Julio Antonio Montes de Oca Gonzalez
Expediente 672/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 10 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 672/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 14/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Julio Antonio Montes de Oca Gonzalez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Vistos los autos del juicio de amparo 672/2022-II promovido por *******************; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el treinta de mayo de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida el treinta y uno siguiente en este órgano jurisdiccional, ******************* solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de actos Adolfo González López, en su carácter de Juez Especializado de Control del Único Distrito Judicial en el Sistema Penal Acusatorio del Estado de Morelos, con sede en Cuautla. SEGUNDO. Trámite. Por auto de uno de junio de dos mil veintidós se registró la demanda, se admitió a trámite, se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado y se ordenó dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Asimismo, se reconoció el carácter de tercero interesado a la Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada de Hechos de Tránsito de Yautepec, dependiente de la Fiscalía Región Oriente (Betzaida Martínez Salgado). El diecisiete de junio del año en curso se tuvo por recibida la constancia de emplazamiento de la fiscal antes referida; el dieciséis de agosto siguiente se recibió la constancia con la que se acreditó el carácter de defensor particular del licenciado Mario Alberto Tamayo García y se reconoció el carácter de tercero interesado a la víctima de iniciales S.G.S., a quien el veintiséis de agosto del mismo año se emplazó debidamente al juicio en que se actúa. Seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; además, por reclamarse actos de autoridades que ejercen sus funciones dentro de la circunscripción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del análisis integral de la demanda se precisa que el acto reclamado consiste en: El auto de vinculación a proceso dictado en la continuación de la audiencia inicial de doce de mayo de dos mil veintidós, dentro de la causa penal JCC/651/2021, por el delito de daño culposo. TERCERO. Certeza del acto. Es cierto el acto reclamado, ya que así lo manifestó Adolfo González López, Juez de Primera Instancia Especializado de Control del Único Distrito Judicial en el Estado, con sede en Cuautla, Morelos, al rendir el informe justificado requerido. Afirmación que se corrobora con las constancias remitidas como complemento de tal informe, consistentes en las copias auténticas de la causa JCC/651/2021 y un disco óptico de los índices del juzgado oficiante. Documentales a las que se les confiere pleno valor probatorio de conformidad con lo que disponen los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, de conformidad con el diverso 2 de la Ley de Amparo, al constituir actuaciones realizadas por las referidas autoridades con motivo y en el ejercicio de sus funciones. Mientras que el disco óptico adquiere el carácter de una prueba documental pública en amplio sentido, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad, conforme a lo señalado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), del rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previo al estudio que se realice del acto reclamado, esta juzgadora procede a analizar de manera oficiosa si en el presente caso se actualiza alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de la ley de la materia, por así disponerlo el numeral 62 del mismo ordenamiento, además de ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. En ese tenor, este órgano jurisdiccional considera que no existen causas de improcedencia hechas valer por las partes ni se advierte alguna que de oficio deba ser analizada. QUINTO. Antecedentes. Antes de analizar el fondo del asunto, es oportuno citar los antecedentes más relevantes que se aprecian de la causa JCC/651/2021 y del disco óptico que contiene la audiencia desarrollada en dicho proceso: 1. El veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Hechos de Tránsito Yautepec, Morelos, solicitó audiencia al Juez de Control de Primera Instancia del Único Distrito Judicial con sede en Cuautla, Morelos, para formular imputación, imposición de medidas cautelares y vinculación a proceso a Julio Antonio Montes de Oca González, por su probable participación en la conducta antisocial de daño culposo, cometido en agravio de S.G.S. 2. En esa data se registró la solicitud de la fiscalía con el número JCC/651/2021, se señaló fecha y hora para celebrar la audiencia requerida, y se citó a las partes intervinientes. 3. Seguida la secuela procesal, previo trámite sobre conclusión anticipada al mecanismo alternativo, en virtud de que las partes no aceptaron sujetarse al proceso de mediación, el dieciocho de abril de dos mil veintidós la fiscal investigadora solicitó de nueva cuenta audiencia para formular imputación, imposición de medidas cautelares y vinculación a proceso. 4. El tres de marzo siguiente, el juez del conocimiento señaló las nueve horas del dieciocho de abril del año en curso para la celebración de la audiencia solicitada; sin embargo, ésta tuvo verificativo hasta el nueve de mayo de dos mil veintidós. 5. En esa data se desarrolló la audiencia inicial con la asistencia de la agente del Ministerio Público investigadora -Betzaida Martínez Salgado-, el Asesor Jurídico -Joaquín Pastrana Mendieta-, víctima -S.G.S.-, Defensores Particulares -Mario Alberto Tamayo García y José Roberto de Dios Alarcón- y el imputado -Julio Antonio Montes de Oca González-, emitiéndose la constancia respectiva. 6. En doce de mayo de dos mil veintidós, en la continuación de la audiencia inicial, asistieron las partes intervinientes, se declaró cerrado el debate y se emitió auto de vinculación a proceso en contra de Julio Antonio Montes de Oca González, por el hecho que la ley señala como delito de daño culposo, ilícito previsto y sancionado por el artículo 193, en relación con el 174, fracción IV, y 62, todos del Código Penal vigente en el Estado de Morelos, cometido en agravio de S.G.S.; determinación que se emitió en versión escrita y se sustentó en los argumentos que en diverso considerando se expresan. Este es el acto reclamado en el presente juicio constitucional. SEXTO. Verificación de la calidad de licenciados en derecho de los defensores. Previo al estudio del fondo del asunto, analizadas que fueron las constancias, este órgano jurisdiccional advierte lo siguiente: A. Del disco óptico que contiene la audiencia inicial de nueve de mayo de dos mil veintidós, relativa a la causa penal JCC/651/2021, se desprende que a las nueve horas con tres minutos - 09:03:25 horas (00:01:25 segundos de la audiencia) - se individualizaron como defensores particulares del imputado los licenciados Mario Alberto Tamayo García y José Roberto de Dios Alarcón, quienes refirieron que en audiencias anteriores se identificaron debidamente, aceptaron y protestaron el cargo conferido; sin que se advierta que el juez verificara la acreditación jurídica, legal, suficiente y comprobable de su calidad como licenciados en derecho. B. En la continuación de la audiencia de doce de mayo siguiente, a las diez horas con veintidós minutos - 10:22:11 horas (00:00:46 segundos de la audiencia) - se individualizaron los citados defensores, sin embargo tampoco se advierte que hayan proporcionado número de registro y que la información de la acreditación fuera verificada por el Juez de Control. En ese sentido, debe observarse lo señalado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a/J.69/2019, del rubro: "DEFENSA ADECUADA EN LA AUDIENCIA INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. LA CALIDAD DE LICENCIADO EN DERECHO DEL DEFENSOR DEBE ACREDITARSE CON EL REGISTRO PREVIO DE LA CÉDULA PROFESIONAL EN LOS SISTEMAS DE REGISTRO O ANTE LOS EMPLEADOS JUDICIALES DESIGNADOS PARA TAL EFECTO, Y CON LA SIMPLE MENCIÓN QUE DE ESOS DATOS SE HAGA