Julio Cesar Cabadas Barajas
Expediente 1662/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 14 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1662/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 02/03/2022
Partes del expediente
- Julio Cesar Cabadas Barajas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, dos de marzo de dos mil veintidós. TAEP cumple requerimiento. El Tribunal de Arbitraje en el Estado de Puebla, cumple el requerimiento formulado y remite copia certificada del acuerdo de veinticinco de febrero del año en curso y la constancia de notificación efectuada a la parte actora, dictado dentro del juicio laboral D-15/2022 de su índice, del que se advierte que aceptó la competencia planteada por la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado. Téngase por recibido, y se tiene a la autoridad dando cumplimiento a lo solicitado y se deja sin efectos el apercibimiento decretado. Por otra parte, se admiten las pruebas ofrecidas, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte de oficio, que respecto del acto reclamado atribuido a la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, consistente en la omisión de desahogar la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas en el juicio laboral 470/2020, se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." En primer orden, es conveniente precisar que la causa de improcedencia objeto de estudio requiere de la actualización de los siguientes requisitos: Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número 2a. CXI/96 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 219, tomo IV, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a diciembre de 1996 de rubro y texto siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a). Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b). Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c). Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d). Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Dicho lo anterior, ahora es pertinente explicar por qué en el caso se cumplen todos los requisitos necesarios para que se actualice la causa de improcedencia objeto de estudio. Respecto al requisito previsto en el inciso a) cabe precisar que se encuentra satisfecho, puesto que se reclama la omisión de desahogar la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas en el juicio laboral 470/2020 del índice de la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla. En relación al supuesto previsto en el inciso b), se advierte que a la fecha de presentación de demanda -veintiuno de octubre de dos mil veintiuno-, la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla no había realizado pronunciamiento alguno respecto de la omisión reclamada; sin embargo, mediante acuerdo de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, la responsable determinó fundado el incidente de competencia planteado por la parte demandada y ordenó remitir el expediente laboral al Tribunal de Arbitraje del Estado, quien aceptó la competencia el veinticinco de febrero del año en curso, asignándole el número de expediente D-15/2022, y dicha determinación fue notificada a la aquí parte quejosa en la misma fecha. De lo que se advierte que esta actuación es posterior a la presentación de la demanda de amparo. Por otra parte, respecto al requisito previsto en el inciso c), se reitera que en auto de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, la junta responsable, al declarar fundada la competencia planteada, ordenó remitir el expediente laboral al Tribunal de Arbitraje del Estado quien aceptó la competencia el veinticinco de febrero pasado. Razón por la cual no podrá decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado [la omisión de desahogar la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas en el juicio laboral 470/2020], sin afectar la nueva situación jurídica (la aceptación de la competencia del Tribunal de Arbitraje del Estado, al declararse incompetente la junta responsable para la prosecución del juicio laboral). Lo anterior se traduce en un cambio de situación jurídica respecto del estado que guardaban los autos al momento de la presentación de la demanda de amparo. Así, dicho cambio de situación jurídica provoca que se consideren consumadas las violaciones atribuidas a la omisión reclamada, sin que pueda analizarse su constitucionalidad, pues se soslayaría la nueva situación jurídica, esto es, que el Tribunal de Arbitraje del Estado aceptó la competencia planteada mediante auto de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, por la junta responsable. El requisito antes examinado se encuentra íntimamente vinculado con el diverso previsto en el inciso d), pues existe autonomía entre la omisión reclamada y la nueva situación jurídica que rige el juicio origen. En efecto, dentro de un procedimiento se dictan una serie de actos sucesivos, en donde cada uno tiene una esfera de influencia o de trascendencia respecto de los subsecuentes; influencia que, en ciertos casos, llega a ser determinante para todos los actos del procedimiento; sin embargo, en otras ocasiones, la influencia de un acto procesal no alcanza más que a un número reducido de actos. En este contexto, aquellos actos que gozan de autonomía frente a los anteriores pueden subsistir con independencia de que los precedentes sean ilegales, por lo cual se dice que éstos no son determinantes de aquéllos. Es precisamente en estos casos en donde resulta factible la actualización de la causa de improcedencia en comento, pues al existir autonomía entre la situación jurídica