Julio Cesar Castellanos Adorno
Expediente 1046/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1046/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 08/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Julio Cesar Castellanos Adorno
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Mérida, Yucatán, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Se tiene por hecha la certificación de cuenta de la que se advierte que del diecinueve al veintinueve de octubre de dos mil veintitrés, se declararon como días inhábiles con base en las circulares 28/3023 y 29/2023 firmadas por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en los avisos de suspensión de labores, emitidos por los Coordinadores de Juezas y Jueces de Distrito del Decimocuarto Circuito y de los Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, con motivo del paro y las manifestaciones llevadas a cabo por los integrantes del Poder Judicial de la Federación y sus sindicatos; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, vista la segunda certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada ley, contra el acuerdo de dos de octubre del año en curso, con el cual se desechó de plano la demanda de amparo. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º, se declara que el citado acuerdo en que se desechó la demanda, ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que en virtud de que se desechó la demanda de amparo, no se encuentra en alguno de los supuestos de relevancia documental, ni cuenta con documentos determinados como información reservada, es susceptible de destrucción, lo que se podrá realizar una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Por otro lado, se hace notar que no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes. De conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente, en el sentido de que este asunto es destruible. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.
- Principal
Mérida, Yucatán, dos de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso ********************, mediante el cual cumple con la prevención efectuada en acuerdo de veintidós de septiembre del año en curso. En ese sentido, es pertinente invocar lo ordenado por el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito en la ejecutoria pronunciada en la queja número 239/2023 de su índice, interpuesta por la parte quejosa, en contra del acuerdo de fecha veintisiete de junio del año en curso dictado por este Juzgado, en el que se desechó la demanda de amparo. El citado órgano colegiado en la ejecutoria de mérito consideró, que la causal de improcedencia invocada por esta juzgadora para desechar la demanda de amparo, no era notoria ni manifiesta, toda vez que el quejoso debía precisar los siguientes puntos, para ello, era necesario prevenirlo con el propósito de que: a) Precise la etapa procesal en la que se emitió el acto que se reclama, si fue durante la tramitación del juicio ejecutivo mercantil incoado en su contra, o si fue en la etapa de ejecución de sentencia, y; b) Precise los términos en que se decretó el embargo de la cuenta bancaria, para lo cual deberá indicar si recayó sobre una cantidad líquida específica o si se embargó un porcentaje, debiendo señalarlos, y si en el propio auto recurrido se requirió a la institución bancaria la remisión del numerario al juez del conocimiento. Ahora bien, la parte quejosa al desahogar la prevención efectuada, precisó medularmente que: En relación con el primer punto. a) El acto que se reclama fue emitido durante la tramitación del juicio ejecutivo mercantil, sin embargo, la autoridad responsable lo hace en cumplimiento a una sentencia que no existe. En lo referente al segundo punto. b) El embargo recayó sobre la cuenta bancaria, por una cantidad líquida de un millón quinientos mil pesos, sin requerir el numerario. Precisado lo anterior, previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su escrito aclaratorio, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." De manera que la parte quejosa reclama esencialmente, el embargo decretado dentro del procedimiento ejecutivo mercantil ********************, por el Juez Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que, en acuerdo de treinta y uno de mayo del año en curso, ordenó el embargo de su cuenta bancaria ********************con clave interbancaria número ********************de la institución de Crédito ********************, a nombre del impetrante de amparo, sin requerir la remisión de numerario alguno. El Tribunal Colegiado de Circuito, en la ejecutoria en comento también consideró, que al haber omitido la parte quejosa en su demanda de amparo precisar la etapa procesal en que se emitió el auto impugnado, así como los términos en que se decretó el embargo reclamado, lo que era necesario a fin de estar en aptitud de determinar si en contra del acto impugnado procedía recurso, o por el contrario, si se actualizaban los supuestos de procedencia del amparo indirecto, pues la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 153/2017 consideró, que cuando se embargue dinero en la etapa de ejecución de sentencia, es procedente el amparo indirecto, contra la resolución que en definitiva requiera a la institución de crédito la entrega al órgano jurisdiccional de la cantidad asegurada. Esto es, interpretado a contrario sensu, de que si tal embargo se realizaba dentro