Julio Alfredo Escarcega Estevez
Expediente 372/2014 tramitado ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 10 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 372/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 17/08/2018
Partes del expediente
- Julio Alfredo Escarcega Estevez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Juicio de Amparo Directo
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a diecisiete de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, mediante el cual la autoridad oficiante solicita se le informe sobre el estado procesal que guarda el juicio de amparo directo 574/2017. Atento a lo anterior, dígasele a la secretaria general de acuerdos de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, que en sesión de cinco de julio de dos mil dieciocho, fue resuelto el amparo directo 574/2017, por el pleno de este tribunal colegiado, por lo que mediante oficio 1722, de trece de julio de este año, se le remitieron los autos originales del recurso de revisión 93/2014, juicio administrativo 1609/2016, juicio administrativo 1493/2015 y un anexo. Notifíquese. Así, lo acordó y firma David Cortés Martínez, magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, ante María Elena Vargas Burgos, secretaria de acuerdos que autoriza y da fe. Gpo. .
- Juicio de Amparo Directo
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a quince de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos, para que obre como corresponda, el escrito de cuenta, mediante el cual Julio Alfredo Escarcega Estévez, por conducto de su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, Carlos Cesar González Farrera, solicita se declare precluido el derecho de la parte demandada, para interponer recurso de inconformidad en contra de la resolución con la que se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, y se exhorte a la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso, para que ordene a las autoridades demandadas el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de nulidad. Atento a su contenido, respecto de la primer petición, infórmese al promovente que mediante acuerdo de doce de junio de la presente anualidad, se tuvo por consentido el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo ?lo que se traduce, precisamente, en la preclusión del derecho de las partes para inconformarse con el mismo?, razón por la cual, en dicho proveído se ordenó su archivo. Respecto de la segunda petición, se hace de su conocimiento que, en conformidad con las reglas que rigen el cumplimiento y ejecución de las ejecutorias de amparo, establecidas en el Título Tercero, comprendido del artículo 192 al 214, de la Ley de Amparo, la actuación de este órgano jurisdiccional se encuentra limitada, únicamente, a vigilar el cumplimiento que las autoridades responsables den a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, por lo que la petición para que se ordene a las autoridades demandadas el acatamiento a la sentencia dictada en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, deberá realizarse ante la propia sala responsable y, en el caso de una negativa a acatar dicha sentencia, tal cuestión deberá ser requerida a través de los medios legales establecidos por la ley que rige el acto que fue reclamado en esta instancia. Notifíquese. Así, lo acordó y firma David Cortés Martínez, magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, ante María Elena Vargas Burgos, secretaria de acuerdos que autoriza y da fe.
- Juicio de Amparo Directo
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a doce de junio de dos mil dieciocho. Vista la certificación hecha por la secretaria, en la que se hizo constar que transcurrió el plazo de quince días que concede el artículo 202 de la Ley de Amparo, a las partes para inconformarse contra la resolución en la que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, sin que hayan hecho manifestación alguna; consecuentemente, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena su archivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Finalmente, atendiendo a lo previsto en el punto cuarto del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la valoración de los expedientes judiciales y auxiliares, en relación con el Acuerdo General Conjunto 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, cabe señalar que este expediente no tiene relevancia documental y es depurable, lo que deberá anotarse en su carátula, así como la fecha del presente proveído. Notifíquese. Así, lo acordó y firma David Cortés Martínez, magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, ante María Elena Vargas Burgos, secretaria de acuerdos que autoriza y da fe.
- Juicio de Amparo Directo
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a treinta de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa y la parte tercero interesada ejercieron su derecho a manifestar lo atinente al cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada por este órgano jurisdiccional. Ahora bien, para estar en aptitud de establecer si las actuaciones realizadas por la autoridad responsable cumplen con los lineamientos fijados en la sentencia de amparo, dictada el veinticuatro de septiembre de dos mil quince, es preciso tomar en cuenta las premisas jurídicas y antecedentes que se exponen a continuación: En la ejecutoria aludida, se determinó lo siguiente: ".Ahora bien, en el escrito de agravios del que derivó la sentencia reclamada, la entonces recurrente formuló, entre otros, los argumentos siguientes:. .En la sentencia reclamada, la sala, desestimó los agravios que el entonces recurrente hizo valer para demostrar que la indemnización debía hacerse conforme al valor comercial, porque consideró que dicha indemnización, debía atender al contenido del artículo segundo del decreto expropiatorio, el cual sostuvo, es acorde a la Ley Reglamentaria del Artículo 209 de la Constitución Política Local, esto es, conforme a las cantidades que como valor fiscal o catastral figuraban en las oficias recaudadoras del Estado. Sin embargo, no analizó los agravios que formuló el recurrente para demostrar que no es conforme al valor fiscal o catastral, sino conforme al valor comercial, con base al cual, se debe calcular la indemnización correspondiente, pues así se ordenó en el diverso juicio administrativo 1493/2005, por virtud del cual se emitió el oficio combatido. Tampoco advirtió que la determinación relativa adquirió firmeza, pues como se destacó en el considerando precedente, en la sentencia relativa, la Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, determinó lo siguiente: '.la expropiación se decretó a favor del Gobierno del Estado de México para asignarse a la Secretaría de Ecología, de ahí que no existe duda de que corresponde al Titular del Poder Ejecutivo ordenar a la Secretaría del Medio Ambiente que ejecute las medidas necesarias para que le sea cubierto a JULIO ALFREDO ESCÁRCEGA ESTÉVEZ el importe de la indemnización que le corresponde con motivo de la expropiación del inmueble que era de su propiedad, pero para ello, es necesario que en principio, el Gobernador del Estado de México como Titular del Poder Ejecutivo Estatal, y auxiliándose de las dependencias del Ejecutivo correspondientes, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley de Expropiación para el Estado de México, solicite al Instituto de Catastro, que determine el valor comercial del bien inmueble expropiado, el cual no podrá ser menor al valor fiscal que figure en las oficinas catastrales o recaudadoras.'. Y, que con objeto de restituir al actor en el goce de sus derechos violados, dicha sala condenó al Gobernador Constitucional del Estado de México, a través de su apoderado legal y al Director General Jurídico y Consultivo del Estado de México, a lo siguiente: '.a que en un plazo de diez días hábiles siguientes al en que surta efectos la presente determinación, emitan contestación fundada, motivada y congruente a la solicitud formulada por JULIO ALFREDO ESCÁRCEGA ESTÉVEZ, mediante su escrito de petición de fecha cinco de octubre de dos mil cuatro, en el entendido de que deberá precisarse que el Titular del Ejecutivo Estatal a través de su apoderado legal, y auxiliándose de las dependencias del Ejecutivo, ordenará al Instituto de Catastro que determine el valor comercial del bien inmueble expropiado, mismo que deberá hacerse del conocimiento del actor para que manifieste su conformidad o inconformidad con el valor determinado, procediéndose de conformidad con lo regulado en el Capítulo Primero del Título Tercero de la Ley de Expropiación para el Estado de México, y una vez que se determine el monto, forma y tiempo en que deba realizarse el pago de la indemnización constitucional que le corresponde al particular demandante, ordenará a la Secretaría del Medio Ambiente que realice el pago de la indemnización por concepto de expropiación.'