Julio César Badillo Flores
Expediente 802/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 9 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 802/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 15/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Julio César Badillo Flores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Córdoba, Veracruz, quince de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el oficio signado por el Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz; en atención a su contenido, se le tiene acusando recibo de los diversos misivos 4682/2023 y 4683/2023, del índice de este órgano de control constitucional, por medio del cual se hizo de su conocimiento la resolución emitida el uno del presente mes y año. Cúmplase.
- Principal
Córdoba, Veracruz, uno de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, y el estado procesal que guardan las actuaciones, se desprende que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la ley de amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia autorizada de diez de febrero de dos mil veintitrés, en la que se SOBRESEYÓ EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se establece que el presente expediente no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En ese tenor, el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse POR HABERSE SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de los documentos originales ni billete de depósito al no obrar éstos en autos. Notifíquese.
- Principal
Vistos, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 802/2022, promovido por*** contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia del Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz, y otra autoridad, que consideró violatorios en perjuicio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*** TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado del 1. Juez y 2. Secretaria de Acuerdos, ambos del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia del Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz, por así advertirse de la lectura de sus informes justificados. Lo que además, se corrobora con las copias certificadas de las constancias deducidas del juicio ordinario civil*** remitidas por las citadas responsables en apoyo a su informe, las cuales tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. CUARTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Las causas que generan la improcedencia del juicio de amparo son de orden público y de estudio preferente, con independencia de que las invoquen o no las partes, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. I. Autoridad para efectos del juicio de amparo En el caso, este Juzgado de Distrito advierte, de oficio, que en relación con la autoridad responsable, 2. Secretaria de Acuerdos del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia del Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I, y 5° fracción II, primer párrafo, todos de la Ley de Amparo, los cuales disponen*** Lo anterior es así, porque de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, y 75, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz, la intervención del secretario de acuerdos de un juzgado de primera instancia en la emisión de resoluciones, es únicamente con el objeto de dar fe de dichos actos. Luego, la responsabilidad en el pronunciamiento de lo acordado en el procedimiento civil recae únicamente en el juez, y por ende, es a éste a quien le asiste el carácter de autoridad responsable, y no al secretario de acuerdos. De ahí que se actualice la causa de improcedencia en mención II. Cesación de efectos Por otra parte, este Juzgado de Distrito advierte que respecto del acto reclamado del 1. Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia del Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece*** De acuerdo con el citado artículo, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; hipótesis que para su actualización requiere que todos los efectos del acto reclamado hayan desaparecido o se hayan destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas hayan vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Se dice que cesan los efectos del acto reclamado cuando la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido que implica no sólo la detención definitiva del actuar de autoridad, sino también la desaparición total de sus efectos, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de materializar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo (fracción I); y, cuando sea de carácter negativo (fracción II), el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho que se trate y a cumplir, por su parte, lo que éste exija. En el caso, se reitera, el quejoso, Julio César Badillo Flores, reclama del 1. Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia del Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz, la omisión de acordar el escrito que presentó el trece de septiembre de dos mil veintidós, dentro de los autos del juicio ordinario civil número 1744/2021-VI, en el que solicitó se requiriera a la ahora tercera interesada, Mirna Ivonne López Rosas, el cumplimiento de la convivencia presencial con su menor hija de iniciales A.V.B.L., decretada el veintinueve de agosto de ese año. Sin embargo, de las constancias que obran en autos se desprende en lo que trasciende que en atención al referido ocurso, el diecinueve de octubre de dos mil veintidós, el Juez responsable acordó lo siguiente*** Determinación que fue notificada al impetrante de amparo el diecinueve de octubre del referido año, mediante lista de acuerdos, según se advierte de la razón actuarial respectiva. En tal contexto, resulta evidente que la omisión reclamada al Juez responsable cesó, pues ya se actuó para el efecto pretendido por el quejoso, es decir, los efectos del acto reclamado desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación reclamada; máxime si se toma en cuenta que los efectos de una posible concesión de amparo, se constreñirían a que la autoridad responsable acordara lo conducente en relación con la petición formulada por el impenetre en el referido escrito; lo que, como se evidenció, ya aconteció. De ahí que se actualice la causa de improcedencia en análisis. III. Cambio de situación jurídica Aunado a lo anterior, este Juzgado de Distrito estima que respecto de referido acto reclamado del 1. Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia del Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz, también se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo vigente, que establece*** El precepto transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando se promueve contra un acto de autoridad que con posterioridad se consuma de un modo irreparable, por haber operado un cambio de situación jurídica. La citada fracción contempla un supuesto de irreparabilidad del acto reclamado, pero se refiere a la restitución jurídica, no a la física, que hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a la consumación del acto reclamado. Ciertamente, en realidad no existiría imposibilidad física alguna para reparar las violaciones que hubiera ocasionado un acto de autoridad por la circunstancia que la situación jurídica hubiese cambiado, pues el amparo que contra aquél se concediera bien podría alcanzar en sus efectos a esta nueva situación y aun invalidarla; pero permitir tales efectos haría factible que se destruyeran actos de autoridad que quizá tuvieran un fundamento y una motivación que, al no formar parte de la litis constitucional, no serían valorados en el juicio en que la sentencia de amparo fuese pronunciada y que posiblemente fueran justificados. A lo que debe agregarse que el cambio de situación jurídica deviene del avance que ha tenido un procedimiento seguido en forma de juicio, compuesto por diversas etapas procesales que guardan relación entre sí. Esto es, el cambio de situación jurídica se presenta cuando habiéndose complementado una etapa procesal en todas sus partes, queda superada, dando pauta a que se inicie el siguiente conjunto de actos que conforman una nueva etapa procesal o situación jurídica. Así pues, los elementos con los que se integra la causa de improcedencia que regula el precepto y fracción innovados son los siguientes*** a) Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Un acto dentro de ese procedimiento susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c) Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; y d) Autonomía de las situaciones jurídicas generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda por sus propios fundamentos y motivos. En el asunto que nos ocupa, se reitera, el peticionario de amparo reclama del citado 1. Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia del Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz, la omisión de acordar el escrito que presentó el trece de septiembre de dos mil veintidós, dentro de los autos del juicio ordinario civil número*** en el que solicitó se requiriera a la ahora tercera interesada*** el cumplimiento de la convivencia presencial con su menor hija de iniciales*** decretada el veintinueve de agosto de ese año. Sin embargo, mediante oficio recibido el seis de diciembre de dos mil veintidós, en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, el citado Juez responsable remitió la resolución de veintinueve de noviembre del citado año, en la que se aprobó y elevó a categoría de cosa juzgada, el convenio celebrado entre el quejoso y la tercera interesada, respecto de la convivencia de la menor de iniciales*** en el cual, entre otras cosas, se estableció que dicha menor conviviría con su progenitor los días viernes, sábado y domingo de cada semana, en el horario ahí indicado. Por tanto, cambió la situación jurídica en que se encontraba el impetrante con motivo del acto reclamado, lo que impide el análisis de la violación que aduce haber sufrido (omisión acordar el escrito el que solicitó se requiriera a la tercera interesada el cumplimiento de la convivencia presencial con su menor hija decretada el veintinueve de agosto de dos mil veintidós), obligando a considerarla irreparablemente consumada, toda vez que no puede analizarse su constitucionalidad, sin afectar la nueva situación jurídica emanada de la resolución de veintinueve de noviembre del referido año, en la que se estableció en forma definitiva un régimen de convivencia entre el peticionario y su menor hija de iniciales*** De ahí que se actualice la causa de improcedencia en análisis. En consecuencia, al actualizarse las causas de improcedencia invocadas, con fundamento en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio, lo que impide analizar el fondo del asunto. QUINTO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. Cabe precisar que en el auto admisorio del presente controvertido, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara la sentencia, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos, con la prevención en el sentido de que si no hacían manifestación alguna se les tendría por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes, en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, se*** ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo número 802/2022, promovido por*** contra el acto reclamado del 1. Juez y 2. Secretaria de Acuerdos, ambos del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia del Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz, por los motivos expuestos en el considerando cuarto. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y por lista de acuerdos a la tercero interesada.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA
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