Julio César Cantú Ocampo

Expediente 830/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
830/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
18/09/2023

Partes del expediente

  • Julio César Cantú Ocampo
  • Julio César Cantú Ocampo y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Principal 830/2023-II Acapulco de Juárez, Guerrero; dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se provee: Atenta la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ya feneció el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de queja en contra del proveído de quince de agosto de dos mil veintitrés; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2 de la ley antes citada, se declara QUE DICHO AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO, 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.be.a4 CARLOS ADAN PIZA CORTEZ HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase la anotación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, es preciso mencionar que conforme al artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción, Digitalización, Transferencia, Resguardo y Destino Final de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, este expediente es DESTRUÍBLE en un plazo de tres años. Por tal motivo, de conformidad con el referido numeral, dentro del término de treinta días siguientes a que haya transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir del presente proveído, previa acta, relación que se elabore para la identificación del expediente, anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, copia digital de todas las constancias que integran el sumario depurado y registro electrónico asociado, procédase a la destrucción de los autos, y en su momento remítase una copia del acta mencionada a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Este órgano jurisdiccional considera que el presente asunto no tiene relevancia documental, por la cual deba conservarse. Finalmente, tomando en consideración que en el presente juicio obra documento exhibido por la parte quejosa; por tanto, se le requiere para que dentro del plazo de noventa días contados a partir de que le surta efectos la notificación del presente proveído, 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.be.a4 CARLOS ADAN PIZA CORTEZ WordSISE se constituya en el local que ocupa este juzgado federal a recoger la documental de que se trata, apercibida que en caso de no hacerlo así, una vez transcurridos tres años a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo como asunto concluido, dicho documento será destruido junto con el expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente a la parte quejos

  2. Principal

    AVISO:NOTIFICO POR LISTA AL QUEJOSO EL ACUERDO DE 18/09/2023 EL CUAL DETERMINÓ: Principal 830/2023-II Acapulco de Juárez, Guerrero; dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se provee: Atenta la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ya feneció el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de queja en contra del proveído de quince de agosto de dos mil veintitrés; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2 de la ley antes citada, se declara QUE DICHO AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO, 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.be.a4 CARLOS ADAN PIZA CORTEZ HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase la anotación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, es preciso mencionar que conforme al artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción, Digitalización, Transferencia, Resguardo y Destino Final de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, este expediente es DESTRUÍBLE en un plazo de tres años. Por tal motivo, de conformidad con el referido numeral, dentro del término de treinta días siguientes a que haya transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir del presente proveído, previa acta, relación que se elabore para la identificación del expediente, anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, copia digital de todas las constancias que integran el sumario depurado y registro electrónico asociado, procédase a la destrucción de los autos, y en su momento remítase una copia del acta mencionada a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Este órgano jurisdiccional considera que el presente asunto no tiene relevancia documental, por la cual deba conservarse. Finalmente, tomando en consideración que en el presente juicio obra documento exhibido por la parte quejosa; por tanto, se le requiere para que dentro del plazo de noventa días contados a partir de que le surta efectos la notificación del presente proveído, se constituya en el local que ocupa este juzgado federal a recoger la documental de que se trata, apercibida que en caso de no hacerlo así, una vez transcurridos tres años a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo como asunto concluido, dicho documento será destruido junto con el expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente a la parte quejos

