Julio Cesar Cisneros Gil
Expediente 332/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 332/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Julio Cesar Cisneros Gil
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, quince de octubre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del auto de dieciséis de junio de dos mil veinte, en el cual se desechó la demanda de derechos fundamentales, sin que lo haya hecho valer. Por tanto, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para todos los efectos legales procedentes. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de derechos fundamentales, no es de relevancia documental, por lo que, el expediente impreso que en su momento se forme [de conformidad con el artículo 17 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo], es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso d), del Acuerdo General; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al haberse tramitado la demanda electrónicamente. Finalmente, una vez que se encuentre integrado el expediente físico, se ordena indicar la valoración en la carátula del expediente, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese por lista a las partes, debiéndose enviar por correo electrónico a la administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, catorce de octubre de dos mil veinte. RECEPCIÓN OFICIO. Intégrese a los autos únicamente para que obre como en derecho corresponda el oficio del Juez de lo Penal de Tehuacán, Puebla, sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, toda vez que el dos de octubre del presente año, el citado juez, dio cumplimiento al proveído de nueve de septiembre del año en curso, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Cúmplase.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dos de octubre de dos mil veinte. Intégrese a sus autos el oficio 1424-I, del Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, con un anexo, por medio del cual devuelve sin diligenciar el despacho 239/2020, orden 308/2020, a fin de notificarle al quejoso Julio Cesar Cisneros Gil, los proveídos de dieciséis de junio y tres de agosto, ambos del año en curso, de lo que toma conocimiento el suscrito Juez Federal. En consecuencia, dese de baja la comunicación oficial en comento y háganse las anotaciones de ley en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Ahora bien, vista la razón asentada por el diligenciario en funciones del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, en la cual hizo constar su imposibilidad jurídica de notificar en forma personal al quejoso Julio Cesar Cisneros Gil, los autos de dieciséis de junio y tres de agosto de los corrientes, por las razones que en la misma se precisan. En consecuencia, háganse por lista las notificaciones de los autos de mérito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, así como las subsecuentes notificaciones que recaigan, aún las de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio procesal. Sirve de apoyo la Jurisprudencia en Materia Común, de la Novena Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVII, Abril de 2008, con la clave 1a./J. 20/2008, visible en la página: doscientos treinta y ocho, cuyo rubro que dice: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES." Notifíquese por lista a la parte quejosa, así como los diversos autos de dieciséis de junio y tres de agosto, ambos del año en curso, debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020. ACUERDO DE 16 DE JUNIO DE 2020 San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de junio de dos mil veinte. A. Ponderaciones previas, formación y radicación del juicio de amparo. Visto lo de cuenta, se advierte que ante la emergencia mundial sanitaria, derivada de la pandemia ocasionada por la propagación del virus COVID-19, mediante Acuerdo General 8/2020, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal implementó -entre otras cuestiones no menos importantes- un nuevo esquema de operación en el ámbito jurisdiccional, en el que se privilegió la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales, a la vez que se inició una primera etapa del restablecimiento de la actividad jurisdiccional a mayor escala. Esquema de trabajo que se estableció durante el período del seis al treinta y uno de mayo de dos mil veinte y entraría en vigor a partir del primer día de dicho período. Uno de los puntos que se acordaron consistió en el levantamiento de la suspensión de plazos y términos procesales, única y exclusivamente para el trámite, estudio y resolución de aquellos casos que se hubieren tramitado mediante juicio "en línea", derivado del implemento -como eje rector- de la utilización de tecnologías de la información y de las comunicaciones, considerando que durante la etapa