Julio César Cruz Herrera

Expediente 513/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 14 actuaciones registradas, la última del 28 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
513/2023
Año
2023
Actuaciones
14
Última actuación
28/08/2023

Partes del expediente

  • Julio César Cruz Herrera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    PRAL 513/2023 MESA 5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. 1. Plazo para interposición de recurso. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que feneció el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada en audiencia constitucional de nueve de agosto de este año, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo; sin que lo haya hecho, no obstante su notificación el diez de ese mes. 2. Firmeza de la resolución. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. 2.1. Precisión sobre plazo para diversas partes. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento respecto al plazo para inconformarse de las diversas partes procesales, pues al haberse sobreseído en el juicio de amparo, ningún agravio les genera la resolución dictada, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo. Se invoca como apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, registro 316096, con el siguiente rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". 3. Publicación de datos personales. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, se instruye a la secretaria encargada de este expediente que verifique que la versión pública de la resolución ejecutoriada sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. 4. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en contrario sensu), 20 y 23, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5. Destino y archivo reciente. Conforme al artículo 20 fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente es DESTRUIBLE, por lo cual será conservado durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, el órgano jurisdiccional destruirá el expediente, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda de que el mismo es destruible, en atención a lo previsto en el artículo 34 del citado acuerdo general. 6. Devolución de constancias. Se ordena devolver a la autoridad responsable, juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, el a) expediente principal ********************de su índice, así como el b) cuaderno incidental de modificación de convenio para incrementar pensión alimenticia promovido por ********************; con los que se formaron dos cuadernos auxiliares; lo anterior, toda vez que carece de objeto su permanencia en este Juzgado. 7. Incidente de suspensión. Finalmente, en la certificación de cuenta se precisó que este juicio se tramitó con incidente de suspensión, el cual se reservó archivar hasta en tanto se ordenara el archivo de este juicio de amparo; por tanto, provéase lo correspondiente en esa pieza incidental. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Incidental

    INC 513/2023 MESA 5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. Como se hizo constar en la certificación de cuenta, mediante proveído dictado en esta fecha en el expediente principal del que deriva este incidente de suspensión, causó ejecutoria la sentencia en la que se sobreseyó en el juicio de amparo y se ordenó el archivo del expediente como definitivamente concluido. 2. Archivo de expediente incidental. Toda vez que en este incidente no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14 y 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. 3. Destino del expediente. Se comunica a las partes que, por haberse negado la suspensión definitiva, este expediente es DESTRUIBLE, de conformidad con el artículo 20, fracción III, del mencionado acuerdo general; por lo cual será conservado durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, el órgano jurisdiccional destruirá el expediente, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda de que el mismo es destruible, en atención a lo previsto en el artículo 34 del citado acuerdo general. 4. Devolución de constancias. Se ordena devolver a la autoridad responsable, juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, el legajo de copias certificadas de constancias derivadas del expediente familiar ********************, con el que se formó un cuaderno auxiliar; lo anterior, debido a que carece de objeto su permanencia en este Juzgado. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PRAL 513/2023 MESA 5 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del nueve de agosto de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas en acuerdo de treinta y uno de julio de este año para celebrar la audiencia constitucional, el juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, Ponciano Velasco Velasco, asistido de la secretaria Julissa Nohemí Pérez Salinas, quien da fe, la declara abierta, sin asistencia de las partes. Enseguida, la secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que destacan: a) la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho; b) el acuerdo de prevención de treinta de mayo de este año; c) el auto de cinco de junio siguiente en el que se admitió a trámite; d) el informe justificado de la autoridad responsable y e) las constancias de emplazamiento de la parte tercera interesada. Asimismo, hace constar: 1) que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales y 2) que en auto de veintiocho de junio del año en curso se reservó proveer en torno a la prueba de informe que la tercera interesada ******************** ofreció a cargo del jefe del Departamento de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud del Estado de Oaxaca. A lo anterior, se acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias. II. Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, determínese lo conducente al dictarse sentencia. III. Por lo que hace a la prueba de informe ofrecida por la parte tercera interesada, se provee: El artículo 119, párrafo primero, de la Ley de Amparo, dispone que serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones; además, que las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, salvo que esa Ley disponga otra cosa. Por su parte, el párrafo primero del diverso numeral 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, establece: "Articulo 79.