  3. Principal

    AVISO: NOTIFICO POR LISTA AL QUEJOSO EL ACUERDO DE QUINCE DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, EL CUAL DETERMINÓ: , SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO POR LO QUE HACE AL ACTO MARCADO CON EL ARABIGO 1. Por otra parte, respecto del acto reclamado señalado con el número 2. En este contexto, quien aquí resuelve, advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos (.)". Ello es así, toda vez que el impetrante del amparo promovió el juicio de manera extemporánea. Los artículos 17 y 18, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: (.)". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De lo anterior, se obtiene que la Ley de Amparo señala, que la demanda deberá interponerse dentro de los quince días siguientes al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al promovente de la resolución o acuerdo que reclame; o dentro de los quince días siguientes al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o bien al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Por su parte, las diversas fracciones del numeral 17 de la Ley de Amparo, señalan excepciones al plazo genérico de quince días con que se cuenta para intentar la acción de amparo, sin que sea el caso referirnos a ellas, pues no se surten en la especie. En consecuencia, cuando un gobernado sufre una afectación en su esfera jurídica motivada por un acto de autoridad susceptible de impugnarse vía juicio de amparo, debe indefectiblemente plantear su demanda dentro del término de quince días siguientes a cualquiera de las tres hipótesis que regula el citado precepto, luego, si no obstante tener conocimiento de la existencia de un acto que afectan sus derechos, deja transcurrir el plazo que para ejercitar la acción respectiva reconoce la propia ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, tal conducta, a criterio del legislador debe tomarse como manifestación tácita de conformidad con la mencionada actuación supuestamente lesiva de sus derechos. En esa tesitura, como ya se estableció con antelación la parte quejosa se duele del auto de ocho de junio de dos mil veintitrés, dictado dentro del expediente 1166-2022, del índice de la autoridad responsable, en el modifico el auto de radicación respecto de la pensión alimenticia del cuarenta y cinco por ciento (45%) al sesenta por ciento (60%). Ahora bien, no obstante que el quejoso no refiere la fecha en que fue notificado del auto de ocho de junio pasado, sin embargo, tomando en cuenta, lo manifiestado en su demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, en donde manifestó que mediante escrito de trece del mismo mes y año, interpuso recurso de reconsideración en contra del auto reclamado, por lo que se toma como fecha en que tuvo conocimiento del citado acto reclamado, esa data. Por lo que, de conformidad con el artículo 18 de la Ley de Amparo, el plazo para la interposición de juicio de amparo debe contarse a partir del día hábil siguiente a aquél en el que se hizo sabedor del acto reclamado. Por lo que en el caso concreto, el plazo de quince días establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, para presentar la demanda transcurrió del quince de junio al cinco de julio de la presente anualidad, sin contar los días sábados y domingos, por haber sido inhábiles. Ahora bien, toda vez que la demanda de amparo, fue presentada hasta el once de agosto del año en curso, tal y como se corrobora del sello receptor asentado por el buzón judicial y los datos asentados en la papeleta de turno, expedida por la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, es inobjetable que el término para promover la acción de tutela constitucional precluyó en su perjuicio; por tanto, cabe concluir que la misma fue presentada de manera extemporánea, y por ende, consentido tácitamente lo en ella impugnado. Es importante destacar que, la exigencia de que exista prueba plena de que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado, se satisface a plenitud en el caso, a virtud de la declaración categórica vertida en ese sentido por el promovente en los antecedentes de los actos reclamados, manifestación que constituye una confesión expresa de su parte, medio de prueba admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 95, 96, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Es aplicable la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, que es del rubro y texto siguiente: "AMPARO, TÉRMINO PARA LA INTERPOSICIÓN DEL. CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. Si el quejoso manifiesta en su demanda de garantías en qué fecha tuvo conocimiento del acto reclamado, tal manifestación constituye una confesión que hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en el juicio de amparo, por lo que a partir de esa fecha debe hacerse el cómputo del término que señala el artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tomo II, Segunda Parte-1, página 92) Asimismo, se tiene la convicción de que la causa de improcedencia aducida es totalmente aplicable al caso concreto, y que aún cuando se admitiera la demanda y se le diera curso legal, al final se adoptaría la misma determinación, luego no hay porqué sustanciar un juicio que a la postre resultara improcedente, en demérito de la obligación de atender al servicio de la administración de justicia con la prontitud que exige el artículo 17 Constitucional, pues al no haberse promovido el juicio dentro del término perentorio al efecto establecido, indefectiblemente se actualiza en la especie la hipótesis de improcedencia en examen y en consecuencia debe reputarse tácitamente consentido el acto reclamado por esta vía constitucional. Apoya la anterior determinación, el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que es del tenor literal siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Junio, Tomo XI, página 235) Acorde a lo anterior vertido y de los criterios invocados, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 61, fracción XIV, relacionado con el dispositivo 17, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO POR LO QUE HACE AL ACTO MARCADO CON EL ARABIGO 2.

