Julio César Delgado González

Expediente 318/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
318/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
14/03/2022

Partes del expediente

  • Julio César Delgado González

Actuaciones

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, catorce de marzo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Téngase por recibido el oficio de cuenta, firmado por la Juez Primero de lo Familiar, por Ministerio de Ley del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, a través del cual, en atención al requerimiento formulado en auto de tres de marzo de dos mil veintidós, remite copia certificada del acuse relativo al oficio ***, girado a la fuente de trabajo "***, a fin de que, entre otras cuestiones, realice el descuento de la pensión alimenticia provisional mensual decretada a favor de la menor de edad aquí quejosa a que fue condenado el demandado ***, sin embargo, no acredita con documento fehaciente que la empresa en comento haya acatado lo ordenado en dicha comunicación oficial. Por tanto, téngase a la autoridad oficiante en vías de cumplir con el fallo protector y con fundamento en el artículo el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2, se requiere al Juez Primero de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, para que en el término de tres días legamente computados, a partir de que se le comunique el presente proveído, cumpla a cabalidad con la ejecutoria de amparo, esto es, remita copia certificada de la constancia en que se aprecie que la fuente de trabajo "***, acató lo establecido en el oficio ***, de dos de febrero de dos mil veintidós, expedido en el juicio de origen ***, de su índice, o bien, manifieste el impedimento legal que tenga para ello. Apercibido que de no hacerlo así sin causa justificada, dentro del plazo otorgado, entonces, de conformidad con los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a CIEN UNIDADES de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción, en cuyo caso, si no cumple con la sentencia de amparo aun después de habérsele impuesto la multa, ello implicará que se remita el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del Juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la ley de la materia. Medida de apremio que equivale a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), la cual se obtiene de multiplicar por cien el valor de la Unidad de Medida y Actualización, siendo éste de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional). Notifíquese.

