Julio César Chávez Legorreta

Expediente 923/2017 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 17 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
923/2017
Año
2017
Actuaciones
17
Última actuación
13/05/2019

Partes del expediente

  • Julio César Chávez Legorreta
  • María García Secundino y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Visto lo de cuenta, en virtud de que en el presente asunto no falta notificación alguna y no contiene relevancia documental ni documentos originales, se ordena su archivo como concluido, previas anotaciones de ley.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Agréguese a sus autos la información recibida vía MINTERSCJN, de la cual se advierte que por auto de treinta de abril pasado la superioridad acusó recibo de las constancias que se ordenó remitirle mediante acuerdos de doce y veintitrés del mismo mes.

  3. Juicio de Amparo Directo

    El presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación solicita se le informe el desahogo de las diligencias de notificación que solicitó mediante oficio 1723. Al respecto, hágase del conocimiento de esa máxima autoridad que por auto de cuatro de abril pasado se ordenó notificar por medio de lista a las partes quejosa y tercera interesada, respecto de la resolución de veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, dictada en el amparo directo en revisión 1520/2018 del índice de esa Sala, constancias de notificación que le fueron remitidas el diez posterior; sin embargo, esta presidencia advirtió que en proveído de quince de diciembre de dos mil diecisiete, a la tercera interesada se le tuvo por designado un domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del lugar de residencia de este órgano jurisdiccional, por lo que mediante acuerdo de doce de abril pasado se comisionó al personal de actuaciones para que se constituyera en el mismo y realizara la notificación ordenada, lo cual sucedió el veintitrés del mes y año que transcurre. Sin embargo, al resultar inexacto el domicilio señalado por la tercera interesada, ya que no fue posible su localización, pese a ser una ubicación designada por la propia interesada, hágase la notificación de referencia por medio de lista, de acuerdo con las reglas establecidas en el numeral 29 del mismo ordenamiento, y remítanse sin necesidad de nuevo acuerdo y de forma inmediata las constancias respectivas a la Primera Sala del Máximo Tribunal del País.

  4. Juicio de Amparo Directo

    EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL AUTO DE VEINTITRÉS DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, DICTADO EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO 923/2017, DEL ÍNDICE DE ESTE TRIBUNAL FEDERAL, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA, LA CUAL LE SURTE EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PARTE TERCERA INTERESADA, LA RESOLUCIÓN DE VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1520/2018, DEL ÍNDICE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y QUE ES DEL TENOR SIGUIENTE: Amparo directo en revisión 1520/2018 QUEJOSO Y RECURRENTE: ********** VISTO BUENO SR. MINISTRO: PONENTE: MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA COTEJÓ: SECRETARIA: CECILIA ARMENGOL ALONSO COLABORÓ: MONTSERRAT FERNÁNDEZ NUNGARAY Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, emite la siguiente: S E N T E N C I A Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 1520/2018, promovido en contra del fallo dictado el catorce de febrero de dos mil dieciocho, por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en el juicio de amparo directo 923/2017. El problema jurídico a resolver por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en verificar si se cumplen los requisitos procesales establecidos para la revisión en amparo directo, de acuerdo a lo previsto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Federal y 81, fracción II, de la Ley de Amparo, así como lo establecido en el punto Segundo del Acuerdo General Plenario 9/2015. I. ANTECEDENTES DEL CASO De la información obtenida del juicio de amparo directo civil 923/2017 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, así como del recurso de apelación ********** del índice de la Primera Sala Regional Familiar de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, se advierten los siguientes antecedentes: 1. Controversia del estado civil de las personas y del derecho familiar **********. **********, por propio derecho y en representación de su hijo menor de edad **********, demandó de **********, el reconocimiento de paternidad del menor de edad y el pago de una pensión alimenticia . 2. El diez de septiembre de dos mil catorce, el Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Oro, con residencia en Atlacomulco, Estado de México admitió la demanda, la registró con el número de expediente ********** y ordenó el emplazamiento del demandado , quien dio contestación el nueve de octubre de dos mil catorce, en la que negó las prestaciones reclamadas . Asimismo, presentó reconvención en la que reclamó el desconocimiento de paternidad del menor de edad, así como el pago de gastos y costas. El cuatro de febrero de dos mil quince , el juez de primera instancia tuvo por perdido el derecho de la demandada reconvencional y por confesa de los hechos manifestados en la reconvención. 