Julio César Corona Mendoza
Expediente 323/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 6 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 323/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 17/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Julio César Corona Mendoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Colima, Colima, diecisiete de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta a través del cual la Actuaria del Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en atención a las diversas solicitudes realizadas por este órgano jurisdiccional, devuelve el exhorto ******; por tanto, este juzgador ordena que dicho comunicado debe obrar como constancia, en virtud de que mediante proveído de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, se ordenó el archivo del expediente. Dese de baja dicha comunicación oficial y háganse las anotaciones correspondientes. Cúmplase.
- Principal
Colima, Colima, doce de julio de dos mil veintiuno. Del estado de autos se advierte que, mediante proveído de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, causó ejecutoria la sentencia dictada en autos y solicitó al ******, la devolución del exhorto 114/2020 (31/2020); sin que a la fecha haya acontecido esa circunstancia. Consecuentemente, con transcripción del presente proveído y de la manera más atenta, solicítese al titular del citado órgano jurisdiccional, que de no tener inconveniente legal alguno, se sirva devolver el exhorto 114/2020 (31/2020), en el estado en que se encuentre; lo anterior, para estar en aptitud de remitir el expediente en que se actúa al archivo definitivo. Cúmplase.
- Principal
Del estado procesal que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la Ley de Amparo establece para que, las parte quejosa de este juicio interponga el recurso correspondiente en contra la sentencia definitiva dictada en este juicio, sin que se haya presentado impugnación alguna para tal efecto; en tales condiciones con fundamento en los artículos 2º y 86, del mismo ordenamiento, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, toda vez que resulta innecesario el tomo de constancias formado con motivo de las constancias que acompañó la autoridad responsable a su informe justificado, devuélvanse para los efectos legales conducentes, solicitando el acuse de recibo correspondiente. En virtud de que no fue necesario emplazar a la tercera interesada Blanca Eliza Muñoz Benítez, solicítese de manera atenta al Juzgado Quinto de Distrito de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, devuelva el exhorto 114/2020 (31/2020), en el estado en que se encuentre, esto, para los efectos legales correspondientes. Archívese el presente juicio, como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el veinte de febrero de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, al tratarse de un expediente en el que se sobreseyó el juicio; asimismo, se advierte que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos del numeral 15, del aludido acuerdo, aplicado a contrario sensu. En ese sentido, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, se ordena la transferencia del presente expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. De conformidad con el artículo 35 del referido Acuerdo, el Secretario deberá hacer constar en la carátula del expediente en que se actúa, la leyenda: "Susceptible de Destrucción. Expediente sin relevancia documental", así como la fecha en que se ordena su archivo. Finalmente, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), tal y como lo dispone el artículo 29, cuarto párrafo, del acuerdo normativo invocado.
- Principal
V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 323/2020-II, promovido por el quejoso * * * , contra actos del Juez Segundo Mixto Familiar y Civil de Manzanillo, Colima, que estima violatorios de los artículos 1º, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O Q U E : PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el trece de julio de dos mil veinte, ante el secretario de guardia de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima, Julio César Corona Mendoza (en adelante, quejoso o agraviado o parte quejosa o parte agraviada), por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la justicia de la Unión, contra la autoridad y acto siguiente: ". III. AUTORIDADES RESPONSABLES: 1. JUEZ SEGUNDO MIXTO FAMILIAR Y CIVIL DE MANZANILLO, COLIMA. IV. ACTOS RECLAMADOS: 1. El derecho de audiencia y defensa en el procedimiento que se lleva a cabo ante el Juez Segundo Mixto Familiar y Civil de Manzanillo, Colima, en el expediente número 20-0106-124F. 2. El derecho de ser oído y vencido en juicio, el derecho de una defensa adecuada y conforme derecho. 