de contingencia se podría actualizar el mayor número de contagios por COVID-19 y, a la vez, el aseguramiento de la existencia de mecanismos de acceso a la justicia ante posibles violaciones de los derechos humanos, en términos de las disposiciones del capítulo III de dicho acuerdo plenario. Asimismo, el propio Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante Acuerdo General 10/2020 de veinticinco de mayo de dos mil veinte, decidió ampliar el plazo de vigencia del citado acuerdo 8/2020 al quince de junio de dos mil veinte, a fin de garantizar la continuidad y mejor funcionamiento del esquema de trabajo implementado y, así, mantener la impartición de justicia a nivel federal dentro de los esquemas efectuados frente a la emergencia sanitaria. Sin embargo, en atención a la continuada prolongación del período de contingencia sanitaria, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 13/2020, a través del cual -entre otras cuestiones no menos trascendentes- fortaleció el nuevo esquema de operación en el ámbito jurisdiccional, manteniendo como eje rector la adopción de medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales, pero dando paso a una segunda etapa de restablecimiento de la actividad jurisdiccional a mayor escala, como la nueva posibilidad de recibir asuntos presentados por medios electrónicos. Esquema renovado que se estableció durante el período del dieciséis al treinta de junio de dos mil veinte y entraría en vigor a partir del primer día de dicho período, tal como se desprende de su artículo primero transitorio. Ahora bien, de la certificación secretarial que antecede se advierte que la demanda de amparo -con la que se da cuenta- fue recibida el cinco de abril de dos mil veinte -electrónicamente- ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y que la misma no cuenta con la evidencia criptográfica que preveía el artículo 76 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal -actualmente abrogado mediante Acuerdo General 12/2020, en la parte relativa a los órganos jurisdiccionales a cargo del consejo-. Es decir, dicha demanda se presentó antes de que entrara en vigor el mencionado acuerdo 13/2020 y en la vigencia del diverso 8/2020, cuando únicamente estaba implementado el sistema de reanudación en el trámite y resolución de los "juicios en línea" ya radicados en los órganos jurisdiccionales, resultando la principal razón por la que este órgano de control constitucional no la tuvo por recibida al momento de su presentación, no obstante que se realizó electrónicamente el cinco de abril de dos mil veinte. Aunado a lo anterior, el planteamiento propuesto en la demanda de amparo no justificó su radicación y trámite al momento de su presentación, porque -se estimó- no se ubicó en algunos de los supuestos de urgencia que prevén los artículos 15 de la Ley de Amparo y 48, fracciones I, III, a IX, XI y XII del Acuerdo General del Pleno Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, ni tampoco se trató de un asunto que a criterio del suscrito se haya equiparado a aquéllos a los que refieren dichos ordenamientos; ello, después de realizar un análisis de: i) los derechos humanos en juego, la trascendencia de su eventual trasgresión y las consecuencias que pudiera traer la espera en la conclusión del periodo de contingencia, cuya extensión y ramificaciones se apartan de las de un simple receso; y, ii) los posibles impactos diferenciados e interseccionales sobre el acceso a derechos económicos y sociales para colectivos y poblaciones en especial situación de vulnerabilidad. Ciertamente, más allá de la procedencia o no de la demanda de amparo promovida, se trata de un asunto de los denominados en la práctica como "buscadores", en los que la parte quejosa señala como responsables a diversas autoridades jurisdiccionales y/o administrativas de la emisión y ejecución de una orden de privativa de libertad, con una sola residencia o con residencia en todo el País. En ese sentido, el suscrito no consideró procedente recibir, radicar y, por ende, tramitar la demanda que nos ocupa en el momento de su presentación, privilegiando el esquema de trabajo implementado mediante Acuerdo General 8/2020, es decir, primero preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal del órgano jurisdiccional; y después, dar prioridad -desde luego- a los asuntos catalogados como urgentes por disposición expresa, así como a las demandas en las que se reclamaron órdenes de aprehensión y se proporcionaron datos de las causas penales y de las autoridades que las emitieron. Para lo último, también se tomó en consideración la circular SECNO/7/2020 de seis de mayo de dos mil veinte, emitida por la Jueza Ileana Moreno Ramírez, Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, por medio de la cual dio a conocer la "Propuesta de solución a diversas consultas derivadas de la entrada en vigor del Acuerdo General 8/2020", en donde la Comisión Especial -en lo que interesa- aclaró lo siguiente: "(.) A partir de las consultas recibidas, se presenta el siguiente problemario: A. (.) (.) G. Reglas específicas para los órganos jurisdiccionales que conozcan de asuntos penales (.) 