Julio César Estrada Rico
Expediente 867/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 9 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 867/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 19/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Julio César Estrada Rico
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
CAUSA EJECUTORIA RESOLUCIÓN DE TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. SE NEGÓ LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN A LA PARTE QUEJOSA, SIN MEDIO DE IMPUGNACIÓN, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 356, FRACCIÓN II, CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. SE ORDENA DEPURAR PIEZA DE ACTUACIONES. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUE REMITIÓ COMO APOYO A SU INFORME. ARCHÍVESE Y REMÍTASE A LUGAR DE SU GUARDA. ACUSE DE RECIBO.
- Principal
ASESOR JURÍDICO DE LOS TERCEROS INTERESADOS MENORES DE EDAD SEÑALA DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y DESIGNA AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES.
- Principal
V I S T O el juicio de amparo 867/2018-II, promovido por Julio César Estrada Rico, contra actos del Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre, que consideró violatorios de los derechos fundamentales previstos en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y R E S U L T A N D O ÚNICO. Admisión, trámite e integración. Mediante oficio número 6939 de once de octubre de dos mil dieciocho, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Civil del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, remitió por razón de incompetencia los autos que integran el juicio de amparo directo número 849/2018-IV de su índice, del que correspondió conocer a este Juzgado Federal, que en proveído de diecinueve del mismo mes y año, se aceptó la competencia planteada y admitió a trámite; lo anterior, se hizo del conocimiento de las partes, se dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se designó al licenciado Reyes Carlos León Cordero, perteneciente al Instituto de Defensoría Pública Federal del Poder Judicial de la Federación, como representante especial de los menores de edad cuyos nombres tienen como iniciales D.V.E.A. y A.E.E.A., fijándose día y hora para la celebración de la audiencia constitucional; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en León, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; lo anterior, virtud a que el acto reclamado a la autoridad señalada como responsable, tiene ejecución en esta ciudad de León, Guanajuato, territorio dentro del que ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa el acto reclamado, para lo cual se examina la demanda de amparo, los conceptos de violación y demás constancias de autos, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, de lo que se deduce que la parte quejosa reclama del Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con residencia en la capital del mismo nombre: La resolución de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, emitida en el toca 461/2018 del índice del Juzgado responsable, misma que confirmó la interlocutoria de nueve de julio del mismo año, dictada en el incidente de ejecución de sentencia sobre liquidación y pago de alimentos, derivado del juicio oral especial civil F4810/2015 del índice del Juzgado de Partido Civil Especializado en Materia Familiar de esta ciudad. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre, al rendir su informe justificado reconoció la existencia del acto reclamado. Certeza que se corrobora con las constancias que integran el toca 461/2018, que obran en tres tomos de pruebas y un disco compacto por separado. Medios de convicción a los que se les concede pleno valor probatorio, en términos del artículo 74 fracción III, de la ley de la materia, así como atento a lo dispuesto en los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse, en la especie, de original, copia certificada y videograbaciones de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. Así, atendiendo al informe afirmativo y a la plena eficacia de la documental exhibida por la autoridad judicial responsable, está demostrada fehacientemente la existencia del acto combatido, según las Jurisprudencias doscientos setenta y ocho y doscientos veintiséis de rubros: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO" y "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". CUARTO. Elementos de la litis constitucional. De las constancias remitidas por la autoridad responsable, se obtiene que dentro del toca 461/2018, destaca lo siguiente: 1. En el juicio de origen F4810/2015, Julio César Estrada Rico (aquí quejoso) y Cynthia Margarita Álvarez Peña (ahora tercera interesada) concurrieron ante el juez de la causa a solicitar la disolución del vínculo matrimonial que los unía (veintiocho de septiembre de dos mil quince), ello en la vía oral especial civil y en ejercicio de la acción de divorcio por mutuo consentimiento; asimismo, acompañaron el convenio relativo a la custodia de sus hijos menores de edad y alimentos de éstos (fojas 3 a 8 del tomo 1/3 de pruebas). 