- Para conocer la verdad, puede el juzgador valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitaciones que las de que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos controvertidos". De los preceptos normativos transcritos se advierte que en el juicio de amparo serán admisibles toda clase de pruebas -excepto la confesional por posiciones-; asimismo, que la admisión de las pruebas también debe sujetarse a los principios de pertinencia, idoneidad y utilidad; en los términos siguientes: La pertinencia implica que las pruebas deben tener relación inmediata con los hechos controvertidos, lo que tiene como finalidad, evitar, por economía procesal, el desahogo de diligencias innecesarias y carentes de objeto. La idoneidad, por su parte, se refiere a que las pruebas que se pretenden aportar sean el medio apropiado y adecuado para demostrar el hecho que se pretende. Y la utilidad tiene como finalidad evitar que en el juicio se desahoguen pruebas frívolas o excesivas. En el caso, la tercera interesada ofrece la prueba de informe a cargo del jefe del Departamento de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud del Estado de Oaxaca, con el objeto de demostrar la solvencia económica del quejoso (demandado en el juicio familiar de origen). Para lo cual, pide que esa autoridad se pronuncie sobre los puntos siguientes: "a) Cual es el sueldo y demás prestaciones que percibe el C. ********************, como empelado (sic) del Hospital de la Niñez Oaxaqueña, con domicilio en. b) Desde qué fecha el C. ********************, funge como médico en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña, así como su categoría de empleado". Como se ve, la tercera interesada pretende acreditar que el quejoso es médico en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña, desde cuándo tiene esa fuente de empleo y a cuánto ascienden sus percepciones como empleado de dicho Hospital. Bajo esas condiciones, procede desechar la prueba de informe, tomando en consideración que no es un medio de convicción pertinente en relación con el acto reclamado; toda vez que con el informe se pretende incorporar información relativa a la situación laboral y económica del demandado, pero, al respecto, el numeral 75 de la Ley de Amparo establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable, y no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad. Entonces, no procede admitir en este juicio la prueba pretendida, atendiendo a que la misma ya fue ofrecida en los mismos términos en el juicio de origen, y la responsable no la admitió, de ahí que, evidentemente, no satisface el extremo establecido en el artículo 75 de la Ley de Amparo; sin que este órgano jurisdiccional pueda sustituirse en el juez de origen para efectos probatorios. Posteriormente, se declara abierto el periodo probatorio, en el cual se hace constar que: La parte quejosa exhibió copia simple del a) acuse del oficio 1349/2023 de ocho de mayo de dos mil veintitrés dirigido al jefe de Departamento de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud del Estado de Oaxaca y del b) acuerdo de diecisiete de marzo de este año dictado en el expediente ********************del Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. La autoridad responsable, juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, previo requerimiento, remitió copia certificada de las constancias que integran: El expediente principal ********************de su índice. Cuaderno incidental de modificación de convenio para incrementar pensión alimenticia promovido por ********************. Al respecto, se acuerda: Como las pruebas documentales se admitieron y desahogaron durante el trámite del juicio en razón de su especial naturaleza, para ser serán valoradas al dictarse la sentencia correspondiente. No habiendo prueba pendiente por admitir o desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. A continuación, se ordena pasar a la etapa de alegatos, en la cual la secretaria informa que la parte tercera interesada los formuló mediante escrito con folio de recepción 8001, agregado en auto de veintiocho de junio de este año; manifestaciones a las que se da lectura en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo. Como las diversas partes procesales no hicieron uso del derecho a formular alegatos, se da por concluida esta etapa, se declaran vistos los autos, y se procede a dictar la siguiente resolución. S E N T E N C I A Visto para resolver el juicio de amparo 513/2023; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante demanda depositada el veintiséis de mayo de dos mil veintitrés en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta localidad, y turnada a este órgano jurisdiccional el veintinueve siguiente, ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto y autoridad que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Derechos fundamentales vulnerados. La parte quejosa considera transgredidos sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 16, y 133 de la Constitución Federal; y para evidenciarlo formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. En acuerdo de treinta de mayo de dos mil veintitrés se radicó la demanda de amparo bajo el registro 513/2023 y se previno a la parte quejosa para que la aclarara. Desahogada la prevención, mediante auto de cinco de junio del año en curso se admitió a trámite, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable y se dio intervención a la agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado. Además, se ordenó emplazar a juicio a ******************** en su carácter de tercera interesada; quien se apersonó mediante escrito agregado en acuerdo de veintiocho de junio de este año. Previos diferimientos, el treinta y uno de julio de dos mil veintitrés se señaló hora y fecha para la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal; 35 y 37 de la Ley de Amparo; 49 y 58 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en términos del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 3/2013, ya que el acto reclamado versa sobre la materia civil y se atribuye a una autoridad jurisdiccional con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, lugar donde ejerce jurisdicción este órgano jurisdiccional en materia mixta. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Acorde con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo y el informe justificado, con sus anexos, se advierte que ******************** reclama del juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca: El proveído de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ********************, en el cual ordenó el descuento definitivo del 20% del sueldo y demás prestaciones que percibe como trabajador de la Secretaría de Salud del Estado de Oaxaca, para garantizar el pago de alimentos a favor de ********************, en representación del menor de iniciales ********************, en términos del convenio celebrado el veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho. Sin que se tenga como acto reclamado lo expresado por el quejoso en los incisos b) y c) del capítulo relativo de la demanda, debido a que el primero es consecuencia directa del acto destacado; en tanto que el segundo, de su simple lectura, se corrobora que constituye parte de los conceptos de violación, pues su finalidad es evidenciar que con la emisión del acto reclamado la autoridad responsable viola el convenio definitivo de veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho celebrado en el expediente familiar ********************. Cabe agregar que la precisión del acto reclamado tiene sustento en el criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia. Así se aprecia de la jurisprudencia P./J. 40/2000, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". TERCERO. Existencia de acto reclamado. En su informe justificado el juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, aceptó la existencia del acto reclamado. Afirmación que se robustece con la copia certificada de todo lo actuado en el expediente familiar ********************del índice de la autoridad responsable -cuaderno auxiliar I que obra por separado-, de donde se advierte que mediante acuerdo de cuatro de mayo de dos mil veintitrés ordenó el descuento definitivo del 20% del sueldo y demás prestaciones que percibe el quejoso como trabajador de la Secretaría de Salud del Estado de Oaxaca, para garantizar el pago de alimentos a favor de ********************, en representación del menor de iniciales ********************; y en cumplimiento a ello giró el oficio 1349/2023 al jefe de Departamento de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud del Estado de Oaxaca. Documental a la que, desde ahora, se reconoce valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por tanto, se tiene acreditada la existencia del acto reclamado en esta instancia constitucional. CUARTO. Improcedencia. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, deben estudiarse en forma preferente y previo al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, las causales de improcedencia hechas valer por las partes, o bien, que este Juzgado advierta, pues su estudio es de oficio, preferente y de orden público. En el caso, se estima actualizada la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (...)" "Art. 107.- Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: -- - - [...] III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: - - -- - [.] b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." De los artículos transcritos se advierte como requisito indispensable que previo a promover el juicio de amparo se atienda el principio de definitividad, el cual consiste en que el quejoso, antes de acudir a la instancia constitucional, debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución judicial, administrativa o del trabajo, que le causa perjuicio. Por tanto, los actos contra los cuales procede el juicio de amparo, cuando derivan de resoluciones judiciales, de tribunales administrativos o del trabajo, son únicamente los definitivos, entendidos como aquellos que no admitan recurso alguno cuya interposición pueda dar lugar a su modificación, revocación o anulación; por lo que, en caso de existir algún medio de defensa, debe acudirse a la vía constitucional sólo cuando se agotó previamente el recurso previsto por la ley ordinaria. No obstante, la normativa transcrita también establece diversas excepciones el principio de definitividad, es decir, la parte quejosa no está obligada a agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que proceden contra los actos reclamados, en los casos siguientes: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento; d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada con registro digital 191539 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.". Así, el agotamiento previo de los recursos ordinarios, como regla institucional del sistema procesal, implica que las autoridades judiciales locales deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción antes de que dichas disputas sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen la jurisdicción constitucional. Además, al justiciable se le impone la carga de agotar los recursos ordinarios antes de promover el juicio de amparo porque tales medios no son meras exigencias formales para retardar la impartición de justicia, ni requisitos inocuos que deben cumplirse para conseguir la tutela judicial efectiva que reconoce la Constitución Federal, sino que son instrumentos aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución combatida. Ésta es la razón por la que, al margen del reconocimiento de la existencia de ciertos actos cuya ejecución tiene efectos irreparables, respecto de los que procede el juicio de amparo indirecto, se exige que, previo a instar la acción constitucional, se agote el recurso ordinario previsto en la ley que rige el acto, que tenga como efecto la modificación, revocación o nulidad del mismo. Sirve de apoyo