  2. Principal

    DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE VEINTITRÉS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDOS, QUE EN SINTESIS DICE: Zapopan, Jalisco, veintitrés de febrero de dos mil veintidós . Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2°, de ésta, se acuerda: Se califica cumplimiento. De la certificación secretarial que antecede, así como del estado de autos, se advierte que mediante acuerdo de siete de enero de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa con las constancias que en cumplimiento al fallo protector aportó la autoridad responsable; lo anterior, para que dentro del término de tres días manifestara(n) lo que a su interés legal conviniera, con el apercibimiento de que en caso de ser omisa(s), este órgano jurisdiccional se pronunciaría sobre el cumplimiento únicamente con las constancias que integran este expediente. Ahora bien, toda vez que, en términos de los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, para estar en aptitud de determinar si la sentencia de amparo se encuentra cumplida, es necesario destacar las directrices establecidas en el fallo protector, y precisar los deberes impuestos en éste y, con base en ello, determinar si la autoridad señalada como responsable dio el cumplimiento esperado. En este orden de ideas, se tiene que en la sentencia concesoria de amparo, en lo que interesa, se resolvió:  ".deje insubsistente las cédulas de notificación de infracción reclamadas, de folios ***." Al respecto, por oficio recibido el seis de enero de dos mil veintidós, la responsable remitió copia certificada de la impresión de hoja del Sistema Integral de Información Financiera, Reporte de Control Vehicular, de la cual se advierte la insubsistencia de las cédulas de notificación de infracción reclamadas, de folios ***; comunicado que se atendió, por parte de este órgano jurisdiccional y con las cuales se dio vista a la parte quejosa en acuerdo de siete de enero de dos mil veintidós; sin que manifestara alguna inconformidad con relación a su contenido. Constancias, que de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone el artículo 2°, este juzgador, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tienen valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedidos por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Así, atento al marco fáctico que antecede y de la comparación entre los efectos ordenados en el fallo, y la actuación de la autoridad responsable frente a éstos, se demuestra que se cumplió con la totalidad de los efectos ahí contenidos, pues dejó insubsistente las cédulas de notificación de infracción reclamadas, de folios ***; por tanto, resulta evidente que la responsable no incurrió en exceso, porque no se extralimitó en el cumplimiento, ya que no fue más allá de lo ordenado en la ejecutoria, y tampoco existe defecto, dado que no hubo deficiencia en el actuar de la entidad obligada al cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Archivo. En atención a lo anterior, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad a lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 196, en relación con el 214 de la ley de la materia; y, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Destino del cuaderno principal. Asimismo, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con apoyo en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo 15 del citado acuerdo general. De igual forma, se destaca que en el presente asunto, por una parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo solicitado, por lo que es susceptible de depuración, lo que podrá hacerse una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído; debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo 18, del aludido acuerdo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, once de febrero de dos mil veintidós . Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2°, de ésta, se acuerda: Se califica cumplimiento. De la certificación secretarial que antecede, así como del estado de autos, se advierte que mediante acuerdo de diecinueve de enero de dos mil veintidós, se requirió a la parte quejosa para que acreditara haber comparecido ante la responsable a fin de recoger el documento mercantil emitido en su favor en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, a efecto de que este juzgado federal pudiera emitir pronunciamiento en torno al cumplimiento de la sentencia protectora, con el apercibimiento de que en caso de ser omisa, este órgano se pronunciaría sobre el cumplimiento de conformidad con el numeral 196 de la Ley de Amparo, únicamente con las constancias que obren en autos. Ahora bien, no obstante que el mencionado acuerdo se notificó a la parte quejosa el veinticinco de enero pasado, fue(ron) omisa(s) en emitir pronunciamiento al respecto. Sin embargo, toda vez que, en términos de los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, para estar en aptitud de determinar si la sentencia de amparo se encuentra cumplida, es necesario destacar las directrices establecidas en el fallo protector, y precisar los deberes impuestos en éste y, con base en ello, determinar si la autoridad señalada como responsable dio el cumplimiento esperado. En este orden de ideas, se tiene que en la sentencia concesoria de amparo, en lo que interesa, se resolvió: ".a) Se desincorpore de su esfera jurídica la aplicación del artículo 16, fracción I, incisos a) y h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno y, por ende, que no se le apliquen en lo futuro; esto, desde luego, mientras perviva el vicio de inconstitucionalidad advertido en este fallo, durante el citado ejercicio. (.) Ahora bien, debido a que los motivos que llevaron a otorgar la protección constitucional solicitada están específicamente referidos al artículo 16, fracción I, incisos a) y h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, que establece que para determinar el monto de los derechos por el registro de actos, contratos o resoluciones judiciales, incluidos fideicomisos o hipotecas, por cada uno, no obstante se encuentren en un solo documento, escritura, acta o póliza mercantil, se aplica sobre el valor que resulte mayor entre el catastral, el comercial o el que se desprenda del contenido del documento a registrar, por el 0.50% (cero punto cincuenta por ciento); asimismo, el inciso h)???????????? ??????????????? establece el monto de la tarifa de $5,543.00 (cinco mil quinientos cuarenta y tres pesos 00/100 moneda nacional), para registrar testimonios procedentes de otras entidades de la República; al respecto, el objeto de la concesión no tiene por efecto exentar a la quejosa del pago de los derechos correspondientes a tales servicios en su totalidad, sino sólo el de desincorporar de su esfera jurídica la obligación tributaria en la parte declarada contraria a la constitución general; en consecuencia: b) La autoridad que de acuerdo con sus facultades corresponda, en el caso, la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, por