Julio César Dominguez Pérez
Expediente 2080/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2080/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Julio César Dominguez Pérez
Actuaciones
- Principal
Villahermosa, Tabasco, nueve de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito signado por Julio César Domínguez Pérez, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco y otras autoridades, mediante el cual desahoga la prevención que le fue formulada en proveído de veintiocho de septiembre del año en curso; e indica que el acto reclamado lo constituye la omisión de ejecutar el laudo en el expediente laboral 107/2022. Ahora, en el caso, y tomando en consideración que el Máximo Tribunal ha sostenido que la omisión genérica de ejecutar el laudo, debe considerarse como un acto inexistente por ser de realización incierta. A mayor abundamiento resulta procedente traer a colación el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 15/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 64, Diciembre de 2011, Tomo IV, registro 2000011, página 2771, del rubro: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA"; la cual, como puntos destacados podemos señalar: 1) El Máximo Tribunal realizó un análisis sistemático de los artículos, 519, 520, 521, 522, 945 a 950 de la Ley Federal del Trabajo, a fin de determinar si la etapa de ejecución del laudo es oficiosa o a petición de parte, en el que, entre otras cosas, señaló que en esta etapa, la emisión del laudo por parte de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, condenando a alguna de las partes en el juicio al pago de cualquier prestación o al reconocimiento de derechos, es de aspecto declarativo, porque mediante él se obtiene la declaración de la obligación cuyo cumplimiento se exige y produce a su vez la acción de la parte que obtuvo para solicitar la ejecución de ese laudo. 2) Asimismo, precisó que la acción para solicitar la ejecución del laudo, no debe conceptuarse como perpetua, puesto que de conformidad con el artículo 519 de la Ley Federal del Trabajo es temporal, ya que establece el lapso de dos años para ejercitarla, lo cual el legislador realizó en aras del principio de seguridad jurídica tutelado por el precepto 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, precisó que si la intención del legislador hubiese sido que no prescribiera la acción para ejecutar el laudo pronunciado por las autoridades laborales, hubiera omitido introducir esa figura jurídica en la Ley Federal del Trabajo, y no habría señalado término prescriptivo ni los casos en que se interrumpe, sino que, por el contrario, en el título décimo plasmó enfáticamente esa figura, regulándola expresamente. 3) De ahí que, concluyó que los preceptos legales antes mencionados permiten advertir que es un requisito indispensable para dictar auto de requerimiento y embargo o de ejecución de laudo, el que la parte que obtuvo lo solicite expresamente, lo cual debe hacer dentro del término de dos años que señala el artículo 519, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, so pena de que su acción se declare prescrita. Lo anterior, tomando en consideración que es una obligación del ejecutante solicitar la ejecución del laudo o el dictado del auto de requerimiento y embargo; pues, de esta manera se interrumpe la prescripción, inutilizando el tiempo transcurrido antes de la interrupción, pero en forma alguna puede tenerlo en el sentido de que con su dictado la prescripción no vuelva nuevamente a correr a partir de éste o después del acto interruptivo. 4) En las narradas circunstancias la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que no puede constreñirse al presidente de la Junta responsable para que de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de manera oficiosa y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa de un laudo, en los términos que indican los artículos 950, 954, 955, 957, 965 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo; y, 5) Finalmente, concluyó señalando que de reclamarse en amparo indirecto, de forma genérica, la omisión del presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco de proveer lo conducente para la ejecución forzosa de un laudo, el juicio de amparo sería improcedente, en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento -actualmente 61, fracción XXIII, 63 fracción IV, de la Ley de Amparo-, porque estaríamos en presencia de un acto jurídicamente inexistente al momento de la presentación de la demanda de garantías y de realización incierta, porque la ejecución forzosa depende básicamente de la previa petición del ejecutante, razón por la cual no puede tenerse por actualizada una omisión genérica que se atribuyera al presidente ejecutor, transcurridas las setenta y dos horas posteriores a la en que surta efectos la notificación del laudo. Ahora, si bien la jurisprudencia referida analizó la Ley Federal del Trabajo; sin embargo, en el caso, resulta obligatoria por analogía; pues, entre otras cosas, la Segunda de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que la ejecución de una sentencia no es oficiosa, sino a petición del ejecutante, en los casos en que el procedimiento se haya contemplado la prescripción de la acción para solicitar la ejecución del laudo; por tanto, se reitera que dicho criterio resulta aplicable al caso, como se constata del contenido de los artículos 95, 96, 97, 98 y 99 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, mismos que textualmente expresan: ARTICULO 95.- Las acciones que nazcan de esta Ley, o del nombramiento expedido en favor de los trabajadores prescribirán en un año, con excepción de los casos señalados en los artículos siguientes. ARTICULO 96.- Prescriben en un mes: I.