. Determinación que como se dijo, adquirió firmeza, pues al resolver el recurso de revisión número 1180/2005, la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, confirmó la sentencia aludida. Luego, al formar el cuadernillo 11/2006, relativo al procedimiento de cumplimiento de sentencia de dieciocho de noviembre de dos mil cinco, dictada en el juicio administrativo 1493/2005, la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, destacó que se condenó a las demandadas, entre otras cosas, para que ordenaran al Instituto de Catastro, la determinación del valor comercial del bien inmueble expropiado, con el fin de pagar al actor la indemnización por la expropiación correspondiente. Asimismo, al dictar sentencia en el juicio de amparo 1081/2006-I, promovido por el aquí quejoso contra el incumplimiento de la sentencia de dieciocho de noviembre de dos mil cinco, confirmada en diversa sentencia de veinte de enero de dos mil seis por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, el Juez Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Civiles Federales en el Estado de México, sostuvo que en la sentencia de dieciocho de noviembre de dos mil cinco, '.se condenó al Gobernador Constitucional del Estado de México, a través de su Apoderado Legal y al Director General Jurídico y Consultivo del Gobierno del Estado de México, a que en un plazo de diez días hábiles siguientes a la en que surta efectos la determinación, emitieran contestación fundada, motivada y congruente a la solicitud formulada por Julio Alfredo Escárcega Estévez, mediante su escrito de petición de fecha cinco de octubre de dos mil cuatro y ordenara al Instituto de Catastro que determine el valor comercial del inmueble expropiado.'. Sentencia que este tribunal confirmó, mediante ejecutoria dictada en sesión de veinticinco de mayo de dos mil siete, en el amparo en revisión 1081/2006. Siendo que, el oficio número DGJC/DAC/202/5504/2005, de cinco de diciembre de dos mil seis, combatido en el juicio administrativo 1609/2006, se emitió en cumplimiento a la sentencia dictada en el diverso juicio administrativo 1493/2005.". (Se aclara que en la transcripción efectuada se agregó el subrayado, incluso, se modificó el tipo de letra utilizado en su original, sin alterar su contenido, con la finalidad de resaltar la parte conducente). Asimismo, se concedió el amparo solicitado para el efecto de que la sección responsable, realizara lo siguiente: ".1. Deje sin efectos la sentencia reclamada, dictada el treinta y uno de marzo de dos mil catorce, en el recurso de revisión 93/2014. 2. Dicte otra en la que resuelva lo que en derecho proceda, sobre los argumentos que hizo valer el recurrente, considerando en todo momento que el aquí quejoso, demostró que desde el diverso juicio administrativo 1493/2005, se ordenó que la cantidad a pagar por concepto de indemnización, debía efectuarse con base en su valor comercial.". (Se aclara que en la transcripción efectuada se agregó el subrayado, incluso, se modificó el tipo de letra utilizado en su original, sin alterar su contenido, con la finalidad de resaltar la parte conducente). En virtud de lo anterior, el seis de noviembre de dos mil quince, la autoridad responsable emitió una sentencia con el fin de dar cumplimiento al fallo protector. No obstante, el ocho de junio de dos mil dieciséis, el Pleno de este tribunal colegiado determinó que la ejecutoria no estaba cumplida en atención a que, si bien la autoridad, dejó insubsistente la sentencia reclamada y dictó otra en la que analizó lo relativo a la indemnización reclamada, no fijó el monto de tal indemnización a partir del valor comercial del inmueble expropiado siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo. De ahí que se requirió a la responsable que dejara sin efectos la sentencia de seis de noviembre de dos mil quince y emitiera otra en la que de acuerdo a la sentencia dictada en el juicio administrativo 1493/2005, determinara que el importe de la indemnización debía calcularse con base en el valor comercial del inmueble expropiado en términos de lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley de Expropiación para el Estado de México y conforme al procedimiento previsto para tales efectos en el Capítulo Primero del Título Tercero de la propia legislación. Para lo cual, debía considerar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que por valor comercial debe entenderse, entre otros conceptos, como el precio más probable estimado, por el cual una propiedad se intercambiaría en la fecha del avalúo, entre un comprador y un vendedor. A efecto de dar cumplimiento a lo anterior, la responsable remitió el oficio TCA-SGA/10427/2016, en el que transcribió el acuerdo de quince de junio de dos mil dieciséis, por el cual dejó insubsistente la sentencia de seis de noviembre de dos mil quince. Luego, por oficio TCA/SGA/11985/2016, de nueve de agosto de dos mil dieciséis, la Secretaria General de Acuerdos de la Primera Sección de la Sala Superior del entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México remitió copia certificada de la sentencia de catorce de julio de dos mil dieciséis, dictada en el recurso de revisión, con la que pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Sin embargo, el veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, el Pleno de este Tribunal Colegiado resolvió que dicha ejecutoria no estaba cumplida, pues si bien la sección responsable concedió valor probatorio al dictamen rendido por la perito del Gobernador del Estado de México y determinó que de acuerdo a los resultados que arrojó, el valor comercial del inmueble expropiado ascendía a $18'292,500 (dieciocho millones, doscientos noventa y dos mil, quinientos pesos 00/100, moneda nacional), cantidad que sostuvo, era la calculada a la fecha de la valuación, lo cierto era que esa cantidad fue calculada a la fecha en la que se expropió el bien inmueble (octubre de mil novecientos noventa y dos), por lo que no correspondía a la fecha de la valuación. Por tanto, este órgano jurisdiccional precisó que la autoridad responsable tenía la obligación de verificar que la cantidad que habría de tomarse en consideración para determinar el valor comercial del inmueble expropiado, tendría que ser la calculada en la fecha de emisión del avalúo correspondiente y no, en la época en que fue expropiado ese bien, tal como este tribunal estableció en la resolución de ocho de junio de dos mil dieciséis. Derivado de lo anterior, mediante oficio TCA-SGA/7388/2017, de tres de agosto de dos mil diecisiete, la Secretaria General de Acuerdos de la Primera Sección de la Sala Superior del entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, remitió copia certificada de la sentencia de esa misma data, dictada en el juicio contencioso administrativo, con el fin de demostrar que se había dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. No obstante, mediante resolución de catorce de noviembre de dos mil diecisiete , dictada por la presidencia de este órgano jurisdiccional, se determinó que la referida ejecutoria no se encontraba cumplida, en razón de que la autoridad responsable determinó el valor comercial del inmueble expropiado calculado a la fecha de su expropiación, esto es, al año de mil novecientos noventa y dos, y no a la fecha probable a la cual se intercambiaría entre un comprador y un vendedor, como este tribunal colegiado había indicado desde la resolución de veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete. En virtud de lo anterior, en la resolución aludida, se requirió a la autoridad responsable para que dejara sin efectos la sentencia de tres de agosto de dos mil diecisiete, con la que pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y que dictara otra, en la que considerara que el importe de la indemnización debía calcularse con base en el valor comercial del inmueble expropiado, entendiéndose por éste lo que ha establecido ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto es, el precio más probable estimado, por el cual una propiedad se intercambiaría en la fecha del avalúo, entre un comprador y un vendedor, que al caso sería a la fecha del avalúo realizado el trece de junio de dos mil trece. Derivado de lo anterior, mediante oficio TJA/SGA/229/2016, la Secretaria General de Acuerdos de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, remitió copia certificada de la sentencia dictada el doce de enero de dos mil dieciocho, a fin de demostrar el cumplimiento a la ejecutoria del juicio. La sentencia, entre otros aspectos, establece lo siguiente: "QUINTO. CUMPLIMIENTO QUE, ESTA PRIMERA SECCIÓN DE LA SALA SUPERIOR REALIZA A LA AEJECUTORIA DE AMPARO DIRECTO. En estricto cumplimiento a los lineamientos expresados por el Pleno del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, este órgano Jurisdiccional revisor, en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en el amparo directo 372/2014 y en términos de la resolución de fecha ocho de junio de dos mil dieciséis, determina dejar insubsistente la resolución de tres de agosto de dos mil diecisiete, dictada por esta Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa en el recurso de revisión 93/2014, dando cabal cumplimiento al primer lineamiento a cumplimentar. En términos del segundo lineamiento, esta Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, procede a emitir una nueva resolución considerando lo siguiente: (.) "OCTAVO.