3. El derecho de acceso ante el expediente número 20-0106-124F, ante el Juez Segundo Mixto Familiar y Civil de Manzanillo, Colima." SEGUNDO. Admisión y trámite la demanda. Por acuerdo de catorce de julio de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo y se registró como expediente 323/2020-II; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se ordenó la intervención legal del Ministerio Público Federal aquí adscrito (quien no formuló pedimento); se ordenó emplazar como tercero interesado Blanca Eliza Muñoz Benítez; y, se fijó día y hora para el desahogo de la audiencia constitucional. Una vez exhibido en autos el informe justificado y seguidos los trámites legales, el treinta de noviembre de dos mil veinte, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O Q U E : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 94, párrafo primero, 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; PRIMERO, fracción XXXII, SEGUNDO, fracción XXXII, número 3, TERCERO, fracción XXXII, CUARTO, fracción XXXII, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; por reclamarse un acto de autoridad, en cuya entidad este juzgado tiene jurisdicción territorial. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. Conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo y su interpretación por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. VI/2004, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así como, del análisis integral del escrito de demanda y de las constancias de autos, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como acto reclamado, a saber: El proveído dictado el cuatro de febrero de dos mil veinte, en el expediente 20-0106-124F, del índice del Juzgado Segundo Mixto Familiar y Civil de Manzanillo, Colima. Tiene sustento lo anterior, en la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Una vez precisado el acto reclamado, lo procedente es verificar su existencia, porque de acuerdo con la técnica que rige al juicio de amparo, se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier otra cuestión jurídica; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de amparo sea procedente. TERCERO. Análisis respecto a la existencia o inexistencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, por los motivos siguientes: Del contenido del informe justificado que presentó la autoridad responsable en el juicio constitucional se desprende lo siguiente: La Juez Segundo Mixto Familiar y Civil de Manzanillo, Colima, aceptó la certeza del acto reclamado, pues refirió que en ese órgano jurisdiccional se tramita el expediente 20-0106-124F, relativo a las controversias de guarda y custodia y pensión alimenticia, promovidas por Blanca Eliza Muñoz Benítez -tercera interesada- en contra de Julio César Corona Mendoza -quejoso-, en el que, el cuatro de febrero de dos mil veinte, se fijó una pensión provisional del cuarenta por ciento de las percepciones del demandado en favor de sus hijos menores de edad Iker Mateo, Andrés Josué y Julia Nazareth de apellidos Corona Muñoz. Es aplicable la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la existencia del acto reclamado está corroborada con las constancias que la jueza responsable anexó a su informe con justificación, consistentes en copias certificadas del expediente 20-0106-124F, a las que este juzgador les reconoce pleno valor probatorio, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo; lo anterior, por ser documental pública. Es aplicable la jurisprudencia 226, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." En vista de lo anterior, debe tenerse plenamente demostrado el acto reclamado, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Los artículos 62, 64 y 65 de la Ley de Amparo, ordenan que previamente al análisis de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa contra el acto reclamado cuya existencia demostró, procede el estudio de las causales de improcedencia o sobreseimiento que hagan valer las partes o se adviertan de oficio, por ser de orden público y de estudio preferente a cualquier otra cuestión planteada. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 158, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Dicho estudio debe hacerse previo al análisis de fondo del asunto, pues de actualizarse alguna causa de improcedencia, haría innecesario el examen de la controversia constitucional planteada. Ilustra lo antes expuesto, la tesis que dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSAL DE. AL ACREDITARSE ES INNECESARIO ENTRAR AL ESTUDIO DEL FONDO DEL ASUNTO Y DE LAS PRUEBAS APORTADAS. Al actualizarse una causal de improcedencia el juez de Distrito no está obligado a entrar al estudio del fondo de la materia del amparo, y mucho menos a analizar las pruebas que aportó en la audiencia constitucional, pues dado el orden público de este procedimiento la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio, lo aleguen o no las partes." Es aplicable, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 268, que dice: "IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada una de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento." En el particular, este órgano de control constitucional considera que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, respecto al auto del proveído dictado el cuatro de febrero de dos mil veinte, en el expediente 20-0106-124F, del índice del Juzgado Segundo Mixto Familiar y Civil de Manzanillo, Colima, en atención a que no se observó el principio de definitividad previamente a la interposición de este juicio de amparo, precepto que establece: "Artículo. 