Julio César Conchas López

Expediente 1880/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1880/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
18/12/2018

Partes del expediente

  • Julio César Conchas López

Actuaciones

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado de autos, se advierte que la notificación de la resolución de diez de octubre del año en curso (fojas 20 a la 24), se efectuó a la parte quejosa el once siguiente (foja 24 vuelta), surtió sus efectos al siguiente día hábil, sin que se haya interpuesto recurso alguno, dentro del término que prevé el numeral 86 de la legislación de la materia; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los preceptos 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición expresa en su ordinal 2°, se declara que dicha determinación ha CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el dispositivo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente como totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. De igual manera, en acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es destruible. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción II, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues se sobreseyó en el presente juicio de garantías, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es destruible, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno. Sin que haya lugar a hacer pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. Finalmente, devuélvase a la Junta Especial número Cinco de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, las constancias relativas al acto reclamado, que en su oportunidad exhibió en apoyo a su informe justificado, consistente en las copias certificadas del expediente laboral 80/2016, de su índice, en un tomo.

  2. Principal

    ** TEPIC, NAYARIT, DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este órgano jurisdiccional el veintiuno de septiembre del año que transcurre (fojas 136 a 139), el Subdelegado de Prestaciones y Jefa del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Nayarit, con sede en esta ciudad, manifestaron la forma en que dieron cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de veinticuatro del mes pasado (foja 140), se dio vista a la parte quejosa con el referido oficio y anexos, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este juzgado de distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la aludida parte procesal el veinticinco de septiembre de la anualidad que transcurre (foja 141); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió del veintisiete de septiembre al uno del mes en curso, sin que se realizaran manifestaciones respecto al cumplimiento. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "***Ahora bien, de la ejecutoria emitida el nueve de agosto de la presente anualidad (fojas 116 a 129), por el Pleno del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, dentro de los autos del amparo en revisión 578/2018 de su índice, relativo al diverso 125/2018 de la estadística del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, se aprecia que confirmó la sentencia emitida por este órgano jurisdiccional el diecinueve de enero de la presente anualidad (fojas 56 a 77), por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para los siguientes efectos: "a) Que las responsables dejen insubsistente el oficio reclamado -ISS0.018.300.302.6.1514/2017, de siete de noviembre de dos mil diecisiete; b) Emita otra en la que, para garantizar el principio de supremacía constitucional, inapliquen a la quejosa la incompatibilidad que contempla el artículo 51, fracción I, inciso a), en relación con el numeral 57, ambos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (abrogada) y declare procedente la reactivación de la pensión por viudez solicitada por la quejosa, sin que en lo subsecuente pueda fundarse en esa norma. c) Como consecuencia, le pague las pensiones no cubiertas a partir del citado oficio hasta la cumplimentación de la sentencia; y, d) Respecto de las pensiones anteriores a la emisión del oficio impugnado, determine las cantidades que, por pensiones vencidas, legalmente procedan a favor de la pensionada." Bajo ese contexto, a través del oficio presentados en la oficialía de partes de este juzgado el veintiuno de septiembre de la anualidad en curso, (fojas 136 a 139), el Subdelegado de Prestaciones y Jefa del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Nayarit, con sede en esta ciudad, realizaron lo siguiente: 1. Mediante oficio ISS.018.300.302.6.1579/2018 de diez de septiembre del año en curso, dejaron sin efectos el diverso ISS.018.300.302.6.1514/2017 de siete de noviembre de dos mil diecisiete, inaplicaron la incompatibilidad que contempla el artículo 51, fracción I, inciso a), en relación con el numeral 57, ambos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (abrogada), por lo que declararon procedente la reactivación de la pensión por viudez solicitada por la quejosa (foja 139). 2. Realizaron el pago retroactivo de las prestaciones de su pensión por viudez relativas al uno de marzo de dos mil quince al mes de octubre del año en curso, como lo acreditaron con las constancias remitidas, de las cuales se aprecia las operaciones aritméticas que efectuaron para determinar la cantidad líquida a devolver. (fojas 137 y 138); asimismo, en el recibo de pago respectivo consta la firma de recepción de la quejosa, así como la fecha en que esto se llevó a cabo, el veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; además, que no se tramitó incidente de suspensión; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de amparo y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. **

  3. Principal

    Tepic, Nayarit, nueve de octubre de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el comunicado telegráfico enviado por el Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, mediante el cual, en atención al comunicado 40631/2018 de diecinueve de septiembre de este año (foja 153), manifiesta que no puede remitir la información requerida, pues de conformidad al artículo 148 de la Ley Agraria, dicho órgano tiene a su cargo únicamente la función registral en materia agraria, asimismo, que la información solicitada por este juzgado es respecto de un predio, el cual dice, corresponde a una propiedad tipo urbana, ya que éste cuenta con calle y número de identificación; asimismo, expone que de considerarse necesario se requiera a la delegación de dicho ente, en el Estado de Nayarit. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el oficio respectivo a los presentes autos y con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus derechos legales convenga; sin perjuicio de relacionarlo en el periodo correspondiente dentro del desahogo de la audiencia constitucional que al efecto se celebre. Finalmente, sin que haya lugar a requerir al delegante del órgano ocursante, pues el requerimiento correspondiente a éste, se formuló el diecinueve de septiembre de este año mediante oficio 40639/2018 (foja 153).

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIEZ DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la certificación que antecede, se advierte que no se interpuso medio de impugnación en contra de la resolución emitida ocho de agosto del presente año (fojas 79 a 94); en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los preceptos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa en su numeral 2, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. En ese tenor, visto el sentido de dicha sentencia, de conformidad a lo dispuesto por el ordinal 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Recaudador de Rentas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio de notificación correspondiente, dé cumplimiento al fallo protector concedido. Asimismo, con sustento en el dispositivo 192, párrafo tercero de la actual ley de amparo, requiérase al Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, en su carácter de superior jerárquico, para que ordene al Recaudador responsable, a dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo. Apercibidas que de no hacerlo sin causa justificada, con apoyo en los numerales 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá a cada una de ellas una medida de apremio consistente en multa por el equivalente a cien días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México. En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. Además, se les hace del conocimiento a las citadas autoridades que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este Órgano Jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo los Titulares respectivos dejaran el cargo que desempeñan, seguirán teniendo responsabilidad, conforme lo prevén los artículos 193 y 269 de la ley citada.

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