3. El veintiséis de abril de dos mil diecisiete, el juez de primera instancia dictó sentencia en la que declaró la paternidad de **********, respecto del menor de edad **********, para todos los efectos jurídicos. Concedió la guarda y custodia del menor de edad a favor de su progenitora ********** y condenó al demandado a pagar una pensión alimenticia en favor del menor de edad . 4. Recurso de apelación **********. Contra el fallo de primera instancia, el demandado **********, interpuso recurso de apelación, del que tocó conocer a la Primera Sala Regional Familiar de Toluca, en el Estado de México y fue registrado con el número de expediente **********. El diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete , la Sala Familiar dictó sentencia por medio de la cual modificó la resolución de primera instancia únicamente respecto al monto de la pensión alimenticia decretada y ordenó como medida de protección que el menor de edad fuera atendido por un médico especialista en neurología. No hizo especial condena en costas . II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO 5. Juicio de amparo directo civil 923/2017. El veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete , **********, por su propio derecho, promovió juicio de amparo contra la sentencia dictada el diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, por la Primera Sala Regional Familiar de Toluca, en el Estado de México. El veintiocho de noviembre siguiente, presentó escrito de ampliación de demanda de amparo . 6. Por razón de turno, de la demanda de amparo y su ampliación, tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, cuyo Presidente, mediante acuerdo de siete de diciembre de dos mil diecisiete, las admitió y registró con el número de juicio de amparo directo 923/2017, de su índice . El quejoso señaló como vulnerados en su perjuicio los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. 7. Seguidos los trámites legales correspondientes, en sesión de catorce de febrero de dos mil dieciocho, el Tribunal Colegiado dictó sentencia mediante la cual negó la protección constitucional solicitada . 8. Recurso de revisión. Por escrito presentado el cinco de marzo de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Segundo Circuito y recibido el seis de marzo siguiente en el Tribunal Colegiado del conocimiento, la parte quejosa en el juicio de amparo **********, por su propio derecho, interpuso recurso de revisión, que fue recibido el ocho de marzo de dos mil dieciocho en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación . 9. Mediante acuerdo de doce de marzo de dos mil dieciocho , el Presidente de esta Suprema Corte admitió el recurso de revisión y lo registró con el número de expediente 1520/2018; solicitó requerir al Tribunal Colegiado del conocimiento, así como a la autoridad responsable, a fin de que, de tenerlos bajo su resguardo, enviaran a este tribunal constitucional los autos del toca de apelación; turnó el expediente para su estudio a la ponencia del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y su radicación en esta Primera Sala por tratarse de un asunto que corresponde a su especialidad. 10. En acuerdo de once de mayo de dos mil dieciocho, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se avocó al conocimiento del asunto, tuvo por recibidos los autos del toca de apelación solicitado y ordenó su remisión al Ministro ponente para la elaboración del proyecto correspondiente . III. COMPETENCIA 11. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del recurso de revisión, en atención a que el recurso fue interpuesto contra una sentencia pronunciada en un juicio de amparo directo, derivado de un asunto de naturaleza civil, competencia de esta Primera Sala. Adicionalmente, no se requiere la intervención del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación . IV. OPORTUNIDAD 12. El recurso de revisión que se analiza resulta oportuno, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 86 de la Ley de Amparo. 13. La sentencia constitucional se notificó por lista al quejoso recurrente, el martes veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, notificación que surtió efectos el miércoles veintiocho de febrero siguiente. En consecuencia, el plazo legal para la interposición del recurso transcurrió del jueves uno de marzo al miércoles catorce de marzo de dos mil dieciocho, descontando del cómputo los días tres, cuatro, diez y once de marzo de dos mil dieciocho, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo, así como el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En consecuencia, si el medio de impugnación se presentó el cinco de marzo de dos mil dieciocho en la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Segundo Circuito , su interposición se considera oportuna. V. LEGITIMACIÓN 14. Esta Primera Sala considera que el recurrente ********** está legitimado para interponer el presente recurso de revisión, por su propio derecho, por tener el carácter de parte quejosa en el juicio de amparo. En consecuencia, se considera que la sentencia que le negó la protección constitucional puede resultar contraria a sus intereses y por consiguiente, se estima que cuenta con legitimación para promover el presente recurso de revisión. VI. ELEMENTOS NECESARIOS PARA RESOLVER 15. A fin de corroborar la procedencia del recurso de revisión y para analizar su materia es imprescindible hacer referencia a los conceptos de violación desarrollados por el quejoso a través de su demanda de amparo y ampliación, a las consideraciones de la sentencia recurrida y a los agravios formulados en el recurso de revisión. 