Julio Araujo Ramírez
Expediente 2026/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2026/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Julio Araujo Ramírez
Actuaciones
- Principal
Vista; la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, dictado en el presente juicio de garantías, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme; para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que en el presente juicio de amparo, no existen diligencias pendientes de practicar; y, en su caso, que ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa destruible. Por otra parte, requiérase a la parte quejosa, para que se presente en el local de este Juzgado, debidamente identificada, a fin de recoger el documento que exhibió en el presente juicio de amparo, apercibida que en caso de no hacerlo dentro del término de noventa días, dicho documento podrá ser destruido.
- Principal
Visto; el oficio que remite el Presidente de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, al que adjunta la demanda de amparo que promueve la sociedad mercantil "Cerro Vara Dulce", Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, por conducto de su Presidente, Julio Auranjo Ramírez, contra actos de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas y otra autoridad, la secretaria encargada del despacho, acuerda: Acúsese recibo. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 2026/2018-III y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el Juez de Distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la quejosa de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. En el caso en concreto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, sin suspender el acto reclamado; hipótesis que se surte en el caso en estudio, toda vez que con relación al acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, (.)." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Bajo el cuadro normativo expuesto, se evidencia que el plazo presupuestal al que todo gobernado debe ajustarse para promover el juicio de amparo, es de quince días contados en la forma que estatuye el artículo 18, de la Ley de Amparo, que por regla general es de quince días, de la siguiente forma: a) Desde el día siguiente al en que al quejoso le hubiere surtido efectos la notificación del acto reclamado, de acuerdo a la ley que rija el acto reclamado; b) Desde el día siguiente al en que el quejoso hubiese tenido conocimiento del acto que pretende reclamar; y, c) Desde el día siguiente que el quejoso se hubiese ostentado sabedor de la existencia del acto reclamado. Ahora la parte quejosa en su escrito de demanda, señala como acto reclamado la resolución emitida por la Segunda Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el toca 66/2018 de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho; ahora, señala la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, que el seis de noviembre de la anualidad en curso, fue notificado del contenido de la citada resolución. Por ello, si el seis de noviembre de la anualidad en curso, como lo refiere la parte quejosa fue notificada del contenido de la resolución que señala como acto reclamado, el plazo de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, comenzó a trascurrir el día hábil siguiente, que fue el miércoles siete de noviembre de dos mil dieciocho, mismo que concluyó el veintinueve de noviembre del mismo año. Lo anterior en razón a que durante el mes de noviembre de este año, fueron inhábiles los días diez, once, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veinticuatro y veinticinco. Luego, de la boleta de turno impresa por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, se evidencia que la demanda de amparo fue presentada el dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, lo que se corrobora con el sello asentado en la parte superior derecha de la demanda de cuenta, por dicha oficialía, por lo que es incontrovertible que transcurrieron en perjuicio de la parte quejosa, los quince días que concede el artículo 17, de la Ley de Amparo, para acudir a juicio constitucional. Por tanto, la presentación de la demanda, resulta ser notablemente extemporánea y con ello, se considera que la parte quejosa consintió el citado acto que ahora combate; en términos de la fracción XIV del artículo 61 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 202, del Tomo XIII, Enero de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto: "DEMANDA DE GARANTIAS. EXTEMPORANEIDAD DE LA. Es correcto el actuar del juez de Distrito al dar el trámite correspondiente a una demanda de garantías, y que al momento de dictar su resolución constitucional sobresea en el juicio de garantías al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que al rendir el informe justificado la autoridad responsable acompañó las constancias que estimó pertinentes y el juez de amparo advirtió que la demanda de garantías era extemporánea pues de las referidas constancias se desprendía la extemporaneidad de la misma, además de que el juez federal con la sola presentación de la demanda no podía advertir esa circunstancia, pues en ella la