimiento con las pruebas de preparación ofrecidas por las partes, para que sean tomadas en consideración en la sentencia que en su momento de dicte. Tiene aplicación la jurisprudencia VII.1o.C. J/21, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, consultable en la página 775, Tomo XXII, Noviembre de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 176670, que dice: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. AL PROMOVERSE EL RECURSO DE RECLAMACIÓN EN SU CONTRA, DADA LA PRONTITUD CON QUE SE ORDENA RESOLVER, EL JUEZ ÚNICAMENTE DEBE TOMAR EN CUENTA LOS DOCUMENTOS APORTADOS AL INTERPONERLO, ASÍ COMO LAS PRUEBAS QUE OBREN HASTA ESE ESTADÍO PROCESAL Y NO AQUELLAS EN QUE SE SOLICITÓ SU PREPARACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). El artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, en su párrafo tercero, textualmente señala: "Cualquier reclamación sobre la medida indicada en el párrafo que antecede, se podrá formular dentro del escrito de contestación a la demanda, y previa vista que se dé a la parte contraria de la reclamante, el Juez la resolverá dentro del término de tres días, tomando en cuenta los documentos que se hubieren aportado. Contra esta resolución no procede recurso ordinario.". Del precepto mencionado se desprende la existencia de un trámite procesal que se sustanciará con la sola vista que se dé a la parte contraria de la reclamante, debiendo el juzgador resolver dentro del término de tres días, para lo cual tomará en cuenta exclusivamente los documentos aportados al promoverlo, así como las pruebas que obren hasta ese estadío procesal, sin que el artículo citado prevea la posibilidad legal de que el a quo valore otros medios de convicción respecto de los cuales requieran para su desahogo de cierta preparación, como por ejemplo, la solicitud de un informe a determinada autoridad o la ratificación judicial de algún documento, con los que la reclamante pretenda demostrar hechos que permitan al juzgador natural reducir la pensión alimenticia provisional decretada, en razón de la prontitud con que se ordena resolver." De lo expuesto se obtiene que la reclamación constituye el medio por el cual el demandado en un juicio de alimentos, busca que el Juez del conocimiento equilibre la cantidad o porcentaje decretado como pensión alimenticia provisional, quien al resolverlo pueda modificar la inicialmente fijada, disminuyéndola siempre y cuando el deudor alimentista aporte pruebas con las que se justifiquen hechos que el propio juzgador desconocía al momento de señalarla, con la condición de que éstas sean idóneas para tal fin. En armonía con lo anterior, debe señalarse que todo acto de autoridad debe cumplir con la totalidad de los requisitos exigidos por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se traduce en que debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresar con exactitud el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, también con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; y es necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/43, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página setecientos sesenta y nueve, Tomo III, Marzo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que informa: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento." Lo anterior para que la resolución cumpla con el principio de exhaustividad al considerar en su totalidad las cuestiones debatidas y probadas en la reclamación, en términos del artículo 57 del Código de Procedimientos Civiles de la Entidad, para decidir lo tocante a la confirmación, aumento o reducción de la pensión, en acatamiento al precepto legal 210 de ese mismo ordenamiento, que en su párrafo tercero regula la reclamación en análisis, en la que el juez del conocimiento deberá resolver con las pretensiones, excepciones y en atención a las pruebas documentales que se hayan aportado por los litigantes. Ilustra lo anterior, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en la página 1178, tomo XIV, Agosto de 2001, materia civil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 189215, que dice: "ALIMENTOS. EL JUEZ DEBE ANALIZAR EN FORMA INTEGRAL LAS CUESTIONES DEBATIDAS Y PROBADAS, PARA DECIDIR LO TOCANTE AL AUMENTO O REDUCCIÓN DE LA PENSIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 242 del Código Civil para el Estado de Veracruz, los alimentos deben ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos. Por su parte, el artículo 243 del mismo código dispone que si fueran varios los deudores alimentistas y todos estuvieran en posibilidad de proporcionarlos, es potestad del Juez repartir el importe entre ellos, en proporción a sus haberes. Y el artículo 57 del Código de Procedimientos Civiles para la propia entidad, instaura el principio de congruencia de las sentencias, estableciendo que deben ser claras, precisas y congruentes con la demanda y contestación, y con las demás pretensiones