16. Demanda de amparo. En su demanda de amparo el quejoso planteó los siguientes conceptos de violación: a. Argumentó que existió violación grave a los derechos fundamentales previstos en los artículos 1, 14 y 17 de la Constitución Federal en atención a que negándosele la protección más amplia en materia de derechos humanos reconocidos en el texto constitucional así como en los tratados internacionales que forman parte del Estado mexicano, la Sala responsable se abstuvo de promover, respetar, proteger y garantizar, en perjuicio del quejoso sus derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, en franca violación del debido proceso legal y vulnerando las formalidades esenciales del procedimiento que garantizan la defensa adecuada. b. Sostuvo que, sin fundamentación y motivación, la Sala responsable se apartó de la letra de la ley aplicable y su interpretación jurídica, lo que denegó al quejoso la impartición de justicia efectiva, completa, pronta, expedita e imparcial. c. Destacó las diversas violaciones procesales que hizo valer a través del recurso de revocación, en específico, el que hizo valer contra el auto de veintidós de junio de dos mil diecisiete, por medio del cual se ordenó el desahogo de la prueba pericial en materia de genética molecular (ADN), psicología y trabajo, que fue desechado por la Sala responsable mediante acuerdo de veintinueve de junio siguiente. En esencia argumentó la decisión resultó inconstitucional; no se fundó y motivó debidamente; vulneró los principios de exactitud, congruencia y de dirección del proceso lo que transgredió su derecho a la administración de justicia y debido proceso legal, previstos en los artículos 14 y 17 constitucionales y no justificó porqué el acuerdo se dictaba en atención al principio de interés superior de la infancia. d. Explicó que esta violación trascendió al sentido del fallo porque permitió que se continuara con la realización de la prueba pericial en materia de genética, en los términos ilegales en que fue ordenada, pues ante la inasistencia del quejoso a la toma de muestras para su desahogo, se le había hecho efectivo el apercibimiento decretado en su contra, que lo tuvo como presunto padre del menor de edad involucrado en el juicio. e. Como segunda violación procesal destacó el acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, por medio del cual la Sala responsable desechó el recurso de revocación interpuesto contra el acuerdo de siete de junio de dos mil diecisiete. Explicó que en el acuerdo recurrido la Sala tuvo como ciertos los hechos que se pretendían acreditar a través de la prueba en materia de genética; destacó que el acuerdo resultó ilegal y contrario al debido proceso legal porque se le hizo efectivo un apercibimiento sin que se revisara detenidamente la forma en que se debía desahogar la prueba en materia de genética, pues nunca se advirtió que la perita nombrada no contaba con la especialidad o certificación correspondiente y tampoco se verificó el laboratorio en el que se pretendía llevar a cabo el estudio. f. Argumentó que el acuerdo también resultó inconstitucional porque contrario a lo que determinó la responsable, sí se le hizo el apercibimiento referido y se inobservó la tesis de rubro "PERICIAL BIOLÓGICA MOLECULAR DE LA CARACTERIZACIÓN DE ÁCIDO DESOZIRRIBONUCLEICO (ADN). LA AUTORIDAD QUE ORDENE SU DESAHOGO DEBE VERIFICAR QUE TANTO LA INSTITUCIÓN COMO EL PERITO QUE DEBAN PRACTICARLA ESTÁN CERTIFICADOS PARA REALIZAR DICHA PRUEBA EN GENÉTICA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN)". g. Respecto a la misma violación procesal adujo que la decisión de la responsable vulneró en su perjuicio el artículo 1° constitucional, porque no procuró la protección más amplia en materia de derechos humanos a favor del quejoso, ya que, previa la toma de muestras necesarias para el desahogo de la prueba en materia de genética, debió cerciorarse que el laboratorio en el cual se pretendía realizar el estudio de ADN se encontraba certificado para ello. Al no hacerlo, se vulneraron los principios pro homine, debido proceso legal y acceso efectivo a la justicia, previstos en los artículos 1,4, 16 y 17 constitucionales. También sostuvo que en autos no obraba constancia sobre el laboratorio en que se pretendía realizar la prueba. Sostuvo que esta violación trascendió al sentido del fallo porque tuvo por desahogada la prueba pericial en materia de genética y consecuentemente, se le declaró como presunto padre del menor de edad. h. Ampliación de demanda. El quejoso nuevamente destacó como violación