33. El artículo 4 del AG 8/2020 establece qué asuntos deben considerarse como urgentes, ¿están ahí comprendidos los juicios donde se reclamen órdenes de aprehensión? El listado contemplado en el artículo 4 del AG 8/2020 no es limitativo, pues parte de la base consistente en que las y los juzgadores tienen un amplio margen para determinar la urgencia con base en el planteamiento de cada demanda concreta, y además tomando en cuenta los elementos enunciados en los incisos a) y b) de la fracción IX del artículo 4 del AG 8/2020. Ahora bien, se reconoce que en las demandas puede haber una amplia variedad de cuestionamientos, especialmente cuando se impugnan órdenes de aprehensión, pues puede ser que se señalen los datos concretos de la autoridad que la ordenó y la causa penal en que se dictó; pero también es posible que se señale como responsable a autoridades administrativas y a todas y todos los jueces penales de una residencia o hasta del país (conocidos como amparos "buscadores"). En este sentido, los y las juezas de amparo están en posibilidad de valorar cada caso concreto para determinar su urgencia, por lo que no necesariamente debe dársele ese tratamiento a todas las demandas donde el acto reclamado sea una orden de aprehensión, dado que esta es una cuestión de valoración jurisdiccional a cargo de los órganos del Poder Judicial de la Federación. (.) En virtud de lo anterior y en cumplimiento al artículo 2, fracción IX, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo con el número 332/2020, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este Juzgado; asimismo, acuérdese lo que en derecho corresponda. B. Desechamiento. En la especie, el suscrito juzgador federal advierte que respecto de la demanda de amparo promovida por Julio César Cisneros Gil, presentada electrónicamente, se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 6 y 15, interpretados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, por lo que, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo. Se explica. Los citados preceptos disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona. (.) " De los preceptos legales transcritos se advierte que el juicio de amparo: a) Únicamente puede promoverse por parte de la persona a quien afecte la norma general o el acto reclamado; b) Se puede promover directamente por la parte afectada, por su representante y por su defensor, si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal; y, c) Puede promoverse por cualquier persona, incluso, por un menor de edad, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo. Conforme al contenido de las anteriores hipótesis normativas, se aprecia que la legislación reguló en el artículo 6 de la Ley de Amparo, tanto la legitimación activa en la causa, como la legitimación activa en el proceso, e incluso la personalidad. La legitimación procesal deriva de las normas que establecen quienes pueden ser partes en un proceso, esto es, por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de "ad procesum" y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio, es ejercitado por quien conforme a derecho está en aptitud de hacerlo valer, o bien, porque cuenta con la representación legal de dicho titular, por ende, los sujetos legitimados son aquellos que en el proceso pueden asumir la figura de actores del derecho de contradicción. En tanto, que la legitimación en la causa se identifica con la vinculación de quien invoca un derecho substantivo que la ley establece en su favor, y que hace valer mediante la intervención de los órganos jurisdiccionales cuando ese derecho es violado o desconocido; es decir, es la afirmación que hace el actor, el quejoso, el demandado o el tercerista, de la existencia de un derecho sustantivo, cuya aplicación y respeto pide el órgano de justicia, por encontrarse frente a un estado lesivo. Cobra aplicación la siguiente tesis: "LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO. Por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. La legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, mientras que la ad causam, lo es para que se pronuncie sentencia favorable." De lo antes señalado, se advierte que, la legitimación en el proceso, es un presupuesto procesal, pues se refiere a la capacidad de las partes para ejecutar válidamente actos procesales y, por tanto, es condición para la validez formal del juicio. En este