Julio César Estrada Ponce
Expediente 7/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 7/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/03/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Julio César Estrada Ponce
Actuaciones
- Principal
visto el estado de autos y al ser el momento procesal oportuno, con fundamento en el artículo 337 del Codigo Federal de Procedimientos Civiles, se abre el juicio a prueba por un término de treinta días, de los cuales los dies primeros son para su ofrecimiento y los restantes para su desahogo...
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el auto de cuatro de febrero del año en curso, por el cual se tuvo por no presentada su demanda de amparo; por tanto, de conformidad con el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se le tiene perdido ese derecho, y se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, del segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo, se desprende que sólo los sobreseimientos dictados en sentencia o fuera de audiencia, autos que desechan o tienen por no interpuesta la demanda de garantías, y los que declinan la competencia, así como los incidentes que niegan la suspensión provisional y la definitiva son susceptibles de destrucción, al ser sobreseimientos o proveídos que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido. En consecuencia, el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I, del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se dictó un acuerdo que sin decidir en lo principal lo dio por concluido, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el presente juicio, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, notifíquese a las partes en el juicio, y en su oportunidad archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo
- Principal
......NO PRESENTADA...
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por JULIO CÉSAR ESTRADA PONCE, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Quinto Distrito Judicial del Estado, con sede en Reynosa, Tamaulipas, y otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado correspondiente a los juicios de amparo, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el número 07/2016-I, por ser el ordinal progresivo que le corresponde. Ahora, a efecto de acordar lo procedente sobre la admisión de la demanda de mérito, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 114, fracción I, y 108, fracción V, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, realice lo siguiente: Bajo protesta de decir verdad, a manera de antecedentes del acto reclamado, deberá precisar la fecha en que tuvo conocimiento del acto del que se duele; lo anterior, toda vez que en el capítulo de antecedentes refiere que autoridades policiacas señaladas como responsables, lo han buscado con el propósito de detenerlo fuera de todo procedimiento judicial, por lo que, no se advierte de manera precisa cuándo tuvo conocimiento del acto reclamado, es decir, desde cuándo sabe que las responsables lo buscan para detenerlo, a fin de que este Juzgado se encuentre en aptitud de proveer lo conducente en relación a la admisión de la demanda de amparo, habida cuenta que dicho dato resulta indispensable porque influye en la procedencia de la demanda, aspecto que resulta de orden público y estudio preferente; además, para no incurrir en violación a las leyes del procedimiento. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 161/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo II, página 1079, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA. De los artículos 116, 145 y 146 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que la omisión de señalar en la demanda la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, cuando ello no se desprenda de los anexos con que se acompañe, constituye una irregularidad de aquélla al tratarse de un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna y, en este sentido, se comprende en la fracción IV del primer numeral citado, que no sólo se refiere a la narración de acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, sino también a los aspectos que influyan en la procedencia del juicio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio oficioso. Por tanto, el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que subsane esa deficiencia, y de no hacerlo, incurrirá en violación a las disposiciones fundamentales que norman el procedimiento, que podrá dar lugar a ordenar su reposición en términos del numeral 91, fracción IV, del ordenamiento legal citado
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