deducidas oportunamente por el pleito, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Así las cosas, debe precisarse que atendiendo al principio de proporcionalidad que rige en materia de alimentos, cuando son varios los deudores o en el caso de que ambos cónyuges trabajen, se debe repartir equitativamente la carga alimenticia tomando en cuenta los ingresos que obtengan, pues en esos términos los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos. Por tanto, si en un juicio se reclama, en lo principal, la reducción de la pensión alimenticia, y al contestar la demanda de reconvención se aducen cuestiones que no se señalaron al momento de ejercitar la acción principal, como pueden ser el que el reconvencionista trabaja y que por ello obtiene ingresos, así como que el demandado en reconvención tiene otros hijos fuera de matrimonio a quien proporciona alimentos, el juzgador, al resolver, deberá decidir en la misma sentencia, los argumentos planteados por los actores tanto en lo principal como en la reconvención, así como los vertidos en los respectivos escritos de contestación, con base en las pruebas aportadas; todo ello en cumplimiento al principio de congruencia que establece el artículo 57 del código adjetivo invocado, ya que de no hacerlo, se violaría la garantía de legalidad establecida en el artículo 14 constitucional." Por tanto, al resolver el recurso de reclamación al que se ha hecho referencia, el juzgador debe sujetarse a los principios de proporcionalidad y equidad que rige la materia de alimentos, así como a los requisitos constitucionales de fundamentación y motivación que debe contenerse en un acto de autoridad, en términos del 16 Constitucional, y la facultad discrecional no puede ser arbitraria, por lo que tiene el deber de establecer si las pruebas aportadas por el reclamante son o no suficientes para modificar la pensión provisional inicialmente decretada, atendiendo a la totalidad de los planteamientos de las partes, y tomando en consideración el binomio: necesidad-posibilidad. Apoya lo apuntado la jurisprudencia VII.1o.C. J/10, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, consultable en la página 603, Tomo XII, septiembre de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 191085, que indica: "ALIMENTOS PROVISIONALES. VALORACIÓN DE PRUEBAS EN LA RECLAMACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). Al establecer el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, que el Juez que conozca de una demanda de alimentos podrá fijar una pensión alimenticia provisional y decretar su aseguramiento en el auto admisorio, a petición de parte, atendiendo a las circunstancias particulares del caso, y que contra esa medida, el deudor alimentista en su escrito de contestación de demanda podrá promover reclamación, se le está concediendo un medio de defensa para tratar de equilibrar la cantidad o el porcentaje que como pensión alimenticia provisional haya decretado el Juez natural, quien pudo tomar como base únicamente los datos expresados por la actora en su demanda, reclamación que debe declararse procedente si el deudor alimentista aporta pruebas documentales que el propio juzgador no tuvo en consideración al señalar la pensión provisional y que sean idóneas para tal fin." Hasta aquí las premisas normativas ANTECEDENTES Para mejor comprensión de la resolución que se emite en el presente asunto, resulta pertinente narrar los antecedentes del acto reclamado, los cuales se obtienen de las constancias relativas al juicio ordinario civil ******************** del índice de la autoridad responsable: 1. Mediante escrito de nueve de marzo de dos mil veintidós, Arali Ortega Ortega, por propio derecho y en representación de sus menores hijas de iniciales M.M. y D.F., demandó de ********************en la vía ordinaria civil, entre otras prestaciones, el pago de una pensión alimenticia provisional y en su momento definitiva (fojas 2 al 10 del tomo pruebas). 2. Por auto de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, el Juzgado Segundo de Primera Instancia con sede en Cosamaloapan, Veracruz, dio trámite a la demanda, ordenó formar expediente, registrarlo con el número ******************** y correr traslado a la parte demandada; asimismo, decretó como medida cautelar una pensión alimenticia provisional a favor de la parte actora y menores acreedores, consistente en el cincuenta por ciento (50%) del sueldo y demás prestaciones que percibía Julio César Fabián Ruíz como trabajador de la Secretaría de Educación de Veracruz y del Ingenio San Cristóbal Industrial Azucarera San Cristóbal Sociedad Anónima de Capital Variable, correspondiente el veinte por ciento (20%) para cada menor y el diez por ciento (10%) para la allá actora (fojas 53 al 58 del tomo de pruebas). 