Julio César Celis Silva

Expediente 45/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 1 actuación registrada, la última del 3 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
45/2021
Año
2021
Actuaciones
1
Última actuación
03/02/2021

Partes del expediente

  • Julio César Celis Silva

Actuaciones

  1. Principal

    Con ésta fecha se notifica a la parte promovente, el auto de tres de febrero de dos mil veintiuno, que en su parte sustancial dice: Vista la demanda de amparo promovida por +++++, contra actos del Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz, y otra autoridad; con la misma, fórmese y regístrese el expediente correspondiente en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 45/2021. Ahora, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, al examinar el escrito inicial de demanda, el suscrito advierte que se actualiza una causa manifiesta e indudable la causa de improcedencia que resulta de relacionar la fracción XXIII del artículo 61, con la diversa V -interpretada en sentido contrario- del diverso 107 de la Ley de Amparo, lo cual conduce a desecharla de plano. Para sustentar dicha afirmación, en primer lugar es conveniente citar el contenido de los aludidos preceptos: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. [.] Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." El primero de los citados preceptos establece una ventana procesal que permite al juzgador de amparo apreciar, y en su caso tener por actualizada, alguna causa de improcedencia del juicio, más allá de las hipótesis concretas que se enlistan en las primeras veintidós fracciones del propio precepto, cuando dicha causa derive directamente de la Constitución Federal o de la ley de la materia. El segundo de los numerales reproducidos, sostiene que el juicio de amparo indirecto, tratándose de actos dictados dentro de juicio, sólo procede siempre y cuando dichos actos sean de imposible reparación, en, aquellos actos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese sentido, nuestro más alto tribunal ha definido que para calificar a un acto como irreparable, necesitaría producir una afectación material a derechos sustantivos con consecuencias de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, esto es, debería recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Lo anterior, tiene sustento en las razones que informan el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro siguiente: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". En el caso concreto, el promovente (actor en el juicio de origen) destaca como acto reclamado la "negativa" de dar cumplimiento al acuerdo emitido el veinte de noviembre de dos mil veinte en el expediente de sucesión intestamentaria 904/2019 del índice del juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, en Veracruz, Veracruz, sin embargo, de sus antecedentes se obtiene que en realidad se duele de la dilación de practicar una notificación a su contraria; lo cual, estima violatorio de su derecho a una justicia pronta y expedita. Ahora bien, acorde lo dispuesto en la jurisprudencia del rubro: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS", el juicio de amparo indirecto será procedente si existe una omisión o falta de respuesta a una petición expresa dentro de juicio que implique una abierta dilación del procedimiento o su paralización total; sin embargo, cuando dentro de un procedimiento jurisdiccional, un gobernado promueve o insta al órgano del conocimiento para que resuelva una petición sometida a su conocimiento, el trámite no solamente se rige por lo dispuesto en los artículos 14 y 17 constitucionales, sino que debe estarse a los plazos y términos previstos por el legislador ordinario en la norma secundaria. Sirve de ilustración a lo anterior la jurisprudencia siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento". Atento a ello, y en el caso que nos acontece, el reclamo se da dentro de un procedimiento, por lo que no es dable considerar que hay una transgresión al derecho sustantivo de acceso a la justicia pronta y expedita, porque no se trata de una afectación autónoma respecto del procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da en el propio contexto jurisdiccional, por lo que tiene un carácter adjetivo, el cual tiene que atender a las reglas establecidas en la legislación ordinaria. Lo antes expuesto, pone en relieve que la falta o negativa de practicar la notificación que refiere el quejoso no es de aquellos actos que tienen consecuencias de imposible reparación, ya que no se trata de un acto que produzca una afectación material a derechos sustantivos, puesto que no conlleva una afectación de tal magnitud que le impida el ejercicio de un derecho, sino que se trata de una violación de carácter adjetiva o procesal por tratarse del silencio por parte de la autoridad para emitir una determinación en relación con la solicitud planteada por el aquí quejoso dentro de un procedimiento administrativo. De ahí que, en todo caso, implica una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender el resultado de la solicitud plantada, cuenta habida que esto podría subsanarse en caso de obtener una resolución favorable. Ello es así, ya que en el caso concreto no se actualizan los supuestos de excepción a que se refiere la tesis recién invocada, toda vez que, en principio, no se advierte que exista una paralización total del procedimiento de origen que derive de la dilación que se refiere la parte quejosa en su demanda de amparo; ello, pues tal conducta omisiva no constituye en sí misma una suspensión de dicho juicio, sino que se traduce en la inacción por parte de las responsables dentro del plazo que la