2. El dieciséis de octubre de dos mil quince, se llevó a cabo la audiencia de juicio y se dictó la sentencia respectiva, en la que se aprobó el convenio presentado por las partes y se elevó a la categoría de cosa juzgada; en dicho convenio Julio César Estrada Rico, se comprometió a aportar el 87% ochenta y siete por ciento del total de sus ingresos mensuales, monto que asciende a la cantidad de $43,500.00 (cuarenta y tres mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional) mensuales (fojas 48 a 50 del tomo 1/3 de pruebas). 3. Mediante proveído de seis de marzo de dos mil diecisiete, la juez de origen ordenó girar oficio a la fuente de trabajo del deudor alimentista, a efecto de que cancele el descuento de ochenta y siete por ciento de su sueldo y en su lugar descuente el 27.5% veintisiete punto cinco por ciento de las prestaciones ordinarias y extraordinarias, lo que equivale a la cantidad de $13,085.34 (trece mil ochenta y cinco pesos 34/100 moneda nacional); lo anterior, al haberse emitido sentencia el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, en el diverso juicio oral ordinario F3988/2016 sobre disminución de pensión alimenticia, promovido por Julio César Estrada Rico en contra de Cynthia Margarita Álvarez Peña (fojas 443 a 462 del tomo 1/3 de pruebas), misma que fue confirmada por el tribunal de alzada el dos de febrero de dos mil diecisiete (fojas 43 a 53 del tomo 3/3 de pruebas). 4. Por auto de catorce de julio de dos mil diecisiete, se tuvo a Cynthia Margarita Álvarez Peña promoviendo incidente de ejecución de sentencia sobre liquidación y pago de alimentos, por lo que hace al período de mayo de dos mil dieciséis a febrero de dos mil diecisiete, en contra de Julio César Estrada Rico, con lo que se le corrió traslado; desahogada que fue la vista por la parte reo, el nueve de julio de dos mil dieciocho, se dictó la interlocutoria respectiva, en el sentido de absolver al demandado incidentista del pago de las prestaciones reclamadas (fojas 576 a 622, 808 y 857 a 870 del tomo 2/3 de pruebas de pruebas). 5. En contra de la referida interlocutoria, la parte actora incidentista interpuso recurso de apelación, siendo resuelto por la Sala responsable el veintinueve de agosto del año que transcurre, en el sentido de modificar la determinación recurrida para el siguiente efecto: ". se condena a JULIO CÉSAR ESTRADA RICO al pago de la cantidad de $54,286.10 (cincuenta y cuatro mil doscientos ochenta y seis pesos con diez centavos), por concepto de alimentos vencidos y no cubiertos a favor de los menores de edad . de apellidos Estrada Álvarez, por el periodo comprendido del mes de mayo de dos mil dieciséis al mes de febrero de dos mil diecisiete."; dejando intocado el resto de la interlocutoria de nueve de julio del presente año (fojas 62 a 73 del tomo 3/3 de pruebas). Esta última determinación constituye el acto reclamado en el presente controvertido constitucional. Hasta aquí se precisan los antecedentes de los actos reclamados. Por su parte, en sus conceptos de violación el solicitante de la protección constitucional medularmente esgrime que la resolución reclamada contraviene sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 14, 16 y 17 Constitucionales, pues, a su consideración, el Magistrado responsable omite destacar la inequidad y lo excesivo de los recursos que para la pensión alimenticia solicita la actora incidentista, ellos en los meses de diciembre de dos mil dieciséis y febrero de dos mil diecisiete, en los cuales ya existía la resolución que decretara la reducción de la misma. Agrega que, pese a la suplencia de la queja en favor de los menores de edad y a que la resolución aquí combatida se funde en aplicación de diversos Tratados Internacionales y legislación en favor de éstos, la actora incidental no acreditó el estado de necesidad de los infantes ni que hubiere contraído deudas para cubrir dicha carencia económica, por lo que lo excesivo de la resolución vulnera el principio de proporcionalidad consagrado en el ordinal 346 del Código Civil para el Estado de Guanajuato. QUINTO. Resolución de la litis constitucional. Los conceptos de violación se consideran infundados, por los motivos que a continuación se expondrán, los cuales se analizan en conjunto dada su estrecha relación. A efecto de comprender lo infundado de los conceptos de violación esgrimidos por el impetrante, conviene precisar que de lo que en realidad se duele es del hecho de que se hubiere tomado en cuenta la cantidad de $43,500.00 (cuarenta y tres mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), a efecto de que el deudor alimentario cumpliera con la obligación de alimentos de sus menores hijos para los meses de diciembre de dos mil dieciséis y enero de dos mil diecisiete, no