Julio Alfonso Noriega Cañez
Expediente 554/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 13 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 554/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 22/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Julio Alfonso Noriega Cañez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
CERTIFICACIÓN: En Mexicali, Baja California, a veintidós de octubre de dos mil dieciocho, el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, Roberto Pérez de Gante, certifico: Que el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión en contra del proveído de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, dictado en el presente juicio transcurrió para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y parte tercero interesada, del dos al dieciséis de octubre del año en curso, sin contar los días seis, siete, doce, trece y catorce del mes y año en curso, por ser inhábiles; para la parte quejosa transcurrió dicho plazo, del cinco al diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, sin contar los días seis, siete, doce, trece y catorce del mes y año en curso, por ser inhábiles; asimismo, con las constancias de notificación que obran en autos, se acredita que las autoridades responsables quedaron debidamente notificadas del auto dictado; asimismo, se hace constar que el oficial de partes de este juzgado, a la fecha, no entregó al suscrito promoción alguna a través de la cual se intentara el recurso en cuestión; de la misma manera, certifica: que en el presente juicio: A) No existe documento original a que se refiere la fracción XVIII, del punto segundo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; B) Si existen constancia de pruebas que devolver a autoridad responsable y C) No se exhibió garantía en el incidente de suspensión, pues se negó tanto la suspensión provisional, así como la suspensión definitiva; lo anterior, para los efectos legales correspondientes. Doy fe. En veintidós de octubre de dos mil dieciocho, el suscrito Secretario da cuenta al Juez, con la certificación que antecede y con el estado actual de autos que guarda el presente juicio de amparo 554/2018-1A. Conste. MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. CAUSA ESTADO EL AUTO DE SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hayan recurrido el proveído de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el presente cuaderno es susceptible de depuración, de conformidad con la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo, al ser un juicio de amparo en el cual se sobreseyó fuera de audiencia en virtud de los razonamientos expresados en líneas que preceden. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. Por otra parte, se advierte que el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, pues se negó tanto la suspensión provisional, así como la suspensión definitiva; acorde con al segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del Acuerdo General relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el original del cuaderno incidental, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. De igual manera, atento a lo previsto por el punto décimo cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual, deberá también transferirse el cuaderno principal del presente juicio de garantías, al antedicho Centro. Por otro lado, en términos de la fracción III del punto vigésimo del citado Acuerdo General Conjunto, una vez que transcurran seis meses a partir de que se dictó la interlocutoria respectiva, procédase a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado Correspondiente al registro de Juicios de Amparo, notifíquese a las partes en el juicio, y archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el antedicho libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. También, hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. Ahora, toda vez que resulta innecesaria la retención de las constancias en copia certificada remitidas por la autoridad responsable Juez Sétimo de Primera Instancia Civil, con residencia en esta ciudad, relativas al expediente 787/2016, al rendir su informe justificado; devuélvanse las citadas constancias a la referida autoridad, para sus efectos legales conducentes, debiendo remitir el acuse de recibo correspondiente. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma, Ramón Hernández Cuevas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del Secretario, Roberto Pérez de Gante, quien autoriza y da fe.