procesal el acuerdo de siete de noviembre de dos mil diecisiete. Adujo que el acuerdo de la responsable resultó inconstitucional porque en éste se consideraron como requisitos para ser perito, los establecidos en los artículos 1305 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México y además estima que el artículo 172 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México es inconstitucional. Argumentó que la idoneidad de los conocimientos del perito y los requisitos establecidos vulneraba los artículos 1, 14 y 16 constitucionales por no procurar la protección más amplia en materia de derechos humanos a favor del quejoso, de conformidad con los principios en materia de derechos humanos, porque la aplicación de las normas provocaba la anulación o menoscabo de los derechos y libertades de las personas. i. Al respecto sostuvo que el artículo no regulaba de manera suficiente los requisitos para ser perito en materia de genética, pues si bien listaba requisitos, éstos resultaban insuficientes y contrarios al debido proceso legal, previsto en los artículos 14 y 16 constitucionales por ser vagos y genéricos, respecto a una materia tan especial compleja y específica como la prueba en materia de genética. Precisó que esa violación trascendía al sentido del fallo porque tuvo por desahogada la prueba y en consecuencia, se le declaró presunto padre del menor de edad. 17. Sentencia de amparo. El Tribunal Colegiado del conocimiento negó la protección constitucional conforme los razonamientos siguientes: a. Al precisar la litis, el Colegiado destacó que debía quedar intocada la decisión de la Sala responsable referente a la guarda y custodia; alimentos y su aseguramiento; la medida de protección; la improcedencia de la demanda reconvencional y costas judiciales, porque a través de sus conceptos de violación, el quejoso solo hizo valer argumentos para controvertir violaciones procesales y la declaratoria de paternidad y por tanto las consideraciones de la Sala responsable sobre las temáticas referidas quedaban firmes. b. Análisis de las violaciones procesales. Previo al estudio de las violaciones procesales, el Colegiado precisó que en términos de los artículos 107, fracción III, inciso a), constitucional, así como los artículos 170, 171, 172 y 174 de la Ley de Amparo, debían satisfacerse diversos requisitos a fin de que las violaciones planteadas en los conceptos de violación pudieran ser analizadas. Posteriormente, el Colegiado precisó que resultaba necesario verificar si eran ciertos o no los hechos en que éstas se apoyaban. c. Al respecto, el órgano de amparo concluyó que resultaban inexistentes los hechos en que se apoyaba la violación procesal consistente en el acuerdo de siete de noviembre de dos mil diecisiete, mediante el cual se le hizo efectivo el apercibimiento dictado en el acuerdo de veintidós de junio de ese mismo año y se le tuvieron por presuntamente ciertos los hechos que se pretendían acreditar con la prueba pericial en materia de genética. d. Explicó que el inconforme sustentaba la citada violación esencialmente en que, en el acuerdo de siete de noviembre dos mil diecisiete, la responsable le hizo efectivo el apercibimiento de tenerle por ciertos los hechos que se pretendían acreditar al desahogar la prueba pericial en materia de genética molecular (ADN), lo cual resultaba desacertado. e. Explicó que bastaba con imponerse del acuerdo para advertir que en éste no se le hizo efectivo el referido apercibimiento, sino que, a petición del propio quejoso, se realizaba una aclaración del requerimiento formulado relativo al desahogo de la prueba pericial en materia de genética, aunado a que la petición del quejoso para que dicho medio probatorio se desahogara a través de muestras capilares o de su saliva no fue acordada favorablemente. Determinó que contrario a lo alegado, en ningún momento se le hizo al quejoso el apercibimiento en el que sustentaba la violación. f. Con la finalidad de evidenciar la determinación anterior, transcribió el acuerdo de siete de noviembre de dos mil diecisiete y concluyó que los hechos en que se sustentaba la violación procesal resultaba inexistente. g. Posteriormente, el Colegiado sostuvo que no se ignoraba la violación procesal hecha valer en la ampliación de la demanda de amparo, mediante la cual el quejoso impugnaba la constitucionalidad del artículo 172 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México; no obstante, precisó que en la determinación de siete de noviembre de dos mil diecisiete, respecto de la que se hacía valer la violación procesal, no hubo acto de aplicación al respecto y por tanto, no resultaba procedente su estudio. h. Por otra parte, el Colegiado analizó la violación procesal consistente en la determinación de veintidós de junio de dos mil diecisiete, por medio de la cual la Sala responsable ordenó el desahogo de la prueba pericial en materia de genética molecular (ADN), sin atender que el perito no contaba con especialidad en genética ni con cédula profesional; que resultó ilegal que el desahogo de la prueba se ordenara en la las salas del tribunal y no en un laboratorio, lo que también aconteció con las tomas de