EN LA AUDIENCIA RESPECTIVA". Esto es, tales omisiones deben ser enmendadas por este órgano de amparo, en atención a lo establecido en la ejecutoria de la cual deriva la diversa jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2023287, intitulada: "DEFENSA ADECUADA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. ANTE LA OMISIÓN DEL JUEZ DE CONTROL DE VERIFICAR LA CALIDAD DE LICENCIADO EN DERECHO DEL DEFENSOR EN LA AUDIENCIA INICIAL, Y SU SUBSISTENCIA HASTA EL RECURSO DE REVISIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR REGLA GENERAL EL TRIBUNAL DE AMPARO SERÁ QUIEN DEBE VERIFICAR SU TRASCENDENCIA AL DERECHO DE DEFENSA ADECUADA Y ACTUAR EN CONSECUENCIA". Ello, ya que en dicha jurisprudencia se establece que en la audiencia inicial del procedimiento penal acusatorio, el defensor del imputado debe acreditar su calidad de licenciado en derecho y el Juez de Control debe verificar dicha actuación, obligación que constituye un derecho en forma de regla que permite aseverar que el derecho de ser defendido por licenciado en derecho fue respetado. Además, también se precisa que ante su inobservancia, no es posible asegurar que en realidad el defensor carecía de la calidad de licenciado en derecho; tampoco es seguro que el derecho de defensa adecuada se respetó. Por tanto, establece que en pleno respeto al principio de continuidad que rige el proceso penal el órgano de amparo que conozca del caso, en ejercicio de sus facultades, deberá realizar dicho ejercicio de verificación con plenitud de jurisdicción. Lo anterior, ya que si se concluye que el defensor no era licenciado en derecho al momento de su intervención en la audiencia inicial, deberá reponerse la totalidad del procedimiento ante un Juez de Control distinto, toda vez que esto constituye una violación al derecho de defensa adecuada, que debe respetarse desde el inicio de la referida audiencia. Por el contrario, si resulta que el defensor sí era licenciado en derecho, deberá continuarse con el procedimiento y reafirmarse lo dicho, en virtud de que el derecho de defensa adecuada fue siempre respetado. En ese contexto, partiendo de la premisa que el juez de control en la audiencia inicial y su continuación fue omiso en verificar las credenciales de los defensores que intervinieron en dicha diligencia, ejerciendo la representación del imputado, se procede a enmendar dichas actuaciones y verificar si los defensores son licenciados en derecho, en términos de la jurisprudencia 1a/J.69/2019, citada previamente. Establecido lo anterior, una vez realizada la consulta en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales los números de cédulas profesionales de los licenciados en derecho que representaron al imputado Julio Antonio Montes de Oca González durante la audiencia inicial, se obtuvo lo siguiente: - Mario Alberto Tamayo García, número de cédula 4456592, cuenta con el número de registro 68519. - José Roberto de Dios Alarcón, cédula profesional 7679576, no cuenta con registro en el Sistema referido, pero al consultar el Registro Nacional de Profesionistas (Registro Nacional de Profesionistas (sep.gob.mx) se obtuvo que ésta sí se encuentra dada de alta. Por tanto, se tiene por satisfecho el goce efectivo del derecho fundamental de defensa adecuada que le asiste al imputado, aquí quejoso, respecto al momento en que tuvieron intervención como abogados de éste y lo fue en la audiencia inicial y su continuación, pues se constata que tenían plenamente acreditada la calidad de licenciados en derecho. Luego, se procede a estudiar el fondo del asunto. SÉPTIMO. Consideraciones del acto reclamado. De los archivos informáticos, se revisó y visualizó en el sistema de cómputo con que cuenta este órgano jurisdiccional el contenido de un disco óptico, correspondiente a la copia auténtica de la causa JCC/651/2021, relativo a la audiencia inicial de nueve de mayo de dos mil veintidós y su continuación de doce de mayo siguiente, en la que se emitió la determinación combatida en los siguientes términos: - Una vez cerrado el debate [10:46:37 horas - minuto 00:23:42 de la audiencia] el juez señaló que procedería a resolver la situación jurídica del Julio Antonio Montes de Oca González por el hecho delictivo de daño culposo previsto en los numerales 193 y 172, fracción IV, en relación con el 62 del Código Penal vigente en el Estado de Morelos, destacando que se impusieron los datos de investigación; se formuló la imputación; se otorgó el uso de la voz al imputado para que declarara y decidió guardar silencio; se expusieron los datos de investigación aportados por el Ministerio Público, consistentes en: un informe policial homologado de veinte de septiembre de dos mil veintiuno; la declaración de Rosalinda Ruiz Jaral, examen de tránsito terrestre, examen de mecánica identificativa, todos éstos de veintiuno de septiembre de ese año; la declaración de la víctima S.G.S., de catorce de octubre del año próximo pasado; y la declaración del imputado por escrito de cinco de julio de esa anualidad. - Estableció que a todos esos datos de investigación les confiere valor probatorio indiciario, en términos del numeral 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para justificar el hecho delictivo de daño culposo, así como la probabilidad de que el imputado lo cometió a título de autor material. - Destacando que lo anterior es así, pese a los argumentos de la defensa, en el sentido que se debe nulificar el contenido de la declaración de la testigo Ruiz Jaral, así como la de la víctima S.G.S., por considerar que no se encontraban plasmadas las firmas de la Agente del Ministerio Público en esas diligencias; por lo que solicitó, en términos de los artículos 97 y 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la nulidad de dichos actos de investigación. - Contrario a ello, el juez de la causa consideró que, como lo previene el numeral 98 del Código Nacional, la defensa tuvo dos días contados a partir del momento en que se enteró de ese acto, para solicitar su nulidad; sin embargo, no se hizo de la forma adecuada ante la autoridad correspondiente. - Destacó que pese al lapso establecido en la norma procesal, haciendo una ponderación y obviando ese lapso procesal, no advertía que ello fuera violatorio de derechos fundamentales o procesales del imputado, tomando en consideración que los datos de investigación aducidos por la defensa no inciden en el fondo de la resolución que se dicta, tomando en consideración que se trata de una ateste y se trata de un testigo; en el caso de S.G.S. únicamente ratificó una factura y, respecto a Ruiz Jaral, se trata de la esposa del sujeto pasivo, lo que no incide en la resolución. - Por otro lado, en relación con la justificación de los elementos corpóreos del ilícito de daño culposo, estableció, se acreditan con el informe policial homologado de veinte de septiembre de dos mil veinte, elaborado por los agentes policiacos de Tlalnepantla, Morelos, del que se advierte que acudieron al llamado por reporte de choque entre una camioneta X-Trail color gris y un vehículo Volkswagen; en donde se entrevistaron con los ocupantes de éstos, sobre la Carretera Federal, en la colonia el Pedregal, de Tlalnepantla, Morelos; realizando la detención de los conductores, por el ilícito de daño. - Consideró que ante esa circunstancia, desde ese momento ya se actualiza lo relativo a que se causa un deterioro en una propiedad ajena, es decir, el deterioro en los vehículos; sin embargo, debía verificar cuál culpa es la que originó los daños ocasionados. - Señala que tomó en consideración el examen en materia de tránsito terrestre elaborado por un experto en la materia; no obstante que la defensa lo refiere dogmático, pues no se establecen fórmulas físicas en el cuerpo de éste y el avalúo de los daños del vehículo X-Trail por la cantidad de $160,000.00 (ciento sesenta mil pesos 00/100 M.N.) no tendría que ser así, pues debe ser un monto indeterminado, por lo que no se le debe otorgar valor probatorio; lo anterior, porque no comparte esa idea, ya que si bien el perito no establece como llegó a esa determinación, tuvo