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE DICE: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. EXAMEN ESTADO ACTUAL DE AUTOS SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA Vistas las documentales exhibidas por el Juez Séptimo de Primera Instancia Civil, así como las diversas remitidas por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, ambos con residencia en esta ciudad, y en congruencia al estado que guardan los presentes autos, se advierte que en el caso, respecto a los actos atribuidos a la autoridad citada en primer término, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XI, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse; por ende, inexiste necesidad de pronunciar la presente determinación hasta la audiencia constitucional, a fin de no incurrir en el retardo en la impartición de la justicia. En la especie, de oficio, este Juzgador Federal advierte que, respecto del acto reclamado atribuido al Juez Séptimo de lo Civil de esta ciudad y actuario de su adscripción, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, la cual dispone lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutora en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior;..". La disposición trascrita establece la improcedencia del juicio constitucional, cuando la ley o el acto impugnado haya sido materia de una ejecutoria en un diverso juicio de amparo. Así, de las copias certificadas remitidas por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, relativas al Juicio de Amparo 493/2017 de su índice, se advierte que dicho Juicio también fue promovido por el aquí quejoso, Julio Alfonso Noriega Cañez, contra actos del Juez y Actuario adscrito al Juzgado Séptimo de lo Civil de esta ciudad, en el cual se pronunció sentencia el diez de octubre de dos mil diecisiete, y causó ejecutoria el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete. En el escrito de demanda de amparo, el quejoso precisó como actos reclamados los siguientes: ".La falta de Notificación y emplazamiento y orden de embargo, así como los que pretendan ejecutar las autoridades responsables, tendientes a privarme de manera ilegal de mis propiedades y/o posesiones, toda vez que no hay un procedimiento legal donde fuese escuchado. Por lo cual reclamo todas aquellas consecuencias que de hecho y por derecho resulten del trámite del juicio alguno, al que me refiero, actos que se reclaman a la autoridad ordenadora. De actos tendientes a desposeerme de los bienes." (foja 33). Los actos reclamados que se estudiaron en el Juicio de Amparo, fueron: ".i) El auto de exequendo (requerimiento de pago, embargo y emplazamiento) dictado en el juicio ejecutivo mercantil 787/2016, del índice del Juzgado Séptimo de lo Civil, con sede en esta ciudad, promovido por Rosalina Ávila Araiza (tercero interesada), contra el amparista en su carácter de aval y otra persona mas como deudor principal; y, ii) La ejecución del embargo de bienes de su propiedad." Asimismo, se resolvió sobreseer el citado juicio de amparo, haciendo extensivo dicho sobreseimiento respecto a los actos de ejecución atribuidos al actuario adscrito al Juzgado Séptimo de lo Civil de esta ciudad. Luego, los actos que reclama el quejoso Julio Alfonso Noriega Cañez del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Séptimo de Primera Instancia Civil de esta ciudad, en el presente juicio de amparo 554/2018-1A, lo constituyen esencialmente los mismos actos reclamados que en el diverso juicio de amparo 493/2017 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad. En ese sentido, del análisis comparativo de la demanda de amparo que originó la tramitación del mencionado juicio Constitucional 493/2017, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con la del presente juicio de amparo, se advierte que la parte quejosa es la misma y reclama iguales actos a la misma autoridad responsable, siendo que en el juicio de amparo referido en primer término se dictó sentencia, la cual causó ejecutoria, lo que actualiza la causa de improcedencia previamente invocada. En ese aspecto, es que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo. Por otra parte, respecto a los actos atribuidos al Juez y Actuario, adscritos al Juzgado Octavo de lo Civil de esta ciudad, deberá sobreseerse el presente juicio de amparo de conformidad con lo establecido en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. En efecto, del análisis de las constancias relativas al expediente 1194/2014, que adjuntara a su informe justificado el Juez Octavo de lo Civil de esta ciudad, se advierte lo siguiente: Mediante escrito presentado el quince de octubre de dos mil catorce, ante la Oficina de Partes Común de los Juzgados de Primera Instancia de esta ciudad, Patricia de la Mota Orozco y/o Juan Dominguez Flores y/o Urso Gutiérrez Rivera, endosatarios en procuración de Rosalina Ávila Araiza, demandaron en la vía ejecutiva mercantil y en ejercicio de la acción cambiaria directa a Julio Alfonso Noriega Cañez. (fojas 67 a 74). El dieciséis de octubre de dos mil catorce, el entonces Juzgado Segundo de Paz Civil, ahora Juzgado Octavo de lo Civil, admitió a trámite la demanda en cuestión, ordenando entre otras cosas, el auto de exequendum, en contra del ahora quejoso, formándose el expediente 1194/2014. (foja 75). Mediante escrito presentado por la parte actora, ante la responsable el treinta de marzo de dos mil quince, se desistió de la instancia, solicitando se dejara insubsistente la demanda y se dejaran a salvo los derechos de dicha parte para que los ejercitara posteriormente. (foja 80). El treinta y uno de marzo de dos mil quince, el entonces Juez Segundo de Paz Civil de esta