Julio César Díaz Albores y Otros.

Expediente 180/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
180/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
27/03/2019

Partes del expediente

  • Julio César Díaz Albores y Otros.
  • Julio César Díaz Albores

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintisiete de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que el auto en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo ha quedado firme, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión en su contra. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no tiene especial trascendencia jurídica, política, histórica, ni documental, ni se encuentra dentro de los supuestos a que alude el segundo párrafo de la fracción V del artículo vigésimo primero del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiocho de febrero de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el informe justificado rendido por la autoridad responsable 1. Secretario de Hacienda del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, por conducto del Subprocurador de Legislación y Asuntos Jurídicos dependiente de la Procuraduría Fiscal. Anexo al informe que se recibe, la autoridad señalada como responsable remite copia certificada del oficio de *** de treinta y uno de enero del año en curso, dirigido ***, parte quejosa en el presente asunto. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza la documental que remite la autoridad responsable. Ahora, del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de la responsable de dar contestación al escrito de siete de enero de dos mil diecinueve, con el cual solicitó su intervención a efecto de que de manera fundada y motivada le hiciera de su conocimiento la causa legal de la retención de su salario, así como la liberación del mismo. En ese contexto, se tiene que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o., fracción I y 5o., fracción II, todos de la Ley de Amparo; preceptos que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de este ley". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)". La fracción XXIII del artículo 61 en cita, establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa de las que de manera específica contempla el artículo en comento. De forma tal que en este apartado se da sustento a la improcedencia constitucional, legal y jurisprudencial; es decir, a la que deriva de disposiciones distintas a las fracciones precedentes, las cuales pueden obtenerse de la misma Ley de Amparo, de la Constitución Federal, de la jurisprudencia o de algún otro ordenamiento legal. Lo anterior implica que los supuestos establecidos en las primeras veintidós fracciones del artículo 61 en comento, no son las únicas causas por las que puede decretarse la improcedencia de la vía constitucional, sino que existe la posibilidad de aplicación analógica de situaciones diversas, pues el catálogo del artículo en comento no es limitativo sino enunciativo. Así, de la interpretación conjunta de los citados preceptos, se infiere que el juicio de amparo sólo será procedente contra actos de autoridad. A contrario sensu, cuando se reclame un acto que no fue emitido por una autoridad formalmente dicha, el juicio constitucional es improcedente. Lo cual supone establecer una definición de lo que debe entenderse como autoridad para los efectos del juicio constitucional. Para llegar a esa definición, es menester señalar que el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo ha ido evolucionando a lo largo de la historia y se ha abandonado la figura tradicional del "uso de la fuerza pública", como requisito sine qua non. Actualmente la autoridad para los efectos del juicio de amparo es todo aquel ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por tanto, es dable aseverar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares y, por ende, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro. Para ello, es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. Dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución reconoce una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Así, en términos de lo que importa al juicio de amparo, para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse, también, a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. De lo expuesto, bien pueden advertirse como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: 1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular. 2. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. 3. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. 4. Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Al respecto, resulta ilustrativo el criterio sustentado , por el Pleno de la Suprema Corte de la Nación, de rubro "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO". De igual forma, la jurisprudencia 2a./J.164/2011 , de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, de rubro "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS". Expuesto lo anterior, a fin de determinar la naturaleza del acto reclamado, es pertinente destacar que de las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad menciona el quejoso ***, se desprende que presta sus servicios para la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, órgano de la administración pública Estatal, como analista B en el área de auditoría fiscal. Asimismo, adujo el quejoso que la responsable ha sido omisa en dar contestación al escrito de siete de enero de dos mil diecinueve, con el cual solicitó su intervención a efecto de que de manera fundada y motivada le hiciera de su conocimiento la causa legal de la retención de su salario, así como la liberación del mismo; lo que constituye el acto reclamado. En ese orden de ideas, a fin de explicar la actualización de la aludida causal de improcedencia, en principio es oportuno destacar que no existe una relación de supra a subordinación entre el ente señalado como autoridad y el gobernado; toda vez que el vínculo existente entre *** y la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, es de carácter laboral, lo que indubitablemente refleja una relación en la que dicha dependencia, actúa con el carácter de patrón y no como autoridad para