oportunidad de solicitar el auxilio judicial para que éste fuera citado y realizar las preguntas correspondientes, para el caso de que el juzgador no tuviera convencimiento negarle valor probatorio; en consecuencia, su argumentación es subjetiva, pues el experto sí consideró los daños con los razonamientos respectivos que incluso en su última intervención tal defensa señala. - Precisa que con esa pericial se logró determinar la intensidad de los daños, así como quién de los conductores los ocasionó, a través de la culpa (no se previó ese resultado típico siendo previsible); esto es, que el ocupante del vehículo Volkswagen tipo Passat, al circular en la carretera, en el tramo recto, a una velocidad mayor a la permitida, realizó maniobras de frenamiento y giró sobre su eje, invadiendo el carril opuesto en el que se encontraba la X-Trail y entonces le provoca los daños a ese vehículo; razonamiento que hace el perito y hasta esos momentos no se destruye con la mera argumentación, lo cual se pudiera hacer con la presentación de un perito propio de la defensa que abonara a su dicho. - Sin embargo, consideró que no existe información en la audiencia en ese sentido, ni que su representado no iba a la orden de 85 kilómetros por hora, pues tampoco hay declaración al respecto; no hay una pericial que pudiera abonar a ese argumento de la defensa, tampoco existe esa información en la audiencia, ya que no se tiene la declaración del imputado para tornar justificado ese argumento; no hay una pericial que estableciera ante ese tribunal que las velocidades manejadas en el examen de tránsito terrestre oficial no eran certeras, no eran verdaderas, sino que eran otras, para poder incluso destruir el alcance jurídico y probatorio de ese examen; hasta esos momentos no hay algo objetivo científico que permita suponer esa circunstancia. - En cuanto a la circunstancia del avalúo, en el sentido que no corresponden los $160,000.00 (ciento sesenta mil pesos 00/100 M.N.), porque el perito no hace alusión a qué tipo de fórmulas o qué tipo de metodología utilizó, la propia defensa refiere este dictamen respecto de sus daños, en relación a la intensidad de los mismos; entonces, en relación a la intensidad de esos daños pudo llegar a una conclusión, evidentemente a través del método científico, como bien lo refirió incluso la defensa, que así está plasmado en el dictamen y arroja el monto referido, por lo cual encuadra en la fracción IV del artículo 174 del Código Penal vigente en el Estado de Morelos, pues hasta esos momentos no hay información contraria, ni tampoco el alcance de establecer que se puede eliminar esa cantidad, porque no se establece categóricamente como llegó a esa conclusión y se deba bajar a un monto indeterminado. - Reitera que no se puede llegar a ese extremo, sin tener una información concreta, esto es, que el perito lo manifieste o un perito ofertado por la defensa, situación que en la especie no aconteció; por ende, sí se encuentra justificada esta fracción IV del artículo 174, en relación con el 193 y 62 del Código Penal vigente en el Estado de Morelos. - En cuanto al tema relativo a que la fiscalía no argumentó adecuadamente su petición de vinculación a proceso, consideró subjetiva esa cuestión, pues la fiscalía argumentó de acuerdo a los alcances jurídicos y probatorios que tuvo en esos instantes, pero el juzgador es quien decide al final si los datos de investigación fueron suficientes o no para justificar el hecho delictivo, así como la probabilidad de que el imputado lo cometió; y, al hacer el análisis correspondiente, consideró sí están justificados. - Esto es, la probabilidad de que el imputado lo cometió a título de autor material, consideró, está justificada con el informe policial homologado, así como con el examen en materia de tránsito terrestre, pues el perito Fernando Amatitla Linares, el veintiuno de septiembre de dos mil veinte, estableció categóricamente que una vez analizados los vehículos, incluso se constituyen en el lugar del hecho, analizó la intensidad de los daños, en dónde se encuentran éstos, es decir en la parte de cada vehículo, concluyendo que el conductor del vehículo Passat, sin la debida precaución y cuidado al circular, no conservó su arroyo vehicular y carril; por lo tanto, invadió el otro carril y se impactó con el otro vehículo camioneta X-Trail, ocasionándole los daños que ascienden a la cantidad de $160,000.00 (ciento sesenta mil pesos 00/100 M.N.). - Por tanto, le concedió valor probatorio indiciario a esos datos de investigación y concluyó la existencia de material suficiente para justificar la probabilidad de que el imputado cometió el delito a título de autor material y no existe alguna causa que extinga la pretensión punitiva o excluyente de incriminación o incluso prescripción; en consecuencia, dictó auto de vinculación a proceso a José Antonio Montes de Oca González, por el hecho delictivo de daño culposo, en agravio de S.G.S. OCTAVO. Estudio del asunto. En el caso se estima conveniente hacer una síntesis de los conceptos de violación formulados por el demandante de amparo; lo cual resulta necesario, con el fin de hacer evidente la calificación que se les otorgará. Luego, el, sostuvo lo siguiente: 1. Se violentan en su perjuicio los artículos 14, 16, 17 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no comparte la resolución dictada por la autoridad responsable, pues debió emitir auto de no vinculación a proceso, en atención a que dos actos de investigación de la fiscalía incorporados en la audiencia preliminar [declaración de la testigo Linda Ruiz Jaral y del testigo S.G.S.] carecían de firma del Ministerio Público; lo que se hizo valer en su oportunidad, sin que el juez declarara su nulidad, pues la fiscalía no podría sanearlo después de veinte meses de ocurrido el hecho; siendo que el numeral 217, segundo párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que cada acto de investigación se registrará por separado y será firmado por quienes hayan intervenido. 2. Otro tema que puso a consideración del juez de la causa fue el acto de investigación relativo a la pericial de hechos de tránsito de veintiuno de septiembre del dos mil veinte, el cual no describe pormenorizadamente el procedimiento de análisis que se llevó a cabo para su realización, pues no contiene cuál es la técnica que se utilizó para llegar a la cantidad de $160,000.00 (ciento sesenta mil pesos 00/100 M.N.), por lo que se indicó que no era fiable, pues debe valorarse por los principios y la metodología empleadas, no por las conclusiones, al tratarse de una apreciación subjetiva, no razonable ni convincente. 3. Indica que planteó la reclasificación de la conducta en términos del numeral 316, segundo párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, al ser deficiente el dictamen de hechos de tránsito que no puede soportar la fracción IV del Código Penal en vigor del Estado de Morelos, pues se indicó al juez que no debía tomarlo en cuenta al tratarse de un avalúo no una pericial por no tener la información adecuada y debía estarse a una cuantía indeterminada. 