orden de ideas, la hipótesis normativa prevista en el artículo 6° de la Ley de Amparo, relativa a que el juicio de amparo se puede promover directamente por la parte afectada, por su representante y por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, adopta el concepto de la legitimación procesal activa, pues como se dijo, esta última consiste en una potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación de un juicio; y en el juicio de amparo, tal potestad legal corresponde desde luego a la parte directamente afectada, a los representantes legales del quejoso, al defensor cuando el acto reclamado deriva de un procedimiento penal, y a cualquier persona en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Entonces, la propia interpretación literal del citado numeral, permite establecer que el juicio de amparo indirecto no puede promoverse por persona distinta de aquella a quien perjudique el acto reclamado, o que no sea su representante legal o su defensor, si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal o que no se ubique en el supuesto del artículo 15 de la Ley de Amparo. En efecto, el referido artículo 15, establece la posibilidad de que cualquier persona, aunque sea menor de edad, promueva el amparo a nombre de la persona física afectada por la norma general o el acto reclamado, sin embargo, dicha hipótesis requiere necesariamente dos requisitos, a saber: 1). Que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y, 2). Que el agraviado se encuentre imposibilitado para promover directamente el amparo. Por otro lado, es importante agregar que el artículo 3 de la ley de la materia dispone que el juicio de amparo puede ser promovido mediante la modalidad de juicio en línea, haciendo uso de las tecnologías de la información, mediante la firma electrónica regulada por el Consejo de la Judicatura Federal; asimismo, que al presentar una demanda en esta vía, deberá ingresarse el documento que contenga la demanda respectiva, acompañado, entre otras cosas, de la firma electrónica, que es el documento electrónico expedido por alguna de las autoridades certificadoras intermedias que asocia de manera segura y fiable la identidad del firmante con una llave pública, permitiendo con ello identificar quién es el autor o emisor de un documento electrónico. Por su parte, el artículo 2 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo -publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte- establece que la firma electrónica es el documento electrónico expedido por alguna de las autoridades certificadoras intermedias que asocia de manera segura y fiable la identidad del Firmante con una Llave Pública, permitiendo con ello identificar quién es el autor o emisor de un Documento Electrónico. Sentado lo anterior, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que: ( El quejoso Julio César Cisneros Gil reclama del 1. Juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, y otras autoridades administrativas, la orden de detención o aprehensión, o alguna diversa tendiente a privarlo de su libertad, y su ejecución. ( Que la demanda que nos ocupa no se encuentra firmada electrónicamente por el promovente Julio César Cisneros Gil, es decir, no cuenta con la evidencia criptográfica que preveía el artículo 76 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal -actualmente abrogado mediante Acuerdo General 12/2020, en la parte relativa a los órganos jurisdiccionales a cargo del consejo-. En tal sentido, tomando en consideración que la firma electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa; es inconcuso que si la demanda en análisis carece de la firma electrónica del quejoso Julio César Cisneros Gil, no se satisface el requisito de instancia de parte agraviada. Luego, la deficiencia apuntada no puede subsanarse mediante una prevención, por no constituir irregularidad de las previstas por el numeral 114 de la Ley de Amparo, en cuanto a omisión de algún requisito de los señalados en su numeral 108. En efecto, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el artículo 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar su escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte; máxime que no se encuentra dentro de los supuestos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Ciertamente, el artículo 15, párrafo primero parte final, de la Ley de Amparo, permite que cualquier persona, inclusive un menor de edad, pueda promover la demanda de amparo a nombre de otro; sin embargo, no se desprende alguna imposibilidad para que el agraviado directo pueda promover el amparo. En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. Norma el criterio del suscrito, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P./J. 8/2019 (10a.), cuyos rubro y