Julio César Dzul Canché
Expediente 339/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 28 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 339/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 01/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Julio César Dzul Canché
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Principal
Mérida, Yucatán, uno de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo causarle perjuicio, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la resolución dictada el trece de mayo de dos mil veintidós. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Sin que sea óbice para esta autoridad juzgadora decretar que ha causado estado la determinación señalada en líneas que anteceden, el hecho de que aún no obre en autos la totalidad de los acuses de recibo relativos a los oficios por medio de los cuales se notificó la sentencia definitiva a las autoridades responsables foráneas, ya que dicha resolución sólo podría causar perjuicio a la parte quejosa, toda vez que fue ésta quien directamente promovió la demanda de amparo contra el acto que consideró violatorio de sus derechos fundamentales, y hasta el día de hoy no interpuso el recurso pertinente que la Ley de Amparo prevé para revocar o modificar el acto atribuido a las autoridades señaladas como responsables, siendo que en relación dichas autoridades, debe decirse que el artículo 87 de la Ley de Amparo, contempla que ésta sólo podrán interponer recurso de revisión en contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ellas se haya reclamado, hipótesis que no se cumple en el presente asunto, toda vez que se sobreseyó en el presente juicio, y que por tanto, no afecta el interés que en un momento determinado pudiera tener la autoridad en que su acto subsista. Es aplicable al caso, la Tesis Aislada en Materia Común XI.3°.4 K, visible en la página 706, del Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito misma que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, del Acuerdo General sin número, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a), del citado precepto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Visto para resolver los autos del juicio de amparo 339/2021-III-B, promovido por JULIO CÉSAR DZUL CANCHÉ, en contra de los actos que reclama de la Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, con residencia en Valladolid, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Recepción de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, y turnado el día hábil siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció JULIO CÉSAR DZUL CANCHÉ a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama de la Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado y actuario de su adscripción, ambos con sede en Valladolid; Secretario de Seguridad Pública del Estado y Director jurídico de dicha Secretaría, los dos con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de dos de marzo de dos mil veintiuno, se admitió la demanda; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se reservó el emplazamiento de los terceros interesados, mismo que posteriormente se realizó; asimismo, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A C I O N E S PRIMERA. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49, en relación con el 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDA. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, como de las constancias remitidas por las autoridades responsables, se tiene que la parte quejosa reclama: El embargo trabado sobre el vehículo marca Chevrolet, tipo Chevy, modelo 2001, en autos del juicio ejecutivo mercantil 86/2015, que afirma es de su propiedad, así como todo lo actuado en el mismo, incluyendo su inscripción. TERCERA. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a la Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado y actuario de su adscripción, ambos con sede en Valladolid; Secretario de Seguridad Pública del Estado y Director jurídico de dicha Secretaría, los dos residentes en esta ciudad; pues así lo admitieron al rendir su respectivo informe justificado. Lo que se corrobora con las constancias que dichas autoridades acompañaron a sus informes con justificación. En tal virtud, deberán tenerse por existentes al tenor de lo señalado en la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 231, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Sustenta lo anterior la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación. Tomo XIV, Julio de 1994, visible a página 391, del rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTA. Una vez determinada la certeza del acto combatido y previo al estudio de los conceptos de violación, deben analizarse las causales de improcedencia que surjan en el presente juicio, como lo dispone el numeral 62 de la Ley de Amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Cobra aplicación la jurisprudencia publicada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, Materia Común, visible a página 543, cuyo texto indica: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público, deben estudiarse previamente" En el presente caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción VI, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, virtud de que la parte quejosa no acredita ser persona extraña al juicio natural. Los citados preceptos legales, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: [.] VI.- Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas". Para arribar a lo anterior, es menester determinar qué debe entenderse por persona extraña a juicio, en virtud de que la parte quejosa acude al juicio de amparo ostentándose como tal. Tanto la doctrina como la jurisprudencia utilizan indistintamente la expresión de persona extraña y de tercero extraño al referirse a la procedencia del amparo indirecto previsto en la fracción VI del artículo 107 de la Ley de Amparo; sin embargo, acorde con las interpretaciones sustentadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el concepto de persona extraña al juicio es más amplio que el de tercero extraño, porque en aquél se incluye también a las partes del juicio cuando éstas no han sido emplazadas, o cuando los vicios en el emplazamiento le impiden conocer los datos necesarios para defenderse. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 107, fracción VI, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluido en este concepto; asimismo, como ya se dijo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Sirve de apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 7/98 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Enero de 1998, visible a página 56, del rubro y texto: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." De igual manera, cabe señalar que la afectación que puede resentir una persona extraña a juicio, no proviene en todos los casos del mismo acto dentro de la secuela que va desde la demanda hasta el cumplimiento de la sentencia, sino que ello dependerá de la titularidad del derecho que reclame (y pruebe), sea en relación con el bien debatido en el juicio, sea con los bienes de que la sentencia disponga o, en fin, con aquellos que se afecten en la ejecución. Lo anterior es así porque cuando dos personas siguen un juicio sin llamar a la que es titular de los derechos que en el procedimiento habrán de controvertirse, es evidente que conforme al derecho positivo se le causa un perjuicio a sus intereses jurídicamente protegidos, tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista constitucional, porque las disposiciones ordinarias le dan acciones para intervenir en el juicio, y desde el punto de vista constitucional en razón de que si los artículos 14 y 16 de la Carta Magna otorgan a todo gobernado los derechos de audiencia y legalidad, no puede válidamente discutirse en juicio sobre un bien o derecho del que es titular una persona a quien no se llamó para que se defendiera. Consecuentemente, ya sea que se tome en cuenta la ley ordinaria, o la norma constitucional, en el derecho positivo mexicano se demuestra la afectación a la persona extraña, puesto que resiente un perjuicio por la transgresión a derechos legítimamente tutelados como lo ha reconocido el Pleno del más alto Tribunal de Justicia Nacional en la tesis que dice: "INTERÉS JURÍDICO PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. De acuerdo con el sistema consignado en la ley reglamentaria del juicio de garantías, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quienes resienten un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Ahora bien, la noción de perjuicio para los efectos del amparo supone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando es transgredido por la actuación de autoridad o por la ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando que esa transgresión cese. Tal derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la ley de la materia toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo. Sin embargo, es oportuno destacar que no todos los intereses que puedan concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos, pues para que tal acontezca es menester que el derecho objetivo se haga cargo de ellos a través de una o varias de sus normas . En tales condiciones, cuando dentro del juicio se controvierten los derechos sobre un bien respecto del cual un extraño tiene interés, ya el solo procedimiento le causa perjuicio a su esfera jurídica ordinaria, puesto que las leyes le otorgan las acciones adecuadas para comparecer e intervenir en el juicio, además de que también se le afectan directamente sus derechos constitucionales, en virtud de que sin oírlo se sustancia un procedimiento contencioso, del cual puede derivar una resolución que lesione su interés. Ahora bien, cabe señalar que el promovente de este juicio, se ostenta con el carácter de persona extraña, y con dicha calidad reclama el embargo trabado sobre el vehículo marca Chevrolet, tipo Chevy, modelo 2001, así como todo lo actuado en autos del juicio ejecutivo mercantil 86/2015, del índice del Juzgado Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial, con residencia en Valladolid, Yucatán, en el que el demandado se llama Julio César Dzul Canché, aduciendo que éste es su homónimo, pues tienen el mismo nombre. Sin embargo, de las constancias de autos que remitió la autoridad judicial responsable, a las que se les confiere pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte: Que el peticionario