- PARTICULAR PRONUNCIAMIENTO POR CUANTO AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA, DEL PUNTO SEGUNDO, DEL ACUERDO EMITIDO EL CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO, EN EL EXPEDIENTE DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO 372/2014. Dictamen en materia de valuación inmobiliaria exhibido por la perita de la autoridad demandada. Del dictamen pericial en materia de valuación de bienes inmuebles, la Arquitecta Laura Balderas Rivera, perita designada por el Gobernador del Estado de México, sostuvo lo siguiente: Que conforme al artículo 5 de la Ley de Expropiación del Estado de México, no establece cómo determinar el valor comercial que cada estimación pericial tiene su propia metodología. Que el término valuación comercial exacta no existe, el valuar es estimar el valor de un bien inmueble a una fecha determinada para un propósito y objetivo definido. Que comúnmente en la práctica de la valuación inmobiliaria se establecen tres enfoques básicos: mercado, físico o de costos y capitalización, dependiendo del objetivo y propósito del avalúo, de la información disponible, la aplicación de uno a más enfoques. Que las definiciones de los enfoques antes mencionados son los siguientes: 1.- Enfoque de mercado: su objetivo es estimar el valor de mercado de la propiedad sujeto, se basa en el principio económico de sustitución y considera lo que un comprador bien informado estaría dispuesto a pagar a un vendedor igualmente informado por el bien que se valúa, en un mercado abierto. 2.- Enfoque físico o de costos: Es el proceso técnico necesario para estimar el costo de reproducción o reposición de un bien similar al que se valúa, afectado por la depreciación atribuible a la edad, estado de conservación, grado de obsolescencia observado tanto en elementos componentes como en su conjunto, el razonamiento de este método es el que un comprador no paga por un inmueble, más que lo que significaría construir o adquirir otra propiedad equivalente a la suya. 3.- Enfoque de capitalización: Está basado en determinar el valor actual de un flujo de ingresos netos que se espera percibir en el futuro. Que para que exista una valuación comercial, se requiere: Información general del inmueble (ubicación, clave catastral, superficies). Características fiscas del inmueble y de la zona de estudio. Investigación del mercado en la zona o áreas homogéneas. Aplicar los enfoques de valuación necesarios. Que para que exista una valuación comercial de un inmueble, se necesita contar con la información documental como puede ser un levantamiento topográfico, el cual para su elaboración se requirieron aparatos de precisión, pero para la estimación del valor comercial del mismo, no se requiere ningún apartado de alta precisión. Que para que exista una valuación comercial, se requiere la metodología siguiente: Identificar el problema. Obtener los datos técnicos del inmueble objeto del estudio. Reconocer el inmueble, así como la zona de estudio. Realizar las investigaciones de mercado. Establecer los enfoques y criterios a utilizar para obtener el valor. Que para que exista una valuación comercial, se necesita una investigación predial siguiente: Revisar el documento que acredita la propiedad. Revisar la clave catastral. Revisar el plano o croquis del predio, en cartografía. Que para que exista una valuación comercial, se deben tomar en cuenta para la investigación de mercado predios semejantes al de estudio en cuanto a sus características físicas, no necesariamente colindantes pero sí homogéneos. Que conforme a una validación comercial debidamente fundada, motivada y justificada técnicamente, con debida verificación e investigación tanto del inmueble como sus colindantes, que valor por metro cuadrado tiene el predio innominado, ubicado en el lugar conocido como "El Cerrillo", municipio de Valle de Bravo, Estado de México, colindantes con la presa de Valle de Bravo, cuya localización medidas y colindancias obran en el presente expediente. Que para emitir un avalúo comercial se debe considerar el uso del suelo del inmueble a valuar, además de todas las características propias del mismo. Que toda vez que no se contaba con el valor comercial se realizaron investigaciones a la fecha del dictamen, considerando inmuebles de características semejantes pero sin soslayar que el bien inmueble expropiado es un área natural protegida. Que en el estudio que se realizó se comparó el inmueble expropiado con algunos otros, además que se realizó un estudio de mercado en la zona, primordialmente en inmuebles análogos, solo que sin ser áreas de preservación ecológica, pero coincidentes con características semejantes a las que prevalecen en el inmueble estudiado, es decir, terrenos en breña, topografía accidentada, irregulares a efecto de obtener información del comportamiento del mercado en la zona, para obtener un valor de mercado. Que en el caso, los inmuebles con los que se comparó el bien expropiado son los siguientes: (se realiza un cuadro comparativo) Que estos inmuebles con los que se comparó el bien expropiado, no se sabe qué tipo de suelo tenían al momento de la expropiación. Que no obstante, el tipo de suelo que tienen actualmente los predios con los que se comparó el bien inmueble expropiado fueron principalmente zona forestada, agrícola y pastizal. Que el tipo de uso de suelo que se consideró en el avalúo pericial del predio expropiado es de área natural protegida, según lo indica en el Plano E-2 denominado Estructura Urbana y Usos de Suelo, emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano, en julio de dos mil seis. Que el valor comercial del inmueble motivo de la expropiación a la fecha de la publicación del decreto expropiatorio publicado en el periódico oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado de México, de fecha veintiséis de octubre de mil novecientos noventa y dos, lo es por el valor aplicado por metro cuadrado a la fecha del avalúo de trece de junio de dos mil trece, es de $170.00 (ciento setenta pesos 00/100 moneda nacional), de acuerdo al levantamiento topográfico que obra en el expediente de fecha abril de dos mil seis, teniendo una superficie total de 349,494 m2 (trescientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos noventa y cuatro metros cuadrados), en tanto que el valor comercial de la superficie sobre la que no existe controversia, equivalente a 29-39-26-95 hectáreas. Por tanto, el valor comercial total redondeado a la fecha del avalúo de trece de junio de dos mil trece, es de $59'491,300.00 (Cincuenta y nueve millones cuatrocientos noventa y un mil trescientos pesos 00/100 moneda nacional). Que en la elaboración del dictamen se reflejó la experiencia y criterios adquiridos en más de 10 años realizando avalúos en diversas instituciones. Que el término valor comercial exacto no existe, evaluar es estimar el valor de un bien inmueble a una fecha determinada para un propósito y objetivo definido. Que los factores que se aplican para la valuación de un predio urbano, se aplican de igual manera para un predio rústica, siempre y cuando se compare con predios semejantes o de características análogas. Que el valor comercial de un predio, por supuesto, se afecta dependiendo del uso de suelo, ya que se valora todas sus características incluyendo el uso de suelo, el cual puede afectar el valor del mismo. Que no necesariamente las construcciones predominantes en la zona del inmueble expropiado afectan su costo comercial. Que también se toma en cuenta, así como el tipo de uso de suelo, el equipamiento urbano, los servicios municipales, ya que todos ellos influyen en que un bien puede ser más deseable que otro, pero no es lo único que determina el valor de un inmueble. Que el área boscosa del predio no necesariamente demerita su valor, pues para que sea usado el mismo, en qué zona se encuentre, son muchos los factores que intervienen en la estimación del valor de un inmueble, y para cada uno de los factores pueden ser diferentes. Que en este caso fue una de las características que se identificaron para considerarlo un área protegida, como lo indica el decreto de expropiación. Que los factores considerados para la estimación de un valor son variables, de acuerdo a cada caso y no se puede generalizar si determinada característica demerita o premia un valor. Que para el caso del predio objeto de análisis, sí lo demeritó, ya que así lo marca la normatividad en materia de evaluación catastral en el Estado de México. En tal virtud, tomando en consideración todos los elementos mencionados con antelación, la perito Laura Balderas Rivera concluyó que: El valor catastral del inmueble expropiado a la fecha de la publicación del decreto expropiatorio publicado en el periódico oficial "Gaceta de Gobierno" del Estado de México de fecha veintiséis de octubre de 1992, era por la cantidad de $832,360.00 (ochocientos treinta y dos mil trescientos sesenta pesos 00/100 M.N.). Cantidad que no se tomará en cuenta para el análisis que se realice al presente asunto, toda vez que no corresponde a la fecha del avalúo, motivo de cumplimiento de la ejecutoria de amparo 372/2014. Que el valor comercial del inmueble motivo de la expropiación a la fecha de la publicación del decreto expropiatorio publicado en el periódico oficial "Gaceta de Gobierno" del Estado de México de fecha veintiséis de octubre de 1992, era de $52.27 (Cincuenta y dos pesos con veintisiete centavos 27/100 M.N.) por metro cuadrado, que al ser multiplicado por la superficie de 349,949 m2, con que contaba el bien inmueble expropiado nos arrojaba como resultado que el valor comercial