legislación aplicable establece para realizar el emplazamiento de mérito. En segundo lugar es así, ya que la omisión combatida tampoco conlleva una dilación abierta en el procedimiento natural que haga procedente el juicio de amparo indirecto, ya que para ello la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fijado un parámetro mínimo objetivo a fin de otorgar certeza jurídica a los justiciables, el cual permite definir cuándo una dilación procedimental en materia laboral puede considerarse como una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización; situación que no se actualiza en el caso concreto, tal como se verá a continuación. Efectivamente, la Sala mencionada, al resolver la contradicción de tesis 294/2018, en la que determinó que para la procedencia del amparo en el que se reclamen dilaciones presuntamente excesivas de las Juntas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, deben de transcurrir más de cuarenta y cinco días naturales, desde la fecha que concluyó el plazo en el que legalmente debió pronunciarse o diligenciarse la omisión reclamada, por ser ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil. De dicha ejecutoria, emergió la jurisprudencia cuyos rubro y texto son los siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." En ese orden de ideas, si en la especie el juicio de origen se rige por el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, y dicha normatividad en su artículo 11 dispone un periodo de ciento ochenta días como máximo para que el juicio permanezca inmóvil, entonces no existe una abierta dilación al procedimiento que traiga consigo una paralización de éste, dado que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo -dos de febrero de dos mil veintiuno- sólo han transcurrido treinta días laborables (dentro de un lapso de setenta días naturales) después de que -el veintitrés de noviembre de dos mil vente- concluyera el plazo para notificar el proveído de veinte de noviembre citado. Ello es así, tomando en consideración que el juzgado responsable tuvo su periodo vacacional que comprendió del catorce de diciembre de dos mil veinte al cuatro de enero de la anualidad que transcurre; así como que con motivo de las medidas de contingencia que se tomaron en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, mediante las circulares 2 y 3 y un diverso comunicado, se suspendieron labores los días catorce, quince, veintidós, veintiocho y veintinueve de enero, y dos de febrero de dos mil veintiuno, periodo en el que no corrieron plazos y términos procesales. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, con fundamento además, en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA la demanda de amparo por su notoria, manifiesta e indudable improcedencia. AUTORIZADOS Y DOMICILIO PROCESAL Téngase como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Armando Ortega Osorio, puesto que acredita la calidad de licenciado en Derecho, al tener su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Ahora, se autoriza en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones, a las restantes personas que cita en su escrito de demanda, toda vez que no se encontró registro de sus cédulas en el aludido Sistema. Asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el precisado en la propia demanda. APERCIBIMIENTO DE NOTIFICACIÓN Hágase de su conocimiento que en caso de que el domicilio proporcionado resulte inexacto por no existir o, existiendo, no corresponda a la persona buscada, previa razón actuarial que haga constar dicha circunstancia, conforme al artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, la notificación se practicará por lista de acuerdos, así como las subsecuentes, incluso las de carácter personal, hasta en tanto señale nuevo domicilio en esta ciudad, cierto y exacto para tal efecto. EXHORTO PARA LA PROMOCIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA Tomando en consideración el presente asunto fue promovido físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema de juicio en línea. LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de la parte quejosa que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna, antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE APARATOS ELECTRÓNICOS Hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias; asimismo, como lo dispone la Circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se les permite a las partes imponerse de los acuerdos dictados en el presente asunto, mediante el uso de aparatos electrónicos. Aunado a lo anterior, dado que el esquema trabajo dispuesto por el Consejo de la Judicatura Federal al emitir el Acuerdo General 21/2020 abandona las guardias para la atención de casos urgentes y, en consecuencia, reanuda la actividad jurisdiccional ordinaria, incluido el desahogo de diligencias que requieran la presencia de las partes. No obstante, se adoptan diversas medidas para controlar la presencia física en los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, como el control de asistencia de personas justiciables y sus representantes y autorizados mediante un programa para la generación de citas. En ese sentido, se indica que a efecto de comparecer a este juzgado de manera presencial, deberá generar anticipadamente la cita correspondiente ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y cuando acuda a este juzgado de manera presencial, deberá presentar el código QR generado con motivo de la cita, para los efectos legales procedentes. De conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso j) notifíquese el contenido del presente proveído personalmente a la parte quejosa.

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