3. Se emplazó a Julio César Fabián Ruíz el ocho de julio de dos mil veintidós (foja 102 del tomo de pruebas) y, mediante escrito de diez de agosto siguiente, dio contestación a la demanda e interpuso recurso de reclamación en contra de la medida provisional alimenticia decretada a su cargo, entre otras cuestiones (fojas 113 al 141). 4. Con motivo de lo anterior, en proveído de treinta de agosto de dos mil veintidós, el juzgado responsable tuvo a la parte demandada dando contestación e interponiendo el citado recurso, con lo cual ordenó dar vista de la parte actora por el término de tres días, para que manifestara lo que a sus intereses conviniera, quien desahogó la vista mediante escrito de dos de septiembre de dos mil veintidós (fojas 149 al 156 del tomo de pruebas). 5. Por auto de cuatro de octubre de dos mil veintidós, se turnaron los autos para resolver el recurso de reclamación interpuesto por la parte demandada (foja 161 del tomo de pruebas). 6. Mediante resolución de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, la autoridad responsable declaró infundado el recurso de reclamación interpuesto por ********************confirmando la pensión alimenticia provisional fijada en auto de diecisiete de marzo de dos mil veintidós consistente en el cincuenta por ciento (50%) del sueldo y demás prestaciones que percibía el aquí quejoso como trabajador de la Secretaría de Educación de Veracruz y del Ingenio San Cristóbal Industrial Azucarera San Cristóbal Sociedad Anónima de Capital Variable, correspondiente el veinte por ciento (20%) para cada menor y el diez por ciento (10%) para la allá actora (fojas 162 al 166 del tomo de pruebas): Resolución que constituye el acto reclamado en esta vía constitucional. Ahora bien, en el caso, de la resolución reclamada, se advierte que el juez responsable para resolver en la forma en que lo hizo, indicó en lo que interesa lo siguiente: Que la allá actora argumentó entre otras cosas, que contrajo matrimonio con el demandado, que procrearon a sus dos hijas, que siempre se había dedicado al cuidado de éstas y de su esposo, cumpliendo con las labores que le correspondían, ya que había acordado con su esposo que él trabajaría y ella se dedicaría al cuidado del hogar y de sus hijas. Que cuando contrajo matrimonio no contaba con formación académica por lo que acordaron que se dedicaría preponderantemente a las labores del hogar, así como de atender las actividades escolares de sus hijas, lo que hizo por más de catorce años en el domicilio conyugal, razón por la cual le fue imposible continuar con su profesión o actividad que le permitiera desarrollarse profesionalmente. Asimismo, que el día veintisiete de febrero de dos mil veintidós se encontraba en el domicilio conyugal con sus hijas cuando de repente llegó su esposo y suegra, comenzando a agredirla física y verbalmente, llevándose sus pertenencias, abandonando el hogar y dejándole de otorgar alimentos. Que la actora para fundar su pretensión, presentó como pruebas de su parte el acta de matrimonio número 00055, libro 01, de cuatro de abril de dos mil siete del Registro Civil de Cosamaloapan, Veracruz, celebrado entre Arali Ortega Ortega y ********************copias certificadas de las actas de nacimiento a nombre de sus menores hijas de identidad reservada de iniciales M.M. y D.F. de apellidos F.O., dos boletas de evaluación de las menores de primero y cuarto grado de primaria, un recibo de pago de servicio de energía eléctrica, recibo de pago de Megacable, telefonía por cable y recibo de pago del servicio de agua potable, medios de prueba a los cuales la autoridad responsable les otorgó valor probatorio en términos del artículo 261, fracción II, IV, 266 y 337 del Código de Procedimientos Civiles. En ese sentido, precisó que de las actas de matrimonio y nacimiento que allegó la actora como pruebas de su parte, se advertía el derecho que le asistía en su calidad de cónyuge y en representación de sus menores hijas de identidad reservada de demandar alimentos. Por su parte, respecto de la capacidad económica del deudor alimentista, la autoridad responsable indicó que ésta se encontraba acreditada, toda vez que percibía ingresos como trabajador de la Secretaría de Educación de Veracruz y del Ingenio San Cristóbal Industrial Azucarera San Cristóbal Sociedad Anónima de Capital Variable. De igual forma, en relación a los agravios hechos valer por el demandado en su escrito de reclamación, la autoridad responsable señaló que no le asistía la razón a éste, ya que si bien argumentó que la pensión alimenticia era excesiva y que la actora no tenía derechos alimentarios pues era trabajadora del Instituto Veracruzano de la Educación para los Adultos, además de dedicarse a la venta de ropa americana y otros artículos, con ingresos superiores a éste, y que además la pensión alimenticia fijada para las menores acreedoras era excesiva dejándolo en estado de indefensión porque vivía separado de su esposa e hijas; lo cierto era que dichas circunstancias no fueron acreditadas documentalmente en términos del artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles, esto