Julio César Espinosa Adame
Expediente 1247/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1247/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/09/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca
- Julio César Espinosa Adame
Actuaciones
- Principal
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintinueve de septiembre de dos mil quince. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado; téngasele acusando recibo del oficio 6545, con el que le fueron devueltos los autos originales del toca civil 82/2015, dos testimonios del expediente 348/2013 del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, y los autos originales de tres incidentes de excepción de falta de personalidad. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintitrés de septiembre de dos mil quince. Vista la certificación que antecede y toda vez que el proveído de treinta y uno de agosto del año en curso, en el que se desechó la demanda de garantías, no fue recurrido conforme al artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, se declara ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Devuélvanse a la Presidenta de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, los autos originales del toca civil 82/2015, dos testimonios del expediente 348/2013 del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, y los autos originales de tres incidentes de excepción de falta de personalidad, solicitándole el respectivo acuse de recibo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente, por sus particularidades, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del citado acuerdo, y es por tanto, susceptible de destrucción. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que dentro del término de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en este expediente no existen documentos que revistan el carácter de originales. NOTIFÍQUESE.
- Principal
NOTIFICACIÓN PERSONAL ORDENADA POR LISTA PREVIO AVISO.- Oaxaca de Juárez, Oaxaca, treinta y uno de agosto de dos mil quince. Por recibido el oficio de cuenta número 11615 de veintiocho de agosto del año en curso, que suscribe el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa de este Décimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, al que acompaña los autos del juicio de amparo directo 622/2015 del índice de ese tribunal, que contiene el oficio por el que la magistrada Presidenta de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado rinde su informe justificado y remite la demanda de amparo promovida por JULIO CÉSAR ESPINOSA ADAME, las constancias de emplazamiento practicado a la tercera interesada, el toca civil 82/2015 de la Sala responsable, dos testimonios del expediente 348/2013 del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, con sede en esta ciudad, y tres cuadernos de incidentes de excepción de falta de personalidad; acúsese recibo. Como lo indica la superioridad, este juzgado es legalmente competente por razón de grado, para conocer de la demanda de garantías promovida por JULIO CÉSAR ESPINOSA ADAME, contra actos de los Magistrados integrantes de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado; por tanto, fórmese expediente y regístrese bajo el número 1247/2015. No obstante, la demanda debe desecharse de plano, por causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley.". "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: (.) V.- Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de lo que el Estado Mexicano sea parte; ." Del artículo transcrito se advierte que el juicio de amparo indirecto es procedente únicamente contra actos de imposible reparación; tienen dicho carácter los que producen una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho; y no sólo cuando produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, porque en éstos la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Ahora bien, del contenido integral del escrito de demanda de garantías, se desprende que el promovente hace consistir el acto reclamado en: "La resolución de veintiséis de junio del año dos mil quince, dictada dentro del toca civil número 82/2015, en donde en su considerando tercero y su correspondiente punto resolutivo, revocan la interlocutoria apelada de fecha veinticinco de noviembre del año dos mil catorce, que obra en el cuaderno incidental formado con motivo de la excepción de falta de personalidad de la parte actora, opuesta por el suscrito JULIO CÉSAR ESPINOSA ADAME, la cual fue emitida por la C. Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, dentro del expediente civil número 348/2013.". De las documentales que se anexan al oficio de cuenta, se confirma que el veintiséis de junio de dos mil quince, la Sala responsable en el toca civil 82/2015, resolvió el incidente de falta de personalidad, como sigue: "RESUELVE: PRIMERO.- Por las razones y fundamentos precisados en el considerando segundo de la presente resolución, se CONFIRMAN las interlocutorias de veinticinco de noviembre de dos mil catorce, que obran en los cuadernos incidentales formados con motivo de la falta de personalidad de la actora, opuestas por Edmundo Méndez Hernández, Gloria Jael Morales López y Pedro Michel Cruz Miguel.- SEGUNDO.- Se CONFIRMAN las interlocutorias de veinticinco de noviembre de dos mil catorce, respecto de las apelaciones adhesivas interpuestas por Mario Gabriel Montiel Hernández, que obran en los cuadernos incidentales formados con motivo de la falta de personalidad de la actora, opuestas por Edmundo Méndez Hernández, Gloria Jael Morales López y Pedro Michel Cruz Miguel.-TERCERO.