así en febrero de dos mil diecisiete como lo esgrimió en su libelo constitucional; pues en primera instancia se consideró por el juez natural que debía pagar la cantidad de $13,085.34 (trece mil ochenta y cinco pesos 34/100 moneda nacional) en tales meses, lo cual fue modificado en la resolución reclamada. Ahora bien, como se estableció en los antecedentes del acto reclamado, Cynthia Margarita Álvarez Peña promovió incidente de ejecución de sentencia, reclamando de Julio César Estrada Rico la liquidación y el pago de los alimentos a favor de sus hijos menores de edad cuyos nombres tienen como iniciales D.V.E.A. y A.E.E.A. (pactados en el convenio origen del juicio natural F4810/2015 y posteriormente modificados dentro del diverso expediente F3988/2016), desde mayo de dos mil dieciséis hasta febrero de dos mil diecisiete. Por su parte, la juez de origen consideró que el deudor alimentista debía cubrir la cantidad de $13,085.34 (trece mil ochenta y cinco pesos 34/100 moneda nacional), por concepto de alimentos, para los meses de diciembre de dos mil dieciséis y enero de dos mil diecisiete, por haberse decretado tal disminución de la sentencia emitida el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, en el expediente F3988/2016, tal como se advierte del siguiente cuadro que la propia juzgadora incorporó a la interlocutoria de nueve de julio del año en curso (foja 863 del tomo 2/3 de pruebas): "MES MONTO DE PENSIÓN Mayo del 2016 $ 43,500.00 Junio del 2016 $ 43,500.00 Julio del 2016 $ 43,500.00 Agosto del 2016 $ 43,500.00 Septiembre del 2016 $ 43,500.00 Octubre del 2016 $ 43,500.00 Noviembre del 2016 $ 43,500.00 Diciembre del 2016 $ 13,085.34 Enero del 2017 $ 13,085.34 Febrero del 2017 $ 13,085.34 TOTAL DEVENGADO $ 343,756.02" Sin embargo, tal estimación deviene incorrecta, como bien lo esgrimió la Sala responsable, pues la juez de primera instancia debió tomar en cuenta que la resolución de veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, dictada en el expediente F3988/2016 y que había disminuido la pensión alimenticia, quedó firme hasta el dos de febrero de dos mil diecisiete, data en que se resolvió el recurso de apelación interpuesto en su contra por el ahora quejoso; de ahí que, de conformidad con el artículo 364 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guanajuato, la resolución de veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis causó ejecutoria por ministerio de ley hasta el dos de febrero de dos mil diecisiete, fecha en la que se consideró como cosa juzgada. Así, fue correcto que el Magistrado responsable calculara la cantidad que daba el deudor alimentario a sus hijos por concepto de alimentos, antes de la disminución de la pensión, hasta el mes de enero de dos mil diecisiete (cuarenta y tres mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), al haber quedado firme la resolución de disminución de pensión alimenticia hasta el mes de febrero de dos mil diecisiete. Por otra parte, el solicitante del amparo considera que la actora incidental no acreditó el estado de necesidad de los infantes ni que hubiere contraído deudas para cubrir dicha carencia económica, por lo que lo excesivo de la resolución vulnera el principio de proporcionalidad consagrado en el ordinal 346 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, que dispone: "Artículo 346. La ley no reconoce más parentesco que los de consanguinidad, afinidad y el civil." Como se puede advertir, el citado ordinal no precisa el principio que refiere el impetrante es vulnerado; empero, si bien es cierto que la cantidad otorgada por el deudor incidentista es excesiva, la cual ascendía al ochenta y siete por ciento de sus ingresos, también lo es que fue el propio Julio César Estrada Rico quien se comprometió a aportar ese numerario por concepto de pensión alimenticia para sus hijos menores de edad (fojas 5 a 7 del tomo 1/3 de pruebas), cumpliendo así con lo establecido en el artículo 857 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato; en consecuencia, tal convenio celebrado entre las partes, ratificado ante la juez de origen y aprobado por ésta, es equiparable a la sentencia ejecutoria, ello de conformidad con el diverso ordinal 390 A del mismo ordenamiento, el cual era exigible hasta el dos de febrero de dos mil diecisiete, data en que causó ejecutoria la diversa sobre reducción de pensión alimenticia. A fin de comprender lo anterior, conviene citar el contenido de los artículos 1279 y 1319 del Código Civil del Estado, que establecen: "Artículo 1279. Convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones." "Artículo 1319. En los contratos civiles cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que para la validez del contrato se requieran formalidades determinadas, fuera de los casos expresamente designados por la ley." De los referidos ordinales se evidencia que en materia de convenios de alimentos, como el que se menciona en el artículo 