ciudad, tuvo por desistiéndose a la parte actora de la instancia; lo anterior con fundamento en el articulo 373 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, ordeñándose la devolución de los documentos base de la acción; archivándose el asunto como totalmente concluido. Expuesto lo anterior, no es cierto el acto que se reclama a la autoridad responsable, no obstante que en su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado, ya que su afirmación se desvirtúa con los antecedentes recién citados, puesto que si bien existió un juicio ejecutivo mercantil 1194/2014 del índice del entonces Juzgado Segundo de Paz Civil, ahora Juzgado Octavo de lo Civil de esta ciudad, en el cual se tramitó un juicio ejecutivo mercantil 1194/2014, en contra del quejoso, lo cierto es, que desde el treinta y uno de marzo de dos mil quince, se ordenó el archivo del citado juicio, en virtud del desistimiento de la instancia de la parte actora; ni mucho menos de las constancias relativas al citado juicio, se advierte que se hubiera cumplimentado el auto de exequendum. En esa medida, ante la inexistencia del acto de reclamo; y sin prueba en contrario por el quejoso que desvirtué dicha inexistencia, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, conforme a lo previsto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis XXI. 1o. 102 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, Octava Época, registro digital 210529, Tomo XIV, Septiembre de 1994, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 349, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. - - - Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." No es óbice a lo anterior, el hecho de que por regla general, ante la negativa del acto reclamado por la responsable, se debe dar oportunidad al quejoso para desvirtuarla hasta la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, el presente caso constituye una excepción a dicha regla general pues aunque las responsables aceptaron la existencia del acto, de las constancias remitidas, claramente se distingue que no existe materialmente el acto impugnado, en tal virtud, es evidente que ello hace imposible la prosecución del juicio de garantías, pues el quejoso no estaría en condiciones de demostrar la existencia de un acto que con apoyo en las pruebas remitidas por la responsable, no existe. Por tanto, no hay necesidad de emitir la presente determinación hasta la audiencia constitucional. En tal virtud, al actualizarse las causales de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XI, y 63 fracción IV de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer el presente juicio fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Al caso es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En razón de lo anterior, se deja sin efecto la fecha para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías, misma que se encuentra señalada para las diez horas con diez minutos del diecisiete de octubre de dos mil dieciocho. Finalmente, hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista egresos de la estadística de este Juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.Así lo proveyó y firma, Ramón Hernández Cuevas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del Secretario, Roberto Pérez de Gante, quien autoriza y da fe."MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. EXAMEN ESTADO ACTUAL DE AUTOS SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA Vistas las documentales exhibidas por el Juez Séptimo de Primera Instancia Civil, así como las diversas remitidas por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, ambos con residencia en esta ciudad, y en congruencia al estado que guardan los presentes autos, se advierte que en el caso, respecto a los actos atribuidos a la autoridad citada en primer término, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XI, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse; por ende, inexiste necesidad de pronunciar la presente determinación hasta la audiencia constitucional, a fin de no incurrir en el retardo en la impartición de la justicia. En la especie, de oficio, este Juzgador Federal advierte que, respecto del acto reclamado atribuido al Juez Séptimo de lo Civil de esta ciudad y actuario de su adscripción, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, la cual dispone lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutora en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior;..". La disposición trascrita establece la improcedencia del juicio constitucional, cuando la ley o el acto impugnado haya sido materia de una ejecutoria en un diverso juicio de amparo. Así, de las copias certificadas remitidas por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, relativas al Juicio de Amparo 493/2017 de su índice, se advierte que dicho Juicio también fue promovido por el aquí quejoso, Julio Alfonso Noriega Cañez, contra actos del Juez y Actuario adscrito al Juzgado Séptimo de lo Civil de esta ciudad, en el cual se pronunció sentencia el diez de octubre de dos mil diecisiete, y causó ejecutoria