- Por las razones y fundamentos precisados en el considerando tercero de la presente resolución, se REVOCA la interlocutoria de veinticinco de noviembre de dos mil catorce, que obra en el cuaderno incidental formado con motivo de la falta de personalidad dela actora, opuesta por Julio César Espinoza Adame.". Este acto que se reclama de los Magistrados integrantes de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, es de carácter intraprocesal y no tiene una ejecución de imposible reparación, esto es, que dicha resolución no es de aquellas cuyas consecuencias fuesen susceptibles de afectar directa y materialmente en forma irreparable derechos fundamentales o sustantivos del gobernado tutelados por la Constitución Federal o bien por los tratados internacionales, por lo que dicho acto no es impugnable en la vía constitucional indirecta. Cierto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, específicamente del texto del artículo 114, fracción IV, en la jurisprudencia P./J. 4/2001 con rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", estableció que procedía el amparo indirecto contra las resoluciones que dirimían las cuestiones de personalidad previamente al fondo; que esas cuestiones netamente de carácter formal o adjetivas producían una afectación en grado predominante o superior en la esfera jurídica del gobernado; que debían sujetarse de inmediato a control constitucional, sin necesidad de esperar a que se dictara la sentencia definitiva. No obstante es de precisar que ese criterio quedó superado atento al texto vigente del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, que establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. "Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación entendiéndose por ellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" La porción normativa en cita establece con precisión que comprende el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De acuerdo con la vigente redacción de la citada fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, válidamente puede afirmarse que el legislador secundario proporciona mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, al establecer que esos actos, para ser considerados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho sustantivo, no los que produzcan una afectación de naturaleza formal o adjetiva, que puede no llegar a trascender al resultado del fallo; además de que han de recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento respectivo; a saber: Una consistente en la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda es en el sentido de que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de derechos sustantivos, expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, pues estos últimos, a diferencia de los sustantivos, pueden trascender o no en el desenlace del juicio o procedimiento. Entonces, dada la connotación que el legislador aportó a la ley de la materia respecto de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, no puede considerarse procedente el amparo indirecto contra actos procesales, ya que tal hipótesis de procedencia del juicio de garantías indirecto se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta la interpretación de lo que debía asumirse por actos de reparación imposible, lo cual a la fecha ya no acontece; de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme a la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de esa hipótesis de procedencia del amparo biinstancial derivada de un ejercicio interpretativo jurisprudencial, porque en la actualidad resulta incompatible con el nuevo texto legal, ya que en éste, se establece que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación material a derechos sustantivos, y que otro aspecto que los identifica es esa lesión material de algún derecho fundamental, expresión antagónica con la temática procedimental. A dicha conclusión arribó el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con sede en Morelia, Michoacán, que dio origen a la tesis 5°14IX (10ª), libro 10, septiembre 2014, tomo III, página 2521, de rubro y texto: "PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, AL RESTRINGIR LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS EN JUICIO CUYOS EFECTOS SEAN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN POR AFECTAR MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS TUTELADOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE LOS QUE EL ESTADO MEXICANO SEA PARTE, NO LO VULNERA. La Ley de Amparo abrogada contenía las bases para impugnar en la vía indirecta, los actos en juicio cuya ejecución fuera imposible de reparar, entendidos -éstos por los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación- como los que importaran violación de derechos sustantivos, al igual que los de naturaleza procesal que afectaran a las partes en grado predominante o superior. Esa normativa, que permitía a las partes que se consideraban insatisfechas con algún acto procesal, combatirlo por medio del amparo indirecto, generó un abuso de la promoción de los juicios ante el Juez de Distrito, con fines dilatorios, traicionando así, la bondad de las interpretaciones judiciales del Más Alto Tribunal para permitir la procedencia del amparo indirecto no sólo contra transgresiones a derechos sustantivos, sino también (por excepción) contra actos que importaban violaciones a derechos procesales, pero que encuadraban en los supuestos señalados en diversas tesis como infracciones exorbitantes que afectaban a las partes en un grado predominante o superior. En ese sentido, bajo la redacción del artículo 107, fracción V, de la nueva ley, la promoción del amparo ante el Juez de Distrito contra actos en juicio que afecten derechos procesales ya no es posible, porque sólo se admite su procedencia cuando sean de imposible reparación, los que el legislador define como los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Ahora bien, esa restricción no vulnera el principio de progresividad contemplado en el párrafo tercero del artículo 1o. de la Carta Magna, que implica que los Estados deben dedicar sus esfuerzos a una mejora continuada, con la mayor rapidez y eficacia posible, de las condiciones de existencia de las personas y que, en su modalidad de no regresión, genera una prohibición para el país, a fin de que no se dé marcha atrás en los niveles alcanzados de satisfacción de los derechos que les asisten. Así se considera, porque dicho principio no impide que se emitan medidas legislativas, que si bien generen una disminución en los niveles alcanzados de satisfacción de los derechos humanos, estén constitucionalmente justificadas, en virtud de que los citados derechos no son, por regla general, absolutos, atendiendo al principio de interdependencia entre las diversas prerrogativas fundamentales. Por ese motivo, para determinar si una norma general conlleva una disminución al grado de tutela, y respeta el principio de progresividad en su vertiente de no regresividad, es necesario verificar si tiene como fin incrementar el grado de protección de un derecho humano. Luego, si se toma en cuenta que en los juicios se tramita una controversia, por