857 del Código Procesal Civil del Estado al que se hizo referencia, cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, por lo que si el quejoso se comprometió a otorgar la cantidad de $43,500.00 (cuarenta y tres mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de pensión alimenticia a favor de sus menores hijos, no es factible que argumente en su beneficio lo excesivo de tal numerario, siendo el propio deudor alimentista quien se comprometió a otorgarlo en el convenio presentado, celebrado y ratificado por él ante la juez natural; de ahí que la actora incidentista no se encontraba obligada a acreditar algún estado de necesidad de los infantes ni que hubiere contraído deudas para cubrir dicha carencia económica, menos aún que el Magistrado responsable hubiere advertido una desproporción en los recurso; máxime si se tiene en cuenta que en la resolución reclamada se tuvo al impetrante cumpliendo con el pago de tal cantidad en las mensualidades anteriores a las de diciembre de dos mil dieciséis y enero de dos mil diecisiete. Sin que tampoco irrogue perjuicio al peticionario del amparo, el hecho de que la Sala responsable hubiere fundamentado la resolución reclamada en diversos Tratados Internacionales y legislación en favor de los menores de edad, ello en suplencia de la queja de éstos, pues aún sin tomar en cuenta el interés superior de los infantes y la obligación del deudor alimentario, lo excesivo de la pensión alimenticia derivó del convenio celebrado por el quejoso Julio Cesar Estrada Rico con Cynthia Margarita Álvarez Peña, cuyo cumplimiento era exigible para aquellos que los otorgaron, de conformidad con el artículo 1285 del Código Civil para el Estado de Guanajuato; siendo obligatorio, como se refirió anteriormente, hasta el dos de febrero de dos mil diecisiete, fecha en causó ejecutoria la sentencia de veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, dictada en el juicio F3988/2016, que redujo la cantidad de pensión alimenticia. Consecuentemente, ante lo infundado de los conceptos de violación que hace valer la parte impetrante, al no resultar transgresor de derechos fundamentales el acto reclamado reclamado y sin que se advierta motivo para suplir la queja deficiente, acorde a lo dispuesto por el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, se niega la protección constitucional solicitada por Julio César Estrada Rico. Por último, respecto a los alegatos que formula el representante especial de los menores de edad (fojas 59 a 61 de autos), así como los formulados por el Representante de los menores de edad de iniciales D.V.E.A. y A.E.EA., (fojas 63 a 68), se advierte que constituyen simples opiniones o apreciaciones que no forman parte de la litis en este juicio constitucional, de ahí que resulte innecesario emitir algún pronunciamiento al respecto. Corrobora lo anterior, la jurisprudencia P./J. 27/94, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO." Por lo expuesto y fundado en los artículos 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con apoyo en los dispositivos 73, 74, 76 y 124 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Julio César Estrada Rico, contra los actos y autoridades precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el último punto considerativo de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, juez Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en León, ante la licenciada Carla Adriana Gallardo Rojas, secretaria adscrita a este Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
ESTADO PROCESAL, SE ADVIERTE QUE EL SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, EL REPRESENTANTE DE LOS NIÑOS TERCEROS INTERESADOS, ACEPTÓ Y PROTESTÓ EL CARGO QUE LE FUE CONFERIDO, POR LO QUE AL DÍA DE HOY NO HAN TRANSCURRIDO LOS OCHO DÍAS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 117, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL SEÑALADA PARA EL DÍA DE HOY SE DIFIERE Y PARA SU CELEBRACIÓN SE SEÑALAN LAS DIEZ HORAS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. SE TIENE POR RECIBIDO EL ESCRITO SIGNADO POR AUTORIZADO DE LA TERCERA INTERESADA. CON APOYO EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY NORMATIVA DEL JUICIO DE AMPARO, TÉNGANSE POR FORMULADAS LAS MANIFESTACIONES A MANERA DE ALEGATOS DE LA TERCERA INTERESADA Y CON ELLOS DÉSE NUEVA CUENTA AL CELEBRAR LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.
Quedan 5 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · 10,798 expedientes
- JULIO CESAR ALEMAN MENDEZ y Otros.912/2013
- Julio Cesar Aleman Mendez771/2015
- Julio César Campos Sánchez1100/2023
- Julio César Castro Piña32/2021
- JULIO CESAR DELGADO MARTINEZ y Otros.85/2015
- Julio César Enriquez Martín109/2021
- Julio César Galeana de los Santos57/2018
- Julio César Gama Ramsden230/2021
- Julio César Gama Ramsden705/2018
- Julio César Garay Arreguín337/2019
- Julio César Garay Arreguin1065/2018
- Julio César González Palma276/2019