la jurisprudencia con registro digital 2005039 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo". Conforme a los aspectos destacados, la exigencia de atender al principio de definitividad solamente es excusable cuando se reclama alguno de los actos de excepción delimitados por artículo 61, fracción XVIII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; sin embargo, en el caso no se actualiza alguno de esos supuestos, puesto que 1) no se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2) el acto no consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso; y 3) tampoco es promovida por persona extraña al procedimiento. En ese orden de ideas, cuando se reclaman infracciones de legalidad reguladas en los artículos 14 y 16, como en el caso, conforme a lo previsto en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, existe obligación de agotar el principio de definitividad previamente a la promoción del juicio de amparo. Puntualizado lo anterior, se reitera que la parte quejosa reclama del juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca: El proveído de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ********************, en el cual ordenó el descuento definitivo del 20% del sueldo y demás prestaciones que percibe como trabajador de la Secretaría de Salud del Estado de Oaxaca, para garantizar el pago de alimentos a favor de ********************, en representación del menor de iniciales ********************, en términos del convenio celebrado el veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho. Al respecto, los artículos 670, 673, 971, 972, 973 y 974 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca disponen: "Artículo 670.- El recurso de apelación tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. El superior debe revocar la resolución y ordenar la reposición del procedimiento a partir de la violación procesal que haya dejado sin defensa a las partes y trascienda al resultado del fallo." "Artículo 673.- La apelación debe interponerse por escrito en el que se expresarán agravios. El recurso se hará valer ante el Juez que pronunció la resolución impugnada, acompañando las copias necesarias para el traslado. En el escrito de expresión de agravios el apelante deberá señalar casa para oír notificaciones precisamente en el lugar en que tenga su sede el Tribunal de apelación, y correo electrónico cuando solicite se le realicen por esta vía las notificaciones personales con el dispositivo de seguridad autorizado por el Poder Judicial; cuando un litigante no cumpla con este requisito, se le mandará requerir para que dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación del auto de requerimiento lo subsane, apercibiéndolo que de no hacerlo se le harán por medio de cédula. Los autos serán apelables cuando tengan fuerza de definitivos y cuando la Ley lo disponga, si además lo fuere la sentencia definitiva del juicio que se dicte. El plazo para apelar será de cinco días tratándose de autos y de diez días en caso de sentencia." "Artículo 971.- La sentencia se pronunciará de manera breve y concisa, en el mismo momento de la audiencia de ser así posible o dentro de los ocho días siguientes." "Artículo 972.- La apelación deberá interponerse en la forma y términos previstos por éste Código. Cuando la tramitación del juicio se haya regido por disposiciones generales de éste Código, igualmente se regirán por estas disposiciones, por lo que toca a los recursos: pero en todo caso, si la parte recurrente careciere de abogado, la propia sala solicitará la intervención de un defensor de oficio, quien gozará de un plazo de tres días más para enterarse del asunto a efecto de que haga valer los agravios o cualquier derecho a nombre de la parte que asesore." "Artículo 973.- En los juicios del orden familiar, el recurso de apelación se admitirá en el efecto devolutivo. Las resoluciones sobre alimentos que fueren apeladas, se ejecutarán sin fianza. Tratándose de alimentos no procederá suspender la pensión provisional o definitiva con fianza." "Artículo 974.- Son procedentes en materia de recursos, todos los previstos en este Código y su tramitación se sujetara a las disposiciones generales del mismo." Dichas porciones normativas regulan de manera genérica el recurso de apelación; en lo que al caso interesa, establecen que los autos serán apelables cuando tengan fuerza de definitivos y cuando la ley lo disponga, si además lo fuere la sentencia definitiva; asimismo, se aprecia que contra las sentencias dictadas en los juicios de controversia del orden familiar procede recurso de apelación que se admitirá en el efecto devolutivo; que las resoluciones sobre alimentos que fueren apeladas se ejecutaran sin fianza; que tratándose de alimentos no precederá suspensión de la pensión provisional o definitiva con fianza; y que son procedentes en materia de recursos, todos los previstos en el código adjetivo procesal y su tramitación se sujetara a las disposiciones generales del mismo. Entonces, la resolución de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, dictada en el expediente ********************, en la cual se ordenó el descuento definitivo del 20% del sueldo y demás prestaciones que percibe como trabajador de la Secretaría de Salud del Estado de Oaxaca, para garantizar el pago de alimentos a favor de ********************, en representación del menor de iniciales ********************, es susceptible de ser impugnada a través del recurso de apelación, por tratarse de una determinación que por sus características puede ser revisado por el superior. Es así, además, porque no debe perderse de vista que tratándose de controversias del orden familiar son procedentes todos los recursos previstos en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado, en términos del artículo 974. Por tanto, si el asunto del que deriva el acto reclamado se tramita en la vía de controversias del orden familiar, resulta incuestionable que antes de la promoción del juicio de amparo, el quejoso debió impugnar la resolución a través del recurso ordinario, al ostentar el carácter de parte demandada en el procedimiento