del procedimiento y no se había requerido al banco la entrega de numerario alguno, el amparo resultaba improcedente, pues en contra de tal determinación, había que agotar el principio de definitividad. Ahora bien, como se precisó, el quejoso al desahogar la prevención realizada por el citado Tribunal Colegiado, señaló: a) El acto que se reclama fue emitido durante la tramitación del juicio ejecutivo mercantil, sin embargo, la autoridad responsable lo hace en cumplimiento a una sentencia que no existe. b) El embargo recayó sobre la cuenta bancaria, por una cantidad líquida de un millón quinientos mil pesos, sin requerir el numerario. Con base en lo anterior, este órgano de control constitucional estima que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Como se anunció en el párrafo inmediato anterior, se actualiza la aludida causal de improcedencia, pues en contra de la citada orden de embargo reclamada y decretada en acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, el quejoso estuvo en aptitud de interponer los medios de impugnación establecidos en el Código de Comercio, esto es, el recurso de revocación o, en su caso, el de apelación, establecidos en los artículos 1334 y 1336 respectivamente del Código de Comercio, lo cual no aconteció en la especie. Ciertamente, para corroborar lo anterior se transcribe el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo citada: "(.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)." De la transcripción anterior se desprende, que el juicio de garantías se rige por el principio de definitividad, en atención al cual, la acción constitucional procede únicamente respecto de actos definitivos; esto es, que no sean susceptibles de modificación, revocación o invalidación, por recurso efectivo o medio de defensa legal alguno; entonces, para estar en tal supuesto, deben agotarse los recursos ordinarios o medios de defensa, cuando exista la posibilidad de que el acto reclamado pueda modificarse o invalidarse. Lo anterior es así, toda vez que el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dispone: "Artículo 25. Protección Judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso." El precepto citado establece en particular que el recurso efectivo implica la obligación para los tribunales de resolver los conflictos que se les plantean sin obstáculos o dilaciones innecesarias y evitando formalismos o interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial. En ese sentido, uno de los aspectos que garantizan la efectividad de los medios de defensa previstos por las leyes, es que los órganos encargados de administrar justicia, al interpretar los requisitos y las formalidades procesales legalmente previstos, deben tener presente la ratio de la norma para evitar que los meros formalismos impidan resolver la controversia. Por tanto, los requisitos para admitir los juicios, incidentes en ellos permitidos, o recursos efectivos, establecidos por el legislador, son de interpretación estricta para no limitar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, haciendo posible, en lo esencial, el ejercicio de dicho derecho, sin soslayarse los presupuestos esenciales de admisibilidad y procedencia de los juicios, incidentes en éstos permitidos o recursos intentados. En sustento de lo argumentado, es dable citar el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1a. CCXCI/2014 (10a.), visible en la página 536, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, Décima Época, materia constitucional, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. LOS ÓRGANOS ENCARGADOS DE ADMINISTRAR JUSTICIA, AL INTERPRETAR LOS REQUISITOS Y LAS FORMALIDADES ESTABLECIDOS EN LA LEY PARA LA ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE LOS JUICIOS, DEBEN TENER PRESENTE LA RATIO DE LA NORMA PARA EVITAR FORMALISMOS QUE IMPIDAN UN ENJUICIAMIENTO DE FONDO DEL ASUNTO. La tutela judicial efectiva, consagrada como derecho humano en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su vertiente de recurso efectivo, implica la obligación para los tribunales de resolver los conflictos que se les plantean sin obstáculos o dilaciones innecesarias y evitando formalismos o interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial, por lo que los órganos encargados de administrar justicia, al interpretar los requisitos y las formalidades procesales legalmente previstos, deben tener presente la ratio de la norma para evitar que los meros formalismos impidan un enjuiciamiento de fondo del asunto. Por tanto, los requisitos para admitir los juicios, incidentes en ellos permitidos, o recursos intentados, establecidos por el legislador, son de interpretación estricta para no limitar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, haciendo posible, en lo esencial, el ejercicio de dicho derecho, por lo que debe buscarse, con apoyo en los principios pro homine e in dubio pro actione, la interpretación más favorable al ejercicio de ese derecho humano, sin soslayarse los presupuestos esenciales de admisibilidad y procedencia de los juicios, incidentes en éstos permitidos o recursos intentados". Por ende, el Juzgador tiene la obligación de realizar la interpretación en sentido estricto a la norma aplicable, y no debe soslayar los presupuestos esenciales de admisibilidad y procedencia de los recursos; mismos presupuestos que resultan ser previos al estudio de