Julio César Basilio Navarrete

Expediente 741/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
741/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
22/06/2017

Partes del expediente

  • Julio César Basilio Navarrete

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veintidós de junio de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción, ya que se sobreseyó el juicio y carece de relevancia documental.

  2. Principal

    R e s u e l v e: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo 741/2017-II-B, promovido por Julio César Basilio Navarrete, por las razones expuestas en el considerando tercero de la presente resolución. Notifíquese.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA DE INICIALES M.G.M.P., EL PROVEÍDO DE QUINCE DE MAYO DEL AÑO EN CURSO: "Toluca, Estado de México, quince de mayo de dos mil diecisiete. Visto lo de cuenta y toda vez que se hace constar que las partes no formularon manifestación en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, se procede a calificar el mismo. Por sentencia con engrose de treinta de abril de dos mil catorce, por una parte se sobreseyó y por otra se concedió la protección constitucional, para el efecto de que, el Director General, el Delegado, el Jefe de la Unidad Jurídica, el Subdelegado de Prestaciones, el Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene, el Subdelegado de Prestaciones, y el Jefe del Departamento de Pensiones, los últimos seis en la Delegación Estado de México, todos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: a) Dicten un acuerdo en el cual se deje insubsistente las determinaciones en las cuales se haya ordenado el descuento de los ingresos que por su pensión por jubilación recibe la quejosa. b) Restituyan las cantidades retenidas indebidamente con motivo de los referidos descuentos. c) En pleno ejercicio de sus facultades administrativas, de considerarlo procedente, otorguen la garantía de audiencia conforme a lo establecido en el artículo 14 Constitucional, tomando en consideración los argumentos vertidos en el fallo protector. Inconforme con dicha determinación, la autoridad responsable Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, interpuso recurso de revisión, del cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, quien en los autos del amparo en revisión 187/2014-V, en sesión de treinta de octubre de dos mil catorce, resolvió confirmar la sentencia recurrida. Ante ello, por auto de veinticinco de noviembre de dos mil catorce, se requirió su cumplimiento. Sin embargo, por auto de doce de mayo de dos mil quince, una vez que se analizaron los informes y constancias que a esa data obraban en autos, así como se desahogó la vista ordenada a las partes con los citadas actuaciones (fojas 706 y 711 a 715, tomo I), se determinó que la concesión de amparo no había sido cabalmente cumplida, por lo que se requirió a las responsables para que dentro del término de tres días cumplieran con la ejecutoria de amparo. Seguida la etapa de ejecución de sentencia, mediante proveído de veintiuno de agosto de dos mil quince, previo vista ordenada a las partes, se arribó a la conclusión de que existía cumplimiento a la concesión de amparo. (Foja 2311 a 2316, tomo III) Contra dicha determinación, la aquí quejosa interpuso recurso de inconformidad (foja 2384 a 23289, tomo III), del cual tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, quien en los autos de la inconformidad 20/2015, en sesión de catorce de enero de dos mil dieciséis, resolvió declarar fundado el recurso de inconformidad (fojas 2509 a 2533, ídem). Luego, en estricto cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal de Alzada, por acuerdo de cuatro de febrero de dos mil dieciséis, se dejó sin efectos el proveído de veintiuno de agosto de dos mil quince, por el que se tuvo por cumplida la sentencia de amparo; se requirió al Director General, Delegado, Jefe de la Unidad Jurídica, Subdelegado de Prestaciones, Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene, Subdelegado de Prestaciones y Jefe del Departamento de Pensiones, los últimos seis en la Delegación Estado de México, todos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que cumplieran con la ejecutoria de amparo, en los términos establecidos por el Tribunal de Alzada. Razón por la cual, las autoridades en cita se encontraban obligadas a: "1. Cada una, conforme a sus facultades, dicte un acuerdo en el que se deje insubsistente las determinaciones en las cuales se haya ordenado el descuento de los ingresos que por su pensión por jubilación recibe la quejosa. 2. Ordenen restituir las cantidades retenidas indebidamente con motivo de los referidos descuentos y lo acrediten con las constancias respectivas. 3. En pleno ejercicio de sus facultades administrativas, de considerarlo procedente, otorguen a la quejosa, la garantía de audiencia conforme a lo establecido en el artículo 14 Constitucional, tomando en consideración los argumentos vertidos en el considerando último de la sentencia de amparo, pero en cualquier caso, deberán fundar y motivar esa determinación, ya sea dando la garantía de audiencia o negando esa prerrogativa. 4. Remitan copia certificada completa y legible de todas las actuaciones relativas a las actuaciones precisadas, con el propósito de verificar los plazos y formalidades inherentes a ellas.". Por lo que por oficio recibido el diez de febrero de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, y el día siguiente en este órgano jurisdiccional, el Jefe de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en la Delegación Estado de México (ISSSTE) [folio 2558, tomo III], informó que del dictamen de incobrabilidad con clave de identificación 15/UJ/SA/001/016/2015 de catorce de enero de dos mil quince, el cual fue dictaminado por el Titular de la Unidad Jurídica y autorizada la cancelación de la cuenta por cobrar, por el Delegado Estatal, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de la Delegación Estado de México (ISSSTE), se advertía que en cuanto a la aquí quejosa María Guadalupe Márquez Peña, en su carácter de deudora, y respecto del número de cuenta contable o número de préstamo personal 126711701/19940909327, con