4. No hubo una argumentación valorativa por parte de la fiscalía para sustentar el hecho y solicitar la vinculación a proceso, pues no lo sustentó en razonamientos lógico jurídicos que detallaran al juzgador que efectivamente hubo una negligencia, ese cuidado, esa impericia de manejar a una velocidad no permitida; por lo que los antecedentes de investigación que presentó la fiscalía no se encuentran fundados ni motivados, tampoco se desprende sean razonables para sustentar el hecho delictivo de daño culposo, pues si bien se requiere de un estándar probatorio mínimo también lo es que los datos de prueba son insuficientes; por lo que el auto de vinculación a proceso es injusto e ilegal, pues se dictó sin tomar en cuenta sus argumentos. Conforme a la naturaleza del sistema penal acusatorio, se procede a verificar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, única y exclusivamente respecto del pronunciamiento realizado por el órgano jurisdiccional señalado como responsable, en vinculación con los conceptos de violación hechos valer en este juicio; no obstante, de advertirse una violación directa a derechos fundamentales, como a la defensa adecuada o de diversa índole, se insiste, siempre y cuando se trate de un derecho fundamental, la suplencia de la queja deficiente opera aún ante la ausencia de conceptos de violación, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Así, los conceptos de violación resultan infundados, los cuales se analizarán, sistemáticamente, de manera individual o conjunta, en el orden propuesto o en uno diverso a lo previsto en el precepto 74, párrafo primero, fracciones II y IV, de la Ley de Amparo; sin que este órgano jurisdiccional, en función de control constitucional advierta deficiencia de la queja que suplir. Por razón de técnica, se estudiarán los planteamientos realizados por el quejoso, relativos a la violación por parte de la autoridad responsable a lo establecido en los numerales 14 y 16, en relación a lo previsto en el artículo 19, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En principio es preciso señalar que esta juzgadora no advierte vulneración de los citados derechos fundamentales. Lo anterior es así, ya que en el caso, cabalmente se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento, en virtud de que el proceso del cual deriva la resolución recurrida, se substanció en los términos y acorde a las formalidades que la legislación secundaria exige y se resolvió conforme a las leyes aplicables al caso; habida cuenta que se encuentra debidamente fundado y motivado. En efecto, la resolución combatida satisface las exigencias a que alude el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 67, 68, 70, 316, 317 y 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales; preceptos que establecen los requisitos generales y específicos para el dictado de un auto de vinculación, que pueden resumirse en los siguientes: I. Requisitos procedimentales. Los artículos 311, 312, 313, 314 y 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen la forma en la que debe desahogarse la audiencia inicial, en la que se formula imputación, se otorga la oportunidad al imputado de contestarla y se solicita la vinculación a proceso. Tal procedimiento fue seguido en sus términos como se advierte a continuación. a) Formulación de imputación. En primer término, cabe señalar que la formulación de la imputación es la comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado en presencia del juez de control, de que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la ley de señala como delito. Así, se obtiene que los artículos 309 y 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales, respectivamente, establecen cómo debe formularse la imputación a personas detenidas y en libertad; asimismo el numeral 311 del mencionado código prevé el procedimiento para formular la imputación. En relación con ello, una vez que el imputado esté presente en la audiencia inicial (por haberse ordenado su comparecencia, haberse ejecutado una orden de aprehensión o ratificado de legal su detención), y después de haber verificado el juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecer la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye, así como el nombre de su acusador, salvo que sea necesario reservar su identidad en los supuestos previstos por la Constitución y la ley. Hecho lo anterior, se preguntará al imputado o su defensor si entienden los hechos que sustentan la imputación y si es su deseo contestar el cargo, rindiendo en ese acto su declaración. Ahora bien, de las constancias que integran el expediente de la causa JCC/651/2021, así como de las videograbaciones respectivas, se advierte que la audiencia inicial tuvo verificativo el nueve de mayo de dos mil veintidós, a la que comparecieron la agente del Ministerio Público investigadora -Betzaida Martínez Salgado-, el Asesor Jurídico -Joaquín Pastrana Mendieta-, víctima -S.G.S.-, Defensores Particulares -Mario Alberto Tamayo García y José Roberto de Dios Alarcón- y el imputado -Julio Antonio Montes de Oca González-, emitiéndose la constancia respectiva. En el entendido que previamente los defensores aceptaron y protestaron el cargo conferido, como se advierte de la constancia de la audiencia de quince de octubre de dos mil veintiuno. Audiencia en la que, previa individualización de las partes, el Juez dio el uso de la voz a la representación social [09:03:52 horas - minuto 00:02:02 de la audiencia inicial], quien formuló imputación contra Julio Antonio Montes de Oca González por el hecho que la ley señala como delito de daño culposo, cometido en agravio de S.G.S., ilícito previsto y sancionado en el artículo 193, en relación con el 174, fracción IV, concatenados con los numerales 15, párrafo tercero, y 62 del Código Penal vigente en el Estado de Morelos, en atención al siguiente hecho: "El día veinte de septiembre de dos mil veinte, siendo aproximadamente las 17:00 horas, JOSE ANTONIO MONTES DE OCA GONZÁLEZ, conducía su vehículo marca Volkswagen, Passat, color negro, modelo 2003, con numero de motor ATQ193254, serie WWWTH2383P266506, placas MLF4720 del Estado de México, sobre la Carretera Federal Xochimilco-Oaxtepec, a la altura del km 57+952, Colonia Pedregal, Tlalnepantla, Morelos, con dirección oriente, a una velocidad de 85 kilómetros por hora, al mismo tiempo S.G.S. conducía su vehículo marca Nissan X-Trail, modelo 2016, color gris, serie JN8BT27T9GW023462, motor QR25489733L, placas MXJ3764 del Estado de México, en dirección poniente a una velocidad de 20 km/hr. Cuando en un momento dado JOSE ANTONIO MONTES DE OCA GONZÁLEZ, al estar circulando a una velocidad mayor a la permitida en dicha arteria, y al pasar la curva dirigida hacia el nor-oriente, lo realiza efectuando maniobras de frenamiento, proceso de dicho trayecto gira en sentido opuesto a las manecillas del reloj dirigiéndose hacia el nor-oriente, invadiendo el carril opuesto a la circulación de la vía, y en dicho trayecto es cuando impacta toda la parte posterior de su VEHICULO PASSAT DE PLACAS MLF4720 en contra del vértice delantero izquierdo del VEHICULO X-TRAIL PLACAS MXJ3764, la cual circulaba sobre su respectivo carril. Provocando de esta forma daños al vehículo X-Trail, placas MXJ3764, consistentes en la cantidad de $160,000.00 (ciento sesenta mil pesos 00/00 M.N.). Siendo que las causa que dieron origen al presente hecho, se debieron a que JOSE ANTONIO MONTES DE OCA GONZÁLEZ, al circular lo hizo sin la debida precaución y cuidado, al circular a una velocidad mayor a la permitida en dicha arteria, y no conservar su arroyo y su carril de circulación establecido por la vía, lo que provocó invadir el carril opuesto e impactar a la camioneta X-Trail placas MX3764, la cual circulara sobre su respectivo carril, no previó un resultado típico siendo previsible o previo confiado en que no se produciría." De acuerdo con la anterior, el requisito de que se haya formulado imputación se cumplió en el particular. b) Declaración o manifestación del imputado de no declarar. De la videograbación de la audiencia inicial referida se advierte que, una vez formulada la imputación, el Juez de Control hizo del conocimiento del imputado su derecho a declarar o guardar silencio sin que esa circunstancia pueda ser usada en su contra, lo que podía consultar con su abogada, ante lo cual Julio Antonio Montes de Oca González manifestó que se reservaba su derecho de hacerlo por el momento [09:09:00 horas - minuto 00:07:10 de la audiencia inicial]. Con lo anterior, fue cumplido el segundo requisito procedimental para el dictado de un auto de vinculación a proceso. En ese sentido sí se cumplieron con las formalidades esenciales del procedimiento. Ello es así porque en la propia audiencia de nueve de mayo de dos mil veintidós, luego de que el imputado manifestó que no era su deseo declarar, el Juez dio el uso de la voz a la fiscalía, quien solicitó anuencia para vincular a proceso y señaló los antecedentes del caso [09:09:09 horas - minuto 00:07:18 de la audiencia inicial]. Hecho lo anterior, el Juez preguntó