texto, dicen: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." C. Domicilio. Se tiene como domicilio para recibir notificaciones de la parte promovente el que indica en su demanda de amparo, sin embargo, se suspende el presente asunto porque no se adecúa a los supuestos del acuerdo 13/2020, como se explica más adelante. D. Autorizado. Se hace constar que el quejoso no autorizó a persona alguna para oír y recibir notificaciones. E. Suspensión de plazos. El artículo 2, fracción IX y último párrafo, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, establece, por un lado, que durante el período del dieciséis al treinta de junio de dos mil veinte, se habilitan los días y horas que resulten necesarios para que los titulares de los órganos jurisdiccionales radiquen los asuntos nuevos recibidos por medios electrónicos y los órganos jurisdiccionales prosigan su trámite únicamente por vía electrónica, utilizando, en todo caso, videoconferencias para el desahogo de las diligencias que requieran presencia de las partes, cuando se puedan salvaguardar los derechos de las partes y los principios que rijan el procedimiento respectivo, a reserva de lo previsto en dicho Acuerdo para la materia penal. Por otro, que si las y los titulares advierten alguna circunstancia que impida la prosecución de algún asunto, asentarán cuál es el motivo y harán constar que, como consecuencia, se suspenden los plazos y términos procesales. Enunciativamente, estas circunstancias pueden incluir que, a juicio de la o el titular no pueda practicarse electrónicamente alguna diligencia o notificación, que alguna de las partes no pueda actuar de manera electrónica, que las autoridades no se encuentren laborando, o que en el órgano correspondiente no existan las condiciones para proseguir con el asunto sin poner en riesgo la salud o integridad de las partes y del personal, entre otras. En relación con lo anterior, los artículos 12, 13 y 14 del propio acuerdo, disponen -en esencia- lo siguiente: ( Que para todos los órganos jurisdiccionales, incluidos los que no estén de guardia, se levanta la suspensión de plazos y términos procesales, para la recepción, trámite, estudio y resolución de los asuntos con expedientes electrónicos integrados y en los que las partes estén autorizadas para actuar a través del Portal de Servicios en Línea, accediendo al expediente y notificándose por medios electrónicos. ( Que de lo anterior, se excluyen los expedientes en los que conforme a leyes adjetivas aplicables, aún queden pendientes por desahogarse notificaciones personales y cualesquiera otras audiencias o diligencias que involucren la presencia física de las partes u otros intervinientes en el proceso, y cuyo objeto o regulación impida su desahogo mediante videoconferencia. ( Que para la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, las partes o sus representantes deberán haber solicitado la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, mismas que el órgano jurisdiccional deberá haber autorizado. ( Que la actuación por ese medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. ( Que la tramitación de los juicios "en línea" continuará siempre y cuando no se requiera la práctica de notificaciones personales ni la exigencia de que las partes u otros intervinientes deban acudir físicamente al órgano jurisdiccional, conforme a la legislación aplicable; de lo contrario, se suspenderá la tramitación del asunto. En ese sentido, se considera que existen condiciones que impiden la prosecución del presente juicio, ya que la parte promovente no solicitó la autorización para consultar el expediente electrónico ni que las notificaciones se practicaran por ese medio, no obstante que la demanda de amparo se haya presentado por esa vía, lo cual conlleva que las notificaciones a las que se refiere el artículo 26, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, forzosamente deban practicarse de forma personal o por oficio entregado por el actuario, desnaturalizando la naturaleza del juicio "en línea" y el renovado esquema de trabajo propuesto por el Consejo de la Judicatura Federal. En efecto, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo -publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte-, para que un expediente se pueda tramitar "en línea" resulta determinante que, más allá de que la demanda, recurso, solicitud o promoción inicial se haya presentado a través del Portal de Servicios en Línea -como ahora acontece-, las partes tengan personas autorizadas para consultar, notificarse y actuar electrónicamente desde el Portal. Por ello, el Acuerdo General 13/2020 -multicitado-, prevé la recepción, tramitación y resolución de casos tramitados mediante juicio "en línea", asumiendo la posibilidad de dar continuidad a los juicios exclusivamente