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicado, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitucion Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" El precepto transcrito, alude a uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de garantías, en la especie, el de definitividad, consistente en que por tratarse de un medio extraordinario de defensa, solo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto reclamado. Luego, basta la simple lectura de la fracción en comento, para concluir que para su actualización, deben concurrir los requisitos siguientes: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa así previsto dentro del procedimiento en que emitió la actuación reclamada; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y, e) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto y o cualquier otra parte de la ley. Por su parte, los artículos 686, 687, fracción III, inciso i) y 950 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, establecen lo siguiente: "Artículo 686.- A través del recurso de apelación el Tribunal de Alzada podrá revocar, modificar el auto o la sentencia recurridos o confirmar la resolución apelada, ello a solicitud de la parte agraviada, con excepción de lo dispuesto en el artículo 715 de este Código." "Artículo 687.- El Recurso de Apelación procede: [.] III.- Contra los autos definitivos o los que independientemente de que tengan ese carácter: i) Causen un gravamen que no pueda repararse en la sentencia definitiva." "Artículo 950.- Salvo los casos previstos por el artículo 699 de este Código, en los que el recurso de apelación procede en ambos efectos, en los demás casos solo se admitirá en el efecto devolutivo. Las resoluciones sobre alimentos que fueren apeladas, se ejecutarán sin el otorgamiento de fianza." Del primer artículo transcrito, se desprende que el recurso de apelación, tiene por efecto revocar o modificar el auto o sentencia recurrida o confirmar la resolución impugnada ante el Tribunal de Alzada, el cual se promoverá por regla general a instancia de parte agraviada, pues establece la revisión oficiosa por el Tribunal revisor en la sentencias recaídas sobre la nulidad de relación conyugal. Por su parte, del segundo precepto citado se desprenden las hipótesis en las cuales procederá el recurso de apelación, entre las que se encuentra los autos definitivos o lo que independientemente de que tengan ese carácter causen un gravamen que no pueda repararse en la sentencia definitiva o interlocutoria, pues a partir de su ejecución afectan derechos sustantivos protegidos por la Constitución y por los tratados internacionales de los que México es parte. Ahora, el último precepto dispone que en las controversias del orden familiar salvo los casos previstos por el artículo 699 de este Código, en los que el recurso de apelación procede en ambos efectos, en los demás casos solo se admitirá en el efecto devolutivo. Las resoluciones sobre alimentos que fueren apeladas, se ejecutarán sin el otorgamiento de fianza. Ahora bien, de las constancias que integran el presente juicio y de las pruebas aportadas por las partes, se acredita que la parte quejosa reclama el proveído dictado el cuatro de febrero de dos mil veinte, en el expediente 20-0106-124F, del índice del Juzgado Segundo Mixto Familiar y Civil de Manzanillo, Colima, que fijó el cuarenta por ciento de todas las percepciones ordinarias y extraordinarias después de las deducciones legales que percibe el demandado Julio César Corona Mendoza -quejoso-, por concepto de pensión alimenticia provisional a favor de los menores Iker Mateo, Andrés Josué y Julia Nazareth de apellidos Corona Muñoz, con motivo de la demanda que presentó Blanca Eliza Muñoz Benítez, por su propio derecho y en representación de los citados menores, en la vía de controversias del orden familiar. En ese sentido, el acto reclamado -proveído de cuatro de febrero de dos mil veinte- es un auto que, de conformidad con el artículo 687, fracción III, inciso i), del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, es impugnable a través del recurso de apelación, pues aunque no es un acto definitivo dentro del juicio causa un gravamen que no puede repararse en sentencia definitiva o interlocutoria pues afecta los derechos sustantivos del quejoso. Sustenta lo anterior la jurisprudencia establecida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 8, tomo I, Décima Época, junio de dos mil dieciocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Cabe señalar que en el presente caso, no se actualiza ninguno de los supuestos de excepción que prevén los incisos a), b) y c), de la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior, toda vez que el acto reclamado, no importa peligro de la privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber, la pena de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualquier otra pena inusitadas y trascendentales; así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco se reclama una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niega la libertad bajo caución o en el que se establezcan los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o que afecte la libertad personal de la quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. Aunado a lo anterior, el quejoso no es tercero extraño a juicio en estricto sentido, ya que es parte en la controversia del orden familiar 20-0106-124F, seguido ante el Juzgado Segundo Mixto Familiar y Civil de Manzanillo, Colima. No es óbice lo manifestado por el quejoso en su demanda de amparo, en el sentido de que se le prohíbe comparecer al proceso, ya que no se advierte así de actuaciones, además, al ser parte puede comparecer al juicio de origen y hacer valer sus derechos correspondientes. En efecto, estimar lo contrario equivaldría a considerar que en contra de cualquier acto dictado en un procedimiento civil, procede el juicio de amparo indirecto sin atender el principio de definitividad, toda vez que el juicio de amparo no es un recurso, sino un medio extraordinario de defensa que se sigue en contra de los actos de las autoridades. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1ª./J 44/2012(10ª.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro X, del mes de julio de dos mil doce, Tomo 1, página 729, cuyo epígrafe y sinopsis textuales son las siguientes: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." Por otra parte, aun si se tratara de esa clase de actos de -imposible reparación-, el juicio de amparo indirecto sólo procede, previo a que se agote el principio de definitividad. Asimismo, no pasa desapercibido para este Juzgador la jurisprudencia 1ª./J. 77/2013 (10ª) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO"; toda vez que en el presente asunto no se actualiza tal supuesto de excepción, debido a que según se advierte de la contradicción de tesis de la que deriva dicha jurisprudencia, se determinó que será posible dejar de observar la regla del agotamiento de los recursos ordinarios, cuando se esté en el caso de que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Norma Fundamental o éstos no existan en la legislación ordinaria o no se le haya permitido a la persona menor de edad agotar dichos recursos o haya un retraso injustificado por parte de las autoridades ordinarias para producir una decisión definitiva; circunstancia que en la especie no acontece pues el promovente del amparo es mayor de edad y el auto que se analiza (fijación de pensión) está dirigida a él en beneficio de sus menores hijos Iker Mateo, Andrés Josué y Julia Nazareth de apellidos Corona Muñoz. Esto es así, en atención a que la parte quejosa al tener el carácter de parte en el juicio de origen, tiene la posibilidad de agotar los recursos ordinarios procedentes en defensa de sus derechos. En mérito de lo anterior expuesto, debe decirse que el acto reclamado ?auto de cuatro de febrero de dos mil veinte? por Julio César Corona Mendoza -quejoso-, en modo alguno puede ser nulificado en esta vía constitucional intentada, ya que en tratándose de actos como el que en la especie se analiza, debe cumplirse con el principio de definitividad que señala el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en atención a que, tal ilegalidad puede impugnarse dentro del procedimiento judicial de donde se hace derivar el acto, a través del recurso de apelación. En consecuencia, resulta inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, y lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de la materia. Similar criterio sostuvo el Tribunal Colegiado de este Circuito al resolver el amparo en revisión 2/2016. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que no se encuentre emplazada al juicio de amparo la tercera interesada Blanca Eliza Muñoz Benítez, ya que el sentido de la presente determinación no le perjudica, por lo que en aras del artículo 17 constitucional, sería ocioso retardar el presente juicio a fin de emplazar a la antes nombrada, siendo notorio que la resolución la beneficia. Se invoca en apoyo la tesis de jurisprudencia 531, publicada en la página 349, Apéndice de 1995, Materia común, Séptima Época, que dice: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCION LO BENEFICIARA. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercer perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa iregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada." Asimismo, la diversa tesis publicada en la foja 575, Tomo XIV, Julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que establece: "EMPLAZAMIENTO, FALTA DE. REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO IMPROCEDENTE CUANDO SE SOBRESEE EN EL JUICIO. La finalidad perseguida por el artículo 91, en su fracción IV, de la Ley de Amparo, de reponer el procedimiento al advertirse que en forma indebida no fue oída alguna de las partes que tuviera derecho de intervenir conforme a la ley, como lo es el tercero perjudicado, debe entenderse en el sentido de que en un juicio constitucional no queden firmes las irregularidades procesales que pudieran lesionar los intereses de alguna de las partes, lo que no sucedería en el caso de sobreseimiento decretado por el juez federal pues no perjudica a dicho tercero y, por ende, no puede producirle beneficio alguno la reposición del procedimiento." QUINTO. Decisión. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 64, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, S E R E S U E L V E : ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por el quejoso * * contra el acto que reclamó del Juez Segundo Mixto Familiar y Civil de Manzanillo, Colima; por los motivos expuestos en el considerando cuarto de la presente resolución.
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