Julio César Amaro Méndez
Expediente 809/2022 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 6 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 809/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 23/09/2022
Partes del expediente
- Julio César Amaro Méndez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación con que se da cuenta, se desprende que ninguna de las partes interpuso el recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, en contra del proveído emitido el veintiséis de agosto de dos mil veintidós, en el cual se decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo en que se actúa; por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. En virtud de lo anterior, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Finalmente, requiérase a las partes para que dentro del término de noventa días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, comparezcan en el local de este órgano jurisdiccional en día y hora hábil debidamente identificados, a efecto de recoger los documentos originales que en su caso hubiesen allegado a este asunto, previa constancia de recibo que se deje en autos; apercibidas que de no hacerlo en el plazo indicado éstos serán destruidos, de conformidad con el artículo 20, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
IV...De conformidad con el artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la Ley de Amparo, notifico a la parte quejosa el auto de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, por medio de lista, al no haber acudido a este Juzgado de Distrito a recibir la notificación respectiva de manera personal
- Principal
De conformidad con el artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la Ley de Amparo, notifico a la parte quejosa el proveído de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, por medio de lista, al no haber acudido a este Juzgado de Distrito a recibir la notificación respectiva de manera personal.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintiséis de agosto de dos mil veintidós. Ténganse por recibidos los oficios JLCYA/116/2022 y 1460/2022 suscritos por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Ciudad Victoria, y por la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, respectivamente, mediante los cuales rinden su informe justificado y comunican: a) la primera, que el seis de junio de dos mil veintidós, dictó acuerdo que resuelve la excusa promovida por la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, b) la segunda, que en proveído de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, emitió el acuerdo relativo a la demanda suscrita por Julio Cesar Amaro Méndez, correspondiéndole el número de expediente 000271/E06/2022 de su índice, en el que se le dio continuidad al procedimiento; en tal razón, con fundamento en lo establecido en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguense a los autos para que obren como corresponda. Respecto a las documentales que allegaron con sus comunicados de cuenta, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas desde este momento, dada su propia y especial naturaleza. En otro contexto, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, el sobreseimiento del juicio de garantías se debe decretar cuando sobrevenga una causa de improcedencia, lo cual se puede dar en cualquier momento del juicio; pues bien, en el presente caso, este Juzgado de Distrito estima que referente a los actos reclamados por la parte quejosa Julio Cesar Amaro Méndez, sobreviene la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 61, fracción XXI, de la legislación de la materia, establece lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Asimismo, por encontrarse íntimamente vinculado con la causal de improcedencia de que se trata, también es de utilidad transcribir la fracción I, del artículo 77, de la Ley de Amparo: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y (.)" La interpretación literal y sistemática de dichos preceptos conduce a determinar que, para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que se derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo que antecede, encuentra sustento en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, página 38, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo sumario, a la letra, dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, el acto reclamado por el impetrante Julio Cesar Amaro Méndez consiste en la omisión por parte de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, de impulsar el procedimiento y convocar a las partes a la audiencia de conciliación, demanda, excepciones, pruebas y resolución y por parte de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Ciudad Victoria, en la omisión de resolver la excusa planteada por la primera. Sin embargo, de los oficios de cuenta suscritos por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Ciudad Victoria, y por la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, y de las constancias que en copia certificada se anexaron a los mismos, relativas al expediente EXC/00002/2022 y 00271/E06/2021 de sus índices, se desprende que el seis de junio y veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, respectivamente, se emitieron los autos en los que se resolvió la excusa planteada, y se regularizó el procedimiento de origen, señalándose fecha y hora para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, cuya omisión de dictarlas fue la causa de pedir en el presente juicio. Constancias a las que, por ser expedidas por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, se les atribuye el valor de prueba plena, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de conformidad con el numeral 2°, de la Ley de Amparo. Asimismo, no pasa por desapercibido que la autoridad que la parte quejosa denominó como Actuario adscrito a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, omitió rendir informe justificado no obstante de haber sido debidamente notificado para ello desde el uno de agosto de dos mil veintidós, según el acuse de recibo que obra agregado en autos (foja 08). Sin embargo, cabe precisar que de las constancias de autos se desprende que al momento en que se presentó la demanda de garantías, que lo fue el veintidós de julio de dos mil veintidós, la Junta a la que se encuentra adscrito al Actuario responsable, aún no admitía la demanda laboral que le fue presentada por el aquí quejoso, ello en virtud de que se había planteado excusa para conocer de la misma; por tanto, a la fecha en que se presentó el escrito que dio origen a este asunto no existía emplazamiento que realizar por parte del Actuario señalado como responsable. En mérito de lo anterior, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, respecto del acto reclamado atribuidos a las autoridades señaladas como responsables, al haber sobrevenido la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el 63, fracción V, del invocado ordenamiento legal. No constituye obstáculo para arribar a la conclusión que antecede, el hecho de que se haya decretado el sobreseimiento de este juicio de garantías sin que preceda audiencia constitucional, pues la causal de improcedencia de que se habla es notoria, y a nada práctico conduciría esperar hasta el desahogo de la audiencia para tal determinación, si el resultado del fallo sería en el mismo sentido, lo cual es acorde con la garantía establecida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que la administración de justicia tiene que ser pronta y expedita. Tiene aplicación al respecto, la tesis de jurisprudencia, 2a./J. 10/2003, emitida por la Segundad Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, del mes de marzo de 2003, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Novena Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Finalmente, en virtud de lo antes expuesto, se ordena dejar sin efectos la audiencia constitucional que se encuentra programada para las diez horas con veinticinco minutos del veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.
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