fondo, pues esto también garantiza la tutela judicial efectiva, al crear una situación de seguridad jurídica respecto de las actuaciones de los órganos jurisdiccionales. Efectivamente, antes de promover la demanda de amparo, el agraviado debe agotar todos los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto reclamado y que tengan por efecto revocar, modificar o nulificar la resolución recurrida, caso que en la especie acontece de manera inexacta por parte del quejoso. La razón jurídica de la existencia del principio de definitividad, radica en que por ser un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos en la ley y en la jurisprudencia que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de la calidad de tercero extraño, de constitucionalidad de leyes y violaciones directas a la Constitución Federal. Ahora bien, del capítulo de antecedentes del acto reclamado se advierte, que el quejoso no agotó los recursos que otorga el Código de Comercio, esto es, el de revocación o en su caso, el de apelación, ya que uno de dichos medios de impugnación resulta procedente ante la naturaleza jurídica de la resolución impugnada, la cual es susceptible de ser recurrida con el objeto de que se revise el auto impugnado, y pueda ser revocado, modificado, o en su caso, confirmado. Por tal motivo, como se indicó líneas precedentes, en contra del acto reclamado consistente en el embargo realizado sobre su cuenta bancaria donde se le deposita su pensión jubilatoria por el Juez Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, en el juicio ejecutivo mercantil ********************, el quejoso debió promovente antes de acudir a este juicio de amparo, uno de los medios de defensa establecidos en el Código de Comercio. Toda vez que de la lectura de los artículos 1334 y 1336 del Código de Comercio, relativos a la revocación y apelación, respectivamente, el legislador federal implementó dos medios de impugnación para impugnar las determinaciones que se emitan en los juicios ejecutivos mercantiles, ya sea ante el propio juez que emitió el acuerdo (revocación) o ante el tribunal de alzada (apelación), según corresponda. En esa tesitura, como se aprecia, la parte quejosa no hizo valer ninguno de los dos medios de impugnación aplicables al acto reclamado, antes de acudir a este juicio de amparo. En ese mismo orden de ideas, también se colige que debido a la naturaleza del acto reclamado, es decir, al tratarse del embargo de una cuenta bancaria de pensión jubilatoria, se está en el supuesto de un acto al que le revisten características de consecuencias de imposible reparación, sin embargo, es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, tal como se abordó líneas atrás, pues la irreparabilidad y la definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues si bien es cierto el acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad y su trascendencia en la esfera jurídica del quejoso, la definitividad implica la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley de la materia, por tanto, el aquí quejoso antes de accionar este juicio constitucional, debió interponer los recursos que el Código de Comercio le otorga, con mayor razón cuando es parte en el procedimiento de origen, y la legislación mercantil, contempla dos vías de impugnación, las que tienen como objeto confirmar, revocar o modificar el acto que por esta vía se intenta. En sustento de lo anterior, es dable citar el criterio establecido en la tesis P./J.11/2018 visible en la página 8, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, Décima Época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo". En consecuencia de lo expuesto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Bajo las anteriores consideraciones, y aunado a que el promovente no hizo valer en la vía idónea el medio de impugnación correspondiente, deriva que el presente juicio de amparo indirecto es improcedente, al no ser el acto reclamado en este juicio susceptible de análisis por esta vía, en virtud que respecto del mismo previamente debía interponerse el recurso que la ley prevé. Tiene aplicación, el criterio aislado del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, publicado en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, agosto de 2018, Tomo III, página 3015, que señala lo siguiente: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA ENTREGA DE LOS BIENES REMATADOS, DEBE OBSERVARSE Y AGOTARSE EL MEDIO ORDINARIO QUE PROCEDA, ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 61, fracción XVIII y 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo, interpretados de manera conjunta y sistemática, se advierte que contra el auto dictado en la fase de ejecución de sentencia del juicio ejecutivo mercantil, que ordena la entrega de los bienes rematados, se debe agotar el medio ordinario de defensa que en su caso proceda, antes de promover el juicio de amparo, pues el hecho de que se trate de la última resolución dictada en el procedimiento de remate, no implica inobservar el principio de definitividad". Ahora, debe decirse que en la especie no se actualiza ninguno de los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, para la procedencia del presente juicio, puesto que el acto reclamado no constituye un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; tampoco se trata de una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; ni