de forma electrónica, sin que sea posible la presentación de promociones físicas o la práctica de notificaciones personales o por oficio. De lo contrario, se suspenderá la tramitación del asunto; de ahí que la posibilidad de continuar con estos juicios depende de la factibilidad de su tramitación total por medios electrónicos. Lo anterior, cobra sustento con la circular SECNO/7/2020 de seis de mayo de dos mil veinte -anteriormente referida-, por medio de la cual se dio a conocer la "Propuesta de solución a diversas consultas derivadas de la entrada en vigor del Acuerdo General 8/2020", en donde la Comisión Especial -en lo que interesa- aclaró lo siguiente: "(.) A partir de las consultas recibidas, se presenta el siguiente problemario: A. (.) (.) B. Juicios en línea 8. ¿Qué se entiende por " juicio en línea"? ¿Se trata de las demandas presentadas electrónicamente, o de los casos en que alguna de las partes haya solicitado ser notificada por esa vía? Para que un expediente se pueda tramitar "en línea" resulta determinante que, más allá de que la demanda, recurso, solicitud o promoción inicial se haya presentado a través del Portal de Servicios en Línea, las partes tengan personas autorizadas para consultar, notificarse y actuar electrónicamente desde el Portal. Por ello, el capítulo III del AG 8/2020 prevé la tramitación y resolución de casos tramitados mediante juicio "en línea", asumiendo la posibilidad de dar continuidad a los juicios exclusivamente de forma electrónica, sin que sea posible la presentación de promociones físicas o la práctica de notificaciones personales o por oficio. De lo contrario, se suspenderá la tramitación del asunto. De esta forma, la posibilidad de continuar con estos juicios depende de la factibilidad de su tramitación total por medios electrónicos. Ahora bien, para lograr lo anterior, es importante recordar que el artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo prevé que cuando lo requiera el orden público, puede ordenarse que la notificación se haga a las autoridades responsables por cualquier medio oficial (como podría ser el correo electrónico), lo cual podría hacerse en caso de que aquéllas continúen laborando y no cuenten con firma electrónica. Por su parte, el artículo 30 del mismo ordenamiento indica las reglas para las notificaciones por vía electrónica, o las partes podrían solicitar la notificación por lista, aún de las notificaciones personales. (.) En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 2, último párrafo, y 14 del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, no correrán plazos ni términos en el presente asunto y se mantendrá la suspensión del procedimiento hasta el treinta de junio de dos mil veinte, o bien, hasta que el Consejo de la Judicatura Federal lo determine, con la salvedad que la parte promovente continúe su juicio en línea, esto es, con la satisfacción de los requisitos establecidos en los citados acuerdos. Asimismo, se reserva la notificación del presente acuerdo, ya que de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso j), de la ley de la materia, y tomando en consideración la naturaleza de la presente determinación (desechamiento integral de la demanda de amparo), ésta se debe practicar personalmente, lo cual está vedado por el último acuerdo general mencionado, para esta clase de asuntos (no urgentes). F. Transparencia y Acceso a la Información Pública. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. G. Digitalización. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. H. Exhortación a las partes para continuar su juicio en línea. Finalmente, con fundamento en los artículos 1º, fracción I, y 2, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020, se exhorta a las partes que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y que proporcionen a este juzgado un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para establecer un contacto en este período de contingencia, sin que ello implique que puedan presentar promociones ni notificarse por esos medios. Cúmplase. ACUERDO DE 3 DE AGOSTO DE 2020 San Andrés Cholula, Puebla, tres de agosto de dos mil veinte. A. Ponderaciones previas y levantamiento de la suspensión del procedimiento. Visto lo de cuenta, se advierte que ante la emergencia mundial sanitaria, derivada de la pandemia ocasionada por la propagación del virus Covid-19, mediante Acuerdo General 8/2020, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal implementó -entre otras cuestiones no menos importantes- un nuevo esquema de operación en el ámbito jurisdiccional, en el que se privilegió la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales, a la vez que se inició una primera etapa del restablecimiento de la actividad jurisdiccional a mayor escala. Esquema de