es, que no se evidenciaba con documento suficiente que la accionante percibía los ingresos aducidos, menos aún que no contaba con el derecho de necesitar alimentos, así como que la pensión fuera excesiva, debido a que indicó el deudor únicamente exhibió la partida de matrimonio y nacimiento de las menores, lo que reafirmaba el derecho alimentario de éstas. Aunado a que, señaló la allá actora había indicado que se dedicó preponderantemente al cuidado de sus hijos y al hogar, lo que hacía presumir su derecho alimentario y, que las menores acreedoras también contaban con dicha presunción al no poderse allegarse de los alimentos por sí mismas. Respecto a lo manifestado por el aquí quejoso relativo a que su progenitora dependía económicamente de éste, presentando la constancia de dieciocho de julio de dos mil veintidós expedida por el Jefe de Manzana, número cincuenta, de la colonia Centro, del Cuartel 2 "B" de Cosamaloapan, Veracruz, la autoridad responsable le otorgó valor probatorio en términos del artículo 261, fracción II, 266 y 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz y, precisó, que dicha probanza era insuficiente al tratarse de una declaración unilateral de quien la suscribió, por lo que carecía de la eficacia probatoria, debido a que los datos ahí anotados no fueron tomados de algún expediente o archivo público, a efecto de contar con certeza jurídica. En razón de lo expuesto, el juez responsable indicó que derivado de que el reclamante no cumplió con la carga procesal que le imponía el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, al no haber presentado prueba documental suficiente para demostrar sus afirmaciones, resultaba procedente declarar infundada la reclamación planteada por Julio César Fabián Ruíz y confirmar la pensión alimenticia recurrida. Ahora, en contra de tal determinación, la parte quejosa alega que la resolución impugnada viola en su perjuicio el numeral 57 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, toda vez que la autoridad responsable omitió valorar las pruebas aportadas por éste, a través de las cuales intentó acreditar que la allá actora no tenía el carácter de acreedora alimentaria, así como que éste contaba con diversa acreedora alimentista (su progenitora) lo cual reducía su capacidad económica y lo dejaba en imposibilidad de solventar sus propias necesidades. Lo anterior, resulta infundado ya que contrario a lo manifestado por la parte quejosa, de la resolución reclamada se aprecia que la responsable sí valoró los documentos aportados por éste y los demás existentes en autos hasta la emisión de la resolución combatida, asignando valor probatorio y emitiendo juicio de valor respecto de tales probanzas. Y si bien los medios probatorios que aportó el demandado en el juicio de origen no fueron favorables a sus intereses puesto que no justificaron los hechos de su reclamación, lo cierto es que la responsable sí tomó en consideración las probanzas por él aportadas y las alegaciones efectuadas, pues se advierte que la parte quejosa ofreció como pruebas de su parte las siguientes: 1) Documental pública: consistente en copia certificada del acta de nacimiento número 761 de quince de agosto de mil novecientos setenta y ocho correspondiente al aquí quejoso. 2) Documental consistente en la constancia de dependencia económica de dieciocho de julio de dos mil veintidós, expedida por el Jefe de Manzana número 50, de la ciudad de Cosamaloapan, Veracruz, certificada por el Secretario del Ayuntamiento de dicho municipio el veinte de julio de dos mil veintidós. Pruebas a las cuales la autoridad responsable les otorgó valor probatorio en términos del artículo 261, fracción II, IV y 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz. Asimismo, se observa que la responsable concatenó el acta de nacimiento exhibida por éste, con las actas de nacimiento de sus menores hijas, señalando que únicamente servían para reafirmar el derecho de las menores a percibir alimentos. Y, por cuanto hace a la segunda probanza relativa a la constancia de dependencia económica de dieciocho de julio de dos mil veintidós expedida por el Jefe de Manzana, número 50, de la ciudad de Cosamaloapan, Veracruz, el juez responsable precisó que era insuficiente al tratarse de una declaración unilateral de quien la suscribía, por lo que carecía de la eficacia probatoria, debido a que los datos ahí anotados no fueron tomados de algún expediente o archivo público, a efecto de contar con certeza jurídica. Por lo que, atendiendo a dichas documentales, la responsable precisó que no se justificaba con éstas las afirmaciones del reclamante relativas a que la pensión alimenticia provisional fijada era excesiva, que la allá actora no le asistía el carácter de acreedora alimentaria al contar con un empleo remunerado y que contaba con una diversa acreedora alimentaria (su progenitora) lo cual a decir del quejoso disminuía su