lo que ve al inciso a), del artículo citado en el párrafo precedente, deberá aplicar a la quejosa la cuota mínima contemplada en dicho artículo, por el registro de actos, contratos o resoluciones judiciales, y no la contenida en el inciso a) reclamado, por lo que ve al inciso h), le sea aplicado en el caso de que exista una cantidad fija mínima a pagar; la restitución en el goce de la garantía violada sólo implica que la parte quejosa deje de pagar la tarifa que resultó inconstitucional, pero sin relevarla de la obligación de enterar dicha cantidades mínimas. Por consiguiente, la autoridad en cita deberá emitir otro recibo de pago por los mismos conceptos, devolviendo a la quejosa las cantidades que se hayan pagado en exceso, tal como consta en la copia certificada de los recibos oficiales A54429520 y A54429521, expedidos el dos de agosto de dos mil veintiuno, para así respetar la garantía constitucional violada en los términos aquí apuntados. En el entendido de que la devolución de la diferencia que resulte deberá comprender, en su caso, la actualización de acuerdo con los numerales aplicables del Código Fiscal del Estado de Jalisco, y versar sólo en lo que exceda a la tarifa mínima. Es aplicable, en lo conducente, la Tesis de rubro y texto: "LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS. El efecto de la sentencia que concede el amparo y declara la inconstitucionalidad de la norma tributaria en que se funda el pago de una contribución, es la desincorporación de la esfera jurídica del contribuyente de la respectiva obligación tributaria, que conlleva a la devolución del saldo a favor originado con motivo de tal declaratoria. Por tanto, aun cuando la norma declarada inconstitucional no establezca la actualización del monto a devolver, a fin de cumplir con el artículo 80 de la Ley de Amparo, la autoridad fiscal queda obligada a devolver el monto debidamente actualizado, toda vez que sólo así se restituye al gobernado en el pleno goce de la garantía individual violada. En ese supuesto, la actualización deberá llevarse a Asimismo, cabe precisar que la devolución de las cantidades enteradas por la parte quejosa no comprende el pago de intereses que se hayan generado, porque la sentencia de amparo que declara la inconstitucionalidad de las normas que prevén un tributo o derecho, tiene como efecto desincorporar de la esfera jurídica del contribuyente la obligación tributaria respectiva, lo cual se colma con la devolución de la cantidad pagada por concepto de las contribuciones declaradas inconstitucionales y su actualización, pero no comprende el pago de intereses, pues éstos participan de una naturaleza indemnizatoria, que no constituye un efecto del fallo protector. Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 137/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "LEYES TRIBUTARIAS. LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS, DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS, COMO EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, NO COMPRENDE EL PAGO DE INTERESES INDEMNIZATORIOS (CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL ABROGADO)" (.) Al respecto, por cuanto hace al cumplimiento del primer lineamiento, por oficio recibido en auto de veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno, la Directora de lo Contencioso de la Hacienda Estatal de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, remitió copia certificada del oficio por el cual se desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa la aplicación del artículo 16, fracción I, incisos a) y h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno. Asimismo, mediante auto de diecinueve de enero de dos mil veintidós, se recibió la copia certificada de la orden de pago número 2065254, expedida a favor de la quejosa por concepto de devolución de la cantidad que pagó en exceso. Cabe precisar que en el referido auto se requirió a la parte quejosa para que acreditara haber comparecido ante la responsable a fin de recoger el documento mercantil que fue emitido en su favor en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, con el apercibimiento de que en caso de ser omisa, este órgano se pronunciaría sobre el cumplimiento de conformidad con el?????????????? numeral 196 de la Ley de Amparo, únicamente con las constancias que obraran en autos. No obstante lo anterior, la quejosa no cumplió con tal requerimiento, por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito y se procede a calificar el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con las constancias que obran en autos. En ese contexto, de las documentales enviadas por la responsable, se advierte que, aunado a la desincorporación antes aludida, se ordenó la devolución en favor de la parte quejosa de la cantidad que pagó en exceso y que ésta fue notificada de tal circunstancia el veinticinco de enero pasado, por conducto de este juzgado, sin que hubiera acreditado haberse presentado a recoger el mencionado valor; por lo tanto, resulta evidente que la responsable cumplió con el núcleo esencial de la sentencia dictada en autos. Constancias que, de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, este juzgador, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tienen valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedido por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Así, atento al marco fáctico que antecede y de la comparación entre los efectos ordenados en el fallo, y la actuación de la autoridad responsable frente a éstos, se demuestra que se cumplió con la totalidad de los efectos ahí contenidos; por tanto, resulta evidente que la responsable no incurrió en exceso, porque no se extralimitó en el cumplimiento, ya que no fue más allá de lo ordenado en la ejecutoria; ni existe defecto, dado que no hubo deficiencia en el actuar de la entidad obligada al cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Archivo. En atención a lo anterior, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad a lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 196, en relación con el 214 de la ley de la materia; y, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Destino del cuaderno principal. Asimismo, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo 15 del citado acuerdo general. De igual forma, se destaca que en el presente asunto se concedió la protección constitucional, por lo que es susceptible de depuración una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del aludido acuerdo general conjunto. Devolución de documentos originales. En otro orden de ideas, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y en términos del numeral 18,??????????? ??????????????? párrafo segundo, del acuerdo general en consulta, prevéngase a la parte quejosa para que, dentro del término de noventa días, comparezca a recoger los documentos que en original exhibió en autos, apercibida que de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

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