Julio César Alvarado García

Expediente 10/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
10/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
06/02/2018

Partes del expediente

  • Julio César Alvarado García

Actuaciones

  1. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, seis de febrero de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, se advierte que el término de cinco días que señala el numeral 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del proveído de diecinueve de enero de dos mil dieciocho, que desechó por notoriamente improcedente la demanda de garantías en el presente juicio, emitido por este juzgado de distrito, transcurrió del veintinueve de enero al dos de febrero de dos mil dieciocho, sin que el quejoso hubiere realizado manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se acuerda: a) Ha causado estado el proveído de diecinueve de enero de dos mil dieciocho, que desechó la demanda de garantías en el presente juicio de amparo 10/2018-2, promovido por *******************, contra los actos que reclamó de **************, Presidente del Partido Revolucionario Institucional del Comité Municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, y de otra autoridad. b) Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como concluido. Por otra parte, se considera que el presente juicio es susceptible de destrucción en términos de lo expuesto en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, en razón de que no existen documentos originales exhibidos por las partes y no es de relevancia documental. Finalmente, conforme al acuerdo citado, en su oportunidad, remítase el presente asunto a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos conducentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado, relativo al registro de juicios de amparo. Notifíquese. (2)

  2. Principal

    Por este medio se notifica al quejoso, el acuerdo de diecinueve de enero del año en curso, por medio de lista que fijo en los estrados de este juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, de conformidad con los artículos 27, fracción I, inciso b) y 29, de la Ley de Amparo; en virtud de no haber atendido el citatorio de fecha veintidós de enero de dos mil dieciocho, mismo que a la letra dice: Nuevo Laredo, Tamaulipas, diecinueve de enero de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Julio César Alvarado García, contra actos de Eliseo Castillo Tejeda, Presidente del Partido Revolucionario Institucional del Comité Municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, con residencia en esta ciudad y de otra autoridad; fórmese expediente y regístrese con el número 10/2018-2, que es el que cronológicamente le corresponde. Desechamiento Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías, toda vez que se advierte la actualización de una causa manifiesta e indudable de improcedencia. En primer término, debe precisarse que de la lectura integral al escrito de demanda se advierte que el promovente señala como autoridades responsables: "1.- C. ELISEO CASTILLO TEJEDA PRESIDENTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL DEL COMITÉ MUNICIPAL DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS. 2.- EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA PARTIDARIA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN EL COMITÉ ESTATAL DE CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS,." De quienes reclama: ".la omisión de darle tramitación a la Demanda de Medios de Impugnación sobe Juicio para la Protección de Derechos Partidarios del Militante, de fecha 12 de Diciembre del 2017, violándose los artículos 95, 96, 100 del Código de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional y por ende violentando el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; reclamando así mismo todas sus consecuencias directas e indirectas en lo que afecten a mis garantías individuales y derechos de persona." Precisado lo anterior, este órgano jurisdiccional advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción II del diverso 5° de esta misma ley, toda vez que las autoridades señaladas como responsables, no tienen ese carácter para efectos del juicio de amparo. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el artículo 5, fracción II, de la ley de la materia, prevé: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Ahora bien, en principio debe determinarse qué es un "acto de autoridad" para los efectos del juicio de amparo. El artículo 103, fracción I, constitucional, dispone: "Artículo 103. Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: Fracción I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Luego, la Ley de Amparo prevé que es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, y en caso de particulares, cuando éstos realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos de otros y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Acorde con la doctrina, en relación con el primer párrafo de la fracción II, del artículo 5º, de la Ley de Amparo, existen tres clases de relaciones jurídicas que derivan de la actuación del Estado con sus órganos: a) De coordinación: Se refieren a los vínculos que se entablan con una diversidad de causas, entre dos o más personas físicas o morales, en su calidad de gobernados o particulares y que, para dirimir sus controversias, se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. Dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho agrario, civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación; b) De subordinación: Las que se efectúan entre los diferentes órganos de gobierno en el desempeño de sus atribuciones; y, c) De supra a subordinación: Las que surgen entre los órganos de autoridad, por una parte, y el gobernado por otra. En dichas relaciones, la autoridad desempeña frente al particular, los actos de autoridad propiamente dichos, que tienen como características la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad. Por lo que, acto de autoridad es el que involucra a un órgano del Estado constituido por una persona o por un cuerpo colegiado que ejecuta ciertos actos en ejercicio del poder de imperio, que derivan de una norma general, y que modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión, con la ejecución de esa decisión, o bien por ambas. Al respecto, cabe explicar que tales actos son unilaterales porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; son imperativos en virtud de que se imponen aun en contra de la voluntad del gobernado; y son coercitivos dado que si no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento mediante el uso de la fuerza pública. Además, para que el acto de un órgano estatal sea conceptuado como tal, debe realizarse con motivo de relaciones de supra a subordinación, esto es, entre sujetos colocados en diferentes planos, el Estado por un lado, investido con su imperio, y los particulares por el otro. Resulta aplicable la tesis XXXVI/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 307, Tomo IX, marzo de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." También es importante mencionar el criterio contenido en la tesis 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Página: 1089, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Por consiguiente, tratándose de un juicio de amparo promovido contra actos de un particular, su procedencia atenderá a que el acto reclamado sea equivalente a los de autoridad; esto es, que desde una posición de supra a subordinación, cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Ahora bien, respecto a los partidos políticos, el artículo 41, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 41.- El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas (sic) la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.