del bien a octubre de 1992, era de $18'292,500.00 (dieciocho millones doscientos noventa y dos mil quinientos pesos con cero centavos 00/100 M.N.). De igual forma, no se tomará en cuenta para los fines que se pretende aplicar al asunto en comento, ya que corresponde a la fecha de expropiación y no así a la fecha del avalúo del bien. No obstante lo anterior, y atendiendo al estricto cumplimiento al requerimiento formulado por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en la resolución de catorce de noviembre de dos mil diecisiete, del dictamen a estudio también se advierte que se refirió: Que una vez realizado el avalúo comercial del inmueble objeto de estudio, se determinó que el valor comercial de éste a la fecha del avalúo de trece de junio de dos mil trece, era de $59'491,300.00 (cincuenta y nueve millones cuatrocientos noventa y un mil trescientos pesos 00/100 moneda nacional). Lo anterior es así porque al trece de junio de dos mil trece, fecha en que se llevó a cabo el avalúo, el valor del bien inmueble por metro cuadrado ascendía a la cantidad de $170.00 (ciento setenta pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que al ser multiplicada por la superficie del terreno -349,949.00 metros cuadrados- arrojó la cantidad de $59'491,300.00 (cincuenta y nueve millones cuatrocientos noventa y un mil trescientos pesos 00/100 moneda nacional). Para una mejor comprensión de lo antes expuesto, conviene reproducir el dictamen que nos ocupa, mismo que es de la literalidad siguiente y dentro del cual se destaca lo antes indicado con las figuras (se digitalizan flechas de indicación) Que indican y vinculan las cantidades arriba señaladas: SIN TEXTO En este orden de ideas, en términos de lo dispuesto por los artículos 32, 38 fracción V, 83, 85, 95, 102 y 105 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, este órgano jurisdiccional revisor le concede valor probatorio al dictamen rendido por la perita del Gobernador del Estado de México, al ser la opinión técnica en materia de valuación de bienes inmuebles con mayor eficacia probatoria, la más cercana a las características del inmueble a fin de definir el valor comercial del inmueble ubicado en el camino la Boquilla - El Cerrillo S/N cerro Cualtenco, ex hacienda de Metlaltepec, Municipio de Valle de Bravo, México, por una superficie con una extensión de 29-39-26-95 hectáreas. Lo anterior, porque la Arquitecta Laura Balderas Rivera, perita designada por el Gobernador del Estado de México, tomó para emitir su valuación, elementos objetivos oficiales, los cuales gozan de la presunción de legalidad, apegándose lo más posible a los elementos objetivos propios del bien inmueble, los cuales son similares con los datos consignados en los documentos oficiales de aquella época, tales como el Plano E-3 denominado "Usos y Destinos del Suelo" del Plan de Centro de Población Estratégico de Valle de Bravo, publicado en el Periódico Oficial el diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y dos, y el Decreto Expropiatorio de fecha veintiséis de octubre de mil novecientos noventa y dos, que contrario con los peritos de las demás partes y el tercero en discordia, no sucedió, ya que en aquellas opiniones técnicas pasaron desapercibido que la modalidad del tipo de uso de suelo correspondía a uno diferente al señalado, esto es, los peritos pasaron desapercibido que en el plano vigente en aquella época la modalidad de tipo de suelo lo era la de parque con políticas de preservación ecológica. En este sentido, el valor comercial establecido por la perita del Gobernador del Estado de México es el más cercano al valor comercial del inmueble, porque la perita para emitir su valuación comercial tomó en consideración que el término valuación comercial exacta no existe, que el valuar es estimar el valor de un bien inmueble a una fecha determinada para un propósito y objetivo definido y que comúnmente en la práctica de la valuación inmobiliaria se establecen tres enfoques básicos: mercando, físico o de costos y capitalización, dependiendo del objetivo y propósito del avalúo, de la información disponible, la aplicación de uno o más enfoques. Que para que exista una valuación comercial, se deben tomar en cuenta para la investigación de mercado predios semejantes al de estudio en cuanto a sus características físicas, no necesariamente colindantes pero sí homogéneos. Que conforme a una validación comercial debidamente fundada, motivada y justificada técnicamente, con debida verificación e investigación tanto del inmueble como sus colindantes, que valor por metro cuadrado tiene el predio innominado, ubicado en el lugar conocido como el "El Cerrillo", municipio de Valle de Bravo, Estado de México, colindantes con la presa de Valle de Bravo, cuya localización, medidas y colindancias obran en el presente expediente. Que para emitir un avalúo comercial se debe considerar el uso del suelo del inmueble a valuar, además de todas las características del inmueble incluyendo el uso de suelo. Que el tipo de uso de suelo que tenía el bien inmueble que nos ocupa al momento de la expropiación, de acuerdo al plano E-3 Usos y Destinos del Suelo, del Plan de Desarrollo de Población Estratégico de Valle de Bravo de fecha diciembre de 1990, lo era de Parque (P) y una mínima parte habitacional con densidad muy baja (H-5). Que en el estudio que se realiza sí se comparó el inmueble expropiado con algunos otros, además que se realizó un estudio de mercado en la zona primordialmente en inmuebles análogos, solo que sin ser áreas de preservación ecológica, pero coincidentes con características semejantes a las que prevalecen en el inmueble estudiado, es decir, terrenos en breña, topografía accidentada, irregulares a efecto de obtener información del comportamiento del mercado en la zona, para obtener un valor de mercado. Que en el caso, los inmuebles con los que se comparó el bien expropiado son los siguientes: (se realiza un cuadro comparativo) Que estos inmuebles con los que se comparó el bien expropiado, no se sabe qué tipo de uso de suelo tenían al momento de la expropiación, ya que son investigaciones a junio de dos mil trece. Que no obstante, el tipo de suelo que tienen actualmente los predios con los que se comparó el bien inmueble expropiado es principalmente zona forestada, agrícola y pastizal. Que el tipo de uso de suelo que se consideró en el avalúo pericial del predio expropiado es de natural protegida, según lo indica en el plano E-2 Estructura Urbana y Usos de Suelo emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano, de fecha julio de dos mil seis. Que el término valor comercial exacto no existe, evaluar es estimar el valor de un bien inmueble a una fecha determinada para un propósito y objetivo definido. Que los factores que se aplican para la valuación de un predio urbano, se aplican de igual manera para un predio rústico, siempre y cuando se compare con predios semejantes o de características análogas. Que el valor comercial de un predio, por supuesto, se afecta dependiendo del uso de suelo, ya que se valora todas sus características incluyendo el uso de suelo, el cual puede afectar el valor del mismo. Que no necesariamente las construcciones predominantes en la zona del inmueble expropiado afectan su costo comercial. Que también se toma en cuenta, así como el tipo de uso de suelo, el equipamiento urbano, los servicios municipales, ya que todos ellos influyen en que un bien puede ser más deseable que otro, pero no es lo único que determina el valor de un inmueble. Que el área boscosa del predio no necesariamente demerita su valor, pues para que sea usado el mismo, en qué zona se encuentre, son muchos los factores que intervienen en la estimación del valor de un inmueble, y para cada uno de los factores pueden ser diferentes. Que en este caso fue una de las características que se identificaron para considerarlo un área protegida, como lo indica en el decreto de expropiación. Que los factores considerados para la estimación de un valor son variables, de acuerdo a cada caso y no se puede generalizar si determinada característica demerita o premia un valor. Que para el caso del predio objeto de análisis, sí lo demeritó, a que así lo marca la normatividad en materia de evaluación catastral vigente en el Estado de México. En ese sentido, como se anticipó, el dictamen rendido por la perita del Gobernador del Estado de México, es la opinión técnica en materia de valuación inmobiliaria que esta Sección considera más acorde al valor comercial del inmueble, porque contrario a lo realizado por los demás peritos, en dicho dictamen se realizó la valuación con datos oficiales, de ahí la razón por la cual se destaca su opinión y se desestima la opinión de los demás peritos. Lo anterior es así porque a la fecha de la valuación (trece de junio de dos mil trece), la perito, dedujo de un factor esencial y que es de trascendencia en el presente asunto, como es el tipo de uso de suelo, el cual desde antes de la expropiación y hasta la actualidad no permite la posibilidad de que esa área esté confinada para el desarrollo urbano de ningún tipo, en la totalidad de la superficie del polígono expropiado, porque la modalidad de tipo de uso de suelo no permite la construcción de edificaciones o de estructuras urbanas, siendo esa consideración por