Julio César Díaz Hernández
Expediente 2/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 2/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Julio César Díaz Hernández
Actuaciones
- Principal
... el oficio remitido vía interconexión y signado por la Actuaria Judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, en atención a su contenido, se advierte que no está dirigido a este órgano jurisdiccional, y que por error fue remitido vía electrónica; asimismo, tampoco guarda relación con el juicio de amparo ********************promovido por******************** en que se actúa. ... En consecuencia, obténgase copia certificada del oficio de cuenta para ser agregado al presente asunto, y su original túrnese a la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito a fin de que sea registrado y provéase lo conducente en el Cuaderno de Varios/2021 del índice de este órgano jurisdiccional, para acordar lo que en derecho corresponde...
- Principal
se declara que ha causado estado el referido auto. ... archívese este juicio como concluido. ... este expediente es destruible. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, cinco de enero de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el escrito de demanda presentado por Julio César Díaz Hernández, por propio derecho, contra actos del Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y otras autoridades, por violación a sus derechos fundamentales. RADICACIÓN DE DEMANDA. Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 2/2021. DESECHAMIENTO. Ahora, previo a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la admisión de la demanda que se intenta, los artículos 1° y 5° de la Ley de Amparo, disponen que el juicio de amparo procede contra actos u omisiones de autoridad, o leyes, que vulneren los derechos humanos de la personas titulares de derechos subjetivos o de un interés legítimo individual o colectivo, es decir, por cualquiera persona sujeto de derecho, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Luego, el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y analizará la procedencia de ésta, puesto que impone ante todo, la obligación de examinar dicho presupuesto procesal, para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. En ese contexto, de conformidad con los artículos 3º, 6° y 108, párrafo primero, de la Ley de la materia, la demanda de amparo indirecto, debe formularse por escrito o por medios electrónicos, por la parte a quien afecte la norma general o el acto reclamado, misma que podrá hacerlo por sí o por su representante legal o apoderado, cuando el acto reclamado derive de un acto administrativo, en la inteligencia de que en todo caso la demanda de amparo deberá contener la firma autógrafa del promovente o al haberla presentado por medios electrónicos la evidencia criptográfica del sujeto autorizado para enviarla por dicho medio. Así, es menester indicar que la firma tiene como función esencial identificar a su autor, así como de imputarle la autoría del texto que le precede; en razón de que es a través de la firma, que la parte quejosa manifiesta su voluntad para promover un juicio de amparo y continuar con su substanciación. En ese orden de ideas, recibida la demanda de amparo en el órgano jurisdiccional, el juzgador tiene la obligación de pronunciarse en el sentido que en derecho proceda; sin embargo, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una manifestación de la voluntad, sino sólo aquel en la que revele la misma para promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa del interesado, o como ya se dijo la evidencia criptográfica al enviarse por medios electrónicos. En ese sentido, tratándose de la tramitación electrónica del juicio de amparo, el artículo 3° de la Ley de Amparo dispone que la firma electrónica es el medio que permite a la parte quejosa el ingreso al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, en los que quien promueve sea parte. Asimismo, dicho artículo establece que los escritos enviados en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica conforme a la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal, firma que se podrá prescindir cuando se promueva el amparo en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, situación que no acontece en el caso concreto, puesto que lo que se reclama es la inconstitucionalidad del artículo 103 fracción XL, de la Ley Número 615 Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz, como norma toral y actos que dependen de la propia norma, en términos del artículo 78 de la Ley de amparo, en esa hipótesis está en el artículo 4 de la ley 615 Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz y el procedimiento establecido en el capítulo VII denominado "DEL PROCEDIMIENTO DE RATIFICACIÓN DE LOS MAGISTRADOS", comprendido en los artículos 209, 210, 211, 212 y 213 de la citada ley 615. En el caso a estudio, como ya se dijo, este órgano jurisdiccional estima que no se cumple con el requisito esencial que establece el artículo 6° de la Ley de Amparo, pues, se advierte, que si bien el escrito de demanda cuenta con la firma autógrafa del ocursante, lo cierto es que el promovente no firmó de manera electrónica (con evidencia criptográfica) el ocurso de demanda que se provee y, por tanto, no existe plena certeza de que se haya plasmado en tal escrito su voluntad para instar la acción constitucional de que se trata, ya que la firma del promovente, no constituye un elemento de forma, sino un requisito esencial