sangre, ya que no se establecieron los lineamientos en los cuales se verificaría el desahogo de la prueba. i. Previo analizar la procedencia de su análisis, determinó que resultaba inoperante la argumentación del quejoso porque no combatían el acuerdo que hizo valer como violación procesal, sino el diverso acuerdo de veintinueve de junio de dos mil diecisiete, dictada por la Sala responsable dentro del recurso de revocación interpuesto precisamente contra el acuerdo de veintidós de junio de dos mil diecisiete. Explicó que a través de su argumentación, el quejoso se enfocó a sostener que la responsable se abstuvo de observar los principios de exactitud, congruencia y dirección del proceso, previstos en los artículos 1.134, 1.137 y 1.138 del Código del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, ya que sin haber atendido sus agravios, y sin fundar ni motivar su resolución, declaró improcedente el recurso, bajo el argumento de que el recurrente pretendía retardar el procedimiento en perjuicio del menor, lo que no podía justificar el desechamiento del recurso, ni atendiendo a interés superior del menor, pues existían reglas legalmente establecidas para facilitar el acceso a los tribunales. j. Así, concluyó que la inoperancia se sostenía porque el quejoso no combatía el acuerdo impugnado en su violación procesal, sino la diversa resolución de veintidós de junio de dos mil diecisiete, por medio de las cuales la Sala responsable sostuvo que atendiendo a la falta de desahogo de la prueba pericial en materia de genética molecular a las partes en el procedimiento de origen, originada porque el demandado no compareció a la toma de muestras, era necesario ordenar nuevamente su desahogo por única ocasión, en términos del artículo 5.8 del Código del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, y la suplencia de la queja que atendía al interés superior del menor, bajo el apercibimiento de que para el caso de no presentarse el día y la hora indicada para su desahogo, se le tendrían por presuntamente ciertos los hechos que se pretendían probar. k. Estudio de los conceptos de violación. El Colegiado declaró inoperante la argumentación por la cual el quejoso adujo que la Sala responsable vulneró sus derechos fundamentales, porque al negarle la protección más amplia en materia de derechos humanos, se abstuvo, en perjuicio del quejoso, de promover, respetar, proteger y garantizar dichos derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Y que, de forma inconstitucional, en franca violación al debido proceso legal, sin respetar las formalidades esenciales del procedimiento que garantizan una adecuada defensa, apartándose de la letra de la ley aplicable, su interpretación jurídica, se le negó una justicia efectiva, completa, pronta, expedita e imparcial. l. La inoperancia de cuenta radicó en que la argumentación del quejoso no controvertía el razonamiento toral que sostuvo la responsable en la resolución que impugnada, consistente en que, atendiendo a que en cinco ocasiones el juez de primera instancia había citado al quejoso para el desahogo de la prueba pericial en materia de genética molecular, requerimiento que también llevó a cabo la responsable en una ocasión. sin que el quejoso hubiera comparecido a la toma de muestras respectivas, al quejoso se le hizo efectivo el apercibimiento con el que había sido conminado y por tanto, se le tuvieron por presuntamente ciertos los hechos que se pretendían acreditar con ese medio probatorio. m. Sostuvo que el quejoso tampoco controvirtió la consideración referente a que la falta de comparecencia del quejoso a los diversos intentos de desahogo de la prueba tuvo como consecuencia que su conducta se calificara como contumaz, razón por la cual la responsable confirmó la determinación del juez de primera instancia relativa a la paternidad del apelante quejoso. Citó de apoyo los criterios de rubro "JUICIOS DE PATERNIDAD. EN LOS CASOS EN QUE A PESAR DE LA IMPOSICIÓN DE MEDIDAS DE APREMIO LOS PRESUNTOS ASCENDIENTES SE NIEGAN A PRACTICARSE LA PRUEBA PERICIAL EN MATERIA DE GENÉTICA (ADN), OPERA LA PRESUNCIÓN DE LA FILIACIÓN CONTROVERTIDA (LEGISLACIONES DE NUEVO LEÓN Y DEL ESTADO DE MÉXICO.) " y la tesis VII.2o.C.111 C de rubro "JUICIOS DE PATERNIDAD. EN LOS CASOS EN QUE A PESAR DE LA INTERPOSICIÓN DE MEDIDAS DE APREMIO LOS PRESUNTOS ASCENDIENTES SE NIEGAN A PRACTICARSE LA PRUEBA PERICIAL EN MATERIA DE GENÉTICA (ADN) OPERA LA PRESUNCIÓN DE FILIACIÓN CONTROVERTIDA, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ)" . n. Concluyó que las referidas consideraciones no fueron controvertidas y por tanto debían permanecer firmes, pues el Colegiado carecía de facultades para verificar la legalidad de las consideraciones no impugnadas, porque de lo contrario estaría supliendo la deficiencia de la queja en un caso donde no resultaba operante. o. Por otra parte, declaró infundada la argumentación por la cual el quejoso hizo valer que el acto reclamado se dictó en contravención con el artículo 16 constitucional dada la falta de fundamentación y motivación. El Colegiado determinó que contrario a lo que se alegaba, la Sala responsable citó los artículos 1.384, 1.385, 