compareció al juicio ejecutivo mercantil de origen, mediante escrito presentado el dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, a solicitar la cancelación del embargo trabado sobre el vehículo que afirma es de su propiedad, pues le expuso a la juez responsable, que él no es el demandado, sino un homónimo. Al respecto, la juez del conocimiento, en proveído de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, desestimó la solicitud del ocursante por considerar que no era la vía idónea para ejercitar sus derechos. Luego, si el gobernado que se hizo sabedor del juicio por haber comparecido al mismo, opta por intentar la vía indirecta con la finalidad de ofrecer pruebas en relación con el embargo ahí trabado, por considerar que no se trata del demandado, sino de un homónimo, se debe sobreseer, fundamentalmente porque ya no es dable considerarlo persona extraña al juicio, pues esa calidad se desvanece o desvirtúa con la sola circunstancia de que la parte afectada conoció de la existencia del citado procedimiento y compareció al mismo. En efecto, si el aquí quejoso compareció al procedimiento, es evidente que por ese solo hecho perdió el carácter de persona extraña al procedimiento, en términos de lo dispuesto en el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, pues al haberse integrado a la relación procesal, tuvo conocimiento de las prestaciones reclamadas y del embargo ahí trabado; circunstancia que le permiten hacer valer, a través de los medios impugnativos ordinarios, la defensa a sus intereses dentro del propio proceso y, en caso de no obtener resolución favorable, hacer el planteamiento por la vía que legalmente corresponda; de ahí que debe sujetarse a las resultas del mismo. Ciertamente, el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, dispone que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, entre otros supuestos, contra actos ejecutados dentro o fuera del juicio, que afecten a personas extrañas a él, cuando la ley no establezca a favor del afectado algún recurso ordinario o medio de defensa que pueda tener por efecto modificarlos o revocarlos, siempre que no se trate del juicio de tercería. De esta forma, lo trascendente para la procedencia del juicio sustentada en la hipótesis que prevé el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, es que la persona que se ostenta extraña al procedimiento desconozca totalmente su existencia y tramitación, y en esa medida esté imposibilitada para promover su defensa en dicho proceso. De suerte que la sola circunstancia de que el afectado comparezca al juicio en el que, hasta ese momento, funge como parte, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento; por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto con ese carácter, debe sobreseerse con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de la materia, fundamentalmente porque el promovente no tiene la calidad que aduce y está en posibilidad de defenderse por la vía ordinaria. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 39/2001, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 93, Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 189916, cuyo contenido es el siguiente: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por el ilegal emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal". En consecuencia, al estimarse actualizada la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción VI, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo que legalmente procede es sobreseer en este juicio, en términos del diverso numeral 63, fracción V, de la misma ley. El sobreseimiento decretado se hace extensivo a los restantes actos reclamados, consistentes en todo lo actuado en el juicio de origen. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del contenido siguiente: "EJECUCIÓN, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a las autoridades que sean o que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos, porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución. Máxime que en el caso, con las constancias presentadas por el quejoso en el presente juicio de amparo, no logró acreditar que sea una persona distinta a la demandada en el controvertido de donde deriva el acto reclamado, ya que se limitó a exhibir la documentación relativa a la propiedad del automotor embargado, las actas de nacimiento de cuatro personas que tienen el mismo nombre, así como de su registro de población, entre ellas, las del propio quejoso; pero sin que se demostrara cuál de dichas personas es el demandado en el juicio natural. Más aún, porque del expediente de origen se advierte que mediante diligencia de seis de abril de dos mil dieciséis, el actuario responsable hizo constar que se constituyó en el domicilio del demandado, predio número doscientos uno, de la calle cincuenta y ocho, entre cuarenta y uno y cuarenta y tres, del barrio Bacalar, de Valladolid, Yucatán, y se entrevistó con quien dijo ser esposa del demandado, Lizbeth Luján Cupulo. Y al tener a la vista el vehículo marca "General Motors de México", S. de R.L. de CV.; modelo 2001, de la Iínea CHEV PAQ "E/B" AUSTERO, con número de serie chasis 3G15F24291S207195, con serie de motor 1S207195, color azul, con número de placas