un importe de adeudo $72,443.08, se llegó a la imposibilidad de cobro debido a: "LA PRESCRIPCIÓN DEL ADEUDO", para lo cual anexó copia certificada de la consulta de préstamo (foja 2559, tomo III). Así mismo, por oficio DE/UJ/DC/JEMB/0008/2016, el referido Jefe de la Unidad Jurídica, en atención a la petición que le realizó la Jefa de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Delegación Estado de México, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, remitió diversas constancias en copias certificadas, tales como los escritos signados por la quejosa, por los que, el tres y veintisiete de enero de dos mil catorce solicitó a dicho departamento la devolución de la suma de dinero que le fue descontada de su pensión; el cheque folio 0191566 de uno de agosto de dos mil catorce, expedido por Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en favor de la peticionaria de amparo; el acuse de recibo de la misma data por parte de la quejosa; el oficio SP/DAPE/CHZC/081/14, por medio del cual el Jefe del Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas hizo del conocimiento de la peticionaria, que se llevó a cabo el dictamen de incobrabilidad correspondiente, restituyéndole los descuentos improcedentes, por lo que le solicitaba se presentara en sus oficinas, para hacerle entrega de su Estado de Cuenta actualizado, el cual demostraba la cancelación correspondiente al préstamo número 19940909327 (fojas 2616 a 2626, 2664 a 2675 y 2709 a 2728, tomo III). Así, mediante proveído de tres de enero de dos mil diecisiete, previa vista ordenada a las partes, se estimó que existía cumplimiento al fallo protector. (Foja 2730 a 2732, tomo III) Inconforme con tal determinación, la aquí quejosa interpuso inconformidad (foja 2735 a 2738, tomo III), recurso que conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, quien en los autos de la inconformidad 2/2017, en sesión de dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, resolvió declarar fundado el referido medio de impugnación; determinación de la cual se advierte que arribó a la siguiente conclusión (fojas 2743 a 2764, ídem): "(.) En la especie, de las constancias que integran el juicio de amparo indirecto 1268/2012, remitido por el Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales, se desprende que aún existe cuestionamiento sobre el número de préstamo que origina los cobros injustificados, en tanto que, incluso durante el trámite del juicio se citan ambos números como ya fue demostrado. De lo que se colige que existe incertidumbre sobre si se ha dado cabal cumplimiento a la concesión de amparo en el presente asunto. Por tanto, si en la especie, el cumplimiento cabal de una sentencia de amparo es de orden público, es que el juez de distrito debe cerciorarse sobre la materialización de los deberes impuestos a la autoridad responsable a cabalidad. Esto es, debe cerciorarse de que la autoridad administrativa se pronuncie por los dos números de préstamo a los que se ha hecho referencia. Es decir, al respecto la autoridad administrativa debe indicar cuál fue el número de préstamo que provocó los descuentos que originaron el juicio de amparo y deberá pronunciarse también respecto del diverso número, indicando su inexistencia, o bien, si el mismo fue dejado sin efectos, o en su caso, si el mismo guarda o no relación con la litis del juicio de amparo. (.).". Consecuencia de lo anterior, por auto de once de abril de dos mil diecisiete, se requirió a las responsables para que acataran en sus términos la ejecutoria de amparo. Por oficio presentado el cuatro de mayo de la presente anualidad, el Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de la Delegación Estado de México (ISSSTE), en representación de las autoridades responsables, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo y a lo ordenado en la determinación que resolvió el recurso de inconformidad, informó que el préstamo que provocó los descuentos que originaron el presente juicio era el identificado en principio con el número 1994909327; y precisó, que respecto del arábigo "0" que actualmente se encontraba entre el cuatro y el nueve (19940909327), éste se generó de manera automática en el año de mil novecientos noventa y ocho, debido a que en esa anualidad, al incrementarse el número de créditos otorgados, se generó por sistema el "0" en todos y cada uno de los créditos otorgados con anterioridad a ese año; por lo que, en relación a la aquí quejosa María Guadalupe Márquez Peña, al haber solicitado un crédito en el año de mil novecientos noventa y cuatro, al agregársele el "0" en el año de mil novecientos noventa y ocho, su número de crédito quedó de la siguiente manera: 19940909327. Asimismo, aclaró, que dicho número no corresponde a diverso crédito, sólo se modificó de manera automatizada mediante sistema, por lo que, al ser el mismo crédito materia del presente juicio, éste se dejó sin efecto y, por ende, en la actualidad a la peticionaria no se le efectúan descuentos por el crédito 1994909327 ni por el 19940909327, pues se trata del mismo y no de uno diverso, el cual a la fecha se declaró incobrable. Del examen de las documentales que anexaron las responsables, mismas que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria tienen pleno valor probatorio, se desprende que éstas atendieron a los efectos del fallo protector, pues cada una de las autoridades responsables, conforme a sus facultades, dejaron insubsistentes las determinaciones en las cuales se ordenó el descuento de los ingresos que por su pensión por jubilación recibe la quejosa, precisándose que el número de crédito 1994909327 que se otorgó a la aquí quejosa en el año de mil novecientos noventa y cuatro, y que había dado lugar a dichos descuentos, se trata del mismo que, a partir de mil novecientos noventa y ocho aparecía con el número 19940909327; asimismo, ordenaron restituir las cantidades retenidas indebidamente con motivo de los referidos descuentos, lo cual acreditaron con las constancias respectivas. Por todo lo plasmado, debe hacerse mención, que se restituyó a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales violados. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos o defectos."