la cual se estima que el avalúo de la perita es el más congruente con la información oficial que se tenía del inmueble expropiado, de donde se pudo advertir que la modalidad de tipo de uso de suelo no permite el desarrollo urbano en aquel lugar. Por lo anterior, se concluye que, el valor comercial del inmueble motivo de la expropiación a la fecha de la valuación de trece de junio de dos mil trece, es decir, la más cercana a la fecha de emisión del dictamen de diecisiete de junio de dos mil trece, es de $59'491,300.00 (cincuenta y nueve millones cuatrocientos noventa y un mil trescientos pesos 00/100 moneda nacional), resultado de multiplicar $170.00 (ciento setenta pesos 00/100 moneda nacional), por la superficie del terreno equivalente a 349,949.00 metros cuadrados. Lo anterior en apoyo, además, a las respuestas deducidas por la perito, respecto a los cuestionamientos realizados por parte de la demandada, en donde, en el cuestionamiento siete, señaló: (Se transcribe) Asimismo, del cuestionario presentado por José Luis de Guadalupe Sánchez Benítez, en donde en los cuestionamientos siete y ocho se aprecia lo siguiente: (Se transcribe) Luego entonces, de lo reproducido con antelación se advierte que la perito concluyó que si bien el valor de mercado por metro cuadrado, correspondiente al predio de expropiación, redondeado es de $340.64 (trescientos cuarenta pesos 64/100 moneda nacional), empero, considerando que el inmueble objeto de la Litis es un área protegida, en términos del Plano E-2, Estructura Urbana y Usos de suelo, emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano, en fecha del mes de julio de dos mil seis, por lo que su valor obtenido se demerita un cincuenta por ciento (50%), derivado de que existe una restricción de uso, a la luz del Decreto Expropiatorio de veintiséis de octubre de mil novecientos noventa y dos, es por lo que su valor comercial por metro cuadrado resulta a $170.00 (ciento setenta pesos 00/100 moneda nacional). Entonces, si la perito aplicó el factor en demérito al predio expropiado, por ser un área protegida, derivado de que existe una restricción de uso, en términos del Decreto Expropiatorio de veintiséis de octubre de mil novecientos noventa y dos, es que su valor comercial sufre un factor de depreciación, y por tanto, es que su valor disminuye. En consecuencia, se tiene en el caso que el valor comercial del inmueble motivo de la expropiación a la fecha de la valuación de trece de junio de dos mil trece, es decir, la más cercana a la fecha de emisión del dictamen de diecisiete de junio de dos mil trece, es de $59'491,300.00 (cincuenta y nueve millones cuatrocientos noventa y un mil trescientos pesos 00/100 moneda nacional), resultado de multiplicar $170.00 (ciento setenta pesos 00/100 moneda nacional), por la superficie del terreno equivalente a 349,949.00 metros cuadrados. Determinación que adopta este órgano jurisdiccional revisor, porque la zona correspondiente al inmueble ubicado en el camino a la Boquilla - El Cerrillo S/N cerro Cualtenco, ex hacienda de Metlaltepec, Municipio de Valle de Bravo, México, por una superficie con una extensión de 29-39-26-95 hectáreas, desde antes de la expropiación y hasta la actualidad correspondía a una modalidad que limitaba el desarrollo urbano y la utilidad comercial porque hasta antes de la expropiación la modalidad de tipo de uso de suelo según el Plan de Centro de Población Estratégico de Valle de Bravo (1991), que le asigna un uso de parque con políticas de preservación ecológica, cuestión que puede apreciarse de las constancias que obran agregadas en autos. En ese sentido, si la modalidad de tipo de uso de suelo según el Plan de Centro de Población Estratégico de Valle de Bravo (1991), le asignó un uso de parque con políticas de preservación ecológica, luego entonces, no era posible realizar legalmente una construcción de edificación o de estructura urbana en aquella zona, o siquiera asemejarla con las zonas utilizadas por los demás peritos, porque existía una limitación y restricción a esa área, lo que incluso fue insertado en el análisis y determinación del Decreto Expropiatorio de fecha veintiséis de octubre de mil novecientos noventa y dos, como puede observarse de la siguiente cita: (Se transcribe) En ese sentido, es correcto aseverar que incluso antes de la expropiación en aquella zona se impusieron restricciones y limitaciones de construcción de edificación o estructura urbana, razón por la cual es congruente la valuación que realiza la perita designada por el Gobernador del Estado de México. Siendo esta consideración fundamental por la cual también se estima que es la más acorde al valor comercial, porque su valuación la realizó trasladándose a los datos oficiales que se tenían del inmueble expropiado en aquella época, lo que le permitió entender que la información del inmueble debía de ser también acorde a sus características en aquel momento, donde destaca el tipo de uso de suelo, porque señala que para emitir un avalúo comercial se debe considerar el uso del suelo del inmueble a valuar, que el tipo de uso de suelo que tenía el bien inmueble que nos ocupa al momento de la expropiación, de acuerdo al plano E-3 Usos y Destinos del Suelo, del Plan de Desarrollo de Población Estratégico de Valle de Bravo de fecha diciembre de 1990, lo era de Parque (P) y una mínima parte habitacional con densidad muy baja (H-5), pero no pasa desapercibido la modificación que se realizó a ese plan en el año de mil novecientos noventa y uno, consideración que la Legislatura del Estado no pasó por alto e incluso fue insertada en el análisis y determinación del Decreto expropiatorio de fecha veintiséis de octubre de mil novecientos noventa y dos, como puede observarse en la cita anterior al decreto, cuando sostuvieron: (Se transcribe) En ese sentido la modalidad de tipo de uso de suelo designado a aquella zona tenía restricciones y limitaciones las cuales no permitían el desarrollo urbano de aquella zona, de ahí que los datos obtenidos por la perita y su decisión concluida sea la más acorde al valor comercial del inmueble; más aún si consideramos que en el estudio que realizó la perita se comparó el inmueble expropiado con algunos otros, además que realizó un estudio de mercado en la zona, primordialmente en inmuebles análogos, sólo que sin ser áreas de preservación ecológica, pero coincidentes con características semejantes a las que prevalecen en el inmueble estudiado, es decir, terrenos en breña, topografía accidentada, irregulares a efecto de obtener información del comportamiento del mercado en la zona, para obtener un valor de mercado. En este sentido, el dictamen rendido por la perita designada por el Gobernador del Estado de México, es la opinión técnica en materia de valuación de inmuebles más acorde al valor comercial que el inmueble ubicado en el camino la Boquilla - El Cerrillo S/N Cerro Cualtenco, ex hacienda de Metlaltepec, Municipio de Valle de Bravo, México, por una superficie con una extensión de 29-39-26-95 hectáreas el momento de la valuación y el cual, en términos de los artículos 32, 38 fracción V, 83, 85, 95, 102 y 105 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, se le concede eficacia probatoria para determinar que el valor comercial del inmueble, a la fecha de emisión del dictamen, tenía un valor de $59'491,300.00 (cincuenta y nueve millones cuatrocientos noventa y un mil trescientos pesos 00/100 m.n.). Cantidad anterior que es fijada por éste órgano jurisdiccional en estricto cumplimiento a la resolución emitida el catorce de noviembre de dos mil diecisiete, por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito a efecto de cumplimentar la ejecutoria del amparo directo 372/2014. En este sentido, tomando en consideración el segundo lineamiento establecido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, precisamente el señalado con el numeral 2, este Órgano Jurisdiccional revisor debe tomar el valor comercial que fija la perito del Gobernador del Estado de México al momento de emitir la valuación el inmueble expropiado y debe desestimar el valor comercial que toma a la fecha de expropiación. Por lo tanto, el valor comercial que se considera el más ajustado a derecho es el que se fija por la cantidad de $59'491,300.00 (cincuenta y nueve millones cuatrocientos noventa y un mil trescientos pesos 00/100 m.n.), sin que pueda considerarse la diversa cantidad de $15'364,090.00 (Quince millones trescientos sesenta y cuatro mil noventa pesos con cero centavos en moneda nacional 00/100) que expuso la perito a foja mil ciento ocho del expediente juicio administrativo 1609/2006, tomo III, porque esta cantidad corresponde al valor comercial que tenía el inmueble ubicado en el camino la Boquilla - El Cerrillo S/N Cerro Cualtenco, ex hacienda de Metlaltepec, Municipio de Valle de Bravo, México por una superficie con una extensión de 29-39-26-95 hectáreas, a la fecha de la expropiación, como puede advertirse del siguiente documento digital que se inserta a la presente para corroborar la afirmación. (Se transcribe) Como puede advertirse, el valor comercial establecido por la cantidad de $15'361,090.00 (quince millones trescientos sesenta y cuatro mil noventa pesos con cero centavos en moneda nacional 00/100) corresponde al valor comercial de la fecha de la expropiación, ya que la perita posteriormente al contestar la interrogante "10.