trabajo que se estableció para el período del seis al treinta y uno de mayo de dos mil veinte y entraría en vigor a partir del primer día de dicho período. Uno de los puntos que se acordaron consistió en el levantamiento de la suspensión de plazos y términos procesales, única y exclusivamente para el trámite, estudio y resolución de aquellos casos que se hubieren tramitado mediante juicio en línea, derivado del implemento -como eje rector- de la utilización de tecnologías de la información y de las comunicaciones, considerando que durante la etapa de contingencia se podría actualizar el mayor número de contagios y, a la vez, el aseguramiento de la existencia de mecanismos de acceso a la justicia ante posibles violaciones de los derechos humanos, en términos de las disposiciones del capítulo III de dicho acuerdo plenario. Asimismo, el propio Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante Acuerdo General 10/2020 de veinticinco de mayo de dos mil veinte, decidió ampliar el plazo de vigencia del citado acuerdo 8/2020 al quince de junio de dos mil veinte, a fin de garantizar la continuidad y mejor funcionamiento del esquema de trabajo implementado y, así, mantener la impartición de justicia a nivel federal dentro de los esquemas efectuados frente a la emergencia sanitaria. No obstante, en atención a la continuada prolongación del período de contingencia sanitaria, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 13/2020, a través del cual -entre otras cuestiones no menos trascendentes- fortaleció el nuevo esquema de operación en el ámbito jurisdiccional, manteniendo como eje rector la adopción de medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales, pero dando paso a una segunda etapa de restablecimiento de la actividad jurisdiccional a mayor escala, como la nueva posibilidad de recibir asuntos presentados por medios electrónicos. Esquema renovado que se estableció para el período del dieciséis al treinta de junio de dos mil veinte y entraría en vigor a partir del primer día de dicho período, tal como se desprende de su artículo primero transitorio. Aunado a lo anterior, con el objetivo de dar continuidad a las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus, así como reanudar las actividades jurisdiccionales en mayor escala dentro del Poder Judicial de la Federación, mediante Acuerdos Generales 15/2020 -de veinticinco de junio de dos mil veinte- y 18/2020 -de diez de julio del presente año-, el propio Pleno del Consejo de la Judicatura Federal decidió ampliar el plazo de vigencia del citado acuerdo 13/2020. Primero, al quince de julio de dos mil veinte y, después, al treinta y uno de julio del año en curso. Finalmente, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, mediante el cual reactiva en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, como una tercera etapa del restablecimiento de la actividad jurisdiccional, a través de la reactivación de plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones, pero subsistiendo las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia provocada por la pandemia, insistiendo en la utilización de tecnologías de la información y de comunicaciones, el trabajo a distancia y el máximo aprovechamiento de las actividades productivas de los órganos jurisdiccionales. Esquema renovado que se estableció para el período del tres de agosto al treinta y uno de octubre de dos mil veinte y entraría en vigor a partir del primer día de dicho período. Haciendo hincapié que en su primer artículo transitorio amplió la vigencia del Acuerdo General 13/2020 al dos de agosto del año en curso. En ese sentido, con fundamento en su artículo 2, fracción I, hágase saber a las partes que a partir de esta fecha queda levantada la suspensión de los plazos y términos procesales decretada del dieciocho de marzo al dos de agosto de dos mil veinte, mediante auto de dieciséis de junio pasado, en el entendido de que el levantamiento de la suspensión implica la reanudación de los plazos en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. B. Medidas del levantamiento de la suspensión. 