lo menos, surgida entre dos partes -actor y demandado- cada una con derechos sustantivos sometidos a la jurisdicción del juzgador, los que buscan su solución a través de una sentencia que dirimirá sus posturas, con base en los procedimientos legales establecidos por la ley y que deben cumplir con el debido proceso, acorde con el artículo 14 de la Constitución Federal, es evidente que no se vulnera el citado principio, pues frente al particular que vea limitada su posibilidad de impugnación por esa variación legislativa, está la finalidad de dar una tutela adecuada y real a los derechos de las partes en el juicio, para la agilidad en su trámite, lo que opera a favor de ambas partes, porque los juicios no se establecieron para dilucidar afectaciones en sus derechos procesales, sino en los sustantivos de una y otra en el litigio respectivo. Así, la nueva normativa persigue un fin constitucionalmente válido de dar celeridad a la tramitación y conclusión de los juicios, al impedir que las partes acudan a estrategias dilatorias buscando un pronunciamiento federal, sobre la violación a un derecho adjetivo, cuando las normas procesales no deben verse como un fin en sí, sino como un medio para que la administración de justicia se aplique a las controversias, decidiendo sus derechos en litigio. De este modo, la nueva definición de actos en juicio de imposible reparación, brinda certidumbre a las partes, y respeta el mencionado principio, pues los procedimientos serán tramitados conforme al diverso de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional, respondiendo así a la relación de interdependencia entre los derechos que someten a la instancia jurisdiccional, y se genera un equilibrio razonable entre los derechos fundamentales en juego, sin afectar la eficacia de alguno de ellos. Por ende, no se está ante una legislación regresiva, pues el estudio sistemático de la nueva ley permite inferir que no se ha dejado a las partes en estado de indefensión para hacer valer las violaciones contra aquellos actos que, en su criterio, infrinjan sus derechos en el juicio, porque las violaciones procesales pueden terminar por carecer de relevancia si al dictarse la resolución en el juicio, se resolviera a favor del particular que se sintió agraviado en sus derechos procesales, ya que dicha afectación desaparecería; y, en caso contrario, de obtener resolución desfavorable, podrá impugnarla en el amparo directo al tenor del artículo 170, fracción I, de la propia ley; de ahí que la nueva normativa equilibra los derechos humanos de las partes en las contiendas jurisdiccionales, en relación con la finalidad primordial que constitucionalmente se ha asignado a los juicios, que estriba en ser el medio procesal para que se diriman las controversias entre las personas, bajo la premisa de una administración de justicia pronta, completa e imparcial." Es ilustrativa también, por identidad jurídica, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes seis de junio de dos mil catorce, en el Semanario Judicial de la Federación, décima época, de rubro y texto: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". Todo lo anterior implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo vigente, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podría ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etc. De manera que, en el caso particular en el que la materia de estudio se ciñe a la resolución de fecha veintiséis de junio del año dos mil quince, dictada dentro del toca civil número 82/2015, que revoca la interlocutoria apelada de fecha veinticinco de noviembre del año dos mil catorce, que obra en el cuaderno incidental formado con motivo de la excepción de falta de personalidad de la parte actora, opuesta por el aquí quejoso JULIO CÉSAR ESPINOSA ADAME, la cual fue emitida por la Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, dentro del expediente civil número 348/2013; no trasgreden derechos sustantivos del quejoso, como sería la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros, pues los efectos de tal determinación se traducen en el ejercicio real del derecho de defensa de las partes implicando únicamente la base para la sentencia que en su momento se dicte. De ahí, que tal resolución aquí reclamada, entraña una violación a las leyes del procedimiento, que en caso de que la resolución definitiva en el juicio civil de origen le sea adversa a los intereses del quejoso, será materia de estudio en el juicio de amparo directo. De tal manera que la determinación reclamada no le impide al quejoso el ejercicio de su derecho de defensa, pues en su caso será hasta el pronunciamiento de la sentencia o resolución que ponga fin al juicio civil de origen, cuando el acto que se reclama pudiera influir o no en el sentido de la decisión de la sala responsable, porque será hasta entonces cuando pueda ponderar todas las pretensiones a través de sus autos, interlocutorias y resoluciones, culminando con la sentencia. En tal virtud, dicha decisión procesal no afecta materialmente en forma irreparable derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano es parte, en razón a que se trata de un acto intraprocesal, razón por la que el amparo indirecto es improcedente. En tales circunstancias, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías, por causa manifiesta e indudable de improcedencia. Con el toca civil 82/2015 de la Sala responsable, los dos testimonios del expediente 348/2013, del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, con sede en esta ciudad, y los tres cuadernos de incidentes de excepción de falta de personalidad, fórmense tomos de pruebas por separado, respetando el entresello, folio y rúbrica de los mismos, identificándose como tomos I, II, III, IV, V y VI, respectivamente, los cuales quedan bajo el resguardo de la mesa y a disposición de las partes para su consulta. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, y entregue los oficios que del mismo deriven. Téngase al agraviado señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, y como autorizados únicamente para tales efectos a las personas que refiere, hasta en tanto acrediten encontrarse facultades para ejercer la profesión de Licenciado en Derecho, por tratarse de un asunto en materia civil. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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