capacidad económica, estimando procedente confirmar la pensión alimenticia provisional fijada en auto de diecisiete de marzo de dos mil veintidós. De lo que se obtiene que no le asiste la razón a la parte quejosa por cuanto dice que el juez responsable omitió valorar el material probatorio ofrecido en autos, dado que, como se indicó, el resolutor sí valoró las documentales ofertadas por la aquí parte quejosa tomando en cuenta las particularidades del caso concreto. Y si bien, se advierte que el quejoso también ofreció la prueba confesional a cargo de la actora, una prueba de inspección judicial, así como la prueba de informes a cargo de la Directora y Dirección Estatal ambos del Instituto Veracruzano de Educación para Adultos, empresa TELECOM, a la Institución Bancaria Santander, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, empresa Coppel y/o bancoppel, Elektra, oficina de correos de Cosamaloapan, Veracruz, empresa Estafeta, institución bancaria CITIBANAMEX. Dada la naturaleza cautelar de la medida alimenticia y ante la necesidad y urgencia de garantizar la subsistencia de la parte demandante durante el juicio, de conformidad con el artículo 210 del ordenamiento procesal en comento, únicamente el juzgador se encontraba en la posibilidad de tomar en cuenta los documentos que hasta ese momento se hubiesen aportado, sin la posibilidad de ampliar los términos legales ni admitir pruebas supervenientes, o de especial pronunciamiento como las citadas, puesto que éstas, en su caso, serán tomadas en consideración en la sentencia que en su momento de dicte. En ese sentido, es claro que la resolución reclamada no transgrede lo dispuesto por el artículo 57 del Código de Procedimientos Civiles de la Entidad, el cual prevé el principio de exhaustividad, puesto que se observa que la responsable consideró la totalidad de las cuestiones debatidas y probadas en la reclamación, para confirmar la pensión alimenticia decretada en el auto de inicio del cincuenta por ciento (50%) del sueldo y demás prestaciones que percibe el aquí quejoso como trabajador de la Secretaría de Educación de Veracruz y del Ingenio San Cristóbal Industrial Azucarera San Cristóbal Sociedad Anónima de Capital Variable, correspondiente el veinte por ciento (20%) para cada menor y el diez por ciento (10%) para la allá actora. Pues se insiste, la responsable resolvió tomando en consideración las pretensiones, excepciones y pruebas aportadas por las partes, así como a la capacidad económica del deudor alimentario, y a las necesidades de las acreedoras. Resolución que además se estima apegada a derecho, puesto que como bien lo señaló la responsable, las pruebas aportadas por el demandado resultaban insuficientes para disminuir el quantum fijado, puesto que de éstas únicamente se desprendía el lazo familiar que tenía con sus menores acreedoras. Así como que la diversa probanza relativa a la constancia de dependencia económica de dieciocho de julio de dos mil veintidós expedida por el Jefe de Manzana, número 50, de la ciudad de Cosamaloapan, Veracruz, carecía de valor probatorio para acreditar el extremo pretendido por el quejoso, en razón de que el funcionario que la expidió carece de facultades para ello, por ser ajena a sus funciones. Por sus consideraciones, tiene aplicación la tesis XX.64 C emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Marzo de 1996, página 905, Novena Época, materia civil, con número de registro 202909, de rubro: "CONSTANCIA EXPEDIDA POR EL SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. CARECE DE VALOR PROBATORIO PARA ACREDITAR LA DEPENDENCIA ECONOMICA DE LOS PROGENITORES DEL DEUDOR ALIMENTARIO LA. (LEGISLACION DEL ESTADO DE CHIAPAS)." Lo anterior, sin que se soslaye, que el quejoso pudiera tener gastos como lo aduce; sin embargo, desde el análisis del binomio necesidad-posibilidad, se estima adecuada la improcedencia de la reducción del porcentaje, en los términos que lo analizó la responsable, con base en las pruebas que obran en el sumario ofrecidas por ambas partes, puesto que de éstas se desprende que el aquí quejoso tiene obligación con su esposa y dos hijas conforme a las partidas de nacimiento y matrimonio, que no demostró que su progenitora dependiera económicamente de él y que además éste contaba con la capacidad económica suficiente para solventar la carga alimentaria impuesta al ser trabajador de la Secretaría de Educación de Veracruz y del Ingenio San Cristóbal Industrial Azucarera San Cristóbal Sociedad Anónima de Capital Variable, sin que además se acreditara que el porcentaje relativo al cincuenta por ciento que le restaba lo dejara en estado de insolvencia. Así las cosas, al ser infundado el concepto de violación esgrimido y al no advertirse queja deficiente que suplir a favor del peticionario de amparo, a juicio del suscrito lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal que solicitó la parte quejosa Julio César Fabián Ruíz contra