al imputado respecto al plazo en que deseaba se resolviera su situación jurídica, indicándole que lo consultara con su defensora; hecho lo cual solicitó que su situación jurídica se resolviera en ciento cuarenta y cuatro horas [09:31:41 horas - 00:29:51 de la audiencia inicial]; por tanto, se señalaron las diez horas con quince minutos del doce mayo del año en curso, para la continuación de la audiencia inicial. Acto seguido, en debate de medida cautelar, la agente del Ministerio Público de la Federación solicitó la firma periódica mensual del imputado, así como la exhibición de una garantía económica por el valor del cincuenta por ciento de los daños causados; y, escuchadas que fueron las partes, el Juez impuso la presentación periódica mensual y la garantía económica referida [09:35:41 horas - 00:33:51 de la audiencia inicial] El doce de mayo de dos mil veintidós, se celebró la continuación de la audiencia inicial, en la que comparecieron la agente del Ministerio Público investigadora -Betzaida Martínez Salgado-, Defensores Particulares -Mario Alberto Tamayo García y José Roberto de Dios Alarcón,- el imputado -Julio Antonio Montes de Oca González- y el Asesor Jurídico -Joaquín Pastrana Mendieta-. Así, previo receso, la defensa del imputado señaló que no tenía datos de prueba y realizó diversas manifestaciones para que no se dictara auto de vinculación a proceso. Por tanto, el Juez procedió a resolver la situación jurídica del imputado [11:00:34 horas - 00:37:39 de la continuación de la audiencia inicial], dictó auto de vinculación a proceso contra Julio Antonio Montes de Oca González, por el hecho que la ley señala como delito de daño culposo, previsto en los numerales 193, en relación con el 174, fracción IV, y 62, todos ellos del Código Penal vigente en el Estado de Morelos, cometido en agravio de S.G.S. Finalmente, se fijó el plazo de un mes para la investigación complementaria. De lo expuesto se colige que, contrario a lo señalado por el quejoso, se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento, ya que éste se siguió conforme a lo establecido en la ley, toda vez que en la causa penal JCC/651/2021, en audiencia inicial de nueve de mayo de dos mil veintidós, la fiscalía formuló imputación en su contra por el hecho que la ley señala como delito de daño culposo, cometido en agravio de S.G.S., ilícito previsto y sancionado en el artículo 193, en relación con el 174, fracción IV, concatenados con los numerales 15, párrafo tercero, y 62 del Código Penal vigente en el Estado de Morelos. El Juez de Control cuestionó al imputado si era su deseo contestar al cargo formulado por la fiscalía, así como el término en el que deseaba que se resolviera su situación jurídica; al respecto, Julio Antonio Montes de Oca González contestó que no era su voluntad rendir declaración y solicitó que su situación jurídica se resolviera dentro de las ciento cuarenta y cuatro horas siguientes. Por otra parte, es dable sostener que el auto de vinculación se dictó en el tiempo exigido por la Constitución Federal de la República, si se toma en cuenta que en audiencia de nueve de mayo de dos mil veintidós se formuló imputación al ahora quejoso y el auto de vinculación a proceso impugnado se emitió a las once del doce de mayo siguiente, esto, dentro del plazo en que el imputado solicitó se resolviera su situación jurídica (ciento cuarenta y cuatro horas). Por ende, las formalidades del procedimiento están cumplidas. II. Requisitos formales. a) Dictado por una autoridad judicial competente; deberá precisarse la autoridad que resuelve, el lugar y fecha de su emisión. En el particular, el auto de vinculación a proceso combatido fue emitido el doce de mayo de dos mil veintidós, por el Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial del Estado, en materia Penal, con sede en Cuautla, dado que el hecho posiblemente constitutivo de delito, aconteció sobre la Carretera Federal Xochimilco-Oaxtepec, a la altura del km 57+952, Colonia Pedregal, Tlalnepantla, Morelos, y se encuentra previsto como delito en el Código Penal del Estado de Morelos en vigor, de ahí que por materia, territorio y fuero, resulte competente esa autoridad. Asimismo, dada la temporalidad de los hechos -veinte de septiembre de dos mil veinte- y, atento a las reformas constitucionales y legales al proceso penal que nos ocupa, se le debe aplicar el nuevo sistema de justicia penal de tipo acusatorio y oral. En consecuencia, el requisito en mención se encuentra colmado. b) Debe emitirse verbalmente y obrar una constancia escrita firmada por el juez. De las constancias que obran en el expediente electrónico relativo a la causa penal JCC/651/2021 se advierte que el auto de vinculación a proceso dictado en contra del imputado se dictó de manera verbal en la continuación de la audiencia inicial de nueve de mayo de dos mil veintidós y, en términos de la fracción IV del artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, obra la versión escrita. c) Precisión de los datos personales del imputado. Si bien de las constancias remitidas no se advierte algún pronunciamiento al respecto, se evidencia que el ahora quejoso se encuentra debidamente identificado en la causa penal del cual deriva este asunto. d) En la resolución se exprese el delito que se impute, el imputado, lugar, tiempo y circunstancias de su ejecución. En el auto de vinculación a proceso combatido, se indicaron las circunstancias antes referidas, pues se precisó el hecho delictuoso de daño culposo, cometido en agravio de S.G.S., ilícito previsto y sancionado en el artículo 193, en relación con el 174, fracción IV, concatenados con los numerales 15, párrafo tercero, y 62 del Código Penal vigente en el Estado de Morelos. El cual se suscitó el veinte de septiembre de dos mil veinte, aproximadamente a las diecisiete horas, sobre la Carretera Federal Xochimilco-Oaxtepec, a la altura del km 57+952, Colonia Pedregal, Tlalnepantla, Morelos, en los términos establecidos por la fiscalía. e) Debe estar fundado y motivado. Este requisito, contrario a lo señalado por el quejoso, está cumplido, pues la autoridad responsable citó los preceptos legales aplicables al caso, explicó de manera detallada las razones, motivos y circunstancias por los que emitió el auto de vinculación a proceso; la forma en la cual valoró los datos de prueba sometidos a su consideración por la fiscal; y las causas por las que desestimó los argumentos por la defensa. En efecto, de la videograbación de la continuación de la audiencia inicial de doce de mayo de dos mil veintidós, se advierte que el Juez de la causa estableció el delito que se imputa al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, los datos de prueba que le permitieron establecer que se cometió el hecho que la ley señala como delito; y, asimismo, explicó cómo ponderó los datos de prueba puestos a su consideración para tener por acreditados los elementos del hecho señalado como delito, de ahí que, como se indicó, la resolución que se revisa está fundada y motivada. III. Requisitos materiales. El auto de vinculación a proceso no exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, únicamente debe justificarse que se ha cometido un hecho determinado por la ley como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Para mayor comprensión de dichos elementos se considera necesario referir la esencia del proceso penal contemplado en el artículo 20, apartado A, de la Constitución Federal, a partir de la reforma del dieciocho de junio de dos mil ocho. De la redacción del precepto constitucional referido se deriva que uno de los principales objetivos de la reforma consistió en lograr que la decisión de un procedimiento penal sea imparcial y completamente informada, partiendo en principio de que el encargado de tomar tales decisiones sea neutral y pasivo, al tener solamente la responsabilidad de considerar los argumentos en que se sustente la hipótesis a demostrar y los datos de investigación aportados por el Ministerio Público o los datos que ofrezca el imputado y su defensor, con los que pretendan hacerlo; y con base en