1.386, 1.391 y 5.78 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, en que fundó su proceder, así como los criterios en que había sustentado la determinación, los cuales no reproducía para evitar repeticiones innecesarias. También recordó la consideración de la Sala responsable referente a que el quejoso no había comparecido en repetidas ocasiones al desahogo de la pericial en materia de genética, tanto en primera como en segunda instancia y que fue esa razón por la cual se le tuvieron por ciertos los hechos que se pretendían probar con la prueba pericial en materia de genética molecular. p. El órgano de amparo sostuvo que, adicionalmente, resultaba correcto el proceder de la responsable al tener por acreditada, presuntamente la paternidad del quejoso en favor del menor de edad, atendiendo al criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte, referente a que, en los casos en que el presunto padre se niegue a practicarse la prueba en materia de genética molecular, opera la presunción de la filiación controvertida, y por tanto, resultaba legal la determinación de la responsable. Criterio contenido en la jurisprudencia de rubro "JUICIOS DE PATERNIDAD. EN LOS CASOS EN QUE A PESAR DE LA IMPOSICIÓN DE MEDIDAS DE APREMIO LOS PRESUNTOS ASCENDIENTES SE NIEGAN A PRACTICARSE LA PRUEBA PERICIAL EN MATERIA DE GENÉTICA (ADN), OPERA LA PRESUNCIÓN DE LA FILIACIÓN CONTROVERTIDA (LEGISLACIONES DE NUEVO LEÓN Y DEL ESTADO DE MÉXICO.)". q. Finalmente, atendiendo al sentido de la sentencia, determinó que resultaban inatendibles las manifestaciones que la tercera interesada hacía en vía de alegatos, tendientes a fortalecer la decisión de la responsable. 18. Recurso de revisión. En su escrito de agravios, el quejoso recurrente sostiene que la sentencia de amparo resulta ilegal y plantea en esencia lo siguiente: a. El Tribunal Colegiado omitió realizar el análisis de constitucionalidad planteado a través de la ampliación de demanda y para ilustrar su afirmación, transcribe la argumentación por la cual hizo valer que el artículo 172 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México resultaba inconstitucional. b. Afirma que la norma resulta inconstitucional en relación con el artículo 1 constitucional porque no procura a favor del quejoso la protección más amplia en materia de derechos humanos, cuyo ejercicio no puede restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución Federal establezca, ni favorece en todo tiempo la protección más amplia a las personas, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; por el contrario, su aplicación más amplia de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; por el contrario, aduce que su aplicación provoca la anulación o menoscabo de los derechos y libertades de las personas. c. El artículo no regula de manera suficiente y por ende constitucional, los requisitos para ser perito en materias complejas, especiales y específicas como la prueba en materia de genética molecular (ADN), pues si bien la norma establece de forma genérica que para ser perito se requiere tener conocimiento, capacidad y preparación en la ciencia arte u oficio sobre el que va dictaminar y poseer, en su caso, título profesional expedido por una institución de enseñanza superior legalmente facultada para ello, así como también tener experiencia mínima de un año en la práctica de la materia sobre la que se va dictaminar, no obstante ello resulta insuficiente y contrario al debido proceso legal previsto en los artículos 14 y 16 constitucionales, en atención a que esos requisitos, por demás vagos y genéricos para ser perito, son absolutamente insuficientes y por ende, inconstitucionales a la luz de los artículos constitucionales citados. d. Enfatiza que, por el tipo de materia, resulta evidente que no basta con tener un título de licenciatura pues no existe la licenciatura en esa materia, sino que, es necesario cursar la licenciatura en Química o Biología para después especializarse como genetista mediante estudios de posgrado especializados a fin de tener la certificación y los conocimientos adecuados y específicos para poder ser perito reconocido y certificado en esa materia. El recurrente insiste que la materia no se encuentra regulada de manera suficiente y completa, razón por la cual se evidencia la inconstitucionalidad del precepto. VII. IMPROCEDENCIA DEL RECURSO 19. Por corresponder a una cuestión de estudio preferente, esta Primera Sala debe verificar la procedencia del presente recurso de revisión en amparo directo. 20. De conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con el Acuerdo General 9/2015 , se deriva lo siguiente. 21. Por regla general, las sentencias que dicten los Tribunales Colegiados de Circuito en juicios de amparo directo son inatacables. Sin embargo, por excepción, tales sentencias serán susceptibles de ser impugnadas mediante recurso de revisión si el Tribunal Colegiado de Circuito se pronunció u omitió hacerlo sobre temas propiamente constitucionales (es decir, sobre la constitucionalidad de una ley federal o de un tratado internacional o sobre la interpretación directa de algún precepto de la Constitución). 