Julio Cesar Castillo Garcia
Expediente 588/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 588/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 25/06/2019
Partes del expediente
- Julio Cesar Castillo Garcia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
iii)Toluca, Estado de México; veinticinco de junio de dos mil diecinueve. La certificación de cuenta evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no recurrió la sentencia de seis de junio del año en curso, por la que se sobreseyó en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa del diverso 2°, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. En otro orden, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este juzgado de Distrito. Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó en el juicio de amparo (punto vigésimo primero, fracción II, párrafos primero y segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009). El cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado; por tanto, se deberá conservar la resolución relativa a su otorgamiento (punto vigésimo primero, fracción III, párrafos segundo y tercero). El duplicado del incidente de suspensión derivado del expediente en que se actúa es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, fracción III, párrafo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009). Sin que resulte necesario glosar los cuadernos incidentales, toda vez que de conformidad con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es conveniente su transferencia desglosado del cuaderno principal; razón por lo cual deberá continuar su tramitación por cuerda separada al presente cuaderno principal. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Antonio Rojas Moreno, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
III) V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 588/2019-IIII, promovido por Julio César Castillo García, contra actos del Juez Primero Penal del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: Presentación de la demanda: El nueve de mayo de dos mil diecinueve (foja 1). Admisión: El diez de mayo de dos mil diecinueve (fojas 7 a 10). Intervención al Agente de Ministerio Público de la Federación adscrito: El trece de mayo de dos mil diecinueve (foja 10 vuelta). Audiencia constitucional: En esta fecha, que se desarrolló al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer y resolver el juicio, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 48 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues el acto reclamado es atribuido a autoridades con residencia en donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Inexistencia de autoridad. Dado que en proveído de dieciséis de mayo pasado (foja 17), se hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de diez de mayo, se dejó de tener con el carácter de responsable a la autoridad denominada por el quejoso como "Comisario General de la Policía Ministerial de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México"; por tanto, no se hará pronunciamiento respecto de ésta en la sentencia que se emite. TERCERO. Precisión del acto. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se hace la indicación que el acto reclamado en esta instancia es la orden de aprehensión y su cumplimiento. CUARTO. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección General Jurídica y Consultiva en representación del Fiscal General de Justicia del Estado de México, y Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México (fojas 14 y 15) al rendir su informe justificado negaron la existencia del acto que de ellos se reclaman. Por tal motivo, si la quejosa no aportó prueba alguna tendente a desvirtuar dichas negativas, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 284, visible en la página 236, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917- 2000, Tomo VI, Materia Común, número de registro 917818, cuyo tenor es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Y la tesis VI.2º.A.4 K, consultable en la página 903, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, febrero 2002, Tomo XV, Novena Época, Materia Común, número de registro 187728, cuyos rubro y texto son: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Lo anterior, porque el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, establece la obligación del quejoso de probar los hechos constitutivos de su acción; por tanto, es innegable que la carga de la prueba tendente a acreditar la existencia del acto reclamado a las autoridades en cita corresponde a los solicitantes del amparo. A lo anterior es aplicable, la jurisprudencia VI.2o. J/308, publicada en la página 77, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 80, Agosto de 1994, Materia Común, número de registro 210769, Octava Época, de contenido: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." Finalmente, no existe obligación por parte de este juzgado de analizar los argumentos que vierte a manera de alegatos el representante social, para que con ello diera motivo a emitir opinión diversa respecto del sentido emitido en la presente sentencia, pues éste no depende de los argumentos que al respecto viertan las partes, sino de la existencia y naturaleza del acto reclamado Por tanto, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio constitucional. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73, 74, 75, 76, 123, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Julio César Castillo García, en contra del acto y autoridades precisadas en los considerandos tercero y cuarto de la presente sentencia. Notifíquese.
- Incidental
III) Vistos,...se: R E S U E L V E ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva ..., contra las autoridades, los actos y por los motivos señalados en la parte considerativa de esta interlocutoria. Notifíquese.
- Incidental
III) Toluca, Estado de México; dieciséis de mayo de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2°, agréguese a los autos la razón suscrita por la actuaria judicial adscrita a este órgano jurisdiccional, en la cual manifiesta la imposibilidad de entregar el oficio 12026/2019 dirigido a la autoridad que el quejoso señalo como "Comisario General de la Policía Ministerial de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México", por las razones ahí expuestas. En términos de lo dispuesto en los artículos 161 y 212 de la legislación procesal civil invocada, dicha diligencia tiene valor probatorio pleno, pues al tratarse de una actuación de un funcionario investido de fe pública, lo asentado en sus razones corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe. A lo anterior, es aplicable la jurisprudencia 563, con número de registro 392690, publicada en la página 405, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo IV, cuyo contenido es: NOTIFICACION. VALOR PROBATORIO DE LAS RAZONES DE LOS ACTUARIOS. Las razones de notificación realizadas por los secretarios actuarios, que gozan de fe pública, tienen pleno valor probatorio respecto de los hechos que en ellas se consignan, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 403 en relación con la fracción VIII del 327, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, a menos que el contenido de las mismas sea desvirtuado por prueba en contrario." Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de diez de mayo de la presente anualidad y, de conformidad con lo establecido en el numeral 108, fracción III, de la Ley de Amparo, se deja de tener a dicha autoridad con el carácter de responsables para los efectos del presente incidente de suspensión, sin perjuicio de que la parte quejosa corrija la denominación de dicha autoridad, hasta antes de la celebración de la audiencia incidental. En otro orden de ideas, para conocimiento de las partes y manifiesten lo que a su derecho e interés convenga, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, dése vista con el oficio suscrito por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección General Jurídica y Consultiva en representación del Fiscal General de Justicia del Estado de México, y por el Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, a través del cual rinde informe previo. Con los informes de mérito hágase nueva relación en la audiencia incidental. De conformidad con el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados a las personas designadas para tal efecto por la primera de las citadas. Notifíquese.
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