de circulación YZK-20-05 (2009) de Yucatán, procedió a trabar el embargo sobre el cincuenta por ciento del aludido automotor, como solicitó la parte actora y autorizó el juez responsable. De ahí que la homonimia alegada si bien se encuentra acreditada; también lo es, que de las actuaciones que obran en este sumario, no permiten constatar que el quejoso sea una persona diversa al deudor principal demandado, pues no lo demostró así en forma alguna, ya que sólo se limitó a señalar que existen con su nombre otras tres personas con actas de nacimiento expedidas en diversos municipios de Yucatán, que por sí mismas, no demuestran el domicilio de éstas, sino sólo el lugar en que fueron registradas. Así como también demostró ser propietario del vehículo de referencia. Sin embargo, no acreditó en forma alguna que él no sea el directamente demandado, sino algún otro de los tres que refirió comparten el mismo nombre, pues se insiste sólo señaló que no era él, sin demostrar por ejemplo, que la persona con quien se entendió la diligencia de emplazamiento y la del embargo que dijo ser esposa del demandado, efectivamente estaba casada con alguno de los que dijo compartía la homonimia, pero no con el quejoso, para así evidenciar que se trata de una persona distinta al efectivamente demandado. Y por el contrario, es de llamar la atención el hecho de que si demostró que él es el dueño del vehículo embargado y que no tiene relación con el juicio, cómo es posible que al realizarse la diligencia de requerimiento de pago de la sentencia el citado automotor estuviera en el mismo domicilio en el que se llevó a cabo el emplazamiento al juicio, tal y como lo refirió el fedatario público al señalar que lo tuvo a la vista y procedió al embargo. Antes tales condiciones, es que se determina la actualización de la causal de improcedencia referida. En tal virtud, resulta innecesario realizar en este aspecto, el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, pues la actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio, como acontece, impide pronunciarse sobre cualquier cuestión relacionada con el problema de fondo. Tiene aplicación, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. QUINTA. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTA. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMA. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por JULIO CÉSAR DZUL CANCHÉ, en contra del acto que reclama de la Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado y actuario de su adscripción, ambos con sede en Valladolid; Secretario de Seguridad Pública del Estado y Director jurídico de dicha Secretaría, los dos con sede en esta ciudad; por los motivos señalados en la consideración cuarta de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la consideración quinta de esta resolución, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración sexta de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en la última consideración, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, el día de hoy -trece de mayo de dos mil veintidós-, con la licenciada Rosa Margarita Alcocer Díaz, Secretaria del Juzgado que autoriza. Doy fe.
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Mérida, Yucatán, doce de mayo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a este cuadernillo el oficio 1214, signado por el Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en Valladolid. Misiva mediante la cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, dicha autoridad comunica que el despacho 265/2021-III-A con número de origen 132/2021-III-A, por el cual se le encomendó el emplazamiento del tercero interesado Julio César Dzul Canche a este juicio, fue devuelto a este Juzgado mediante oficio 1014/2022, de seis de abril de dos mil veintidós. Sin que al caso exista necesidad de emitir mayor pronunciamiento, toda vez que por auto de cuatro de mayo de dos mil veintidós, se tuvo por recibido vía telegráfica, el similar al que hace referencia. Finalmente, una vez emitida la sentencia definitiva, glósese a los autos del expediente principal el presente cuadernillo formado con motivo del escrito de mérito. Notifíquese.
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Mérida, Yucatán, cuatro de mayo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a este cuadernillo el oficio 1214, remitido vía telegráfica por el Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en Valladolid. Misiva mediante la cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, dicha autoridad comunica que el despacho 265/2021-III-A con número de origen 132/2021-III-A, por el cual se le encomendó el emplazamiento del tercero interesado Julio César Dzul Canche a este juicio, fue devuelto a este Juzgado mediante oficio 1014/2022, de seis de abril de dos mil veintidós. Sin que al caso exista necesidad de emitir mayor pronunciamiento, toda vez que por auto de diecinueve de abril último, se tuvo por recibida la comunicación oficial de mérito con el oficio al que hace referencia. Finalmente, una vez emitida la sentencia definitiva, glósese a los autos del expediente principal el presente cuadernillo formado con motivo del escrito de mérito. Notifíquese.
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