anterior y la actual, ningún sentido tiene pronunciarse respecto de la primera si incluso su abierta ilegalidad no produciría la inconstitucionalidad de la segunda. En el caso concreto, se considera que existe autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada, dado que ha quedado superado el estado que guardaban los autos antes de la presentación del escrito inicial de demanda -la omisión de desahogar la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas en el juicio laboral 470/2020- y la situación jurídica que se originó posteriormente -acuerdo de veinticinco de febrero del año en curso, por el que el Tribunal de Arbitraje del Estado aceptó la competencia planteada por la junta responsable, asignándole como nuevo número de expediente D-15/2022. En otras palabras, no podría analizarse la legalidad de la omisión reclamada, bajo el solo argumento de que la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla no desahogó la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas en el juicio laboral 470/2020, pues implicaría afectar la nueva situación procesal que se actualizó con posterioridad a la presentación del presente juicio de amparo. Por tanto, se concluye que en el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, número de registro 184572, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Se deja sin efectos la audiencia constitucional. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las once horas con diez minutos del diez de marzo de dos mil veintidós. Por lo tanto, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): San Andrés Cholula, Estado de Puebla, dos de marzo de dos mil veintidós. TAEP cumple requerimiento. El Tribunal de Arbitraje en el Estado de Puebla, cumple el requerimiento formulado y remite copia certificada del acuerdo de veinticinco de febrero del año en curso y la constancia de notificación efectuada a la parte actora, dictado dentro del juicio laboral D-15/2022 de su índice, del que se advierte que aceptó la competencia planteada por la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado. Téngase por recibido, y se tiene a la autoridad dando cumplimiento a lo solicitado y se deja sin efectos el apercibimiento decretado. Por otra parte, se admiten las pruebas ofrecidas, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte de oficio, que respecto del acto reclamado atribuido a la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, consistente en la omisión de desahogar la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas en el juicio laboral 470/2020, se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." En primer orden, es conveniente precisar que la causa de improcedencia objeto de estudio requiere de la actualización de los siguientes requisitos: Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número 2a. CXI/96 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 219, tomo IV, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a diciembre de 1996 de rubro y texto siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a). Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b). Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c). Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d). Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Dicho lo anterior, ahora es pertinente explicar por qué en el caso se cumplen todos los requisitos necesarios para que se actualice la causa de improcedencia objeto de estudio. Respecto al requisito previsto en el inciso a) cabe precisar que se encuentra satisfecho, puesto que se reclama la omisión de desahogar la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas en el juicio laboral 470/2020 del índice de la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla. En relación al supuesto previsto en el inciso b), se advierte que a la fecha de presentación de demanda -veintiuno de octubre de dos mil veintiuno-, la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla no había realizado pronunciamiento alguno respecto de la omisión reclamada; sin embargo, mediante acuerdo de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, la responsable determinó fundado el incidente de competencia planteado por la parte demandada y ordenó remitir el expediente laboral al Tribunal de Arbitraje del Estado, quien aceptó la competencia el veinticinco de febrero del año en curso, asignándole el número de expediente D-15/2022, y dicha determinación fue notificada a la aquí parte quejosa en la misma fecha. De lo que se advierte que esta actuación es posterior a la presentación de la demanda de amparo. Por otra parte, respecto al requisito previsto en el inciso c), se reitera que en auto de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, la junta responsable, al declarar fundada la competencia planteada, ordenó remitir el expediente laboral al Tribunal de Arbitraje del Estado quien aceptó la competencia el veinticinco de febrero pasado. Razón por la cual no podrá decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado [la omisión de desahogar la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas en el juicio laboral 470/2020], sin afectar la nueva situación jurídica (la aceptación de la competencia del Tribunal de Arbitraje del Estado, al declararse incompetente la junta responsable para la prosecución del juicio laboral). Lo anterior se traduce en un cambio de situación jurídica respecto del estado que guardaban los autos al momento de la presentación de la demanda de amparo. Así, dicho cambio de situación jurídica provoca que se consideren consumadas las violaciones atribuidas