Julio César Arango Barrón
Expediente 108/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 108/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 14/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Julio César Arango Barrón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b)de la Ley de amparo se notifica por lista de estrados a la parte QUEJOSA. Con base en la certificación de cuenta y dado que la parte promovente no recurrió el auto de veintiséis de febrero del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el citado proveído ha causado estado. Al no existir actuación por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo de este expediente como concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia que en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción. En el entendido que de conformidad con las fracciones III y IV del artículo noveno, capítulo tercero del referido acuerdo, este expediente no es de valor jurídico ni de relevancia documental. Finalmente, toda vez que obran en este expediente las constancias originales allegadas por la parte quejosa, se hace de su conocimiento que cuenta con un plazo de noventa días legalmente computado para que acuda a recogerlo, apercibida que de no hacerlo dicho documento correrá la suerte del presente sumario constitucional, en términos de lo señalado en el punto décimo primero del referido acuerdo general conjunto.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b)de la Ley de amparo se notifica por lista de estrados a la parte quejosa. Agréguese a los autos el escrito presentado vía electrónica por Lorena Barrón Ramírez, mediante el cual desahoga la prevención formulada en proveído de veintiuno de febrero del año en curso; a lo que se provee: Se reconoce a la ocursante el carácter de apoderada legal de Julio César Arango Barrón, en términos de la escritura pública cinco mil ochocientos ochenta y dos, pasada ante la fe del notario público veinticuatro con ejercicio en Monterrey, Nuevo León. I. Desechamiento. A fin de proveer lo conducente en relación a la demanda de amparo presentada por la parte quejosa, es preciso señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, faculta a desechar de plano la demanda de amparo al advertir la existencia de causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de garantías. Por manifiesto, se entiende lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, en su caso, de los documentos que se anexen; mientras lo indudable es que se tenga certeza y plena convicción que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no sería factible obtener convicción diversa. Al respecto es aplicable la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, Tomo XVI, Julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de la siguiente lectura: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. Supuesto que se actualiza en el caso concreto, ya que del estudio integral de la demanda de amparo se advierte la parte quejosa reclama la resolución de diecisiete de enero de dos mil diecinueve, emitida por la Sala de Circuito Zona Centro del Poder Judicial del Estado de Sinaloa en el toca de apelación 365/2018-C de su índice, que declaró inoperante la excepción de falta de personalidad planteada por el aquí quejoso y confirmó la diversa de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, dictada en el incidente de falta de personalidad relativo al juicio sumario civil hipotecario 854/2017 de la estadística del Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa. Ello, virtud que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.] De la interpretación conjunta de las anteriores normas legales (la segunda de ellas en sentido contrario) lleva al conocimiento que el juicio de amapro es improcedente contra actos en juicio cuya ejecución no sea irreparable. El segundo de los preceptos es claro al establecer cuándo se está ante actos cuyos efectos son de imposible reparación, al disponer que por éstos se entiende aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese contexto, la connotación que el legislador aportó a la Ley de Amparo respecto el significado jurídico de imposible reparación desplazó al anterior criterio analógico entre actos que afectaban derechos meramente sustantivos y actos que afectaban derechos procesales en grado predominante o superior. Derivado de ese cambio legislativo, en los juicios de amparo debe prescindirse de este último concepto, puesto que no lleva a la afectación directa e inmediata de derechos sustantivos como lo establecen los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor. Por tanto, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en juicio que no afecten derechos sustantivos, pues sólo la trasgresión a éstos es considerada de imposible reparación. De tal manera, el juicio de amparo biinstancial resulta improcedente contra actos que sólo involucren derechos procesales, pues con ello no se inmiscuyen derechos sustantivos, como pudiera ser la vida, propiedad, posesión, etcétera; sin que bajo la vigencia de la actual Ley de Amparo sea válido acudir al concepto de violación procesal que produce afectación en grado predominante o superior, conforme la abrogada Ley de Amparo. En este contexto, resulta dable sostener que la resolución de diecisiete de enero de dos mil diecinueve, emitida por la Sala de Circuito Zona Centro del Poder Judicial del Estado de Sinaloa en el toca de apelación 365/2018-C de su índice, que declaró inoperante la excepción de falta de personalidad planteada por el aquí quejoso y confirmó la diversa de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, dictada en el incidente de falta de personalidad relativo al juicio sumario civil hipotecario 854/2017 de la estadística del Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, no puede considerarse actos de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo biinstancial ya que sus efectos son meramente procesales. Es así, toda vez que las pretensiones del promovente pueden quedar satisfechas si obtiene sentencia favorable a sus intereses, y en caso que dicha resolución definitiva le fuera adversa, es factible de impugnarse como violación a través de diverso medio de defensa, que en su caso pueda promover en contra de la resolución de fondo que se llegue a emitir en el asunto de origen. Por tanto, la resolución que se impugna no es de aquellas que contempla la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, en virtud de que, como se afirmó, no causa un agravio de imposible reparación, ni se afectan derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues en su caso existe la posibilidad de que la parte promovente obtenga una resolución favorable a sus intereses y, en tal evento, ninguna huella quedaría en sus derechos de la posible violación procesal que ahora reclama; luego, que el presente juicio de garantías resulta improcedente. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2006589, visible a página 39, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Materia(s): Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. En las relacionadas condiciones, como la determinación reclamada que nos ocupa no constituye acto de imposible reparación para efectos del juicio de amparo indirecto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, por lo que, con apoyo en el precepto 113 del ordenamiento en cita, procede desechar de plano la demanda de amparo por manifiesta y notoria improcedencia.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b)de la Ley de amparo se notifica por lista de estrados a la parte quejosa. Agréguese a los autos el escrito presentado por Lorena Barrón Ramírez, quien se ostenta como representante legal de Julio César Barrón Ramírez, con el que pretende desahogar la prevención formulada en proveído de doce de febrero del año en curso y allega constancia de notificación de dieciocho de enero de la presente anualidad; a lo que se provee: No ha lugar a tener desahogada la prevención formulada, pues no obstante la signante allegó la constancia de notificación de dieciocho de enero de dos mil diecinueve, de dicha documental no se advierte tenga reconocido el carácter de apoderada legal de Julio César Barrón Ramírez, en el juicio de origen; por tanto, resulta improcedente tener por acreditado dicho carácter. En ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente para que dentro del término de cinco días, contando a partir del día siguiente al en que surte efectos la notificación del presente acuerdo, exhiba el original o copia certificada del instrumento público o documental que acredite la personalidad con que se ostenta. En la inteligencia que deberá allegar las copias necesarias para estar en aptitud de correr traslado a las partes.
- Principal
Visto el escrito de demanda signado por Lorena Barrón Ramírez, quien se ostenta como apoderada legal de Julio César Arango Barrón; fórmese expediente, anótese en el libro de gobierno; de igual forma, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo se ordena la apertura del expediente electrónico, para lo cual, el secretario encargado dará fe que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sea incorporada cada promoción, documento, auto, resolución y, en general, cualquier información relacionada con el expediente, a fin que coincidan; en caso de presentación de promociones vía electrónica, proceda su impresión para incorporarlas al expediente impreso. Con fundamento en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente para que en el término de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, aclare su demanda respecto de lo siguiente: ? Toda vez que Lorena Barrón Ramírez se ostenta como apoderada legal de Julio César Arango Barrón; deberá exhibir el original o copia certificada del instrumento público o documental que acredite la personalidad con que se ostenta. Sin que pase inadvertido que la promovente refiera acreditar dicha personalidad con la constancia de notificación de la resolución de diecisiete de enero del año en curso, emitida en el toca civil 365/2018-C; empero no la presentó. En la inteligencia que de presentarlo en forma impresa deberá allegar las copias necesarias para estar en aptitud de correr traslado a las partes. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 124/2016, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 1449, Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo robro dice: PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. QUIEN LO PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DEL QUEJOSO DEBE EXHIBIR, ANEXO A LA DEMANDA, COPIAS DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA ACREDITE PARA QUE SE CORRA TRASLADO A LAS PARTES. Se apercibe a la parte quejosa que de no dar cumplimiento en el plazo que se señala, se tendrá no presentada su demanda, con base en lo dispuesto en el segundo párrafo del arábigo 114 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tienen como domicilio procesal y autorizados para los efectos que índica, los señalados en la demanda; asimismo, se autoriza la consulta del expediente electrónico al usuario precisado en la demanda de amparo como "oscartrevi". Por tanto, se instruye a la oficial encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de que se realicen las actuaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el tercer párrafo del ordinal 21 de la Ley de Amparo, con el fin de dar celeridad al asunto y no contravenir lo señalado en el artículo 17 constitucional, este órgano jurisdiccional habilita los días y horas inhábiles que sean necesarios, a efecto de practicar las notificaciones que se deriven de la tramitación del presente juicio de amparo.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa · 7,528 expedientes
- Juliana Uriarte Salazar383/2019
- Julieta Martina Díaz Pardo y Otros.758/2017
- Julieta Ramírez Chávez811/2018
- Julieta Terrazas Chávez503/2018
- Julio Antonio Jiménez López1479/2023
- Julio César Aispuro Flores634/2018
- Julio César Arias Alfaro972/2017
- Julio César Arias López1213/2023
- Julio César Ayón Sánchez82/2020
- Julio César Bastidas López1016/2020
- Julio César Burgueño Ramírez87/2018
- Julio César Gamboa Ramírez32/2023