Julio Buenavista Gómez

Expediente 736/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
736/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
02/09/2016

Partes del expediente

  • Julio Buenavista Gómez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE DIECIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS, A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese en autos el escrito signado por ******, apoderado legal de******; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, téngasele cumpliendo el requerimiento que se le hizo en providencia de quince de los actuales; en ese sentido, se acuerda: A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda presentada por *****, apoderado legal de *****, es necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo antes citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo las consideraciones anteriores, se precisa que del análisis integral de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa reclama: La resolución de uno de agosto de dos mil dieciséis, dictada por el Juez Único Civil de Partido y de Oralidad Familiar, con residencia en Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, en el expediente C-235/2015, mediante la cual desecha la ampliación de demanda promovida de su parte a efecto de demandar a Ramón Velásquez Huerta, como poseedor originario del bien inmueble en controversia; ello debido a que el requerimiento que se le formuló fue para el efecto de dilucidar únicamente las acciones que plantea el actor en cuanto a la posesión de Ramón Velásquez Huerta, pero como propietario y no como poseedor originario. En ese orden, frente al acto que reclama la parte quejosa, el suscrito estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, dispositivos que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" De las citadas disposiciones legales, la última interpretada en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación. Asimismo, se advierte que la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el tres de abril de dos mil trece, establece que por actos de imposible reparación debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho sustantivo de que se trate, y no en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales; hipótesis de procedencia en que se ubican, por ejemplo, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, la admisión de la prueba pericial contable ofrecida por la contraparte de quien se vaya a revisar la documentación, la pericial en genética, etcétera. Por ello, de no actualizarse ninguno de los supuestos antes contemplados, el juicio de amparo indirecto que se promueva contra actos dentro del juicio será improcedente. Esto, porque las violaciones cometidas en un procedimiento, por regla general, son impugnables en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, siempre y cuando tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; y como excepción, se itera, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Ahora, bajo dicha guiza y con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene relatar los antecedentes del acto reclamado, siendo éstos los siguientes: 1. Ante el Juzgado Civil de Partido y de Oralidad Familiar de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, *****, por conducto de su apoderado legal ******, demando en la vía ordinaria civil a *******, sobre acción plenaria de posesión y otras prestaciones. 2. Seguido el juicio por todas sus etapas legales, se dictó sentencia en la que el Juez mencionado determinó que el actor no probó su acción y absolvió a la parte demandada de todas y cada una de las prestaciones reclamadas por su contraria y condenó a la parte actora al pago de costas procesales. 3. Inconforme con dicha determinación la parte actora interpuso recurso de apelación, el cual por razón de turno le correspondió conocer al Magistrado de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, toca que quedó registrado con el número 213/2016; quien determinó revocar la sentencia combatida y ordenó la reposición del procedimiento al considerar que debía emplazarse a ****** en calidad de propietario del inmueble materia de la Litis. 4. En razón de lo anterior, se dio vista a la parte actora para que ampliara la demanda en contra de ******. 5. Por resolución de uno de agosto de dos mil dieciséis, el Juez Único Civil de Partido y de Oralidad Familiar, con residencia en Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, desechó la ampliación de la demanda promovida por el aquí quejoso, ello debido a que el requerimiento que se le formuló fue para el efecto de dilucidar únicamente las acciones que plantea el actor en cuanto a la posesión de Ramón Velásquez Huerta pero como propietario y no como poseedor originario; acto que constituye el reclamado en esta instancia constitucional. En esa tesitura, dicha determinación reclamada no constituye un acto en el juicio cuyo efecto sea de imposible reparación, pues sus efectos sólo podrían, en determinado caso, traducirse en violaciones procesales que afecten derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse sentencia que ponga fin al juicio, si ésta es favorable a los intereses del accionante del amparo y, en caso contrario, de resultar opuesto a los mismos, puede reclamarlas en el juicio de amparo directo como violación procesal en términos del artículo 172 de la ley de la materia. Lo anterior es así, pues en la especie, como acto de imposible reparación no se le puede considerar, en virtud de que sus consecuencias no afectan materialmente alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal ni en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación podría repararse, se itera, si obtiene sentencia favorable en el juicio. Luego, debe decirse que la consecuencia de la limitación de llamar a ******* en calidad de propietario y no como poseedor originario del inmueble materia de la litis, como lo pretendía la parte actora -hoy quejosa-, en todo caso constituye una violación a un derecho adjetivo, que puede ser reclamada hasta que se dicte el fallo definitivo. Pues la falta de llamamiento a juicio solo produce efectos de carácter formal o intraprocesal, por tanto, se reitera que dicho acto no es de imposible reparación. Resta destacar, que el suscrito no inadvierte el criterio contenido en la tesis aislada sustentada por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA AMPLIACIÓN DE LA. FORMA DE IMPUGNARLO.", en la cual medularmente se indicó que el desechamiento de la ampliación de la demanda constituye una violación procesal, dictada dentro de juicio de imposible reparación y que puede ser impugnada mediante el juicio de amparo indirecto, al tenor del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo actualmente abrogada. Sin embargo, a consideración del suscrito la misma ya no resulta aplicable en la actualidad porque: Fue emitido conforme al texto de la Ley de Amparo actualmente abrogada, donde de acuerdo a la interpretación realizada por el Máximo Tribunal del país al precepto 114 fracción IV, el juicio de amparo no sólo era procedente contra actos dictados dentro de juicio que tuvieran sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, sino también contra aquéllos que se encontraran vinculados con derechos adjetivos que afectaran a las partes en grado predominante o superior; Empero, la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, la cual regula este controvertido, ya no prevé la procedencia del juicio de amparo contra actos dictados dentro de juicio que se encontraran vinculados con derechos adjetivos y que afectaran a las partes en grado predominante o superior, sino sólo respecto de aquellos cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y Con base en ello es que la misma ya no resulta aplicable por oponerse con lo establecido en la presente Ley de Amparo, con fundamento en lo establecido en el Artículo Sexto Transitorio. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia invocada respecto del descrito acto reclamado, dado que no puede ser considerado como de imposible reparación, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. En apoyo a la conclusión anterior se invoca, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes."