- Las acciones de la autoridad para pedir la nulidad de un nombramiento, cuando el trabajador no reúna los requisitos necesarios para el empleo o cargo de que se trate o no demuestre, en forma fehaciente tener la capacidad y aptitud que para el cargo requiera; II.- El derecho de los trabajadores para volver a ocupar el puesto que hubiera dejado por accidente no profesional o por enfermedad, contando el plazo a partir de la fecha en que estén en aptitud de volver al trabajo, de acuerdo con la constancia médica respectiva; III.- La facultad de los titulares de las Entidades Públicas para suspender a los trabajadores por causas justificadas y para disciplinar las faltas de estos contando el plazo desde el momento en que se den; IV.- La facultad de los titulares de las Entidades Públicas para cesar a los trabajadores, contando el término desde que sean conocidas las causas; V.- Las acciones para impugnar los dictámenes escalafonarios; y VI.- Las acciones para impugnar las sanciones impuestas por los titulares de las Entidades Públicas que no ameriten cese, en los términos del artículo 23 de esta Ley. ARTICULO 97.- Prescribirán en dos meses las acciones para pedir la reinstalación en su trabajo, o a la indemnización que la Ley concede, contando el término a partir del momento en que sea notificado el cese al trabajador. ARTICULO 98.- Prescriben en dos años: I.- Las acciones de los trabajadores sus beneficiarios y dependientes económicos, para reclamar el pago de las indemnizaciones por riesgo de trabajo; II.- Las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de Tribunal de Conciliación y Arbitraje, y de los convenios celebrados. La prescripción corre respectivamente, desde el momento en que se determine el grado de la incapacidad para el trabajo; desde el día siguiente al en que hubiese quedado notificado el laudo del Tribunal de Conciliación y Arbitraje aprobado el Convenio. Cuando el laudo imponga la obligación de reinstalar, la Entidad Pública podrá solicitar del Tribunal de Conciliación y Arbitraje que fije al trabajador un término no mayor de treinta días para que regrese al trabajo, apercibiéndolo de que de no hacerlo, la Entida (sic) Pública podrá dar por terminada la relación de trabajo sin la responsabilidad para ella. ARTICULO 99.- La prescripción se interrumpe; I.- Por la sola presentación de la demanda ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje; II.- Si la persona a cuyo favor corre la prescripción, reconoce el derecho de aquellos contra quienes prescribe. De lo anterior, podemos advertir que la acción para solicitar la ejecución del laudo en el procedimiento burocrático, en el Estado de Tabasco, prescribe en dos años; y, por tanto, como ya lo citó el Máximo Tribunal, la ejecución forzosa del laudo no es una fase que la autoridad laboral pueda y deba seguir de manera oficiosa, máxime que es necesaria la petición del ejecutante para su inicio, sino también para su prosecución, así como su directa intervención en diversas actuaciones. De ahí que, si en el caso, el acto reclamado se hizo consistir en la omisión genérica de ejecutar el laudo hasta su total cumplimiento, por parte del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, el juicio de amparo resulta improcedente, en términos de la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 64 del propio ordenamiento, como bien lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el criterio antes precisado; es decir, el acto reclamado es jurídicamente inexistente y de realización incierta, porque la ejecución forzosa depende básicamente de la previa petición del ejecutante. Brinda sustento jurídico la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 2771 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Diciembre de 2011, de la Décima Época, que es del tenor literal siguiente: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse.". Además, cabe precisar que similar criterio sostuvo el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Decimoprimera Región, correspondiente a la sesión ordinaria virtual de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, en el amparo en revisión 17/2022, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, con residencia en Villahermosa, Tabasco. Por lo anterior, debe precisarse que el sentido de la presente resolución, impide estudiar los conceptos de violación formulados, tomando en consideración que en nada variaría el sentido del fallo. Brinda sustento jurídico la tesis de jurisprudencia emitida por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, visible en la página 233, Octava Época, Tomo XI, Marzo 1993, del Semanario Judicial de la Federación, del título: "CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO, ASI COMO DE LOS DEMAS AGRAVIOS. Al estimarse que en el juicio de garantías se surte una causal de improcedencia y que debe sobreseerse en el mismo con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, resulta innecesario el estudio de las demás que se aleguen en el caso y de los restantes agravios, porque no cambiaría el sentido de la resolución". En consecuencia, en el caso queda actualizada en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 62, en relación con el diverso artículo 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, por lo que se desecha de plano la demanda de amparo, en términos del arábigo 113 de la ley de la materia.
- Principal
Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). En consecuencia, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo en vigor, se requiere a la Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, a través de ************, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, realicen las acciones tendentes al cumplimiento de la sentencia protectora... Notifíquese.
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