Julio César Bermudez Garrido
Expediente 1015/2022 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1015/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/01/2023
Partes del expediente
- Julio César Bermudez Garrido
Actuaciones
- Principal
Feneció el plazo de cinco días hábiles que prevé el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el proveído de doce de diciembre de dos mil veintidós, en el que tuvo por no presentada la demanda de amparo; sin que se hiciera valer. En consecuencia, con fundamento en los arábigos 2, 97 fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, así como en los ordinales 355, 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se declara que el citado acuerdo ha causado estado.
- Principal
Feneció el plazo de cinco días concedido en proveído veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, para que la parte quejosa subsanara las deficiencias de su escrito de demanda de amparo; sin que hubiere realizado manifestación al respecto. En consecuencia, lo que procede es hacer efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído y con fundamento en el párrafo segundo del artículo 114 de la ley en consulta, se tiene por no presentada la demanda de amparo.
- Principal
Ciudad de México, a veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2º, téngase por recibida la demanda de amparo firmada electrónicamente por *************, contra actos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y otras autoridades; fórmese expediente físico y electrónico bajo el número de registro 1015/2022-V. Procedencia. Previo a pronunciarse sobre la admisión o desechamiento, parcial o total, de la demanda, o en su caso incompetencia, es importante destacar la siguiente tesis, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 199, tomo VIII, noviembre de 1991, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, EXAMEN DE LA. EL JUZGADOR DEBE ATENDER PREFERENTEMENTE A LO QUE SE QUISO DECIR EN ELLA. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, la administración de justicia será impartida por los tribunales expeditos al efecto, en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo resoluciones de manera pronta, completa y expedita. Armónicamente con esta garantía constitucional, el artículo 79 de la Ley de Amparo establece, entre otras hipótesis, que la Suprema Corte de Justicia de la nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los jueces de Distrito, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, podrán examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda. De esta manera, puede concluirse que con el propósito de otorgar una recta administración de justicia, el juzgador al examinar una demanda de amparo, sea uniinstancial o biinstancial, deberá atender preferentemente a lo que se quiso decir en ella, armonizando los datos que conforman la demanda, atendiendo desde luego a los requisitos que se prevén en los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo." De conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar ante todo, el escrito de demanda, y si de dicho análisis se advierte que hubiere alguna deficiencia, irregularidad u omisión, mandará prevenir al promovente para que llene los requisitos omitidos, dentro del plazo de cinco días, expresando en el auto relativo las irregularidades o deficiencias que deban llenarse, para que la parte quejosa pueda subsanarlas en tiempo. Sin pretender obviar la causa de pedir, en este momento resulta legalmente imposible admitir a trámite la demanda de amparo, medularmente porque es indispensable saber qué acto u actos en específico la parte quejosa desea señalar como reclamados. En ese tenor, el artículo 108, fracciones I, IV y V, de la Ley de Amparo, estatuye: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; (.) IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; (.)" Resulta jurídicamente imposible, por ahora, dar trámite a la demanda de amparo ya que el promovente indica que lo hace por propio derecho, pero en el segundo párrafo asentó que por así convenir a los intereses de su mandante, señala diversos medios de notificación; sin que proporcione el nombre de tal persona física o moral. Asimismo, en el capítulo relativo al acto reclamado, la parte quejosa señala como acto reclamado: "La orden de aseguramiento del predio ubicado en la Calle de Miguel Noreña No. 56, Colonia San José Insurgentes, Código Postal 03900, Alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, ordenada por las responsables en la Carpeta de Investigación numero CI-FIDAMPU/A/UI-2 C/D/0059/01-2022, y en la que se le atribuye en cuanto a su materialización al Director de la Policía de investigación, debido a que es un acto que contraviene los artículos 20 y 21 constitucional, ya sea que actué por sí mismo, a través de sus agentes o subordinados." Sin embargo, en el capítulo de antecedentes, indica en el punto cinco: "5. Por todo lo anterior, es que acudo ante esta autoridad federal, a fin de que sirva proteger mis derechos humanos, ya que tengo el temor fundado que por los hechos anteriormente narrados puedan privarme de mi libertad, no obstante que los actos cometidos no son propios del suscrito." Tampoco describe con claridad cuáles son los antecedentes del acto del que se duele, toda vez que sólo señala acontecimientos anteriores al mismo y no proporciona la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado. Tales manifestaciones generan incertidumbre para fijar la litis constitucional, pues, por una parte el quejoso promueve por propio derecho, pero posteriormente señala a un mandante, sin especificar su nombre; luego reclama una orden de aseguramiento y después se duele de una orden privativa de la libertad, aunado a que no describe con claridad los antecedentes del acto reclamado y la fecha en que conoció del mismo. Consecuentemente, este juzgado federal se encuentra imposibilitado de requerir correctamente el informe justificado a las autoridades responsables, porque la litis no se puede fijar. Prevención. Por tanto, con fundamento en los artículos 113, 114, en relación con el numeral 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que, dentro del plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente auto, por escrito y bajo protesta de decir verdad: Manifieste si promueve por propio derecho, si lo hace en nombre de alguien más o, en su caso, por ambos; en caso de que se en cualquiera de los dos últimos supuestos, deberá proporcionar el nombre de tal persona física o moral y adjuntar documento idóneo con que acredite la representación que ostenta. Señale de manera clara, precisa y sin afirmaciones subjetivas cuál o cuáles son los actos reclamados. Amplíe los antecedentes del acto reclamado narre de manera suscinta y cronológica, todo aquello que guarde relación con el acto que pretenda controvertir en esta vía, así como la fecha en que tuvo conocimiento del mismo. Tiene aplicación al caso la tesis I.7o.A.100 K, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley" Así como la jurisprudencia 161/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA. De los artículos 116, 145 y 146 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que la omisión de señalar en la demanda la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, cuando ello no se desprenda de los anexos con que se acompañe, constituye una irregularidad de aquélla al tratarse de un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna y, en este sentido, se comprende en la fracción IV del primer numeral citado, que no sólo se refiere a la narración de acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, sino también a los aspectos que influyan en la procedencia del juicio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio oficioso. Por tanto, el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que subsane esa deficiencia, y de no hacerlo, incurrirá en violación a las disposiciones fundamentales que norman el procedimiento, que podrá dar lugar a ordenar su reposición en términos del numeral 91, fracción IV, del ordenamiento legal citado." En el entendido de que el término que se concede es improrrogable y de la responsabilidad en que incurren las partes al afirmar hechos falsos u omitir los que le consten, en términos del diverso 261, fracción I, de la Ley de Amparo. Ello, a pesar de tratarse de un asunto en materia penal, ya que la suplencia prevista en el artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, no autoriza a cambiar los elementos del juicio de amparo señalados por la parte quejosa como en el caso lo son la parte promovente, los actos reclamados de los que se duele, los antecedentes de éstos y la fecha en que tuvo conocimiento. Apercibimiento Con fundamento en el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se apercibe a la parte quejosa que de no cumplir con lo anterior en los términos que se le indican y dentro del plazo que para ello se le concede, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Desahogo de prevención por parte legitimada para ello. Cabe destacar que la prevención que antecede únicamente la podrá desahogar el directo promovente, dada la responsabilidad penal que de la protesta de decir verdad pudiera derivarse, en tanto ésta se refiere al acto reclamado, en términos de lo dispuesto por la jurisprudencia 88/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA." No obstante que se señalaron personas autorizadas en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, estas quedan relevadas de cualquier responsabilidad relacionada con los actos reclamados. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 201, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA, ACLARACION DE LA. EL AUTORIZADO EN TERMINOS DEL ARTICULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, NO ESTA FACULTADO PARA HACERLA. El segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Amparo, antes de su reforma llevada a cabo en decreto de veintitrés de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, prescribía: "El agraviado y el tercero perjudicado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre a cualquier persona con capacidad legal. La facultad de recibir notificaciones autoriza a la persona designada para promover o interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas y alegar en las audiencias, pero no para substituir dichas facultades en un tercero". Por otra parte, en los términos del artículo 4o. de la Ley de Amparo, en materias diversas de la penal, el ejercicio de la acción constitucional corresponde al quejoso o a su representante, y, como todo acto que tienda a poner a la demanda en condición de ser admitida forma parte del ejercicio de la acción, sólo puede ser realizado por el quejoso o su representante. Además, de una recta interpretación del artículo 27, en comento, se concluye que la enumeración de las facultades de recibir notificaciones, promover o interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas y alegar en las audiencias, es limitativa y no enunciativa. Por tanto, las irregularidades que llegaren a encontrarse por el Juez de Distrito en el escrito de demanda deben ser subsanadas por el promovente del juicio de garantías o por su representante legal, y no deben tenerse por hechas las realizadas por el autorizado para oír notificaciones en los términos del artículo 27 de la Ley de Amparo. No obstante, cabe precisar que el autorizado sí puede presentar las copias de la demanda que sean necesarias, pues ello no implica el ejercicio de la acción de amparo, sino la realización de un acto material." Así como la jurisprudencia emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que refiere: "AUTORIZADO PARA OIR NOTIFICACIONES. NO ESTA FACULTADO PARA ACLARAR LA DEMANDA DE AMPARO (TEXTO VIGENTE HASTA EL 14 DE ENERO DE 1988). De conformidad con lo dispuesto por el precepto especificado, la autorización que se concede a una persona por el quejoso o por el tercero perjudicado para oír notificaciones, sólo la faculta para llevar a cabo los actos que en forma limitativa establece el propio precepto y que son: el de promover e interponer los recursos que procedan, el de ofrecer y rendir pruebas y el de alegar en las audiencias. Esta interpretación se funda por una parte en que las facultades