los efectos del amparo, y por ende el acto que se le reclama no puede ser materia de análisis en el juicio constitucional. En el caso, tal acto no puede considerarse como acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que la responsable Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, no actúa como autoridad al no dar contestación a su solicitud, pues en tal aspecto su actuación la realiza con el carácter de patrón de dicha relación, aunado a la representación por parte de quejoso, esto es, el acto que pretende combatir el promovente, el cual tiene su origen en una relación de índole laboral, pues si bien es cierto que la señalada como responsable efectivamente pudiera tener el carácter de autoridad dadas las funciones que tiene asignada, ello no significa que todos y cada uno de los actos efectuados por dicho ente, o aquellos en que intervenga, deban considerase actos de autoridad, toda vez que en sus relaciones con sus trabajadores o con sus beneficiarios, como en el caso que nos ocupa, constituyen derechos y obligaciones recíprocas en un plano de igualdad y no se trata de una relación de supra a subordinación. Es aplicable, por igualdad de razón la tesis VII.2o.T.9 L (10a.) , sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, cuyo rubro y texto son: "ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO CONSTITUYE LA OMISIÓN DE UN FUNCIONARIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ DE DAR RESPUESTA A UNA PETICIÓN DE UNO DE SUS TRABAJADORES SOBRE EL PAGO DE DIFERENCIAS DE SU AGUINALDO, FORMULADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL." Asimismo, apoya a lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 42/2001(9a.) , sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. En razón de que en el presente caso resulta incuestionable que el promovente reclama la falta de dar contestación a su escrito de siete de enero de dos mil diecinueve, con el cual solicitó la intervención de la responsable a efecto de que de manera fundada y motivada le hiciera de su conocimiento la causa legal de la retención de su salario, así como la liberación del mismo, acto éste que se efectúa dentro de la relación laboral que une al promovente con la dependencia pública a la que presta sus servicios, el cual debe combatir a través de la vía laboral o administrativa que corresponda y no a través de esta instancia constitucional, pues el juicio de amparo no es el medio idóneo para determinar lo conducente en relación a los conflictos de trabajo existentes entre las entidades públicas con sus trabajadores. Luego, al haberse se actualizado la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1, fracción I y 5, fracción II, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, obliga a SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con veintidós minutos del quince de marzo del año en curso. Notifíquese.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO DE VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE DICE: "Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiocho de febrero de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el informe justificado rendido por la autoridad responsable 1. Secretario de Hacienda del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, por conducto del Subprocurador de Legislación y Asuntos Jurídicos dependiente de la Procuraduría Fiscal. Anexo al informe que se recibe, la autoridad señalada como responsable remite copia certificada del oficio de SH/CGRH/0432/2019 de treinta y uno de enero del año en curso, dirigido *****, parte quejosa en el presente asunto. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza la documental que remite la autoridad responsable. Ahora, del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de la responsable de dar contestación al escrito de siete de enero de dos mil diecinueve, con el cual solicitó su intervención a efecto de que de manera fundada y motivada le hiciera de su conocimiento la causa legal de la retención de su salario, así como la liberación del mismo. En ese contexto, se tiene que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o., fracción I y 5o., fracción II, todos de la Ley de Amparo; preceptos que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de este ley". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)". La fracción XXIII del artículo 61 en cita, establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa de las que de manera específica contempla el artículo en comento. De forma tal que en este apartado se da sustento a la improcedencia constitucional, legal y jurisprudencial; es decir, a la que deriva de disposiciones distintas a las fracciones precedentes, las cuales pueden obtenerse de la misma Ley de Amparo, de la Constitución Federal, de la jurisprudencia o de algún otro ordenamiento legal. Lo anterior implica que los supuestos establecidos en las primeras veintidós fracciones del artículo 61 en comento, no son las únicas causas por las que puede decretarse la improcedencia de la vía constitucional, sino que existe la posibilidad de aplicación analógica de situaciones diversas, pues el catálogo del artículo en comento no es limitativo sino enunciativo. Así, de la interpretación conjunta de los citados preceptos, se infiere que el juicio de amparo sólo será procedente contra actos de autoridad. A contrario sensu, cuando se reclame un acto que no fue emitido por una autoridad formalmente dicha, el juicio constitucional es improcedente. Lo cual supone establecer una definición de lo que debe entenderse como autoridad para los efectos del juicio constitucional. Para llegar a esa definición, es menester señalar que el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo ha ido evolucionando a lo largo de la historia y se ha abandonado la figura tradicional del "uso de la fuerza pública", como requisito sine qua non. Actualmente la autoridad para los efectos del juicio de amparo es todo aquel ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por tanto, es dable aseverar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares y, por ende, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro. Para ello, es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. Dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución reconoce una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Así, en términos de lo que importa al juicio de amparo, para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse, también, a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. De lo expuesto, bien pueden advertirse como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: 1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular. 2. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. 3. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. 4. Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Al respecto, resulta ilustrativo el criterio sustentado , por el Pleno de la Suprema Corte de la Nación, de rubro "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO". De igual forma, la jurisprudencia 2a./J.164/2011 , de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, de rubro "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS". Expuesto lo anterior, a fin de determinar la naturaleza del acto reclamado, es pertinente destacar que de las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad menciona el quejoso Julio Cesar Díaz Albores, se desprende que presta sus servicios para la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, órgano de la administración pública Estatal, como analista B en el área de auditoría fiscal. Asimismo, adujo el quejoso que la responsable ha sido omisa en dar contestación al escrito de siete de enero de dos mil diecinueve, con el cual solicitó su intervención a efecto de que de manera fundada y motivada le hiciera de su conocimiento la causa legal de la retención de su salario, así como la liberación del mismo; lo que constituye el acto reclamado. En ese orden de ideas, a fin de explicar la actualización de la aludida causal de improcedencia, en principio es oportuno destacar que no existe una relación de supra a subordinación entre el ente señalado como autoridad y el gobernado; toda vez que el vínculo existente entre ***** y la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, es de carácter laboral, lo que indubitablemente refleja una relación en la que dicha dependencia, actúa con el carácter de patrón y no como autoridad para los efectos del amparo, y por ende el acto que se le reclama no puede ser materia de análisis en el juicio constitucional. En el caso, tal acto no puede considerarse como acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que la responsable Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, no actúa como autoridad al no dar contestación a su solicitud, pues en tal aspecto su actuación la realiza con el carácter de patrón de dicha relación, aunado a la representación por parte de quejoso, esto es, el acto que pretende combatir el promovente, el cual tiene su origen en una relación de índole laboral, pues si bien es cierto que la señalada como responsable efectivamente pudiera tener el carácter de autoridad dadas las funciones que tiene asignada, ello no significa que todos y cada uno de los actos efectuados por dicho ente, o aquellos en que intervenga, deban considerase actos de autoridad, toda vez que en sus relaciones con sus trabajadores o con sus beneficiarios, como en el caso que nos ocupa, constituyen derechos y obligaciones recíprocas en un plano de igualdad y no se trata de una relación de supra a subordinación. Es aplicable, por igualdad de razón la tesis VII.2o.T.9 L (10a.) , sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, cuyo rubro y texto son: "ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO CONSTITUYE LA OMISIÓN DE UN FUNCIONARIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ DE DAR RESPUESTA A UNA PETICIÓN DE UNO DE SUS TRABAJADORES SOBRE EL PAGO DE DIFERENCIAS DE SU AGUINALDO, FORMULADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL." Asimismo, apoya a lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 42/2001(9a.) , sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. En razón de que en el presente caso resulta incuestionable que el promovente reclama la falta de dar contestación a su escrito de siete de enero de dos mil diecinueve, con el cual solicitó la intervención de la responsable a efecto de que de manera fundada y motivada le hiciera de su conocimiento la causa legal de la retención de su salario, así como la liberación del mismo, acto éste que se efectúa dentro de la relación laboral que une al promovente con la dependencia pública a la que presta sus servicios, el cual debe combatir a través de la vía laboral o administrativa que corresponda y no a través de esta instancia constitucional, pues el juicio de amparo no es el medio idóneo para determinar lo conducente en relación a los conflictos de trabajo existentes entre las entidades públicas con sus trabajadores. Luego, al haberse se actualizado la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1, fracción I y 5, fracción II, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, obliga a SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con veintidós minutos del quince de marzo del año en curso. Notifíquese."

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diecinueve de febrero de dos mil diecinueve. ADMISIÓN Vista la demanda de amparo promovida por ***, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, 108 y 112, de la ley de la materia, se admite la misma, contra actos de la siguiente autoridad responsable: 1. Secretario de Hacienda del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 180/2019-1-C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN De conformidad con lo previsto en el numeral 128, fracción I, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, no es el caso tramitar por cuerda separada los cuadernos incidentales, toda vez que la parte quejosa no solicitó expresamente la suspensión de los actos reclamados. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO Con fundamento en el artículo 5 fracción IV de la Ley de Amparo, se da la intervención legal al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las nueve horas con veintidós minutos del quince de marzo de dos mil diecinueve. ***

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