ello, resolver el caso; dejando a las partes contendientes en el proceso el desarrollo de un papel más activo, al ser éstos los encargados de explicar y sacar las conclusiones de sus posturas, apoyados en los elementos en los que se va a basar la teoría del caso; ello a través de un procedimiento concentrado, ininterrumpido y diseñado para poner énfasis en los argumentos y en el choque de pruebas contrarias presentados por las partes en la audiencia respectiva, por una parte el agente del Ministerio Público, víctima u ofendido y por otra el imputado y la defensa, en relación a un hecho o hechos que la ley señale como delitos (hecho ilícito, núcleo del tipo) y exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Esto es, se privilegian los argumentos orales y datos de investigación "inmediatos", en lugar de argumentos escritos y pruebas "mediatos", pues el hecho de que las partes tengan la responsabilidad de presentar y examinar la evidencia también aumenta la inmediatez del choque de puntos de vista opuestos. El nuevo procedimiento penal delega la carga de la investigación y la presentación de los datos en que se apoye la imputación o acusación y la defensa, en las partes procesales, restableciendo la imparcialidad del juzgador. Cobra especial relevancia al caso, el hecho de que conforme a las reglas del sistema penal acusatorio, para dictar un auto de vinculación a proceso, no se requieren pruebas formalizadas, sino datos de prueba, recabados en la carpeta de investigación y que sólo son relatados por el agente ministerial y el único requisito es que tales datos de prueba resulten idóneos, pertinentes y, en su conjunto suficientes para establecer la existencia de un hecho delictuoso, lugar, tiempo y las circunstancias de ejecución y la probable participación del imputado; esto de conformidad con el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales aplicable al asunto. De tal forma que la ponderación que realiza el Juez de la causa se limita a la idoneidad, pertinencia y suficiencia de los datos que le son referidos; por ello, para emitir un auto de vinculación a proceso, basta con que estime que los datos de prueba que le son referidos resultan adecuados, apropiados y conducentes por ser concernientes al hecho y en su conjunto suficientes para presumir que el imputado participó en su comisión. Es así porque el desahogo de los datos de prueba corresponde a la etapa de juicio oral, que es diversa y posterior a la vinculación a proceso; de ahí que el Juez está imposibilitado para asignar un determinado valor probatorio y sólo debe analizar si aquéllos que refirió el ministerio público guardan relación con los hechos (idoneidad y pertinencia) y si con ellos basta (suficiencia), para generar la presunción de que la persona inculpada tuvo participación en el hecho delictuoso; todo lo cual, contrario a lo señalado por el quejoso, sí se realizó en la resolución aquí combatida, como se verá. Si se toma como premisa lo anterior, se puede concluir que la particularidad del auto de vinculación a proceso es que no hace distinción sobre la definición de la litis del proceso y lo dicta un juez que no resuelve sobre la existencia del delito, sino que su función consiste en autorizar la investigación complementaria, sobre la base de cuidar el debido proceso, resolver sobre los actos de molestia y desahogar las etapas preliminares previas al procedimiento de otros jueces; de ahí que la vinculación al proceso no constituye una etapa que cierre la litis, lo que se podrá lograr hasta la formulación de la acusación donde se determina el delito sujeto a demostración durante el juicio oral. Ahora, con el propósito de analizar la legalidad del auto de vinculación a proceso, conviene señalar que el derecho humano de legalidad consagrado en el artículo 16 de la Constitución Federal, consiste en que todo acto de autoridad debe encontrarse fundado y motivado; esto es, establece la obligación para las autoridades de fundar y motivar sus actos a efecto de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente al proceder de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios. Establecido lo anterior, en el caso se dictó auto de vinculación a proceso en contra de Julio Antonio Montes de Oca González, por el hecho que la ley señala como delito de daño culposo, cometido en agravio de S.G.S., ilícito previsto y sancionado en el artículo 193, en relación con el 174, fracción IV, concatenados con los numerales 15, párrafo tercero, y 62 del Código Penal vigente en el Estado de Morelos. Además, la fiscal planteó una hipótesis y la sustentó en los datos de prueba que reseñó. En ese orden, previo debate con las partes procesales, el Juez tomó en consideración tal información y dictó el auto de vinculación a proceso que ahora se combate. De lo expuesto se advierte que el Juez expresó de manera meridiana el hecho delictuoso, con sus respectivos elementos y dejó establecido el hecho imputado y las circunstancias propias de su ejecución; asimismo, realizó un ejercicio de ponderación en lo individual de los datos de prueba referidos por la ministerio público; y, expuso las razones y fundamentos que la llevaron a considerarlos idóneos y pertinentes para tener por establecida la existencia del hecho considerado como delito, pues relató los datos de prueba, en la que relacionó también las precisiones y estimaciones de la defensa en relación a esos datos, con los que estimó acreditada la existencia del hecho delictuoso y la probable intervención del imputado en su comisión. De igual modo, medianamente realizó una valoración tanto en lo individual como en conjunto de los datos de prueba, exponiendo lo que se advertía de cada uno de ellos sin realizar un verdadero ejercicio de valoración, pues como se expuso previamente, ello es innecesario para el dictado del auto de vinculación a proceso. Asimismo, de las constancias de autos se obtiene que, desde la solicitud de vinculación a proceso, se permitió al imputado conocer de manera suficiente todas las razones que se tomaron en consideración para vincularlo a proceso, pues la autoridad motivó su decisión bajo la ponderación que realizó de los datos de prueba, y en estricta atención al hecho, a fin de garantizar el derecho a una debida defensa, ello a la luz de los preceptos legales que estimó aplicables al caso. Por tanto, resulta claro que, en oposición a las afirmaciones del ahora quejoso, la autoridad sí expuso de forma clara y suficiente las razones por las cuales estimó que resultaba idóneo y pertinente tener por acreditados los elementos del hecho delictuoso en estudio. Bajo ese contexto, se tuvo por acreditada la existencia del hecho descrito por la ley penal como daño culposo, previsto y sancionado en el artículo 193, en relación con el 174, fracción IV, concatenados con los numerales 15, párrafo tercero, y 62 del Código Penal vigente en el Estado de Morelos, cometido en agravio de S.G.S.; y la probable intervención del imputado Julio Antonio Montes de Oca González en su comisión, cumpliéndose con todo ello los requisitos que exigen para la emisión del auto de vinculación a proceso los artículos 19 constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo que se estima correcto, pues se advierte que los datos de prueba presentados, fueron apreciados por el Juez de la causa de acuerdo con las reglas de valoración de la prueba en términos de lo previsto por el artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, atendiendo asimismo a las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia, ya que justificó adecuadamente el valor otorgado a los mismos, explicando y justificando su valoración mediante una apreciación conjunta, integral y armónica de éstos. De lo expuesto, se advierte que contrario a los argumentos del quejoso, el Juez realizó un examen de los datos de prueba referidos por el Ministerio público y expuso de manera suficiente las razones y fundamentos que lo llevaron a considerarlos idóneos y pertinentes para tener por establecida la existencia del hecho considerado como delito, y la probable intervención del imputado