parte quejosa expresó que en determinada fecha se enteró del acto de molestia, por lo cual en ese momento el juez no estaba en aptitud de advertir la extemporaneidad de la demanda." Asimismo, es aplicable al caso, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia número IV.3o. J/44, publicada en la página 49, tomo 86-2, Febrero 1995, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, del tenor literal siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Desde el momento en que se decretó el embargo en el juicio seguido en contra de la demandada, quien se ostentó tercero extraño, tuvo pleno conocimiento de dicho embargo por sí y como representante de sus menores hijos, en virtud de haberse entendido con ella la diligencia de emplazamiento a la demandada, resultaron afectados los derechos de los ahora inconformes, quienes debieron combatir el procedimiento dentro del término de quince días a partir de aquél en que conoció la existencia del embargo (artículo 21 de la Ley de Amparo), pero como no lo hicieron, se considera que consintieron no solamente el embargo, sino también los demás actos como son la sentencia de remate y el procedimiento de ejecución de sentencia, al ser éstos una consecuencia legal y forzosa del aseguramiento practicado en el juicio del que derivan los actos reclamados." De igual forma resulta aplicable la Tesis, visible en la página 235, XI, Junio de 1993, Materia Común, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." Lo anterior además, porque la quejosa no se encuentra dentro de los plazos de excepción a que se refieren las fracciones I a IV, del numeral 17 multicitado, porque en el caso no se reclama una norma general autoaplicativa; no se reclama la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión; el amparo no se promueve contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; y, el acto reclamado tampoco implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En las narradas condiciones al actualizarse de modo manifiesto la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con el numeral 17, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de garantías promovida por "Cerro Vara Dulce", Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, por conducto de su Presidente, Julio Auranjo Ramírez, con apoyo en el artículo 113, del propio ordenamiento legal. Se tiene como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle Mina Valenciana, número trecientos uno (301), colonia Minera, en Zacatecas, Zacatecas; y, como autorizados en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, a Luis Edmundo Zorrilla Hernández y Juan Manuel Puente López. Se reserva entregar el oficio ordenado en el presente acuerdo en el caso que la dependencia a la que está dirigido se encuentre cerrada con motivo del periodo vacacional, para que una vez que se reanuden labores en la misma, sea entregado y surtan los efectos legales correspondientes.
- Principal
se publica el auto de diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, con efectos de notificar a la parte quejosa: Visto; el oficio que remite el Presidente de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, al que adjunta la demanda de amparo que promueve la sociedad mercantil "Cerro Vara Dulce", Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, por conducto de su Presidente, Julio Auranjo Ramírez, contra actos de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas y otra autoridad, la secretaria encargada del despacho, acuerda: Acúsese recibo. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 2026/2018-III y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el Juez de Distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la quejosa de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. En el caso en concreto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, sin suspender el acto reclamado; hipótesis que se surte en el caso en estudio, toda vez que con relación al acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, (.)." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Bajo el cuadro normativo expuesto, se evidencia que el plazo presupuestal al que todo gobernado debe ajustarse para promover el juicio de amparo, es de quince días contados en la forma que estatuye el artículo 18, de la Ley de Amparo, que por regla general es de quince días, de la siguiente forma: a) Desde el día siguiente al en que al quejoso le hubiere surtido efectos la notificación del acto reclamado, de acuerdo a la ley que rija el acto reclamado; b) Desde el día siguiente al en que el quejoso hubiese tenido conocimiento del acto que pretende reclamar; y, c) Desde el día siguiente que el quejoso se hubiese ostentado sabedor de la existencia del acto reclamado. Ahora la parte quejosa en su escrito de demanda, señala como acto reclamado la resolución emitida por la Segunda Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el toca 66/2018 de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho; ahora, señala la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, que el seis de noviembre de la anualidad en curso, fue notificado del contenido de la