-" afirma que el valor comercial (la cantidad cita anteriormente), a pagar debe de ser el valor a la fecha de la expropiación. En tal virtud, tomando en consideración el segundo lineamiento de la resolución de fecha ocho de junio de dos mil dieciséis, precisamente el identificado con el inciso b), existe restricción para que este órgano jurisdiccional tome a la cantidad de $15'364,090.00 (quince millones trescientos sesenta y cuatro mil noventa pesos con cero centavos en moneda nacional 00/100) como la más acorde al valor comercial, en tanto esta cantidad fue fijada a la fecha de la expropiación. En ese entendido, se determina que el valor comercial del bien inmueble a la fecha de la valuación era de $59'491,300.00 (cincuenta y nueve millones cuatrocientos noventa y un mil trescientos pesos 00/100 m.n.), de ahí que dicha cantidad es la cantidad a pagar a la parte actora por concepto de indemnización por la expropiación del inmueble ubicado en el camino la Boquilla - El Cerrillo S/N cerro Cualtenco, ex hacienda de Metlaltepec, municipio de Valle de Bravo, México, con una superficie de una extensión de 29-39-26-95 hectáreas. De ahí que, el valor comercial que debieron establecer las autoridades demandadas en el oficio número DGJC/DAC/202/5504/2005 de fecha cinco de diciembre de dos mil seis, debió ser por la cantidad de $59'491,300.00 (cincuenta y nueve millones cuatrocientos noventa y un mil trescientos pesos 00/100 m.n.), cuestión que no fue así, porque ellas determinaron que el valor comercial del inmueble correspondía por la cantidad de $10'769,483.00 (diez millones setecientos sesenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y tres pesos 00/100 m.n.); lo que evidencia la ilegalidad del acto impugnado, en cuanto al valor comercial fijado, porque del avalúo de la perita designada por el Gobernador del Estado de México, se puede evidenciar que el valor comercial que en aquel acto administrativo se fijó, dista en cantidad superior a la cantidad señalada en el avalúo que se ha determinado que tiene pleno valor probatorio. Por lo que, en términos del artículo 20 de la Ley de Expropiación del Estado de México, el valor comercial del inmueble ubicado en el camino la boquilla - El Cerrillo S/N cerro Cualtenco, ex hacienda de Metlaltepec, municipio de Valle de Bravo, México, con una superficie de extensión de 29-39-26-95 hectáreas, a la fecha del avalúo de trece de junio de dos mil trece, es por la cantidad de $59'491,300.00 (cincuenta y nueve millones cuatrocientos noventa y un mil trescientos pesos 00/100 m.n.), por las consideraciones expuestas en la presente resolución. En las relatadas circunstancias, en términos del artículo 288 fracción III del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, lo procedente es revocar la sentencia emitida en fecha ocho de enero de dos mil catorce, por el magistrado adscrito a la Primera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en el expediente juicio administrativo 1609/2006, atendiendo a los razonamientos vertidos en la presente decisión. De igual forma, con fundamento en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1.8 fracciones, VII, VIII, 1.10, fracción IV, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, lo procedente es declarar la invalidez del oficio número DGJC/DAC/202/5504/2005, emitido en fecha cinco de diciembre de dos mil seis, con base a las consideraciones asentadas en el presente fallo. Ahora, tomando en consideración que de autos del juicio administrativo 1493/2005, la orden de pagar al actor la indemnización por la superficie de 29-39-26-95 hectáreas en las que no existe controversia, se sustenta en la resolución de cuatro de agosto de dos mil seis, dictada en el cuadernillo de cumplimiento de sentencia 11/2006, que derivó del expediente de juicio administrativo 1493/2005, del índice de la Primera Sala Regional, expedientes que se tuvieron a la vista al momento en que se dictó la resolución que por esta vía se revisa y que tienen valor probatorio pleno conforme al artículo 32, 35, 38, 57, 95 y 100 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, y de cuyas constancias se advierte que a través de la promoción de veintidós de enero de dos mil ocho, el apoderado legal del Titular del Ejecutivo del Estado y Director General Jurídico Consultivo de la propia entidad, exhibió los cheques certificados número 00649374 de BBVA Bancomer de $3'268,461.00 (tres millones doscientos sesenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y un pesos 00/100 m.n.), como se aprecia a foja seiscientos veinticinco a seiscientos veintisiete del expediente juicio administrativo 1493/2005, tomo IV; así como el cheque certificado 00649375 de BBVA Bancomer ambos en favor de Julio Alfredo Escárcega Estévez $7'501,011.00 (siete millones quinientos un mil veintidós pesos 00/100 m.n.) como se aprecia a foja seiscientos veinticinco a seiscientos veintinueve del expediente juicio administrativo 1493/2005, tomo IV. Sumas que en total amparan la cantidad de $10'769,483.00 (diez millones setecientos sesenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y tres mil pesos 00/100 m.n.), monto determinado como valor comercial de la superficie expropiada en el oficio DGJC/DAC/202/5504/2005 de fecha cinco de diciembre de dos mil seis, que es materia de impugnación en el juicio de origen. Y que de las constancias procesales en consulta, también se puede acreditar que, en comparecencia verificada el día cinco de febrero de dos mil ocho, se hizo constar la presencia de Julio Alfredo Escárcega Estévez, quien se identificó con credencial de elector con fotografía, con número de folio 5242107218077, expedida por el Instituto Federal Electoral y que se agregó copia de la misma en actuaciones; entregándosele los cheques certificados número 00649374, expedido por la Institución Bancaria de BBVA Bancomer, por el monto de $3'268,461.00 (tres millones doscientos sesenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y un pesos 00/100 m.n.) y el cheque certificado 00649375, expedido por BBVA Bancomer, ambos a favor de Julio Alfredo Escárcega Estévez $7'501,022.00 (siete millones quinientos un mil veintidós pesos 00/100 m.n.), como se aprecia a fojas seiscientos treinta y siete y seiscientos treinta y ocho del expediente juicio administrativo 1493/2005, tomo IV; que sumados dan un total de $10'769,483.00 (diez millones setecientos sesenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y tres mil pesos 00/100 m.n.). De lo antes señalado, es dable concluir que el demandante ha recibido la cantidad que se fijó como indemnización en el oficio número DGJC/DAC/202/5504/2005 de fecha cinco de diciembre de dos mil seis, por lo que respecta a la superficie expropiada en la que no existe controversia con el tercero interesado en este juicio, por la cantidad de $10'769,483.00 (diez millones setecientos sesenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y tres mil pesos 00/100 m.n.). Bajo ese tenor, en términos del artículo 276 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, se condena a las autoridades demandadas, gobernador, secretario general, apoderado legal del titular de poder ejecutivo y director General Jurídico y Consultivo, todos del Gobierno del Estado de México, para los efectos siguientes: 1. Se emita, en sustitución del oficio reclamado, un diverso a través del cual se determine el valor comercial del inmueble ubicado en el camino la Boquilla - El Cerrillo s/n cerro Cualtenco, ex hacienda de Metlaltepec, municipio de Valle de Bravo, México, por una superficie con una extensión de 29-39-26-95 hectáreas, de las cuales no existe controversia, a la fecha del avalúo de trece de junio de dos mil trece, es por la cantidad de $59'491,300.00 (cincuenta y nueve millones cuatrocientos noventa y un mil trescientos pesos 00/100 m.n.), tomando en consideración las razones expuestas en la presente sentencia, para finalmente determinar que la cantidad que aún se adeuda a Julio Alfredo Escárcega Estévez por concepto de indemnización, atendiendo a las consideraciones expuestas, lo es por la cantidad de $48'721,817.00 (cuarenta y ocho millones setecientos veintiún mil ochocientos diecisiete pesos). 2. Se notifique personalmente a Julio Alfredo Escárcega Estévez, esa nueva determinación en términos de los artículos 25 y 26 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. 3. Se realice el pago que aún se adeuda a Julio Alfredo Escárcega Estévez por concepto de indemnización, y que es por la cantidad de $48'721,817.00 (cuarenta y ocho millones setecientos veintiún mil ochocientos diecisiete pesos), atendiendo a las consideraciones expuestas en el presente fallo. (.)". (Se aclara que en la transcripción efectuada se agregó el subrayado, incluso, se modificó el tipo de letra utilizado en su original, sin alterar su contenido, con la finalidad de resaltar la parte conducente). Posteriormente, mediante oficio número TJA/SGA/3997/2018, la Secretaria General de Acuerdos de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, remitió a este tribunal, copia certificada de la resolución dictada el nueve de febrero de dos mil dieciocho, en la aclaración de sentencia derivada del recurso de revisión 93/2014, cuyos puntos resolutivos son los siguientes: "PRIMERO.