especificadas sólo son susceptibles de ejercitarse durante el juicio, y éste se considera instaurado hasta el momento en que se admita la demanda, toda vez que si bien es verdad, que dicha autorización surge de la manifestación de voluntad del quejoso y su reconocimiento entraña un acto meramente declarativo por parte de los tribunales de amparo, también lo es que no puede operar hasta el momento de la admisión de la citada demanda; por tanto, las irregularidades que llegaren a encontrarse por el Juez de Distrito en el escrito de demanda, deben ser subsanadas por el promovente del juicio de garantías o por su representante legal y no deben tenerse por hechas las realizadas por el autorizado para oír notificaciones en los términos del artículo 27 de la Ley de Amparo. Por otra parte, corrobora esta interpretación el artículo 4o. de la Ley de Amparo, conforme al cual el ejercicio de la acción constitucional sólo corresponde al quejoso o a su apoderado, por lo que si toda aclaración de la demanda tiende a ajustarla a los requisitos formales exigidos por el artículo 116 del propio ordenamiento, o a subsanar alguna otra irregularidad, ello sólo pueden hacerlo los sujetos que se especifican. Una conclusión opuesta implicaría hacer la interpretación extensiva del texto legal, sin que existan bases, pues si las facultades concedidas al autorizado tuvieran carácter general o enunciativo, y no restrictivo, harían inútil la enumeración que de ellas consigna el artículo en comento. Sobre la presente tesis debe añadirse que resulta aplicable a aquellos casos que habiéndose decidido en algún juzgado de Distrito bajo la vigencia del precepto referido, se encuentren pendientes de decisión de última instancia en cuanto al problema analizado." También, por similitud jurídica la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con rubro: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. Presentación de promociones. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita a las partes que realicen las promociones que estimen pertinentes preferentemente a través del portal con firma electrónica, de conformidad con los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Domicilio. Atendiendo a la petición expresa de la parte quejosa con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones que tengan que realizarse de manera personal, el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al usuario "********************". Correo electrónico. Con relación a las notificaciones a través del correo electrónico y números telefónicos que proporciona, dígase que no ha lugar a proveer de conformidad su petición. Lo anterior es así, ya que el artículo 27 de la Ley de Amparo, no contempla esas vías como medios para oír y recibir notificaciones; y si bien el dispositivo 26, fracción IV, de la citada ley prevé las notificaciones por vía electrónica, lo cierto es que se refiere únicamente a los usuarios que previamente obtengan y registren su firma electrónica, lo que en el caso no acontece, y no así, una dirección electrónica o número telefónico como lo pretende la parte quejosa. Autorización de consulta del expediente electrónico. De conformidad con los artículos 5, 7, 10, 12 y 14 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, en congruencia con lo establecido en los artículos 3, 30, fracción II, y 31 fracciones II y III, de la Ley de Amparo, se autoriza a la parte quejosa la consulta del expediente electrónico toda vez que el usuario "********************", se encuentra dado de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Consecuentemente, se instruye al Oficial Judicial A adscrito a este órgano de control de la constitucionalidad, para que realice las anotaciones y actuaciones correspondientes. Autorizados. Se tienen por autorizados para oír notificaciones en su nombre, interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos de la parte quejosa, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, en atención a que se encuentran dados de alta en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México como licenciados en derecho. Referente a las diversas personas que designa como autorizados, en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, se les tiene facultados únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos, por así haber sido peticionado por la parte impetrante de amparo. Expedición de Copias. Con fundamento en los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2 de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la parte promovente de amparo y demás partes legítimamente facultadas, con excepción de aquellas que, dada su propia y especial naturaleza jurídica, se deba guardar sigilo, previa identificación y firma que se otorgue en autos para constancia legal y dentro del horario de atención al público, siempre y cuando las labores del juzgado lo permitan. En el entendido que las mismas podrán ser solicitadas de manera verbal por las partes o autorizados en términos del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, directamente en la mesa de trámite que corresponda. Medios Electrónicos. Se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos y digitales, lo cual deberá realizarse siempre en presencia del actuario de la adscripción; en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. En el entendido de que debe privilegiarse la consulta del expediente electrónico. Integración del expediente físico y electrónico Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, la secretaria encargada del presente expediente será la responsable de dar fe de que se realice la debida integración del expediente físico y electrónico, por lo que deberá supervisar que sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que ambos coincidan en su totalidad para la consulta de las partes. Generación y firma de oficios Se ordena al secretario encargado del trámite de este expediente que, a más tardar el día hábil siguiente a la emisión de este proveído, supervise la generación y entrega a la actuaría de los oficios y notificaciones respectivas. Notifíquese personalmente.
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