  4. Principal

    o, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO POR LO QUE HACE AL ACTO MARCADO CON EL ARABIGO 1. Por otra parte, respecto del acto reclamado señalado con el número 2. En este contexto, quien aquí resuelve, advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos (.)". Ello es así, toda vez que el impetrante del amparo promovió el juicio de manera extemporánea. Los artículos 17 y 18, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: (.)". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De lo anterior, se obtiene que la Ley de Amparo señala, que la demanda deberá interponerse dentro de los quince días siguientes al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al promovente de la resolución o acuerdo que reclame; o dentro de los quince días siguientes al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o bien al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Por su parte, las diversas fracciones del numeral 17 de la Ley de Amparo, señalan excepciones al plazo genérico de quince días con que se cuenta para intentar la acción de amparo, sin que sea el caso referirnos a ellas, pues no se surten en la especie. En consecuencia, cuando un gobernado sufre una afectación en su esfera jurídica motivada por un acto de autoridad susceptible de impugnarse vía juicio de amparo, debe indefectiblemente plantear su demanda dentro del término de quince días siguientes a cualquiera de las tres hipótesis que regula el citado precepto, luego, si no obstante tener conocimiento de la existencia de un acto que afectan sus derechos, deja transcurrir el plazo que para ejercitar la acción respectiva reconoce la propia ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, tal conducta, a criterio del legislador debe tomarse como manifestación tácita de conformidad con la mencionada actuación supuestamente lesiva de sus derechos. En esa tesitura, como ya se estableció con antelación la parte quejosa se duele del auto de ocho de junio de dos mil veintitrés, dictado dentro del expediente 1166-2022, del índice de la autoridad responsable, en el modifico el auto de radicación respecto de la pensión alimenticia del cuarenta y cinco por ciento (45%) al sesenta por ciento (60%). Ahora bien, no obstante que el quejoso no refiere la fecha en que fue notificado del auto de ocho de junio pasado, sin embargo, tomando en cuenta, lo manifiestado en su demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, en donde manifestó que mediante escrito de trece del mismo mes y año, interpuso recurso de reconsideración en contra del auto reclamado, por lo que se toma como fecha en que tuvo conocimiento del citado acto reclamado, esa data. Por lo que, de conformidad con el artículo 18 de la Ley de Amparo, el plazo para la interposición de juicio de amparo debe contarse a partir del día hábil siguiente a aquél en el que se hizo sabedor del acto reclamado. Por lo que en el caso concreto, el plazo de quince días establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, para presentar la demanda transcurrió del quince de junio al cinco de julio de la presente anualidad, sin contar los días sábados y domingos, por haber sido inhábiles. Ahora bien, toda vez que la demanda de amparo, fue presentada hasta el once de agosto del año en curso, tal y como se corrobora del sello receptor asentado por el buzón judicial y los datos asentados en la papeleta de turno, expedida por la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, es inobjetable que el término para promover la acción de tutela constitucional precluyó en su perjuicio; por tanto, cabe concluir que la misma fue presentada de manera extemporánea, y por ende, consentido tácitamente lo en ella impugnado. Es importante destacar que, la exigencia de que exista prueba plena de que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado, se satisface a plenitud en el caso, a virtud de la declaración categórica vertida en ese sentido por el promovente en los antecedentes de los actos reclamados, manifestación que constituye una confesión expresa de su parte, medio de prueba admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 95, 96, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Es aplicable la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, que es del rubro y texto siguiente: "AMPARO, TÉRMINO PARA LA INTERPOSICIÓN DEL. CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. Si el quejoso manifiesta en su demanda de garantías en qué fecha tuvo conocimiento del acto reclamado, tal manifestación constituye una confesión que hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en el juicio de amparo, por lo que a partir de esa fecha debe hacerse el cómputo del término que señala el artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tomo II, Segunda Parte-1, página 92) Asimismo, se tiene la convicción de que la causa de improcedencia aducida es totalmente aplicable al caso concreto, y que aún cuando se admitiera la demanda y se le diera curso legal, al final se adoptaría la misma determinación, luego no hay porqué sustanciar un juicio que a la postre resultara improcedente, en demérito de la obligación de atender al servicio de la administración de justicia con la prontitud que exige el artículo 17 Constitucional, pues al no haberse promovido el juicio dentro del término perentorio al efecto establecido, indefectiblemente se actualiza en la especie la hipótesis de improcedencia en examen y en consecuencia debe reputarse tácitamente consentido el acto reclamado por esta vía constitucional. Apoya la anterior determinación, el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que es del tenor literal siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Junio, Tomo XI, página 235) Acorde a lo anterior vertido y de los criterios invocados, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 61, fracción XIV, relacionado con el dispositivo 17, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO POR LO QUE HACE AL ACTO MARCADO CON EL ARABIGO 2.

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