para dar validez a un documento; de donde resulta indispensable que en la demanda o promoción que se formula conste la firma (autógrafa o electrónica) de quien promueve, según sean el caso, ya que sólo así se acredita la voluntad del que suscribe, pues de no hacerlo así, no se insta al órgano jurisdiccional para que conozca del juicio de amparo, porque un escrito de demanda, cualquiera que sea la naturaleza del acto reclamado, sin firma o huella dactilar, es un simple papel en el que no se incorpora la voluntad de determinada persona de presentarlo. Sobre este tema, el artículo 76 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, prevé que al presentar demanda de amparo indirecto de forma electrónica, el sistema generará un acuse de recepción electrónica en la que se señalarán los datos de identificación del asunto y de quien promueve, el archivo electrónico enviado, así como la hora y fecha de envío y recepción y que cada documento electrónico que se reciba contendrá en la parte final una evidencia criptográfica que corresponderá a la firma electrónica, en la que se mostrará el nombre del titular de la firma electrónica, siempre que el certificado sea reconocido por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas y esté vigente; a excepción de cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. En la especie, la demanda de amparo recibida en línea presuntamente por Julio César Díaz Hernández, carece de su firma electrónica, pues no contiene la evidencia de seguridad criptográfica a que se refiere el artículo 76 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince. Congruente con ello, no se advierte la manifestación de voluntad del promovente de acudir a la presente instancia constitucional, siendo que, tratándose del juicio de amparo en línea que se pretende promover, con la firma electrónica (evidencia criptográfica) la parte expresa la voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, en razón de que con ésta se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley. Sin que se esté en el supuesto de excepción que prevé el último párrafo del artículo 3° de la Ley de Amparo, para que sea procedente la demanda de amparo sin el requisito de la Firma Electrónica (evidencia criptográfica), toda vez que de la lectura integra de la demanda, no se advierte que se trate de actos que importen peligro inminente de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, tan es así que en la propia narrativa de su demanda adujo, entre otras cosas, el procedimiento de ratificación como Magistrado del Tribunal del Poder Judicial del Estado de Veracruz, así como las diversas resoluciones derivadas de dicho procedimiento. Tiene aplicación en el caso la jurisprudencia 2a./J. 8/2019 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, Página: 79, de rubro siguiente: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida. Sin que haya lugar a requerir al peticionario de amparo para que subsane la omisión aludida, porque el artículo 114 de la Ley de Amparo, sólo faculta a este tribunal federal, a prevenir al promovente para que llene algún requisito formal, haga las aclaraciones que correspondan o exhiba las copias necesarias para correr traslado a las partes, más no para tal omisión. En esas condiciones, la demanda de que se trata resulta notoriamente improcedente, al actualizarse en la especie la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 3° y 6°, todos de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Lo anterior, sin perjuicio de que el promovente en su oportunidad presente de nueva cuenta su escrito de demanda de forma física, en caso de que el acto reclamado se torne inminente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones, con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo, el que precisa en su escrito de cuenta, y por autorizados de su parte a Beatriz Hernández Cabrera y Helide Mora Suarez, en los amplios términos del artículo 12 de la ley de la materia, toda vez que de la consulta efectuada en el Registro Nacional de Cédulas Profesionales de la Secretaría de Educación Pública, se constató que las cédulas indicadas en la certificación secretarial de cuenta corresponden a las personas que designó como autorizados y en términos del citado artículo 27 a Hugo Pineda Reyes, por así haberlo solicitado en su ocurso de cuenta. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2ª.VIII/2020 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. Con apoyo en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas para efectuar las notificaciones o diligencias que se le encomienden durante la tramitación del juicio. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1º a 9º, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5º a 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la citada Ley; que las resoluciones que se dicten en el juicio, constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona con la salvedad de lo previsto en el artículo 113, fracción V, de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8º de dicha ley y 9º del citado reglamento, la unidad administrativa determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELECTRÓNICA). La parte quejosa no manifestó su oposición a la publicación de sus datos personales al hacerse pública la demanda. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la Secretaria de Juzgado Zoila Flor Juarez San Martin, que autoriza y da fe.
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