Julio César Arriaga Arriaga

Expediente 689/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
689/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
13/07/2021

Partes del expediente

  • Julio César Arriaga Arriaga

Actuaciones

  1. Principal

    Se declara que el auto que desechó la demanda causó estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN PRIMERA INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SÍNTESIS DEL AUTO DE VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. (.)Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Julio César Arriaga Arriaga, contra actos del Juez de Control del Segundo Distrito Judicial de la Sexta Región en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Altamira, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1º, 14, 16, 19 y 20 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro. Regístrese en el libro de "Registro de Juicios de Amparo" bajo el expediente 689/2021-VI-B. Integración de expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias necesarias para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que, el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Desechamiento de la demanda. Este juzgador procede a examinar la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, que dice: [A]rtículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Los citados preceptos imponen, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Así, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS1". Conforme a esa tesis, la improcedencia de la acción de amparo que permita desechar la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable, pues ello supone que el juzgador, con la mera lectura del escrito inicial y de sus anexos, considera probada la correspondiente causal de improcedencia sin lugar a dudas, sea porque los hechos sobre los que descansa hayan sido manifestados claramente por el demandante o porque estén probados con elementos de juicio indubitables, de suerte tal que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido. En otras palabras, por "manifiesto" debe 1 Jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77 entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. Ahora bien, este Juzgador considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en atención a que no se observó el principio de definitividad previamente a la interposición de este juicio de amparo. El artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece: [A]rtículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. El precepto transcrito, alude a uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de garantías, en la especie, el de definitividad, consistente en que por tratarse de un medio extraordinario de defensa, sólo pude acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto reclamado. Luego, basta la simple lectura de la fracción en comento, para concluir que para su actualización, deben concurrir los requisitos siguientes: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa así previsto dentro del procedimiento en que emitió la actuación reclamada; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y, e) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto y o cualquier otra parte de la ley. Asimismo, en relación a dicho principio es conveniente precisar que, conforme a los criterios sostenidos por el Pleno y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias números P./J. 144/20002 y 1a./J. 77/2012 (10a.)3, respectivamente, se colige que ese Máximo Tribunal del País considera que por recurso idóneo debe entenderse aquel medio defensa ordinario a través del cual se pueda modificar, revocar o nulificar válidamente la resolución impugnada, es decir, que constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como reclamado en el juicio de amparo. Por otra parte, dado que en la especie se reclama el auto de apertura a juicio oral dictado en la audiencia intermedia, resulta oportuno acotar que conforme a lo dispuesto en el artículo 3344, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el objeto de la etapa intermedia en el proceso penal es el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio; etapa que cuenta de dos fases, una escrita y otra oral; la primera, inicia con el escrito de acusación que formule el Ministerio Público y comprenderá todos los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia, mientras que la segunda inicia con la celebración de la audiencia intermedia y culmina con el dictado del auto de apertura a juicio. Bajo esa línea argumentativa, dado el diseño del proceso penal acusatorio, es la etapa intermedia o de preparación a juicio en la que deben quedar dilucidadas cuestiones relativas a la admisión o rechazo de pruebas y la exclusión probatoria. Por lo que, en esa etapa las partes tendrán el derecho a impugnar las determinaciones que, en materia probatoria, estimen les cause agravio. En ese tenor, esta potestad federal advierte que la resolución reclamada puede ser combatida a través del recurso de apelación, en términos de lo dispuesto en los artículos 346, 467, fracción XI, 472 y 479, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que disponen lo siguiente: [A]rtículo 346. Exclusión de medios de prueba para la audiencia del debate Una vez examinados los medios de prueba ofrecidos y de haber escuchado a las partes, el Juez de control ordenará fundadamente que se excluyan de ser rendidos en la audiencia de juicio, aquellos medios de prueba que no se refieran directa o indirectamente al objeto de la investigación y sean útiles para el esclarecimiento de los hechos, así como aquellos en los que se actualice alguno de los siguientes supuestos: I. Cuando el medio de prueba se ofrezca para generar efectos dilatorios, en virtud de ser: a) Sobreabundante: por referirse a diversos medios de prueba del mismo tipo, testimonial o documental, que acrediten lo mismo, ya superado, en reiteradas ocasiones; b) Impertinentes: por no referirse a los hechos controvertidos, o c) Innecesarias: por referirse a hechos públicos, notorios o incontrovertidos; II. Por haberse obtenido con violación a derechos fundamentales; III. Por haber sido declaradas nulas, o IV. Por ser aquellas que contravengan las disposiciones señaladas en este Código para su desahogo. En el caso de que el Juez estime que el medio de prueba sea sobreabundante, dispondrá que la parte que la ofrezca reduzca el número de testigos o de documentos, cuando mediante ellos desee acreditar los mismos hechos o circunstancias con la materia que se someterá a juicio. Asimismo, en los casos de delitos contra la libertad y seguridad sexuales y el normal desarrollo psicosexual, el Juez excluirá la prueba que pretenda rendirse sobre la conducta sexual anterior o posterior de la víctima. La decisión del Juez de control de exclusión de medios de prueba es apelable. Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables. Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: [.] XI. Las que excluyan algún medio de prueba. Artículo 472. Efecto del recurso Por regla general la interposición del recurso no suspende la ejecución de la resolución judicial impugnada. En el caso de la apelación contra la exclusión de pruebas, la interposición del recurso tendrá como efecto inmediato suspender el plazo de remisión del auto de apertura de juicio al Tribunal de enjuiciamiento, en atención a lo que resuelva el Tribunal de alzada competente. Artículo 479. Sentencia La sentencia confirmará, modificará o revocará la resolución impugnada, o bien ordenará la reposición del acto que dio lugar a la misma. En caso de que la apelación verse sobre exclusiones probatorias, el Tribunal de alzada requerirá el auto de apertura al Juez de control, para que en su caso se incluya el medio o medios de prueba indebidamente excluidos, y hecho lo anterior lo remita al Tribunal de enjuiciamiento competente. De los numerales transcritos se colige que contra la determinación del Juez de Control que verse sobre la exclusión probatoria en la audiencia intermedia, el Código Nacional de Procedimientos Penales concede el recurso de apelación, que constituye un medio de defensa formal y materialmente, cuyo efecto inmediato, es suspender la remisión del auto de apertura a juicio al Tribunal de enjuiciamiento; y por medio del cual aquélla puede ser modificada o revocada, incluso tratándose de exclusiones probatorias, el Tribunal de alzada requerirá el auto de apertura al Juez de control, para que en su caso se incluya el medio o medios de prueba indebidamente excluidos, y hecho lo anterior lo remita al Tribunal de enjuiciamiento competente. Estudio de la demanda Del análisis integral del escrito de demanda, con un sentido de liberalidad y no restrictivo5, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como acto reclamado el auto de apertura a juicio oral dictado el veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta administrativa 430/2019, del índice del Juez de Control de la Sexta Región Judicial en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Altamira. Luego, toda vez que es un hecho notorio para este órgano jurisdiccional la existencia del diverso juicio de amparo 825/2020-V-A6, del índice de este juzgado, que al igual que este asunto, fue promovido por el aquí quejoso Julio César Arriaga Arriaga, contra actos del Juez de Control de la Sexta Región Judicial en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Altamira, deducidos de la carpeta administrativa 430/2019, del que también emanan los actos reclamados, se dispone tenerlo a la vista para la emisión de la presente determinación. Ahora bien, de las constancias que integran el referido juicio de amparo citado como hecho notorio, así como de la lectura de la demanda que dio origen al expediente en que se actúa, se advierte en forma patente y absolutamente clara [manifiesto] que [1] el quejoso tiene el carácter de acusado en la carpeta administrativa 430/2019, pues ésta se sigue en su contra por la comisión del hecho que la ley prevé como delito de retención de menores por los padres, denunciado por Dorian Selene Segura Vital, en representación de la menor de iniciales D.N.A.S.; que [2] el veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, se celebró la audiencia intermedia en dicho proceso penal, la que concluyó con la emisión del auto de apertura a juicio oral -aquí reclamado-; que [3] en esa audiencia el defensor del aquí quejoso solicitó la exclusión de diversos medios de pruebas ofrecidos por el Agente del Ministerio Público y el Asesor Jurídico de las Víctimas; sin embargo, al pronunciarse sobre dicha solicitud, el juez de control responsable determinó admitir los siguientes: a) el convenio de reglas de convivencia celebrado por Dorian Selene Segura Vital y el ahora quejoso, b) testimoniales a cargo de la nombrada Dorian Selene Segura Vital, de Dayana Alday Segura Vital, de Ana Magdalena García Kemper, y de Fernando Milo García; c) la documental consistente en copia certificada del acta de nacimiento con número A2814677270; y d) la documental consistente en una impresión psicológica con número de folio 2845/04/2019; y que [4] de los motivos de disenso expuestos en la demanda de amparo que se analiza, el quejoso únicamente se duele de la admisión de los referidos medios de pruebas, al haberse desestimado los argumentos por los cuales su defensa solicitó su exclusión, pues a su 6 Que de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, constituye un hecho notorio, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente se tengan a la vista, al tenor de lo dispuesto en la jurisprudencia 103/2007, HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista. consideración algunos resultan ilícitos, sobreabundantes e impertinentes, de ahí que no deban ser llevados para su desahogo en la etapa de juicio oral. Bajo ese contexto, se tiene la certeza y plena convicción [indudable] de que la causa de improcedencia de que se trata efectivamente se actualiza en el caso concreto, porque la improcedencia del acto reclamado es incuestionable desde este momento procesal; esto es, es innecesario recabar constancias para recabar mayor información a la que actualmente se tiene, pues es patente que el acto reclamado se hace consistir en el auto de apertura a juicio oral, al estimarse que este vulnera los derechos humanos del aquí quejoso por haberse desestimado los argumentos de exclusión de los medios de pruebas que hizo valer su defensa respecto de los ofertados por la fiscalía y el asesor jurídico de las víctimas y, en vía de consecuencia, haberse admitido los mismos. En este sentido, es dable concluir que la autoridad responsable, al haber resuelto sobre la admisión de medios de pruebas solicitada por la fiscalía y el asesor jurídico, es que se actualiza el supuesto para la procedencia del referido recurso de apelación, ya que, como se acredita, éste procede contra las determinaciones que versen sobre la