Julio Cesár Aguirre Gómez

Expediente 595/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
595/2015
Año
2015
Actuaciones
3
Última actuación
19/10/2015

Partes del expediente

  • Julio Cesár Aguirre Gómez
  • Subprocurador de Justicia en el Estado, Zona Norte

Actuaciones

  1. Principal

    se declara que dicho auto ha causado estado. Archivese como asunto concluido. Se hace la precisión que este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años

  2. Principal

    se notifica por medio de lista al promovente, el acuerdo de uno de octubre de dos mil quince, que dice: se tiene por no presentada la demanda que dio origen al expediente en que se actúa.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO EL ACUERDO DE 02 DE SEPTIEMBRE DE 2015, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, EN EL QUE SE ASENTÓ: Por recibida la demanda de amparo promovida por Julio César Aguirre Gómez, por propio derecho, contra actos del Subprocurador de Justicia del Estado, Zona Norte, y otras autoridades; en consecuencia, se ordena formar expediente y registrarlo en el libro de gobierno correspondiente con el número 595/2015-III. Previo a proveer lo relativo a su admisión o desechamiento, es importante mencionar que de conformidad con lo previsto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, cuando el juez de Distrito advierta del contenido de la demanda alguna irregularidad para entablar la litis constitucional, no se colmen en su totalidad los requisitos esenciales que debe contener aquélla, establecidos en el artículo 108 de la propia ley, o no se exhiban las copias a que se refiere el artículo 110 del mismo ordenamiento, requerirá al promovente para que subsane tales inconsistencias u omisiones. En el caso particular, del apartado correspondiente a las autoridades responsables se advierten imprecisiones que deben ser subsanadas; en efecto, en dicho apartado señala con tal carácter, entre otras, al "Subprocurador de Justicia del Estado, Zona Norte, y agentes del Ministerio Público a su cargo"; denominación que impide saber a qué autoridad le atribuye los actos que reclama, pues se desconoce si la autoridad a que se refiere es el Fiscal Especializado en Investigación y Persecución del Delito, Zona Norte, que de acuerdo a la estructura orgánica de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, es el encargado de la persecución e investigación de los delitos en dicha zona. Asimismo, señala como autoridad responsable al "Secretario de Seguridad Pública Estatal", sin embargo, debe decirse que por virtud de los Decretos 1142/2010 XII P.E. y 1143/2010 XII P.E., publicados en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, se derogaron diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, entre ellos el artículo 24, que contemplaba la existencia de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, correspondiéndole actualmente las atribuciones que aquélla desempeñaba a la Fiscalía General del Estado, por lo que en la actualidad dicha secretaría ya no existe. Además, en el mismo capítulo se observa que le atribuye el carácter de responsable al "Juez del juzgado 2do. Civil"; sin que pueda afirmarse que se trata del Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, pues no proporciona mayores datos que lleven a considerarlo de esta manera. En adición a lo anterior, del apartado correspondiente a los antecedentes del acto reclamado, específicamente del numeral primero, se aprecia que el promovente mencionó que las autoridades señaladas como responsables ejecutaron la orden de desalojo de que se duele, a pesar del contrato de arrendamiento que celebró con Eduardo Salinas; sin embargo, en el capítulo de conceptos de violación, menciona que las autoridades responsables pretenden desalojarlo. Es decir, por una parte se refiere a un acto ejecutado, y por la otra lo refiere como futuro. Lo que debe aclararse, porque la naturaleza del acto además de determinar la procedencia del juicio, trasciende para los efectos de la suspensión que solicita. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, fracciones III y IV, y 114, de la Ley de Amparo, se requiere a Julio César Aguirre Gómez para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, precise la denominación correcta de las autoridades señaladas como responsables y aclare si la orden de desalojo a que hizo alusión ya fue ejecutada. Haciendo de su conocimiento que deberá exhibir tantas copias de su escrito aclaratorio como número de partes haya designado, para la correcta distribución entre éstas e integración del expediente y cuadernos incidentales respectivos. Apercibido que de no cumplir con todo lo anterior en el lapso indicado, se procederá de conformidad con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, esto es, se tendrá por no presentada la demanda. En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle Namiquipa, número 3389, colonia Anáhuac, en esta ciudad, y como sus autorizados para tales efectos al licenciado Mauro Conde Martínez, Guillermina Avilez Carrera y Mario Ramírez Tapia, por así solicitarlo el promovente. Finalmente, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, se ordena al oficial administrativo la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, acuerdos, resoluciones o sentencias que se emitan, o bien, en caso de que se presenten de manera electrónica, proceda a su impresión a efecto de ser incorporados al expediente; así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo; en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar toda aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que el Secretario deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad.

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