en su comisión. Por tanto, tampoco existe violación a lo dispuesto en el artículo 19 constitucional. Aunado a que se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento, toda vez que en la audiencia inicial la fiscalía narró los hechos por los que se detuvo al imputado, se dio oportunidad a su defensa de hacer las manifestaciones que considerara pertinentes y de ofertar datos de prueba, además de que también se dio oportunidad de declarar al involucrado, quien se reservó su derecho. Asimismo, se advierte que se respetaron los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación así como los derechos fundamentales de defensa, audiencia, seguridad jurídica y debido proceso, observándose así, hasta esta etapa procesal que ninguna violación existe en perjuicio del imputado relativa a los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, también son infundados los conceptos de violación relativos a que la autoridad responsable violenta su derecho público a una justicia pronta y expedita tutelado en el artículo 17 constitucional. Ello es así, toda vez que como se indicó, conforme a las reglas del sistema penal acusatorio para dictar un auto de vinculación a proceso no se requieren pruebas formalizadas, sino datos de prueba, recabados en la carpeta de investigación y que sólo son relatados por el agente ministerial y el único requisito es que tales datos de prueba resulten idóneos, pertinentes y, en su conjunto suficientes para establecer la existencia de un hecho delictuoso, lugar, tiempo y las circunstancias de ejecución y la probable participación del imputado. Por lo que, si de conformidad con el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales aplicable al asunto, existen datos idóneos, pertinentes y suficientes que fueron referidos al Juez, ello es suficiente para emitir un auto de vinculación a proceso. Máxime que tales datos se advierten adecuados, apropiados y conducentes por ser concernientes al hecho y en su conjunto suficientes para presumir que el imputado participó en su comisión, pues hasta este momento se advierte, de manera probable, que conducía el vehículo Volkswagen, Passat, color negro, modelo 2003, con numero de motor ATQ193254, serie WWWTH2383P266506, placas MLF4720 del Estado de México, sobre la Carretera Federal Xochimilco-Oaxtepec, a la altura del km 57+952, Colonia Pedregal, Tlalnepantla, Morelos, con dirección oriente, a una velocidad de 85 kilómetros por hora, que a la postre ocasionó daños al diverso marca Nissan X-Trail, modelo 2016, color gris, serie JN8BT27T9GW023462, motor QR25489733L, placas MXJ3764 del Estado de México. Por cuanto hace a que dos actos de investigación de la fiscalía que fueron incorporados en la audiencia preliminar [declaración de la testigo Linda Ruiz Jaral y del testigo S.G.S.] carecían de firma del Ministerio Público y se hizo valer en su oportunidad se declarara su nulidad, sin que el juez lo realizara, pues la fiscalía no podría sanearlo después de veinte meses de ocurrido el hecho; no asiste la razón al quejoso, pues conforme a lo dispuesto en el 98 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la solicitud de nulidad debió realizarse por escrito dentro de los dos días siguientes a aquel en que el perjudicado tuviera conocimiento fehaciente del acto. En ese sentido, se advierte que al menos desde el quince de octubre de dos mil veintiuno, tanto los defensores Mario Alberto Tamayo García y José Roberto de Dios Alarcón, como el entonces investigado, tuvieron acceso a la carpeta correspondiente, pues incluso en esa data manifestaron su intención de arribar a algún acuerdo, por lo que se ordenó girar oficio al Instituto de Justicia Alternativa y se suspendió el procedimiento; sin que pudiera arribar a una solución alternativa ante la oposición de Julio Antonio Montes de Oca González de llegar a un acuerdo reparatorio. Por tanto, como estableció el juez, la solicitud de nulidad no se hizo de la forma adecuada ante la autoridad correspondiente y, en ese sentido, conforme a lo dispuesto en el artículo 100, fracción I, del código adjetivo referido, se convalidaron tácitamente esas actuaciones, pues si bien el numeral 217, segundo párrafo, establece que cada acto de investigación se registrará por separado y será firmado por quienes hayan intervenido, también lo es que no tuvo conocimiento de ello al momento de la audiencia, pues no existe constancia alguna que así lo evidencie; por el contrario, de las copias auténticas que se remiten anexas al informe justificado se deprenden actuaciones de la defensa, en relación con este asunto, desde el mes de octubre del año próximo pasado. En cuanto a su argumento, en el sentido que puso a consideración del juez de la causa que el acto de investigación relativo a la pericial de hechos de tránsito de veintiuno de septiembre del dos mil veinte, no describe pormenorizadamente el procedimiento de análisis que se llevó a cabo para su realización, pues no contiene cuál es la técnica utilizada para llegar a la cantidad de $160,000.00 (ciento sesenta mil pesos 00/100 M.N.), por lo que se indicó que no era fiable, pues debe valorarse por los principios y la metodología empleadas, no por las conclusiones, al tratarse de una apreciación subjetiva, no razonable ni convincente; tampoco asiste razón al quejoso, pues como se indicó previamente, para esta etapa procesal bastan indicios razonables que hagan viables la existencia del hecho que a ley señala como delito, así como la probable participación en su comisión por parte del imputado; lo cual en el caso así se advirtió, pues además de esa experticia, existen otros datos de prueba que se concatenan, recabados en la carpeta de investigación, relatados por el agente ministerial idóneos, pertinentes y, en su conjunto suficientes para los fines señalados. Luego, lo relativo a esa pericial deberá ser materia de la etapa procesal conducente, en la que tendrá oportunidad de desvirtuarla con los medios que estime pertinentes. Similar consideración se puntualiza respecto a que solicitó la reclasificación de la conducta en términos del numeral 316, segundo párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, al ser deficiente el dictamen de hechos de tránsito que no puede soportar la fracción IV del Código Penal en vigor del Estado de Morelos, pues contrario a su señalamiento, acertadamente el juez lo tomó en cuenta como un dato de prueba que, hasta ese momento, resulta idóneo y pertinente para acreditar el hecho y la probable participación del imputado en su comisión; ello es así, en atención a que si bien refiere se trata de un avalúo no una pericial por no tener la información debida y debía estarse a una cuantía indeterminada, también lo es que conforme a lo referido en párrafos precedentes para esta etapa resulta suficiente e idóneo para acreditar el hecho que la ley señala como delito, por lo que, en su caso, deberá desvirtuarlo en la etapa respectiva. Finalmente, no asiste la razón al quejoso en el sentido que no hubo una argumentación valorativa por parte de la fiscalía para sustentar el hecho y solicitar la vinculación a proceso, pues no lo sustentó en razonamientos lógico jurídicos que detallaran al juzgador que efectivamente hubo una negligencia, ese cuidado, esa impericia de manejar a una velocidad no permitida y que los antecedentes de investigación no se encuentran fundados ni motivados, no son razonables para sustentar el hecho delictivo de daño culposo. Lo anterior es así, ya que conforme a lo expuesto en el cuerpo de esta resolución, en términos de lo dispuesto por el artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, basta que el agente del Ministerio Público exponga al imputado el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido en el mismo, así como el nombre de su acusador, salvo que a consideración del Juez de control sea necesario reservar su identidad en los supuestos autorizados por la Constitución y por la ley, sin que exista fundamento legal alguno que obligue a la fiscalía investigadora a establecer una argumentación valorativa para sustentar el hecho y solicitar la vinculación a proceso; tampoco que deba sustentarla en razonamientos lógico jurídicos ni que deba fundar y motivar los datos de investigación. Ello, ya que para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Por lo que este nivel de exigencia es acorde con los efectos generados por dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Es aplicable al respecto la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), de la voz: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL)". En consecuencia, ante lo infundado de los conceptos de violación, sin que exista deficiencia de la queja que deba suplirse de oficio, ni advertirse que se dejara de aplicar o hacer valer alguna circunstancia que favoreciera al quejoso lo procedente es negar la protección constitucional solicitada. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE: ÚNICO. La Justica de la Unión no ampara ni protege a *******************, en contra del acto reclamado precisado en el considerando segundo, por las consideraciones expuestas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, asistida de María Elena González Blas, Secretaria que autoriza y da fe, hasta hoy catorce de noviembre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del Juzgado.
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Cuernavaca, Morelos, veintinueve de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio proveniente del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto ***** (orden *********), por el cual se ordenó el emplazamiento del tercero interesado **********. Dese de baja en el libro de gobierno correspondiente y háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que para tal efecto se lleva en este órgano jurisdiccional (S.I.S.E.). Atendiendo a que de la comunicación oficial recibida se desprende la notificación por comparecencia asentada por la Actuaria de la adscripción del Juzgado oficiante, mediante la cual el tercero interesado antes mencionado designa autorizados y domicilio para oír y recibir notificaciones. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se le tiene por apersonado al juicio constitucional en que se actúa y se tiene por reconocida su personalidad de parte tercero interesada en el presente asunto; asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el ubicado en calle ***********, Morelos y por autorizados en los términos precisados a las personas propuestas. En la inteligencia de que en las hipótesis previstas en el párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, los autorizados deberán acreditar encontrarse legalmente facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, para lo cual les corresponderá contar con cédula profesional registrada ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de conformidad con el Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ya que de no ser así, su autorización se reconocerá solo para los efectos de oír y recibir notificaciones. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria María Elena González Blas, que autoriza y da fe.
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Cuernavaca, Morelos, a dos de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guarda el juicio de amparo indirecto 672/2022-II, del informe justificado rendido por la autoridad responsable, se advierte que ********* cuenta con el estatus de victima dentro de la causa penal *****. Determinación sobre la parte tercera interesada. Por tanto, en términos del inciso b) de la fracción III del artículo 5º de la Ley de Amparo, asiste el carácter de tercero interesado a ******* quien es víctima dentro de la causa penal ***********. En consecuencia, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término de tres días, contado a partir de que se encuentre notificado del presente proveído, informe el domicilio procesal o particular del mencionado tercero interesado en párrafos que anteceden, remitiendo para tal efecto copia certificada, completa y legible. Asimismo, del aludido informe así como del disco compacto en formato DVD relativo a la audiencia de doce de mayo del año en curso dentro de la causa penal ********** en relación a la formulación de imputación y de vinculación a proceso, se hizo constar la asistencia, entre otras personas, de **********, con el carácter de Defensor particular del imputado, aquí quejoso, **********. Sin embargo no se advierte que hubiera anexado la cédula profesional que acredite el carácter de Licenciado en Derecho del citado Defensor del quejoso. En consecuencia, en acatamiento a la jurisprudencia Tesis: 1a./J. 19/2021 (10a.), rubro: "DEFENSA ADECUADA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. ANTE LA OMISIÓN DEL JUEZ DE CONTROL DE VERIFICAR LA CALIDAD DE LICENCIADO EN DERECHO DEL DEFENSOR EN LA AUDIENCIA INICIAL, Y SU SUBSISTENCIA HASTA EL RECURSO DE REVISIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR REGLA GENERAL EL TRIBUNAL DE AMPARO SERÁ QUIEN DEBE VERIFICAR SU TRASCENDENCIA AL DERECHO DE DEFENSA ADECUADA Y ACTUAR EN CONSECUENCIA.", se requiere al Juez Especializado de Control del Único Distrito Judicial en el Sistema Penal Acusatorio del Estado de Morelos con residencia en Cuautla Morelos Estado de Morelos (*************), para que en el plazo de tres días, remita las constancias con las cuales haya tenido por acreditado el carácter de Licenciado en Derecho de *********, con el carácter de Defensor particular del imputado, aquí quejoso. Apercibimiento Se apercibe a la autoridad responsable que, en caso de no dar cumplimiento a todo lo anterior, con fundamento en la fracción I, del artículo 237 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización. Diferimiento de audiencia En consecuencia, para da tiempo a lo anterior, es procedente a diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose en su lugar, las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la celebración de la audiencia constitucional. Data que se señala, en razón de la alta carga de trabajo generada con motivo de la suspensión de labores de los órganos jurisdiccionales a virtud del fenómeno de salud pública originado por el COVID-19, así como su reanudación en los términos apuntados. Ello en atención a que conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo no se exige la presencia de las partes lo que permite la celebración de la audiencia constitucional y la reanudación del juicio; lo cual incluso favorece la protección de su salud ante la emergencia sanitaria ya indicada. En caso de que alguna de las partes manifieste que requiere estar presente en el desahogo de dicha diligencia como lo establece el mencionado Acuerdo General 12/2020, se utilizará la videoconferencia como regla general para su desahogo, sin la presencia física de las personas en este recinto judicial; y de ser así, deberán hacerlo del conocimiento a este juzgado de manera expresa dentro del término de tres días contado a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, proporcionando un correo electrónico, para realizar las gestiones necesarias ante Dirección General de Tecnologías de la Información del Consejo de la Judicatura Federal, a través de la Coordinadora Técnica Administrativa de la adscripción, para que proporcione los elementos técnicos necesarios para establecer el enlace simultáneo de imágenes y sonidos y sean citadas las partes para su debido desahogo. Bajo apercibimiento que de no realizar manifestación alguna se celebrará la audiencia de ley en la fecha y hora indicada, privilegiando en todo momento el trabajo a distancia. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria María Elena González Blas, que autoriza y da fe.
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Cuernavaca, Morelos, seis de julio de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta; atento a su contenido, téngase a la autoridad responsable rindiendo su informe justificado, con el mismo y con las constancias que a él se anexan así como el disco versátil en formato DVD, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, quien autoriza y da fe.
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