el quejoso es persona extraña al procedimiento, sino que es parte demandada en el mismo. En ese orden de ideas, es inconcuso que en contra del acto reclamado consistente en el embargo decretado por el Juez Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en autos del expediente de origen ********************, respecto de la de la cuenta bancaria ********************con clave interbancaria número ********************de la institución de Crédito ********************, a nombre del impetrante de amparo, procedía el medio de defensa que otorga el Código de Comercio, el cual la parte quejosa estuvo en aptitud de agotar. Aunado al hecho de que, como se precisó previamente, al acto reclamado le revisten características de consecuencias de imposible reparación, al tratarse del embargo de una cuenta bancaria de pensión jubilatoria, por lo que es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley. Por tanto, al no haberlo hecho así, el juicio de amparo indirecto es improcedente al no ser susceptible de análisis un acto respecto del cual, previamente debió interponerse el recurso que la ley de la materia prevé, actualizándose así, la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo que impone en consecuencia, desechar de plano la demanda de amparo. Sin que represente un obstáculo para arribar a tal determinación, el hecho que el quejoso se haya ostentado como adulto mayor, pues el ser un adulto mayor no es una cualidad que por sí misma surta a la vez el supuesto de condiciones de pobreza o marginación para que se actualice una excepción al principio de definitividad, pues resulta necesario que se halle comprendido en un grupo social de marginación y desventaja, lo que no se advierte en el caso, pues incluso el agraviado refiere que cuenta con una pensión de jubilación sobre la cual se realizó el embargo del treinta por ciento que es lo que reclama en este juicio de amparo, de ahí que no se encuentre en una condición de pobreza, marginación o desventaja. Sirve de apoyo por identidad de razón, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, Junio de 2015, Tomo III, página 1945, que señala lo siguiente: "ADULTO MAYOR. ESA CATEGORÍA NO ES UN CASO DE EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PARA EL ESTUDIO DE VIOLACIONES PROCESALES EN EL AMPARO DIRECTO. El artículo 171 de la Ley de Amparo dispone, como regla general, que al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Sin embargo, dicho precepto establece como excepciones al principio de definitividad para el estudio de las violaciones procesales en el amparo directo las siguientes: a) Que se afecten derechos de menores o incapaces; b) Al estado civil, o al orden o estabilidad de familia; c) Ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal; d) Quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio; e) Que el amparo sea promovido por el inculpado; y, f) Que se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contraria a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. Dentro de esos supuestos no está contemplada la categoría de adulto mayor. Sobre los adultos mayores, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 4398/2013 de dos de abril de dos mil catorce, estableció que los niños como los adultos se encuentran en una situación de debilidad respecto al resto de la población. Asimismo, destacó que el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que todas las personas gozan de los derechos que ésta establece, independientemente de la edad que tengan. Pero la categoría de adulto mayor, es decir, si se tienen más de sesenta años, no es un caso de excepción del principio de definitividad, sino que tiene que quedar comprendido en alguno de los otros supuestos determinados claramente en la norma especial que rige al juicio de amparo. Por tanto, el ser un adulto mayor no es una cualidad que por sí misma surta a la vez el supuesto de condiciones de pobreza o marginación, ya que es necesario que el adulto mayor se halle comprendido en un grupo social de marginación y desventaja que se genera con una condición multifactorial económica y social". Así como el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, visible en la Undécima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, febrero de 2022, Tomo III, página 2434, de rubro y texto siguientes: "ADULTO MAYOR. SU SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD NO JUSTIFICA QUE DEJEN DE OBSERVARSE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES DE LA ACCIÓN Y LOS REQUISITOS LEGALES MÍNIMOS PARA EL ACCESO A LA JURISDICCIÓN, COMO ES LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD. Hechos: En una demanda de amparo directo, la parte quejosa solicita que se aplique en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja a que se refiere el artículo 79 de la Ley de Amparo, pues aduce que, si bien la autoridad ante quien instó la acción pudiera no ser competente, al ubicarse en una situación de vulnerabilidad, dada su condición de adulto mayor, repercute en que se vea limitado su derecho humano de acceso a la justicia, pues se le obligaría a acudir ante una diversa autoridad. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la condición de adulto mayor del quejoso y su derecho humano de acceso a la justicia no se ven transgredidos, porque su situación de vulnerabilidad no justifica que dejen de observarse los presupuestos procesales de la acción y los requisitos legales mínimos para el acceso a la jurisdicción, como es la competencia de la autoridad (ante quien se insta la acción). Justificación: Lo anterior, pues si bien es cierto que los adultos mayores constituyen un grupo vulnerable que merece especial protección por los órganos del Estado, también lo es que su derecho de acceso a la justicia no es ilimitado, pues para que puedan ejercerlo es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia, entre ellos, que la autoridad ante quien se inste la acción sea legalmente competente; es por ello que su situación de adulto mayor no constituye una justificación válida para dejar de observar los presupuestos procesales de la acción ni los requisitos legales mínimos para el acceso a la jurisdicción, como lo es la competencia de la autoridad, toda vez que ni la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni las leyes establecen una eximente en ese sentido, sobre todo, porque las cuestiones de procedencia son de interés general y se rigen por el derecho público que reglamenta el orden general del Estado en sus relaciones con las personas". Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Por recibido al oficio signado vía electrónica por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, al que anexó copia de la resolución dictada el trece de septiembre del año en curso, en autos de la queja número 239/2023 de su índice, interpuesta por Julio César Castellanos Adorno, parte quejosa, en contra del acuerdo de fecha veintisiete de junio del año en curso dictado por este Juzgado; resolución de la que aparece que la citada Superioridad en su primer punto resolutivo declaró fundada la queja interpuesta en contra del citado proveído de veintisiete de junio del año en curso; y en su segundo punto resolutivo, se revoca el auto recurrido y en su tercer punto resolutivo, se dicta el auto de prevención, en los términos precisados en la parte final del último considerado del fallo emitido por dicha Superioridad. Acúsese recibo vía interconexión. En tal virtud, háganse las anotaciones de rigor en el Libro respectivo. Ahora bien, el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, al resolver la queja 239/2023 mediante sesión de trece de septiembre de dos mil veintitrés, al reasumir jurisdicción emitió un acuerdo de prevención en relación con la demanda de amparo promovida por el aquí quejoso, en los siguientes términos: "(.) vista la demanda de amparo, promovida por JULIO CESAR CASTELLANOS ADORNO, contra actos que reclama de la Juez Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, de cuyo análisis se obtiene que reclama el embargo de la cuenta bancaria que precisa, a cargo de la institución de crédito HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, en la que asevera le depositan su pensión jubilatoria, pero omite precisar la etapa procesal en que se emitió el acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, en el que indica se decretó el embargo, esto es, si fue durante la tramitación del juicio o en etapa de ejecución de sentencia; así como indicar los términos en que se decretó tal acto; es decir, si se embargó un porcentaje de la pensión jubilatoria, o recayó sobre una específica cantidad liquida, y si en ese propio auto también se requirió a la institución bancaria que entregara la cantidad embargada al Juez requirente. Entonces, antes de acordar lo conducente respecto a la admisión o no de la demanda de amparo, toda vez que del apartado de "antecedentes del acto reclamado" y de su lectura integral, no se advierten las circunstancias destacadas; con fundamento en el artículo 114, fracciones I, II, y IV, en relación con el numeral 108, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte quejosa, para que dentro del término de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído y bajo protesta de decir verdad: Aclare su demanda de amparo, debiendo precisar la etapa procesal en que se emitió el acto que reclama, si fue durante la tramitación del juicio ejecutivo mercantil incoado en su contra, o si fue en la etapa de ejecución de sentencia. Precise los términos en que se decretó el embargo, para lo cual deberá indicar si recayó sobre una cantidad liquida específica, o si se embargó un porcentaje, debiendo señalarlos, y si en el propio auto recurrido se requirió a la institución bancaria la remisión del numerario al Juez del conocimiento. Exhiba copias suficientes del escrito aclaratorio correspondiente para en su caso, correr traslado a las demás partes. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, dentro del término señalado, se tendrá por no presentada la demanda de amparo (.)". En consecuencia, notifíquese el aludido acuerdo de prevención a efecto de que tenga conocimiento del mismo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecisiete de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el oficio signado vía electrónica por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, con el que comunica que recibió en ese Tribunal el recurso de queja interpuesto por el quejoso Julio César Castellanos Adorno, contra del auto de veintisiete de junio del año en curso, se desechó de plano la demanda de amparo, integrándose el Toca número 239/2023 de su índice. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
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