el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete. En el escrito de demanda de amparo, el quejoso precisó como actos reclamados los siguientes: ".La falta de Notificación y emplazamiento y orden de embargo, así como los que pretendan ejecutar las autoridades responsables, tendientes a privarme de manera ilegal de mis propiedades y/o posesiones, toda vez que no hay un procedimiento legal donde fuese escuchado. Por lo cual reclamo todas aquellas consecuencias que de hecho y por derecho resulten del trámite del juicio alguno, al que me refiero, actos que se reclaman a la autoridad ordenadora. De actos tendientes a desposeerme de los bienes." (foja 33). Los actos reclamados que se estudiaron en el Juicio de Amparo, fueron: ".i) El auto de exequendo (requerimiento de pago, embargo y emplazamiento) dictado en el juicio ejecutivo mercantil 787/2016, del índice del Juzgado Séptimo de lo Civil, con sede en esta ciudad, promovido por Rosalina Ávila Araiza (tercero interesada), contra el amparista en su carácter de aval y otra persona mas como deudor principal; y, ii) La ejecución del embargo de bienes de su propiedad." Asimismo, se resolvió sobreseer el citado juicio de amparo, haciendo extensivo dicho sobreseimiento respecto a los actos de ejecución atribuidos al actuario adscrito al Juzgado Séptimo de lo Civil de esta ciudad. Luego, los actos que reclama el quejoso Julio Alfonso Noriega Cañez del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Séptimo de Primera Instancia Civil de esta ciudad, en el presente juicio de amparo 554/2018-1A, lo constituyen esencialmente los mismos actos reclamados que en el diverso juicio de amparo 493/2017 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad. En ese sentido, del análisis comparativo de la demanda de amparo que originó la tramitación del mencionado juicio Constitucional 493/2017, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con la del presente juicio de amparo, se advierte que la parte quejosa es la misma y reclama iguales actos a la misma autoridad responsable, siendo que en el juicio de amparo referido en primer término se dictó sentencia, la cual causó ejecutoria, lo que actualiza la causa de improcedencia previamente invocada. En ese aspecto, es que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo. Por otra parte, respecto a los actos atribuidos al Juez y Actuario, adscritos al Juzgado Octavo de lo Civil de esta ciudad, deberá sobreseerse el presente juicio de amparo de conformidad con lo establecido en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. En efecto, del análisis de las constancias relativas al expediente 1194/2014, que adjuntara a su informe justificado el Juez Octavo de lo Civil de esta ciudad, se advierte lo siguiente: Mediante escrito presentado el quince de octubre de dos mil catorce, ante la Oficina de Partes Común de los Juzgados de Primera Instancia de esta ciudad, Patricia de la Mota Orozco y/o Juan Dominguez Flores y/o Urso Gutiérrez Rivera, endosatarios en procuración de Rosalina Ávila Araiza, demandaron en la vía ejecutiva mercantil y en ejercicio de la acción cambiaria directa a Julio Alfonso Noriega Cañez. (fojas 67 a 74). El dieciséis de octubre de dos mil catorce, el entonces Juzgado Segundo de Paz Civil, ahora Juzgado Octavo de lo Civil, admitió a trámite la demanda en cuestión, ordenando entre otras cosas, el auto de exequendum, en contra del ahora quejoso, formándose el expediente 1194/2014. (foja 75). Mediante escrito presentado por la parte actora, ante la responsable el treinta de marzo de dos mil quince, se desistió de la instancia, solicitando se dejara insubsistente la demanda y se dejaran a salvo los derechos de dicha parte para que los ejercitara posteriormente. (foja 80). El treinta y uno de marzo de dos mil quince, el entonces Juez Segundo de Paz Civil de esta ciudad, tuvo por desistiéndose a la parte actora de la instancia; lo anterior con fundamento en el articulo 373 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, ordeñándose la devolución de los documentos base de la acción; archivándose el asunto como totalmente concluido. Expuesto lo anterior, no es cierto el acto que se reclama a la autoridad responsable, no obstante que en su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado, ya que su afirmación se desvirtúa con los antecedentes recién citados, puesto que si bien existió un juicio ejecutivo mercantil 1194/2014 del índice del entonces Juzgado Segundo de Paz Civil, ahora Juzgado Octavo de lo Civil de esta ciudad, en el cual se tramitó un juicio ejecutivo mercantil 1194/2014, en contra del quejoso, lo cierto es, que desde el treinta y uno de marzo de dos mil quince, se ordenó el archivo del citado juicio, en virtud del desistimiento de la instancia de la parte actora; ni mucho menos de las constancias relativas al citado juicio, se advierte que se hubiera cumplimentado el auto de exequendum. En esa medida, ante la inexistencia del acto de reclamo; y sin prueba en contrario por el quejoso que desvirtué dicha inexistencia, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, conforme