- Se declara procedente la aclaración solicitada por el Licenciado Iván Octavio Rojas Delgado, en su carácter de Director General Jurídico y Consultivo de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno del Estado de México, en relación al fallo dictado por esta Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, en fecha doce de enero de dos mil dieciocho, respecto del recurso de revisión 93/2014. SEGUNDO.- Notifíquese en términos legales a las partes." (Se aclara que en la transcripción efectuada se agregó el subrayado, incluso, se modificó el tipo de letra utilizado en su original, sin alterar su contenido, con la finalidad de resaltar la parte conducente). En la resolución de que se habla, se determinó medularmente lo siguiente: "(.) De ahí que se a procedente la aclaración de sentencia solicitada por la autoridad demandada, con el fin de ratificar que el cálculo que se hace referencia con relación a la indemnización que en derecho le corresponde al demandante, conforme al valor comercial del inmueble ubicado en Camino La Boquilla-El Cerrillo, S/N, Cerro Cualtenco, Ex Hacienda de Metlaltepec, Municipio de Valle de Bravo, con una extensión de 29-39-26-95 hectáreas, superficie a la cual ya no existe controversia alguna, a la fecha del avalúo de trece de junio de dos mil trece, es de $49'967,581.50 (cuarenta y nueve millones, novecientos sesenta y siete mil, quinientos ochenta y un mil pesos [sic] 50/100 moneda nacional). Ahora, una vez enmendada dicha situación, de igual forma se rectifica lo determinado en la parte considerativa OCTAVA, denominada: 'PARTICULAR PRONUNCIAMIENTO POR CUANTO AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL PUNTO SEGUNDO, DEL ACUERDO EMITIDO EL CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO, EN EL EXPEDIENTE DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO 372/2014', en la parte de condena prevista en las páginas 189 y 190 de la resolución de doce de enero de dos mil dieciocho, para el efecto de corregirla como a continuación se sigue: 'Bajo ese tenor, en términos del artículo 276 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, se CONDENA a las autoridades demandadas, Gobernador, Secretario General, Apoderado Legal del Titular del Poder Ejecutivo y Director General Jurídico y Consultivo, todos del Gobierno del Estado de México, para los efectos siguientes: 1.- Se emita, en sustitución del oficio reclamado, un diverso a través del cual se determine el valor comercial del inmueble ubicado en el camino la Boquilla-El Cerrillo, S/N, Cerro Cualtenco, Ex Hacienda de Metlaltepec, Municipio de Valle de Bravo, México, por una superficie con extensión de 29-39-26-95 hectáreas, de las cuales no existe controversia, a la fecha del avalúo de trece de junio de dos mil trece, es por la cantidad de $49'967,581.50 (cuarenta y nueve millones, novecientos sesenta y siete mil, quinientos ochenta y un mil pesos [sic] 50/100 moneda nacional), tomando en consideración las razones expuestas en la presente sentencia, para finalmente determinar que la cantidad aún se adeuda a Julio Alfredo Escárcega Esteves por concepto de indemnización, atendiendo a las consideraciones expuestas, lo es por la cantidad de $39'198,098.50 (treinta y nueve millones ciento noventa y ocho mil noventa y ocho pesos 50/100 moneda nacional), atendiendo a las consideraciones expuestas en el presente fallo.'. Rectificación que de igual manera sufre el RESOLUTIVO CUARTO del fallo que nos ocupa su aclaración, visible a fojas 194, para quedar de la siguiente forma: 'CUARTO.- Se determina que el valor comercial del inmueble ubicado en el camino la Boquilla-El Cerrillo, S/N, cerro Cualtenco, ex hacienda de Metlaltepec, Municipio de Valle de Bravo, México, por superficie con una extensión de 29-39-26-95 hectáreas, a la fecha del avalúo de trece de junio de dos mil trece, es por la cantidad de $49'967,581.50 (cuarenta y nueve millones, novecientos sesenta y siete mil, quinientos ochenta y un mil pesos [sic] 50/100 moneda nacional), de los cuales aún se adeuda a Julio Alfredo Escárcega Esteves por concepto de indemnización, atendiendo a las consideraciones expuestas en el cuerpo de la siguiente sentencia, la cantidad de $39'198,098.50 (treinta y nueve millones ciento noventa y ocho mil noventa y ocho pesos 50/100 moneda nacional)'. Se corrige la imprecisión señalada, a fin de respetar el derecho esencialmente reconocido de la parte demandante conforme al valor comercial del predio expropiado en la fecha del avalúo de trece de junio de dos mil trece en estricto acatamiento a la ejecutoria de amparo directo 372/2014, dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, ya que si el pago de la indemnización que en derecho corresponde a Julio Alfredo Escárcega Estévez, conforme al valor comercial del inmueble ubicado en Camino La Boquilla-El Cerrillo, S/N, Cerro Cualtenco, Ex Hacienda de Metlaltepec, Municipio de Valle de Bravo, con extensión de 29-39-26-95 hectáreas, superficie a la cual ya no existe controversia alguna, a la fecha del avalúo de trece de junio de dos mil trece, es por la cantidad de $49'967,581.50 (cuarenta y nueve millones, novecientos sesenta y siete mil, quinientos ochenta y un mil pesos [sic] 50/100 moneda nacional). Cantidad que menos la ya recibida de $10'769,483.00 (Diez millones setecientos setenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y tres mil pesos 00/100 M.N.), da como resultado la cantidad de $39'198,098.50 (treinta y nueve millones ciento noventa y ocho mil noventa y ocho pesos 50/100 moneda nacional). Atento a lo anterior, y dado que la sentencia puede ser considerada como acto jurídico de decisión y como documento, que éste es la representación del acto decisorio, que el principio de inmutabilidad sólo es atribuible a éste y que, por tanto, en caso de discrepancia, el Juez debe corregir los errores del documento para que concuerde con la sentencia acto jurídico; es por lo si bien en la resolución de doce de enero de dos mil dieciocho, se señala que el pago por concepto de indemnización le corresponde al actor conforme al valor comercial del inmueble expropiado a la fecha del avalúo de trece de junio de dos mil trece, de $59'491,300.00 (Cincuenta y nueve millones cuatrocientos noventa y un mil trescientos pesos 00/100 M.N.), cuando lo correcto es de $49'967,581.50 (cuarenta y nueve millones, novecientos sesenta y siete mil, quinientos ochenta y un pesos 50/100 moneda nacional), ya que una vez realizadas las operaciones aritméticas correspondientes, se tiene que el valor unitario de suelo es de $170.00 (ciento setenta pesos 00/100 moneda nacional), que al multiplicarla por la superficie total del predio ubicado en Camino la Boquilla-El Cerrillo, S/N, Cerro Cualtenco, Ex Hacienda de Metlaltepec, Municipio de Valle de Bravo, que es de 29-39-26-95 hectáreas, a la cual ya no existe controversia alguna, que es lo mismo que 293,926.95 metros cuadrados y no de 349, 949.00 metros cuadrados, se tiene que el valor comercial del inmueble motivo de la expropiación a la fecha de la valuación de trece de junio de dos mil trece, es de $49'967,581.50 (cuarenta y nueve millones, novecientos sesenta y siete mil, quinientos ochenta y un mil pesos [sic] 50/100 moneda nacional). Que dicha cantidad de $49'967,581.50 (cuarenta y nueve millones, novecientos sesenta y siete mil, quinientos ochenta y un mil pesos [sic] 50/100 moneda nacional), se le debe restar lo ya recibido de $10'769,483.00 (Diez millones setecientos setenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y tres mil pesos 00/100 M.N.), es que aún se adeuda a Julio Alfredo Escárcega Estévez, por concepto de indemnización, atendiendo a las consideraciones de fondo expuestas en la decisión de doce de junio e dos mil dieciocho, la cantidad de $39'198,098.50 (treinta y nueve millones ciento noventa y ocho mil noventa y ocho pesos 50/100 moneda nacional).". (Se aclara que en la transcripción efectuada se agregó el subrayado, incluso, se modificó el tipo de letra utilizado en su original, sin alterar su contenido, con la finalidad de resaltar la parte conducente). De acuerdo a la narración precedente, este Tribunal, con fundamento en los artículos 192, 196, último párrafo, y 214 de la Ley de Amparo, declara cumplida la ejecutoria de amparo referida, sin que en su acatamiento se advierta que se incurrió en exceso o defecto. Lo anterior, toda vez que, de acuerdo a los lineamientos señalados en la ejecutoria de veinticuatro de septiembre de dos mil quince, así como en las resoluciones dictadas el ocho de junio de dos mil dieciséis, el veinticuatro de mayo y el catorce de noviembre, ambos de dos mil diecisiete, la autoridad responsable realizó lo siguiente: 1. Dejó sin efectos la sentencia dictada en vías de cumplimiento, el tres de agosto de dos mil diecisiete; y, 2. Dictó otra sentencia en la que, tomó en consideración que de acuerdo a la diversa dictada en el juicio administrativo 1493/2005, el importe de la indemnización debe calcularse no con base en la fecha de expropiación, sino con base en el valor comercial del inmueble expropiado, considerando que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que por valor comercial debe entenderse, entre otros conceptos, como el precio más probable estimado, por el cual una propiedad se intercambiaría