del que deriva dicho acto. Sin que pase desapercibido que en la demanda de amparo, y escrito aclaratorio, el quejoso refiera que no se le ha notificado la resolución reclamada; no obstante, dentro de las constancias remitidas por la autoridad responsable obran las constancias que acreditan que la resolución de cuatro de mayo de dos mil veintitrés se le notificó, vía electrónica, el nueve de junio del año en curso -fojas 119, 121 y 122 del cuaderno auxiliar I-. Se precisa que, en el caso, no se actualiza la hipótesis prevista en la última parte del numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, esto es, la facultad opcional que tienen los quejosos de interponer el recurso ordinario o acudir al juicio de amparo cuando la procedencia del recurso se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla; puesto que, como se vio, el numeral 974 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado establece claramente que en los asuntos ventilados en la vía de controversias del orden familiar son procedentes en materia de recursos, todos los previstos en ese código y su tramitación se sujetará a las disposiciones generales del mismo, y en el Título Décimo Segundo, Capítulo I, del citado ordenamiento legal, se prevé la procedencia de los recursos de revocación y apelación. Es aplicable al caso la jurisprudencia con registro digital 2017117 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo". En esas condiciones, tomando en cuenta que el quejoso tiene el carácter de parte demandada en el expediente familiar de donde emana el acto reclamado, tiene a su alcance el recurso ordinario para impugnarlo; por tanto, está obligado a agotarlo previamente a solicitar la protección constitucional. En efecto, se reitera que aun cuando el acto reclamado cause un perjuicio irreparable, existe la obligación de agotar el recurso procedente, porque el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa que procede contra actos definitivos, aunado a que el recurso de que se trata resulta procedente, eficaz e idóneo para obtener la pretensión de la parte quejosa. Sin que en el caso se desatienda la jurisprudencia PC.XIII.C.A. J/1 C (11a.) del Pleno en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Undécima Época, Libro 6, Octubre de 2021, Tomo II, página 2905, registro digital 2023704, de rubro: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. EN CONTRA DEL AUTO QUE LA DECRETA, ES IMPROCEDENTE EL RECURSO DE APELACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA)", que establece que en contra del auto que decreta una pensión alimenticia provisional no procede el recurso de apelación, ya que se trata de un auto provisional y urgente; sin embargo, dicho supuesto no se actualiza en este asunto, pues no se trata de alguna medida provisional o urgente, dado que de las constancias que obran en el expediente familiar ********************se corrobora que la resolución reclamada se emitió con apoyo en la obligación contraída por el quejoso en el convenio celebrado el veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, en el que se fijó una pensión definitiva del veinte por ciento a favor del menor de iniciales ******************** De ahí que, se insiste, el quejoso debió agotar previamente el recurso de apelación; máxime que la determinación reclamada (como lo alega precisamente en su demanda de amparo) no tiende directamente a ejecutar el convenio elevado a categoría de sentencia firme, porque en él no se pactó descuento de las nuevas fuentes de trabajo que pudiera llegar a tener, y solo se convino respecto de una fuente de empleo, de modo que la resolución reclamada constituye una dictada en etapa de ejecución de sentencia susceptible de impugnarse mediante recurso de apelación; ello, en términos del numeral 513 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, que establece: "Artículo 513.- Las resoluciones que tiendan directamente a ejecutar las sentencias, serán irrecurribles. Las demás resoluciones que se dicten en esta etapa serán impugnables mediante el recurso de apelación, el cual se admitirá en efecto devolutivo". Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, así como el numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, se sobresee en este juicio de amparo promovido por ********************. El sobreseimiento por la causal de improcedencia decretada impide el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa en la demanda de amparo; atento a la jurisprudencia II.3o.J/58 publicada en la foja 57del tomo 70, octubre de 1993, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". QUINTO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia mediante el testado de todos los datos personales de las partes; procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. En mérito a lo expuesto y fundado legalmente, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, por propio derecho, contra el proveído de cuatro de mayo de dos mil veintitrés dictado por el juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, en el expediente ********************; por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    P 513/2023, mesa 5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de julio de dos mil veintitrés. Diferimiento de audiencia Vista la certificación de cuenta se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días hábiles previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes se impongan del informe justificado que rindió la autoridad responsable juez Segundo de lo Familiar del distrito judicial del Centro, Oaxaca, pues quedaron notificadas del mismo el dieciocho de julio del año en curso. Por lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y se fijan, para tal efecto, las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL NUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 54/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, abril del año dos mil, página 5, registro 191995 del rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO". Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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