exclusión probatoria, en sentido amplio, ya que expresamente no prevé que solamente se pueda acceder a dicho medio defensa si se determina excluir [desechar o no admitir] las ofertadas de su parte, sino que, por el contrario, en el invocado artículo 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se prevé que la decisión del Juez de control de exclusión de medios de prueba es apelable, esto es, las determinación que versen en relación a dicho tema sometido a debate en la audiencia intermedia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.4o.P.24 P (10a.), que dice: EXCLUSIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA EN LA ETAPA INTERMEDIA. AL NO ENCONTRARSE EN ALGUNA HIPÓTESIS DE EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 467, FRACCIÓN XI, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. En términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones respecto de las cuales proceda algún recurso o medio de defensa legal en virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Ahora bien, contra la resolución del Juez de Control emitida en la etapa intermedia que excluya algún medio de prueba, el artículo 467, fracción XI, del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé un control jurisdiccional que constituye un recurso formal y material, cuyo efecto inmediato, en términos del artículo 472 del código mencionado, es suspender la remisión del auto de apertura a juicio al tribunal de enjuiciamiento; de ahí que al no encontrarse en el supuesto de excepción contenido en la fracción XX del artículo 61 indicado, el quejoso debe agotar ese medio ordinario de impugnación, previo a la promoción del juicio de amparo, para cumplir con el principio de definitividad que rige su procedencia7. De ahí que, si en el caso, el quejoso se duele exclusivamente de que el auto de apertura a juicio oral resulta violatorio de sus derechos fundamentales porque, en la audiencia intermedia el juez responsable determina admitir los medios de pruebas antes mencionados; es que resulte evidente que el quejoso reclama una determinación adoptada sobre la admisión de un medio de prueba, por lo que, se insiste, es que en su contra procede dicho medio defensa, sin que de sus manifestaciones en la demanda de amparo acredite que el quejoso lo haya agotado, previamente a la promoción del presente juicio de amparo. Por tanto, es que se concluye que en contra del acto reclamado procede el referido recurso de apelación, previsto en los artículos 346, último párrafo, y 467, fracción XI, del Código Nacional de Procedimientos Penales; de ahí que el quejoso, al tener el carácter de acusado, se encuentra obligado a agotarlo previamente a la instauración del presente juicio de amparo, a fin de respetar el indicado principio de definitividad; ya que, como se vio, éste constituye un medio de defensa ordinario susceptible de modificar o revocar el acto recurrido. Aunado a lo anterior, cabe señalar que en el presente caso no se actualiza ninguno de los supuestos de excepción que prevén los incisos a), b) y c), de la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que no se está en presencia de un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; tampoco se está en presencia de algún acto que afecte la libertad personal, ya el acto reclamado versa sobre la admisión y exclusión de medios de pruebas en un procedimiento penal, en el que el aquí quejoso tiene el carácter de acusado, por lo que no se trata de una 7 Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III, Materia(s): Común, Penal, Página: 2376, Registro: 2018063. persona extraña al procedimiento, además, que la procedencia del referido recurso de revisión no está sujeta a interpretación adicional, pues, la misma se encuentra establecida claramente en los referidos 346, último párrafo, y 467, fracción XI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, conforme a la cual se rige la causa penal de origen. En tales condiciones, con fundamento en los arábigos 112 y 113, del ordenamiento legal mencionado, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Julio César Arriaga Arriaga; al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, con relación al acto reclamado en esta instancia constitucional. Domicilio procesal e intervención de autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en la demanda de amparo, en el entendido que de no existir, encontrarse deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a los promoventes o sus autorizados, se practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos que al efecto se publique en los estrados de este Juzgado, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Asimismo, se tiene[n] y como autorizado[s] en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al [los] licenciado[s] Juan Alexis Arévalo Rodríguez y Osmar Jasiel Martínez García, en virtud de que tiene[n] inscrita su[s] cédula[s] profesional[es] en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Se autoriza uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos y copias. Con fundamento en la circular 12/2009 del Consejo de la Judicatura Federal, se faculta a las partes y a sus autorizados para que, previa solicitud a la Secretaria encargada de este expediente, se impongan de sus actuaciones mediante el uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos, debiendo recabarse constancia de cada consulta realizada en esos términos. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza la expedición de copias en el presente expediente, previa solicitud verbal que para el efecto se haga a la Secretaria encargada del trámite quién legalmente se encuentre facultado para ello. Información pública. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos. Exhortación para mejorar la comunicación con las partes. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en línea, asimismo, para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que la presente determinación se adopta así, con fundamento en la ampliación de plazos procesales a que se refiere el artículo 2°, fracciones III, IV, V y VIII, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19 Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma el Doctor Vladimir Véjar Gómez, Juez Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, quien actúa ante el [la] Secretari@ Neyreth Domínguez Cruz, que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente.

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