22. Además de la subsistencia de una cuestión constitucional en la instancia de la revisión, debe fijarse un criterio de importancia y trascendencia. 23. Conforme al punto Segundo del Acuerdo 9/2015 citado en párrafos precedentes, se surten los requisitos de importancia y trascendencia cuando la cuestión de constitucionalidad que subsiste en esta instancia da lugar a un pronunciamiento novedoso o de relevancia para el orden jurídico nacional; o bien, cuando se advierta que lo decidido en la sentencia recurrida pueda implicar el desconocimiento o una consideración contraria a un criterio jurídico sobre una cuestión propiamente constitucional sostenida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; esto es, cuando el Tribunal Colegiado resuelva en contra de dicho criterio o se hubiere omitido su aplicación . 24. Para la verificación del segundo requisito debe tomarse en cuenta, especialmente, que a pesar que subsista una cuestión de constitucionalidad novedosa, o bien que el fallo recurrido contenga una consideración en contrario u omisa de un criterio de este tribunal constitucional, no se surte el requisito de importancia y trascendencia cuando los agravios formulados no atacan las consideraciones emitidas por el Tribunal Colegiado a este respecto. Esta regla solo aplica en los casos en que no opera la suplencia de la deficiencia de la queja conforme al artículo 79 de la Ley de Amparo, en la lógica que atender en la revisión cuestiones de constitucionalidad que subsisten y que califican de importantes y trascendentes pues ante la ausencia e inoperancia de agravios, el emprender el análisis constitucional de forma oficiosa, implicaría desconocer el principio de instancia de parte agraviada que rige al juicio de defensa constitucional, con excepción, como se señaló, de los casos en que opera la suplencia de la deficiencia de la queja. 25. Finalmente, es importante destacar que el análisis definitivo de la procedencia del recurso es competencia, según sea el caso, del Pleno o las Salas de esta Suprema Corte. El hecho que el Presidente, del Pleno o de la Sala respectiva, admita a trámite el mismo no implica la procedencia definitiva del recurso . 26. Una vez precisado el marco normativo aplicable en el presente medio de impugnación, tras un estudio de la demanda de amparo, la sentencia del Tribunal Colegiado y el recurso de revisión, se considera que el presente asunto no satisface los requisitos de procedencia a los que hacen alusión los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Federal y 81, fracción II, de la Ley de Amparo, así como a lo establecido en el punto Primero del Acuerdo Número 9/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta conclusión se sostiene con base en las siguientes consideraciones. 27. Primeramente, la interrogante referente a si ¿en la demanda de amparo el quejoso planteó una cuestión propiamente constitucional? En principio, pudiera responderse en sentido positivo. 28. Ello es así pues de lo narrado en el párrafo 16 de esta resolución, se advierte que a través de la ampliación de demanda de amparo, el quejoso pretendió la inconstitucionalidad del artículo 172 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, al sostener que los requisitos que las normas establecían para ser perito respecto a una materia tan especial compleja y específica como la prueba en materia de genética resultaban insuficientes y contrarios al debido proceso legal, vulnerando los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Federal porque, entre otras cosas, no procuraban la protección más amplia en materia de derechos humanos, menoscababan sus derechos humanos. 29. A fin de verificar si la cuestión de constitucionalidad planteada fue materia de estudio en la sentencia recurrida, se formula una segunda interrogante referente a si ¿el Tribunal Colegiado analizó el estudio de constitucionalidad planteado por el quejoso a través de la ampliación de demanda de amparo? 30. La interrogante anterior se responde en sentido negativo, porque del fallo constitucional recurrido se observa que en respuesta al planteamiento de constitucionalidad del quejoso, como se sintetizó en el párrafo 17 de esta ejecutoria, el órgano colegiado precisó que no ignoraba la violación procesal combatida través de su ampliación de la demanda de amparo, en la que se impugnaba la inconstitucionalidad artículo 172 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México; no obstante, determinó que en la resolución de siete de noviembre de dos mil diecisiete, respecto de la que se hacía valer la violación procesal, no hubo acto de aplicación al respecto y por tanto, no resultaba dable proceder a su estudio. 31. Ahora bien, con la finalidad de verificar si en esta instancia subsiste una cuestión constitucional que deba ser analizada, en términos de los requisitos establecidos para la procedencia del recurso de revisión en amparo directo, esta Primera Sala se formula una tercera interrogante, referente a si ¿a través de sus agravios, el quejoso recurrente combate la omisión de estudio en que incurrió el Tribunal Colegiado? 