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, diecisiete de mayo de dos mil diecisiete. Visto lo de cuenta, y en atención a las manifestaciones que la parte quejosa realizó con relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, se procede a calificar el mismo. Por sentencia de veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, se concedió el amparo para que la autoridad responsable: "1. Deberá designar a ****un representante especial para que lo asista e intervenga en la averiguación previa de origen, para lo cual, previo a dicha designación, deberá considerar el conflicto de intereses que existe con sus familiares cercanos (hermanos); 2. En ejercicio de sus plenas atribuciones, previo estudio de la totalidad de las constancias que obran en la averiguación previa, dentro del plazo de 30 días hábiles, establezca en uso de su facultad investigadora qué medios de convicción en su caso, aún faltan por compilar y desahogar y en el propio plazo lo realice, o bien, en ese mismo plazo establezca que la investigación no tiene mérito para continuar y entonces dentro del aludido término resuelva sobre el ejercicio de la acción penal; y, 3. Para el caso de que advierta que no existen pruebas pendientes por recabar, o bien, una vez que recabe las que considere convenientes, resuelva en definitiva sobre el ejercicio o no de la acción penal, esto también dentro de la precitada temporalidad." En desacuerdo con lo anterior, la parte quejosa interpuso revisión, y mediante ejecutoria de dieciséis de febrero del año en curso, dictada en el recurso de revisión 322/2016, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, confirmó en sus términos la sentencia recurrida. Por auto de veintitrés de febrero siguiente, se requirió su cumplimiento; mediante oficio número 50/2017, la responsable remitió copia simple de la resolución de fecha once de noviembre de dos mil dieciséis, mediante la cual determinó que no se encontró acreditado tipo penal alguno respecto de los hechos denunciados por el hoy quejoso en la indagatoria TOL/AC4/III/001/2016, por lo que optó por el no ejercicio de la acción penal, determinación que le fue notificada al solicitante del amparo el veintiuno de febrero de dos mil diecisiete. Mediante oficio 72/2017, la autoridad responsable remitió copia certificada de la resolución de fecha once de noviembre de dos mil dieciséis antes referida. No obstante lo anterior, por auto de veinte de abril del año en curso, se requirió a la autoridad responsable para que remitiera copia certificada de los oficios girados al Director del Instituto de Servicios Periciales del Estado de México, y al Subdirector Regional del Valle de Toluca de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito. Por oficio número 21320001-70-2017, fueron remitidas las constancias solicitadas, de las que se advierte la designación del licenciado***, Asesor Jurídico adscrito a la Subdirección Regional del Valle de Toluca, para que asistiera al hoy quejoso ****, en el procedimiento relativo a la denuncia de hechos. Ahora bien, en sus escritos presentados el dos y el treinta de marzo, seis de abril y dos de mayo, todos del año en curso, básicamente esboza argumentos relacionados con la valoración de pruebas en la averiguación previa, sin embargo, dichas cuestiones atañen exclusivamente a las facultades de la autoridad ministerial, aunado a que no fueron materia de estudio en la sentencia que se cumplimenta, pues el acto reclamado consistió en la omisión del Ministerio Público en el ejercicio de la acción penal, de ahí que no sea dable atender las manifestaciones del quejoso. Luego, con relación a los señalamientos que realiza en el sentido de que existe una determinación que revoca la resolución de once de noviembre de dos mil dieciséis, mediante la cual se determinó el no ejercicio de la acción penal; al respecto debe decirse que al margen de la existencia de dicha determinación, tales aspectos no formaron parte de los efectos para los cuales se concedió la protección Federal impetrada, aunado a que en su caso, el quejoso tiene a salvo sus derechos para impugnar las determinaciones subsecuentes a la resolución de no ejercicio de la acción penal. En tal contexto, del examen de las documentales que allegó la responsable, mismas que de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria tienen pleno valor probatorio, se puede concluir que se atendieron los efectos del fallo protector, pues la autoridad responsable en uso de sus facultades gestionó la designación de un representante o asesor para que asistiera al quejoso e interviniera en la averiguación previa de origen, y hecho lo anterior, una vez que se allegó de los medios de prueba que estimó conducentes determinó el no ejercicio de la acción penal, resolución que además se le notificó al impetrante. Por lo anterior, debe hacerse mención que se restituyó al solicitante del amparo en el pleno goce de los derechos fundamentales violados. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos o defectos.

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