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE QUINCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS, A LA PARTE QUEJOSA: Por recibida la demanda de amparo que presenta ******, apoderado legal de ******, calidad que acredita en términos del artículo 6° de la Ley de Amparo, con la copia certificada del instrumento notarial tres mil ciento cuarenta y dos, pasada ante la fe del Notario Público número diez, con ejercicio en esta ciudad, contra actos del Juez Único Civil de Partido y de Oralidad Familiar, con sede en Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 736/2016-II. A efecto de proveer respecto de su admisión, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Como se advierte del artículo anterior, el órgano jurisdiccional al realizar el análisis del libelo constitucional puede advertir deficiencias, irregularidades u omisiones, respecto de las cuales mandará requerir al promovente para que las aclare dentro del término de cinco días legalmente computado, señalando con precisión en el auto relativo las que deban corregirse. En la especie, el suscrito estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto al requisito establecido en las fracciones I y IV del invocado numeral, en relación con el artículo 108, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, como se verá a continuación. La fracción IV del artículo 108 de la legislación en consulta establece: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "(.)" "IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame;." Como se advierte de la trascripción anterior, la parte quejosa tiene la insoslayable obligación de precisar en su libelo constitucional la norma general, el acto o la omisión acto que reclame a cada una de las autoridades que señala como responsables. Respecto de dicho tópico, el Ministro en Retiro Genaro David Góngora Pimentel, en su obra titulada "Introducción al Estudio del Juicio de Amparo", Editorial Porrúa, Sociedad Anónima de Capital Variable, página 458, Novena Edición, señala que esta exigencia significa que el agraviado debe indicar en su demanda, lo más claramente que pueda, qué ley y qué acto reclama a las distintas autoridades responsables que señale, porque su imprecisión puede dar lugar a diversos problemas, como son: a. Las autoridades responsables no podrían rendir su informe correctamente. b. Los terceros interesados no sabrían claramente de qué defenderse. c. La sentencia no tendría ejecución sobre la verdadera razón de ser del amparo, entre otros. En apoyo a lo anterior se invoca el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 697, Tomo IX, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, se rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. En ella debe precisarse con toda claridad el acto que se reclama." En tal virtud, en el caso concreto la parte quejosa en el apartado relativo al acto reclamado señalaron como tal: "..el auto de fecha 01 de Agosto del año 2016 dentro del expediente C-235/2015 radicado en el juzgado Único Civil de la Ciudad de Juventino Rosas, Gto., consistente en que se desecha la ampliación de demanda realizada por el suscrito con el carácter de Apoderado Legal de *******." Sin embargo, de los antecedentes narrados en su demanda, también refiere que en contra de la determinación anterior, interpuso recurso de apelación. En esa tesitura, como dicha determinación no fue señalada como acto reclamado, se le requiérele para que manifieste si lo desea señalarlo como tal. Conclusivamente, ante la irregularidad advertida lo procedente, conforme a los artículos 108, fracción IV, en relación con el 114, fracciones I y IV, ambos de la ley de la materia, es prevenirlo para que dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que del presente proveído se le practique, por escrito y con las copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes: Manifieste si desea señalar como acto reclamado el auto en el que se no se le admitió el recurso de apelación interpuesto en contra de la determinación de uno de agosto de dos mil dieciséis. El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del citado artículo 114 de la ley de la materia, que dispone: ".Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que menciona, y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Yazmín González Rodríguez, al contar con su cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal; y, en términos de la última parte del segundo párrafo del citado numeral a las demás personas que indica, por no encontrarse en ese supuesto. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas tanto en el juicio en que se actúa, como en los cuadernos incidentales derivados del mismo, en los casos en que deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

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