Julio Cesar Callejas Álvarez y Otros.

Expediente 1518/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 1 actuación registrada, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1518/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Julio Cesar Callejas Álvarez y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda promovida por **********, por derecho propio, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, Estado de México y otra autoridad, háganse las anotaciones respectivas bajo el número 1518/2023-II. Ahora, la parte quejosa señala como acto reclamado la resolución de dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, emitida en la carpeta administrativa 3123/2023, en la que el Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, a los aquí quejosos. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando lo que realmente quiso impugnar el quejoso y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, la jurisprudencia P./J.40/2000 con registro 192097, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 32 del Tomo XI, Abril de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En esencia, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, mientras que lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tiene aplicación la jurisprudencia I.1o.A. J/4, publicada en la página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 196196, del siguiente rubro "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE". En el caso, de oficio el suscrito estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, dado que la parte quejosa estaba obligada a agotar el principio de definitividad, la cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)". El dispositivo legal y fracción citados, prevén que el juicio de amparo será improcedente cuando el acto reclamado pueda ser combatido mediante juicio, recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado. Lo anterior, en atención al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, relativo a que la parte quejosa, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que de no hacerlo así, será improcedente el juicio de derechos fundamentales. Este principio es indicativo que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa para la protección de los derechos humanos, de modo que para acudir a él es necesario interponer en la vía ordinaria procedente, los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan. Para lo cual, por un lado, tales recursos deben tener una existencia legal, es decir, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen; y, por otro, para que la parte quejosa tenga obligación de agotarlos previamente al ejercicio de la acción constitucional debe existir entre el acto que lo agravie y el recurso ordinario una relación directa de idoneidad, es decir, que el medio común de defensa esté previsto por la ley rectora del acto en forma expresa para combatir a éste y no que por analogía se considere a dicho recurso como procedente para tal efecto. Ahora bien, a efecto de demostrar la causa de improcedencia a que se hace referencia, es necesario conocer el contenido de los artículos 160 y 467, fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen: "Artículo 160. Impugnación de las decisiones judiciales Todas las decisiones judiciales relativas a las medidas cautelares reguladas por este Código son apelables. (...) Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: I. Las que nieguen el anticipo de prueba; II. Las que nieguen la posibilidad de celebrar acuerdos reparatorios o no los ratifiquen; III. La negativa o cancelación de orden de aprehensión; IV. La negativa de orden de cateo; V. Las que se pronuncien sobre las providencias precautorias o medidas cautelares; VI. Las que pongan término al procedimiento o lo suspendan; VII. El auto que resuelve la vinculación del imputado a proceso; VIII. Las que concedan, nieguen o revoquen la suspensión condicional del proceso; IX. La negativa de abrir el procedimiento abreviado; X. La sentencia definitiva dictada en el procedimiento abreviado, o XI. Las que excluyan algún medio de prueba". De los preceptos legales citados, en lo relevante, se colige, que, la resolución emitida por el Juez de Control, en la cual se pronuncie sobre providencias precautorias o medidas cautelares, entre las que se encuentran la imposición, revisión, sustitución o modificación o cualquier determinación relativa a esa medidas procede recurso de apelación. En el caso, la parte quejosa (en su calidad de imputados) reclaman del Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, la determinación de dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, emitida en la carpeta administrativa 3123/2023, en la que se impuso a los impetrantes de amparo Julio César Callejas Álvarez y Carlos Alberto Pérez Resendiz la medida cautelar de prisión preventiva justificada, es evidente que cuentan con un medio efectivo de impugnación que deben agotar, previo a la promoción del juicio de amparo; a saber, el previsto en el citado artículo 467, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Consecuentemente, estaban obligados a agotar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, pues el Código Nacional de Procedimientos Penales, en los referidos artículos 160 y 467, prevé el derecho para las partes procesales de recurrir a través del recurso de apelación, aquellas determinaciones relativas a las medidas cautelares, a través del cual, pueden ser modificadas, anuladas o revocadas. De ahí que este juzgador de amparo, insiste, que el acto impugnado debe ser primeramente confirmado, modificado o revocado en la vía jurisdiccional ordinaria, ya que los artículos 160 y 467, fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales, contempla que existe un medio ordinario para impugnar las medidas cautelares impuestas por el juez de Control, lo que conlleva implícita la posibilidad de revisar los actos que aduce, previo a incoar el juicio de amparo indirecto, sin que en el caso opere algún supuesto de excepción al principio de definitividad, ni tampoco lo torna como un acto de imposible reparación, porque puede ser que al resolverse subsanen las omisiones que atribuye a la autoridad responsable. Sin que el caso en estudio se encuentre dentro de las excepciones al principio de definitividad, que prevé el propio artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, cuyas hipótesis son: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de libertad, o resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento; d) Cuando se trate de auto de vinculación a proceso. Lo anterior, tampoco implica la inobservancia de los principios contenidos en el artículo 1o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la protección más amplia de la persona, habida cuenta que si bien es cierto, de acuerdo con dicho numeral, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevén en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona; lo cierto es que los órganos de control Constitucional, sólo en el marco de sus competencias, deben efectuar dicho control respecto de las normas jurídicas que analizan, siempre y cuando no se soslayen las cuestiones que afecten la procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a. CCCXXIX/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 61, diciembre de 2018, tomo I, página 396, de la Décima Época, con registro digital 2018792, del siguiente rubro "RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA LA RESOLUCIÓN EMITIDA A RAÍZ DE LA SOLICITUD DE REVISIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA EN PROCESOS PENALES MIXTOS. DEBE TRAMITARSE Y RESOLVERSE CONFORME A LAS REGLAS APLICABLES EL CÓDIGO NACIONAL DEPROCEDIMIENTOS PENALES". En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos 61, fracción XVIII y 113, ambos de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata, por resultar indudable y notoria la improcedencia de la acción que mediante ella se pretende ejercitar. En otro contexto, dado que los quejosos se encuentran internos en el Centro Preventivo y de Reinserción Social de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, realícense las notificaciones en dicho centro de reclusión. Ténganse por autorizados a los profesionistas que designan para los efectos que establecen, en el entendido de que para el caso de ser en amplios términos deberán contar con el registro correspondiente. Se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación de este asunto mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese, vía electrónica. Notifíquese; personalmente a los quejosos. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

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