1. En auto de dieciséis de junio del año en curso, se desechó la demanda de amparo presentada -aparentemente- por Julio César Cisneros Gil, por propio derecho, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 6 y 15, interpretados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo. 2. Asimismo, a pesar de que la demanda de amparo se recibió electrónicamente, se ordenó la suspensión del procedimiento ante la existencia de condiciones que impedían la prosecución del mismo a través de medios electrónicos o del esquema de juicio "en línea" ante el Portal de Servicios en Línea y, además, se reservó la notificación personal de dicho proveído a la parte promovente, tomando en consideración que en Acuerdo General 13/2020 -ampliado en su vigencia por los diversos 15/2020 y 18/2020- se prohibió la práctica de notificaciones personales, con la excepción de las urgentes y de las que implicaran la libertad personal. En virtud de lo anterior y toda vez que se ha levantado la suspensión del procedimiento mediante Acuerdo General 21/2020, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso j), de la Ley de Amparo, se ordena notificar personalmente a la parte quejosa, por medio de despacho el auto dictado el dieciséis de junio de dos mil veinte y la presente determinación en el domicilio designado para tal efecto (domicilio convencional señalado en la demanda de amparo), para lo cual, el funcionario deberá ceñirse a lo dispuesto en los artículos 2, fracción III, y 23 del citado Acuerdo General. Toda vez que de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señaló como domicilio la privada Gardenia 2426 B, colonia Amapola Anahuac, San Nicolás Teticintla, en Tehuacán, Puebla; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, instruyan al diligenciario o diligenciaria de su respectiva adscripción, a efecto de que notifiquen al quejoso Julio Cesar Cisneros Gil, para lo cual deberán ceñirse a las formalidades establecidas en el artículo 27, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, esto es, única y exclusivamente, deberá realizar lo siguiente: Se constituya en el domicilio ubicado en la privada Gardenia 2426 B, colonia Amapola Anahuac, San Nicolás Teticintla, en Tehuacán, Puebla; Busquen al citado quejoso y se cercioren de su identidad; Le hagan saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla-, así como el número de expediente - juicio de amparo 332/2020; Notifiquen al aludido quejoso el presente proveído y el diverso de dieciséis de junio de dos mil veinte. Le corran traslado con copia autorizada de los citados acuerdos. Asienten razón en el sentido de si la parte quejosa quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentren facultadas las personas encargadas de realizar las diligencias encomendadas, para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificaciones. Lo requiera en el acto de la diligencia o le haga saber que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, comparezca ante este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal con sede en San Andrés Cholula, Puebla, ubicado en Avenida Osa Menor número 82, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcáyotl, código postal 72810, en San Andrés Cholula, Puebla y señale domicilio donde reciba sus notificaciones en esta ciudad, o en la ciudad de Puebla. Apercibida que de no hacerlo, las subsecuentes, se le harán por medio de lista, inclusive, las de carácter personal; tal como lo dispone el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza a las personas encomendadas para que realicen la diligencia aún en horas y días inhábiles. En ese orden, dígase al juez auxiliante que deberán remitir dentro del término de veinticuatro horas a partir de su notificación, copia certificada de las constancias que acrediten que se practicaron las diligencias de mérito; apercibidos que de no hacerlo, se les impondrá de manera individual, una multa de cien veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Queda a cargo del secretario encargado de este asunto, cerciorarse de que la comunicación antes ordenada sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación. Envío del despacho mediante correo electrónico por conducto del Actuario Judicial. Con la finalidad de acelerar la integración del presente asunto; y en aplicación de lo dispuesto por el artículo 28, fracción III de la Ley de la materia, se ordena que el despacho (que contenga la transcripción del presente acuerdo) para notificar al quejoso, sea enviado mediante correo electrónico, -por conducto del actuario judicial que corresponda- quien deberá asentar la razón de envío y recepción correspondiente. C. Exhortación para continuar con la tramitación del presente juicio de amparo "en línea". Con fundamento en los artículos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes para que: (De estimarlo pertinente y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para lo anterior, deberán solicitar el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones y autos que este Juzgado de Distrito emita. En el entendido de que la actuación por ese medio requiere de la utilización de un usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. (Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente. (Considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, comparezcan a las audiencias a partir de escritos presentados física o electrónicamente.
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