Julio Cesar Apostol Zetina
Expediente 426/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 426/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/06/2022
Partes del expediente
- Julio Cesar Apostol Zetina
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que el término de cinco días establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, para impugnar el auto de uno de junio de dos mil veintidós, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, transcurrió para la parte quejosa del seis al diez del mes y año en curso, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de queja; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la invocada ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según su numeral 2°, se declara que aquél HA CAUSADO ESTADO. Realícense las anotaciones en el libro de gobierno y en virtud de que en el presente expediente no obra ningún documento importante y/o relevante, archívese como asunto totalmente concluido. Ahora bien, conforme a los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se estima que el presente asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b), del numeral 21 de dicho cuerpo normativo y por tanto, una vez que transcurran tres años; será SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. En consecuencia, una vez transcurridos tres años procédase a su destrucción y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que el término de cinco días concedido a la parte quejosa, para que desahogara la prevención formulada en acuerdo de diecisiete de mayo del año en curso, transcurrió del veinticinco al treinta y uno de mayo último, sin que realizara manifestación alguna al respecto; en consecuencia con fundamento en lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentado el ocurso de garantías.
- Principal
Vista la razón actuarial de cuenta, en la que el fedatario adscrito a este órgano de control constitucional manifestó su imposibilidad para notificar el acuerdo de diecisiete de mayo del año en curso, al quejoso *, por los motivos que expresa; en consecuencia, se ordena hacer de su conocimiento dicho proveído, así como las subsecuentes determinaciones, por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado de Distrito, hasta en tanto designe nueva residencia para tal efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN EL PÁRRAFO QUE ANTECEDE, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DEL PROVEÍDO DE DIECISIETE DE MAYO DEL AÑO EN CURSO: "Vista la demanda de cuenta, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el consecutivo 426/2022. PREVENCIÓN. Ahora bien, como cuestión previa a determinar sobre la admisión de la demanda que se atiende, es pertinente destacar que el artículo 108 de la Ley de Amparo establece los requisitos que aquélla debe contener, los cuales tienen como propósito que el Juez de Distrito pueda pedir los informes justificados a las autoridades responsables, emplazar al tercero interesado, dar intervención al agente del Ministerio Público e integrar, en su caso, los cuadernos relativos al incidente de suspensión, además de proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para preparar su defensa. Por lo que, la omisión de alguno de ellos conduce a la prevención regulada por el numeral 114 de la referida ley, siempre que se encuentre en alguna de las hipótesis que limitativamente prevé dicho artículo. En ese contexto, en términos de lo previsto en los artículos 112, 114, y 108 de la Ley de Amparo, se previene a la parte quejosa para que, dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos su legal notificación del presente proveído realice lo siguiente: Precise expresa y concretamente la o las autoridades que designa como responsables, así como de manera concreta el acto o los actos que reclama de cada una de ellas. Esto es así, pues una vez analizada la demanda que nos ocupa en su integridad, se advierten inconsistencias en los actos que la parte quejosa pretende combatir en esta instancia, pues designó como autoridades responsables a las siguientes: "*" Asimismo, en el capítulo correspondiente al acto reclamado, señaló: "*" De igual manera, en el apartado de "hechos o abstenciones constitutivos del acto reclamado", manifestó bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: "*" Manifestaciones que generan confusión respecto del acto o actos que de manera destacada desea combatir en el presente, ya que en el capítulo de actos reclamados por una parte refiere actos privativos de libertad, y por otra, señala la "omisión de acordar las peticiones del suscrito", acto que atribuye a una autoridad ministerial que no designa como responsable en el apartado correspondiente, aunado a qué no específica a qué peticiones no le han dado contestación. Circunstancia que imposibilita a este órgano jurisdiccional conocer la cuestión planteada por el peticionario de garantías. Aunado a lo anterior, resulta importante destacar que, en primer término, resulta confuso para el suscrito que, entre otros, el promovente señale como actos reclamados una orden de aprehensión o reaprehensión; ello es así, pues el artículo 141 del Código de Procedimientos Penales establece a la primera de ellas como una forma de conducción al procedimiento. Mientras que, la naturaleza de la segunda, es lograr la reconducción del imputado al proceso penal de origen, cuando a éste se le ha declarado sustraído de la acción de la justicia, con motivo del incumplimiento a una medida cautelar, tal como lo establece el artículo 174 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese sentido, resulta evidente que, para que exista una posible orden de reaprehensión, previamente tuvo que haber existido un proceso penal en el cual se haya decretado alguna medida cautelar, posterior a ello, haber incumplido con la misma, para así, librarse una orden de reaprehensión. Lo anterior, deberá considerarlo la promovente del amparo al momento de desahogar la prevención de trato, y señalar como acto reclamado algún mandato de captura, pues de insistir en señalar como tal dicha orden, deberá especificar el procedimiento jurisdiccional del que deriva (número de expediente respectivo), así como la autoridad que en su caso, y de manera concreta, lo haya emitido. Aunado a lo anterior, analizado el escrito inicial que nos ocupa, se desprende que el promovente del amparo señaló como actos reclamados, además de las órdenes de aprehensión y reaprehensión previamente descritas, una orden de detención. Sin embargo, resulta importante precisar que de conformidad con lo establecido en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el juez de control es la autoridad facultada para autorizar y emitir una orden de aprehensión, citatorio o comparecencia. Mientras