[.]" Del precepto transcrito se advierte que los partidos políticos son entidades de interés público que tienen como finalidad promover la participación de los gobernados en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público con base en sus programas y principios, mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Sin embargo, se estima que en forma similar al Estado, los partidos políticos pueden actuar con un doble carácter: a) como entidad de interés público y b) como persona moral de derecho privado. Esto es, un partido político actuará como entidad de interés público cuando sus acciones deriven del ejercicio de las facultades que goza en relación a su organización, funciones y prerrogativas relacionadas con su objeto, por ejemplo, en cuanto a la participación de los gobernados en la vida democrática para hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público mediante el voto, entre otras facultades de esa índole. Además, un partido político actuará como persona moral de derecho privado cuando como particular contraiga derechos y obligaciones en el plano privado, como cualquier otro particular; por ejemplo, cuando celebra un contrato de compraventa o de arrendamiento con otro particular. Con lo anterior se pone de manifiesto que un partido político puede desplegar actos no sólo desde su ámbito de entidad de interés público, sino también desde el plano del derecho privado. En el caso, tal como se desprende del escrito de demanda, a las autoridades señaladas como responsables no se les puede atribuir ningún acto de autoridad con motivo de relaciones de supra a subordinación, que implique la afectación de la esfera jurídica del impetrante, pues que se trata de peticiones realizadas a un partido político que actúa en ejercicio de las facultades conferidas por la constitución y legislaciones especiales en relación con su organización, funciones y prerrogativas relacionadas con su objeto relacionado a la materia electoral. En efecto, si bien el promovente aduce que el acto reclamado vulnera los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales, pues la omisión en la tramitación a la demanda que presentó ante el Presidente de la Comisión de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional en el Comité Estatal de Ciudad Victoria, Tamaulipas, sellado de recibido el doce de diciembre de dos mil diecisiete, violenta sus garantías ya que tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos fijados en la ley, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; sin embargo, como se precisó, a las autoridades señaladas como responsables no se les puede atribuir ningún acto de autoridad con motivo de relaciones de supra a subordinación, que implique la afectación de la esfera jurídica de la impetrante, sino que se trata, como ya quedó precisado, de una solicitud realizada a una organización que actúa en ejercicio de las facultades conferidas por la ley. En consecuencia, se estima que el partido político y sus representantes en el estado a quienes se les reclama un acto en su calidad de entidad de interés público, no emiten actos de autoridad ni de particular equiparables a autoridad, para efectos del juicio de amparo, sino en su calidad de ente de interés público cuyas acciones las despliega desde un ámbito sui generis vinculado a la materia electoral, y desde éste no se ubica en un plano de supra a subordinación frente a la parte quejosa. Tampoco son actos emanados de un particular equiparables a los de una autoridad, porque aun cuando es posible que un partido político actúe como persona moral de derecho privado, en el caso la acción que se reclama no reúne las características de actos de autoridad, pues no fue emitida desde una posición de supra a subordinación frente al quejoso ni crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. En resumen, tal acto no proviene de una autoridad ni es emanado de un particular que se pueda equiparar al de una autoridad, en términos del artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, pues deriva de una entidad de interés público, esto es, de una figura sui generis, cuyas acciones u omisiones están vinculadas a la materia electoral, reguladas por disposiciones constitucionales y legales especiales. En ese sentido es pertinente invocar el criterio sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, XXVII.3o.77 K (10a.), publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Página: 1763, Décima Época, que dice: "PARTIDOS POLÍTICOS. LAS ACCIONES U OMISIONES QUE DESPLIEGAN COMO ENTES DE INTERÉS PÚBLICO, NO SON RECLAMABLES EN EL JUICIO DE AMPARO. En el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, el legislador identificó a los sujetos cuyos actos son impugnables en el juicio constitucional: la autoridad responsable y los particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad. De modo que, será autoridad aquella que se ubique en un plano de supra a subordinación frente a los particulares y cuyos actos, desde esa posición, crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; mientras que para determinar la procedencia del amparo contra actos de particulares se atenderá a que éstos sean equivalentes a los de autoridad en aquellas características. Ahora bien, un partido político es un ente de interés público conforme al artículo 41, base I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, desde ese ámbito, despliega acciones u omisiones en ejercicio de sus facultades en relación con su organización, sus funciones y las prerrogativas relacionadas con su objeto vinculado a la materia electoral, reguladas por disposiciones constitucionales y legales especiales; por ende, cuando se le reclaman acciones u omisiones desplegadas desde aquel ámbito sui géneris, sus actos no emanan de un plano de supra a subordinación frente a los particulares, ni crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; de ahí que no puedan impugnarse en el juicio de amparo". En las relatadas circunstancias, como se adelantó, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 61, fracción XXIII, y 5, fracción II, de la misma ley, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Julio César Alvarado García, por notoriamente improcedente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el asunto como definitivamente concluido. Domicilio y autorizados Téngase como autorizado del quejoso en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Alejandro López Zárate; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Gilberto Lara Libreros hasta en tanto registren su cédula profesional en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales", de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales; y como domicilio para los efectos que refiere, el señalado en el mismo. Habilitación de días y hora inhábiles Atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia como lo dispone el artículo 17 Constitucional, y conforme a lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Transparencia Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de dos de junio dos mil nueve, así como en el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar la información que considere en relación con el expediente en el que se actúa, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte en este asunto, atendiendo las formalidades previstas en la legislación federal aplicable. Expediente electrónico Finalmente, en atención al Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, y artículo 3 de la Ley de Amparo vigente, que prevé que los órganos están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincida íntegramente para la consulta de las partes; por consiguiente, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Notifíquese personalmente al quejoso.

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