en la fecha del avalúo, entre un comprador y un vendedor, lo que en el caso corresponde al valor del bien a la fecha del avalúo de trece de junio de dos mil trece. No pasan inadvertidas las manifestaciones que hicieron valer las autoridades tercero interesadas en términos del oficio número DGJC/DCA/0350/2018, recibido en la oficialía de partes de este tribunal el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, con motivo de la vista concedida mediante auto de dieciséis del mismo mes y año, respecto a la sentencia dictada en cumplimiento a la ejecutoria (doce de enero de dos mil dieciocho), por virtud del cual, refieren medularmente que existe un exceso en el cumplimiento de la sentencia en razón de que la sala realizó un cálculo indebido de la cantidad que se debe pagar al quejoso (las autoridades sostienen que la cantidad correcta asciende a $39´198,098.50 [treinta y nueve millones, ciento noventa y ocho mil, noventa y ocho pesos 50/100, moneda nacional], y no a la de $48´721,817.00 [cuarenta y ocho millones, setecientos veintiún mil, ochocientos diecisiete pesos 00/100 moneda nacional], que se fijó en la sentencia dictada en cumplimiento). Sin embargo, las manifestaciones aludidas en nada cambian el sentido de la presente determinación, en primer lugar, en razón de que en la ejecutoria, se ordenó a la sala responsable que dictara otra resolución tomando en consideración que de acuerdo a la diversa dictada en el juicio administrativo 1493/2005, el importe de la indemnización debe calcularse no con base en la fecha de expropiación, sino con base en el valor comercial del inmueble expropiado, considerando que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que por valor comercial debe entenderse, entre otros conceptos, como el precio más probable estimado, por el cual una propiedad se intercambiaría en la fecha del avalúo, entre un comprador y un vendedor, lo que en el caso corresponde al valor del bien a la fecha del avalúo de trece de junio de dos mil trece, circunstancia que, en términos de lo hasta aquí expuesto, fue cumplida; pero sin que se le precisara cantidad alguna. Aunado a lo anterior, según se destacó en párrafos precedentes, las tercero interesadas, promovieron la aclaración de la sentencia dictada en cumplimiento, misma que al declararse procedente, propició la corrección en el monto que se debe pagar al aquí quejoso, por la cantidad señalada en el oficio analizado, esto es, de $48´721,817.00 (cuarenta y ocho millones, setecientos veintiún mil, ochocientos diecisiete pesos 00/100 moneda nacional), a $39´198,098.50 (treinta y nueve millones, ciento noventa y ocho mil, noventa y ocho pesos 50/100, moneda nacional), por lo que, al margen de que las manifestaciones hechas valer en desahogo de vista, son ajenas a la materia del cumplimiento, es evidente que la discrepancia que refieren, ya fue superada en la resolución aludida. Tampoco es óbice a la determinación aquí alcanzada (la ejecutoria quedó cumplida sin exceso ni defecto), las manifestaciones que hizo valer el quejoso, en términos del escrito recibido el dos de febrero de dos mil dieciocho, en la oficialía de partes de este tribunal, en desahogo a la vista concedida mediante auto de dieciséis del mismo mes y año, respecto a la sentencia dictada en cumplimiento a la ejecutoria (doce de enero de dos mil dieciocho), y que reiteró en desahogo a la vista otorgada en auto de veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, con motivo de la aclaración a la sentencia dictada en cumplimiento. Lo anterior es así, toda vez que el quejoso refiere medularmente que la ejecutoria no está cumplida, en razón de que la sala no actualizó el monto de la indemnización a cuyo pago condenó a la autoridad demandada, a la fecha en que éste se efectúe. Sin embargo, tal como se ha venido señalando, para dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, la responsable únicamente tenía la obligación de dictar otra resolución tomando en consideración que de acuerdo a la diversa dictada en el juicio administrativo 1493/2005, el importe de la indemnización debe calcularse no con base en la fecha de expropiación, sino con base en el valor comercial del inmueble expropiado, considerando que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que por valor comercial debe entenderse, entre otros conceptos, como el precio más probable estimado, por el cual una propiedad se intercambiaría en la fecha del avalúo, entre un comprador y un vendedor, lo que en el caso corresponde al valor del bien a la fecha del avalúo de trece de junio de dos mil trece, circunstancia que, de acuerdo a lo hasta aquí expuesto, fue cumplida en sus términos; siendo que, lo concerniente a la actualización de la cantidad a cuyo pago fue condenada la autoridad demandada, deberá ser, en todo caso, materia de la ejecución de la sentencia dictada en el juicio original. Luego, las manifestaciones que hace valer la quejosa para combatir las consideraciones formuladas por la sala responsable al resolver la litis propuesta, conforme a los lineamientos de la ejecutoria, no pueden ser materia de análisis en el presente proveído, dado que en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, este tribunal sólo debe declarar si la ejecutoria de que se trata fue cumplida o no en sus términos, además de verificar si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Por tanto, la presente, no es la vía para analizar los aspectos que aduce la quejosa, quedando a salvo sus derechos para hacer valer los medios de impugnación que estime pertinentes. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." La cita de la jurisprudencia anterior, no se opone a lo ordenado por el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, pues si bien es cierto, el criterio contenido en la misma, giró en torno a las disposiciones previstas por el artículo 105 de la Ley de Amparo en vigor hasta el dos de abril de dos mil trece, también lo es que en ella, se destacó que cuando a juicio del juzgador, se considere que se cumplió con la ejecutoria, dicha circunstancia debe declararse de manera lisa y llana, pues de lo contrario prejuzgaría sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución, lo cual es acorde a lo ordenado por el artículo 196 de la legislación vigente. Finalmente, hágase saber a la parte quejosa, y tercero interesadas, que cuentan con el plazo de quince días para interponer inconformidad en contra de esta resolución, en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo. En apoyo a lo anterior, resulta aplicable la jurisprudencia número P./J.16/2013 (10), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto, es el siguiente: "INCONFORMIDAD EN EL AMPARO DIRECTO. PARA RESOLVERLA DEBE REALIZARSE UN EXAMEN COMPARATIVO GENERAL O BÁSICO ENTRE LAS CONDUCTAS SEÑALADAS POR EL ÓRGANO JURISDICCIONAL COMO EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO Y LAS ADOPTADAS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. La inconformidad prevista en el artículo 105, párrafo tercero, de la Ley de Amparo (vigente hasta el 2 de abril de 2013) constituye un medio de impugnación contra la resolución que tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, cuyo estudio atiende a la materia determinada por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia Federal; así, cualquiera de las partes que considere incorrecta la determinación en el sentido de que se ha cumplido la sentencia de amparo, puede interponer la inconformidad dentro de los 5 días siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución correspondiente. Ahora bien, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, para resolver la inconformidad contra la resolución de un Tribunal Colegiado de Circuito que tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, debe realizar un examen comparativo general o básico entre las conductas señaladas por el órgano jurisdiccional como efecto de la concesión del amparo y las adoptadas por la autoridad responsable para determinar si la decisión de cumplimiento del Tribunal Colegiado de Circuito se ajustó o no a derecho y así calificarla de infundada o fundada. Lo anterior, sin que en las consideraciones efectuadas al realizar dicho examen comparativo se prejuzgue sobre la legalidad de las consideraciones de la autoridad responsable, conservando las partes su derecho a interponer otros medios de impugnación, como el recurso de queja previsto en el artículo 95, fracción IX, de la referida Ley de Amparo o, en su caso, un nuevo juicio de amparo." Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad tercero interesada. Así lo acordó y firma David Cortés Martínez, magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, ante María Elena Vargas Burgos, secretaria de acuerdos que autoriza y da fe.
Quedan 6 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito · 1,817 expedientes
- Juana Leticia Hernández Montes de Oca291/2016
- Juana Martínez González502/2015
- Juana Santiago Benito344/2023
- Judit Yadira Embarcadero Palacios271/2019
- Julia Gaspar Gaspar404/2023
- Julián González González231/2018
- Julio Alfredo Escarcega Estevez574/2017
- Julio Alfredo Escárcega Estevez315/2020
- Julio César Álvarez Vargas3/2012
- Julio César Ramírez Sánchez405/2019
- Julio Edgar CArrillo García234/2022
- Julio Enedino Juárez Rocha52/2019