la resolución de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, emitida por el juez responsable en el juicio ordinario civil ********************, mediante la cual declaró infundado el recurso de reclamación interpuesto por éste, confirmando la pensión alimenticia provisional fijada en auto de diecisiete de marzo de dos mil veintidós consistente en el cincuenta por ciento (50%) del sueldo y demás prestaciones que percibía como trabajador de la Secretaría de Educación de Veracruz y del Ingenio San Cristóbal Industrial Azucarera San Cristóbal Sociedad Anónima de Capital Variable, correspondiente el veinte por ciento (20%) para cada menor y el diez por ciento (10%) para la allá actora. Finalmente, cabe destacar que en la presente sentencia se citaron diversos criterios, los cuales, aunque fueron integrados conforme a la Ley de Amparo abrogada, siguen siendo aplicables de acuerdo a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, ya que en lo que en ellos se interpreta, no se opone a las disposiciones de la ley de la materia aplicable. SEXTO. Tratamiento de datos personales. Por otra parte en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 11, 73, fracción II, y 68 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en atención a que durante la integración del expediente, las partes no expresaron su inconformidad respecto a la publicación de su nombre y demás datos personales en la sentencia que ahora se dicta, en tales condiciones, publíquense los mismos, con supresión de datos sensibles, en la inteligencia que dicho fallo quedará a disposición del público para su consulta cuando lo soliciten. SÉPTIMO. Expedición de copias. Ahora bien, en aras de cumplir con la impartición de una justicia pronta, completa e imparcial, como lo establece el artículo 17 Constitucional, y con el fin de evitar las promociones de las partes solicitando copia de la sentencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, expídase a costa de las partes una copia simple o certificada, según lo soliciten al momento de comparecer ante el personal actuante, de la sentencia dictada, previa razón de entrega que se realice y firma de recibo de parte interesada que se recabe. Por lo expuesto y fundado en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo se; RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión No ampara Ni protege a ********************por propio derecho, contra la resolución de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, emitida por el juez responsable en el juicio ordinario civil ********************, mediante la cual declaró infundado el recurso de reclamación interpuesto por éste, confirmando la pensión alimenticia provisional fijada en auto de inicio, acorde a lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la sentencia que ahora se dicta, en términos del considerando sexto. TERCERO. Expídase a costa de las partes una copia simple o certificada, según lo soliciten al momento de comparecer ante el personal actuante, de la sentencia dictada, previa razón de entrega que se realice y firma de recibo de parte interesada que se recabe. Notifíquese por lista a la parte quejosa y tercero interesado, por oficio a la autoridad responsable, y por correo electrónico a la agente del ministerio público de la federación adscrita en materia de amparo. Así lo resolvió y firma electrónicamente el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, Luis Rafael Bautista Cruz, asistido de Citlali Sánchez Sosa, secretaria con quien actúa y da fe. Doy Fe. Dos firmas electrónicas. Lo que transcribo a usted para su conocimiento y para los efectos legales procedentes. A T E N T A M E N T E CITLALI SÁNCHEZ SOSA. SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos, el oficio signado por el Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en Cosamaloapan, Veracruz, y anexos; atento a su contenido, téngasele informando que en relación al oficio 454 de dieciséis de enero de este año, a través del cual se notificó la suspensión definitiva en la que se presumió cierto el acto reclamado, habida cuenta que no rindió su informe de ley, aclara que dicho informe fue rendido mediante oficio 20 de seis de enero de este año, vía correo electrónico; sin embargo, el anexo corresponde al informe justificado, y no al previo, el oficio que hace alusión se recibió por la vía ordinaria el treinta de enero de este año. Notifíquese.
Quedan 12 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · 8,101 expedientes
- JULIO ALEJANDRO BLANCO CAPDEVILLE y Otros.1027/2016
- Julio Alejandro Gómez López1196/2023
- Julio Alfonso Cruz Castillo17/2022
- Julio Alfredo Delfin Cruz156/2016
- Julio Alvarez Torres711/2022
- Julio César Bravo Rosales976/2018
- Julio César Gómez Morales863/2015
- Julio César Granados Ocampo566/2016
- Julio Cesar Lara Sanchez455/2015
- Julio Cesar Mora Cruz199/2014
- Julio César Obregón Hernández926/2019
- Julio César Pacheco Sulvaran281/2019