que, de conformidad con el artículo 16 Constitucional, corresponde a las autoridades ministeriales emitir la orden de detención, únicamente en casos urgentes y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia. Dicha precisión deberá tomarse en consideración al momento de, en su caso, desahogar la presente prevención, pues resulta jurídicamente imposible que un juez de control emita una orden de detención, o en su caso, un agente ministerial, una orden de aprehensión. Estas precisiones resultan importantes en la medida que este juzgador no cuenta con más datos que los aportados por la justiciable en su demanda de amparo; y con ellas, se fijará de manera correcta y precisa la litis en el presente asunto, de acuerdo a las pretensiones de la impetrante, desde luego, atendiendo a lo que puede y no, ser materia de análisis en la presente vía indirecta. Por todo lo anteriormente expuesto, es que se considera que esta situación debe ser superada por la parte quejosa, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 108, de la Ley de Amparo, y no dejarlo a la interpretación de este órgano jurisdiccional, dado que con la información requerida se fijará la litis constitucional en el presente asunto y así las autoridades responsables a las que se les atribuya el acto reclamado estarán en aptitud de rendir con mayor certeza el informe que les sea solicitado, y éste juzgador contará con los elementos suficientes para determinar lo que en derecho corresponda. Y si bien, tratándose de un asunto en materia penal opera la suplencia prevista en el artículo 79, fracción III, de la Ley de Amparo, ésta consiste únicamente en suplir los razonamientos por los cuales la parte quejosa estima se violaron sus garantías constitucionales y los preceptos que consideró violados con el acto reclamado, lo cierto es que dicha figura jurídica no autoriza al juzgador de amparo a cambiar el acto reclamado señalado por la parte quejosa ni tampoco la autoridad señalada como responsable. 2. Bajo protesta de decir verdad, ahonde en los antecedentes del acto o los actos que por esta vía pretende combatir, es decir, deberá señalar de manera clara y cronológica los antecedentes del acto o actos que pretenda reclamar. Superados los puntos anteriores, y una vez precisado de manera concreta el acto que pretende combatir, así como las autoridades a quien se los atribuye, deberá señalar los hechos que constituyen los antecedentes de dicho acto. Es decir, deberá indicar todos los pormenores del acto que pretende reclamar, así como la participación de cada autoridad tanto administrativa, como judicial que señale como responsable. De igual manera, en el caso de señalar como acto reclamado una orden de reaprehensión, deberá informar el número de expediente del cual emana el procedimiento penal de origen en donde se haya librado dicho mandato de captura. En ese orden, es preciso señalar que los antecedentes del acto reclamado se conforman por todos aquellos hechos o abstenciones que constan a la quejosa en relación con el acto que pretende combatir, esto es, son todos aquellos hechos que rodean al acto reclamado, antes de su emisión, durante su emisión y con posterioridad a ella; es todo aquello de lo que tengan conocimiento, mismo que debe expresarse en el cuerpo de la demanda. En el entendido que dichas situaciones deben ser superadas por el promovente, de conformidad con lo dispuesto en las fracciones III y V del artículo 108, de la Ley de Amparo, y no dejarlo a la interpretación de este órgano jurisdiccional, dado que con la información requerida se fijará la litis constitucional en el presente asunto, así como a las autoridades responsables a las cuales se les atribuye los actos reclamados, y con ello, estarán en aptitud de rendir con mayor certeza el informe que les sea solicitado, y este órgano jurisdiccional contará con los elementos suficientes para proveer lo que en derecho corresponda. Precisiones que se estiman relevantes y trascendentales, pues traerán como consecuencia que se resuelva realmente la litis que se pretenda plantear y de esa manera las otras partes en el juicio contaran con elementos para defender sus derechos e integrar la relación jurídico procesal, de modo tal, que se determine realmente sobre la legalidad del acto reclamado y se logren los postulados previstos en el artículo 17 constitucional, relativos a la administración de justicia pronta y expedita. En el entendido que dichas manifestaciones deben realizarse de manera personalísima y de las penas en que incurren las personas que declaren con falsedad en términos del artículo 261 de la ley de la materia. Copias Ahora bien, con el original de su escrito de desahogo deberá presentar copias suficientes del mismo, con el fin de que se esté en posibilidad de correr traslado a cada una de las partes que intervienen en el juicio. Se apercibe a la parte quejosa que de no desahogar la prevención, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere. Asimismo, se tiene como medio de contacto de la parte quejosa el correo electrónico que señala en su ocurso de garantías, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para el debido seguimiento del presente juicio. Por otra parte, respecto de la solicitud del quejoso consistente en que se tengan como sus autorizados en este asunto a los licenciados en derecho que designe la defensoría pública, no ha lugar a acordar de conformidad, toda vez que de la lectura integral de la demanda, se advierte que se encuentra gozando de su libertad, lo cual le permite ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Al respecto, cabe precisar que únicamente cuando una persona se encuentra privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, y en caso de no hacerlo deberá nombrarle uno de oficio, lo que en el caso no acontece, pues se reitera el promovente se encuentra en libertad. De conformidad con los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la referida contingencia sanitaria, se exhorta a las partes y sus autorizados, a que de ser posible, privilegien la presentación de promociones vía electrónica a través del esquema de "juicio en línea", para lo cual, podrán solicitar el acceso al expediente electrónico de este asunto, mediante el Portal de Servicios en Línea, bajo la liga: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx; o bien, al correo electrónico 14jdo1ctoap@cjf.gob.mx. En términos de lo dispuesto en el artículo 22 del referido acuerdo general, se exhorta a las partes y sus autorizados, a fin de que propongan formas de contacto, como pueden ser correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea; lo anterior para el debido seguimiento de los expedientes."
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