32. Esta Primera Sala encuentra que la argumentación que el recurrente plantea en vía de agravios no controvierte frontalmente la omisión de estudio en que incurrió el Tribunal Colegiado, porque si bien expresamente hace valer que la sentencia de amparo resulta ilegal porque el Colegiado omitió realizar el estudio de inconstitucionalidad planteado, no obstante, no combate la consideración fundamental en que dicha omisión fue sustentada, pues al respecto, el recurrente se limita a sostener que el análisis fue omitido "bajo el ilegal argumento de que el numeral cuya inconstitucionalidad se ataca no fue aplicado, lo cual es inexacto como se aprecia de la violación procesal en la cual sí se invocó, de ahí su ilegalidad". 33. Bajo esa lógica, esta Primera Sala determina que el recurso de revisión resulta improcedente en atención a que los agravios del recurrente no se encuentran encaminados a combatir el razonamiento por el cual el Colegiado determinó que el planteamiento de constitucionalidad no resultaba procedente. 34. En términos de la jurisprudencia 1a./J. 48/2014, de rubro "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. SU PROCEDENCIA (INTERPRETACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 26/2009)" , para que proceda el recurso de revisión, es necesario que el recurrente haga valer argumentos tendientes a desvirtuar dicha declaratoria. 35. Como se advierte de su único agravio, el recurrente afirma que la omisión del Colegiado resultó inexacta porque contrario a lo que sostuvo, la norma impugnada sí fue invocada en la violación procesal. No obstante, si bien de la lectura de su planteamiento se advierte que en efecto el recurrente hizo valer que el artículo 172 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México resultaba inconstitucional porque los requisitos que la norma establecía para ser perito en materia de genética resultaban insuficientes y contrarios al debido proceso; no obstante, ello no demuestra que el artículo hubiera sido aplicado en el acuerdo destacado como violación procesal, razón fundamental en que el Colegiado declaró la improcedencia del estudio. Así, el recurrente no desarrolla argumentación alguna tendiente a demostrar que contrario a lo que se determinó en la sentencia reclamada, el artículo sí fue aplicado, pues la sola invocación de la norma resulta insuficiente para demostrar su aplicación. 36. Además, como se advierte de los antecedentes del caso, lo que fue motivo de impugnación por el hoy quejoso y demandado en el juicio de origen, el reconocimiento de paternidad del quejoso respecto del menor de edad se tuvo por acreditada, esencialmente, porque operó la presunción de la filiación, dada la negativa en que el quejoso incurrió por varias ocasiones de practicarse la prueba en materia de genética molecular; es decir, la prueba pericial no fue desahogada y por tanto, a nada llevaría analizar si los requisitos establecidos en el numeral impugnado resultan constitucionales o no, puesto que la norma no tuvo aplicación en perjuicio del quejoso, toda vez que, se insiste, la declaratoria de reconocimiento de paternidad no se sustentó en la prueba en materia de genética. Así, se estima que la argumentación que el recurrente hace valer en vía de agravios es inoperante y por ende, el recurso debe desecharse. 37. Sirve de apoyo la tesis 1a. XVIII/2017 (10a.) de rubro "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO LOS AGRAVIOS TENDENTES A COMBATIR LA DECLARATORIA DE INOPERANCIA DEL TEMA DE CONSTITUCIONALIDAD CUYO ESTUDIO FUE OMITIDO POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO RESULTEN IGUALMENTE INOPERANTES" . 38. Adicionalmente, se considera que la petición del recurrente no es clara en cuanto a qué artículo impugna, porque si bien menciona que el artículo aplicado por la Sala responsable fue el vinculado al correlativo del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, no precisa a qué numeral se refiere. 39. En esas condiciones, al no subsistir una cuestión de constitucionalidad lo procedente es desechar el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa y dejar firme la sentencia recurrida. VIII. DECISIÓN 40. El presente recurso no se ubica en los supuestos de procedencia establecidos en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y quinto del Acuerdo General Plenario 9/2015, pues no se actualiza en la presente instancia una cuestión constitucional que active las facultades de revisión de este tribunal constitucional. En consecuencia, el medio de impugnación intentado debe desecharse y queda firme la sentencia recurrida. Por todo lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se desecha el recurso de revisión a que este toca 1520/2018 se refiere. SEGUNDO. Queda firme la sentencia recurrida. Notifíquese; con testimonio de esta ejecutoria, devuélvanse los autos relativos al lugar de su origen y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido. Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena (Ponente) y Presidenta Norma Lucía Piña Hernández, quien manifestó estar con el sentido, pero en contra de las consideraciones. Firma la Presidenta de la Sala y el Ministro Ponente, con la Secretaria de Acuerdos, que autoriza y da fe.

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