a lo previsto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis XXI. 1o. 102 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, Octava Época, registro digital 210529, Tomo XIV, Septiembre de 1994, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 349, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. - - - Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." No es óbice a lo anterior, el hecho de que por regla general, ante la negativa del acto reclamado por la responsable, se debe dar oportunidad al quejoso para desvirtuarla hasta la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, el presente caso constituye una excepción a dicha regla general pues aunque las responsables aceptaron la existencia del acto, de las constancias remitidas, claramente se distingue que no existe materialmente el acto impugnado, en tal virtud, es evidente que ello hace imposible la prosecución del juicio de garantías, pues el quejoso no estaría en condiciones de demostrar la existencia de un acto que con apoyo en las pruebas remitidas por la responsable, no existe. Por tanto, no hay necesidad de emitir la presente determinación hasta la audiencia constitucional. En tal virtud, al actualizarse las causales de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XI, y 63 fracción IV de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer el presente juicio fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Al caso es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En razón de lo anterior, se deja sin efecto la fecha para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías, misma que se encuentra señalada para las diez horas con diez minutos del diecisiete de octubre de dos mil dieciocho. Finalmente, hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista egresos de la estadística de este Juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Con vista a las partes, agréguense a los autos para que obren como correspondan, los informes justificados que rinden las autoridades responsables Juez y Actuario ambos adscritos al Juzgado Octavo de lo Civil, con sede en esta ciudad; lo anterior, a efecto de que las partes se impongan con la anticipación debida de su contenido y, en su oportunidad, hágase nueva relación en la audiencia constitucional correspondiente, de conformidad con lo previsto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la documental a que hace referencia la autoridad responsable citada en primer término, con las cuales se hará relación en la audiencia constitucional respectiva. NOTIFÍQUESE
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MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado de autos, del que se advierte que no ha transcurrido el plazo de ocho días, previsto por el artículo 117, de la Ley de Amparo, a fin de que las partes se impongan del contenido de las constancias remitidas por la Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, concernientes a la petición formulada por la parte tercero interesada y con las cuales se dio vista a las partes en proveído de siete de septiembre del año en curso. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, como nueva fecha para su celebración. Sirve de apoyo, la Jurisprudencia 54/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de dos mil, que, a la letra, dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO". Finalmente, visto el estado que guardan los autos, se advierte que las autoridades responsables Juez y Actuario adscritos al Juzgado Octavo Civil del Fuero Común con Jurisdicción en esta ciudad de Mexicali, Baja California, no han rendido sus informes justificados, no obstante de encontrarse debidamente notificadas para ello, tal como se observa a fojas 11 y 13 de autos, y por ende no se cuenta con las constancias necesarias para resolver el presente juicio de amparo. En tal virtud con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo y 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a las referidas autoridades responsables, para que en el término de tres días a partir de que sean legalmente notificadas del presente proveído, remitan respectivamente copia certificada, legible y ordenada secuencialmente de la totalidad de las constancias que estimen pertinentes para justificar los actos que les reclama la parte quejosa en el presente asunto. Con el apercibimiento, que en caso de no hacerlo en el plazo señalado para tal efecto, se les hará efectivo el apercibimiento decretado en proveído de diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, relativo a una multa de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (80.60 UMA), equivalente a la cantidad de $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos, moneda nacional), en términos de los artículos 237 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso la Jurisprudencia por contradicción de tesis, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con el número 363, aparece publicada en la página 309, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO".
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