citada resolución. Por ello, si el seis de noviembre de la anualidad en curso, como lo refiere la parte quejosa fue notificada del contenido de la resolución que señala como acto reclamado, el plazo de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, comenzó a trascurrir el día hábil siguiente, que fue el miércoles siete de noviembre de dos mil dieciocho, mismo que concluyó el veintinueve de noviembre del mismo año. Lo anterior en razón a que durante el mes de noviembre de este año, fueron inhábiles los días diez, once, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veinticuatro y veinticinco. Luego, de la boleta de turno impresa por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, se evidencia que la demanda de amparo fue presentada el dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, lo que se corrobora con el sello asentado en la parte superior derecha de la demanda de cuenta, por dicha oficialía, por lo que es incontrovertible que transcurrieron en perjuicio de la parte quejosa, los quince días que concede el artículo 17, de la Ley de Amparo, para acudir a juicio constitucional. Por tanto, la presentación de la demanda, resulta ser notablemente extemporánea y con ello, se considera que la parte quejosa consintió el citado acto que ahora combate; en términos de la fracción XIV del artículo 61 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 202, del Tomo XIII, Enero de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto: "DEMANDA DE GARANTIAS. EXTEMPORANEIDAD DE LA. Es correcto el actuar del juez de Distrito al dar el trámite correspondiente a una demanda de garantías, y que al momento de dictar su resolución constitucional sobresea en el juicio de garantías al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que al rendir el informe justificado la autoridad responsable acompañó las constancias que estimó pertinentes y el juez de amparo advirtió que la demanda de garantías era extemporánea pues de las referidas constancias se desprendía la extemporaneidad de la misma, además de que el juez federal con la sola presentación de la demanda no podía advertir esa circunstancia, pues en ella la parte quejosa expresó que en determinada fecha se enteró del acto de molestia, por lo cual en ese momento el juez no estaba en aptitud de advertir la extemporaneidad de la demanda." Asimismo, es aplicable al caso, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia número IV.3o. J/44, publicada en la página 49, tomo 86-2, Febrero 1995, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, del tenor literal siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Desde el momento en que se decretó el embargo en el juicio seguido en contra de la demandada, quien se ostentó tercero extraño, tuvo pleno conocimiento de dicho embargo por sí y como representante de sus menores hijos, en virtud de haberse entendido con ella la diligencia de emplazamiento a la demandada, resultaron afectados los derechos de los ahora inconformes, quienes debieron combatir el procedimiento dentro del término de quince días a partir de aquél en que conoció la existencia del embargo (artículo 21 de la Ley de Amparo), pero como no lo hicieron, se considera que consintieron no solamente el embargo, sino también los demás actos como son la sentencia de remate y el procedimiento de ejecución de sentencia, al ser éstos una consecuencia legal y forzosa del aseguramiento practicado en el juicio del que derivan los actos reclamados." De igual forma resulta aplicable la Tesis, visible en la página 235, XI, Junio de 1993, Materia Común, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." Lo anterior además, porque la quejosa no se encuentra dentro de los plazos de excepción a que se refieren las fracciones I a IV, del numeral 17 multicitado, porque en el caso no se reclama una norma general autoaplicativa; no se reclama la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión; el amparo no se promueve contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; y, el acto reclamado tampoco implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En las narradas condiciones al actualizarse de modo manifiesto la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con el numeral 17, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de garantías promovida por "Cerro Vara Dulce", Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, por conducto de su Presidente, Julio Auranjo Ramírez, con apoyo en el artículo 113, del propio ordenamiento legal. Se tiene como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle Mina Valenciana, número trecientos uno (301), colonia Minera, en Zacatecas, Zacatecas; y, como autorizados en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, a Luis Edmundo Zorrilla Hernández y Juan Manuel Puente López. Se reserva entregar el oficio ordenado en el presente acuerdo en el caso que la dependencia a la que está dirigido se encuentre cerrada con motivo del periodo vacacional, para que una vez que se reanuden labores en la misma, sea entregado y surtan los efectos legales correspondientes.
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