a la omisión reclamada, sin que pueda analizarse su constitucionalidad, pues se soslayaría la nueva situación jurídica, esto es, que el Tribunal de Arbitraje del Estado aceptó la competencia planteada mediante auto de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, por la junta responsable. El requisito antes examinado se encuentra íntimamente vinculado con el diverso previsto en el inciso d), pues existe autonomía entre la omisión reclamada y la nueva situación jurídica que rige el juicio origen. En efecto, dentro de un procedimiento se dictan una serie de actos sucesivos, en donde cada uno tiene una esfera de influencia o de trascendencia respecto de los subsecuentes; influencia que, en ciertos casos, llega a ser determinante para todos los actos del procedimiento; sin embargo, en otras ocasiones, la influencia de un acto procesal no alcanza más que a un número reducido de actos. En este contexto, aquellos actos que gozan de autonomía frente a los anteriores pueden subsistir con independencia de que los precedentes sean ilegales, por lo cual se dice que éstos no son determinantes de aquéllos. Es precisamente en estos casos en donde resulta factible la actualización de la causa de improcedencia en comento, pues al existir autonomía entre la situación jurídica anterior y la actual, ningún sentido tiene pronunciarse respecto de la primera si incluso su abierta ilegalidad no produciría la inconstitucionalidad de la segunda. En el caso concreto, se considera que existe autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada, dado que ha quedado superado el estado que guardaban los autos antes de la presentación del escrito inicial de demanda -la omisión de desahogar la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas en el juicio laboral 470/2020- y la situación jurídica que se originó posteriormente -acuerdo de veinticinco de febrero del año en curso, por el que el Tribunal de Arbitraje del Estado aceptó la competencia planteada por la junta responsable, asignándole como nuevo número de expediente D-15/2022. En otras palabras, no podría analizarse la legalidad de la omisión reclamada, bajo el solo argumento de que la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla no desahogó la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas en el juicio laboral 470/2020, pues implicaría afectar la nueva situación procesal que se actualizó con posterioridad a la presentación del presente juicio de amparo. Por tanto, se concluye que en el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, número de registro 184572, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Se deja sin efectos la audiencia constitucional. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las once horas con diez minutos del diez de marzo de dos mil veintidós. Por lo tanto, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintidós de febrero de dos mil veintidós. Diferimiento. Visto el estado procesal de autos y la certificación que antecede se evidencia que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse el día de hoy; sin embargo, no está en aptitud de celebrarse, toda vez que mediante auto de diez de febrero del año en curso, se requirió al Tribunal de Arbitraje del Estado, a fin de que informara si aceptó la competencia declinada por la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado para conocer del expediente laboral 470/2020, sin que a la fecha haya dado cumplimiento a lo solicitado. En tales condiciones, a fin de dar margen a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional fijada en el presente asunto. Se señalan las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIEZ DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. ... Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diez de febrero de dos mil veintidós. Autoridad informa. El Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, informa la imposibilidad de dar cumplimiento al requerimiento efectuado en auto de veintiocho de enero de dos mil veintidós debido a que de los archivos con los que cuenta, no se advierte la nomenclantura del expediente 470/2020, por lo que devuelve el oficio 5275/2022 girado en el presente asunto. Requerimiento a autoridad Ahora bien, debido a que la junta responsable informó que resultó fundado el incidente de competencia planteado por la parte demandada en el juicio de origen, ordenando remitir los autos del expediente laboral 470/2020 de su índice al Tribunal de Arbitraje en el Estado de Puebla. En ese tenor, con copia del acuse relativo a la recepción de los autos originales del expediente laboral 470/2020 del índice de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, requiérase nuevamente al Tribunal de Arbitraje en el Estado de Puebla, para que: En el término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, informe si aceptó la competencia declinada por la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, para conocer del expediente 470/2020 y remita las constancias respectivas. Es aplicable, la jurisprudencia P./J. 17/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Febrero de 1997, página 108: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto.". Se apercibe a la autoridad requerida que, de no cumplir lo ordenado, se le impondrá una multa de cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259 Ley de Amparo." Se apercibe a la autoridad requerida que, de no cumplir lo ordenado, se le impondrá una multa de cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259 Ley de Amparo. Notifíquese.
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