Julio Alberto Silva Díaz
Expediente 18/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 6 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 18/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 24/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Julio Alberto Silva Díaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. Estado procesal del sumario. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiese recurrido al auto dictado el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, en la que, en su único punto resolutivo, se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo. Firmeza del fallo definitivo. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la misma, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. Notificación a las partes y anotaciones respectivas. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se decreta archivo del presente juicio. En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Valoración documental. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte); por tanto, dicho cuaderno es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente principal. Bajo esa tesitura, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente proveído, destrúyase el expediente principal dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 21 del citado acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada dirección. Relevancia documental. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, asimismo, no se trata de un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito ni se estableció jurisprudencia, no versa sobre materia agraria, además en el presente asunto no se emitió una sentencia en la que se haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada, documentos originales y de la exhibición de garantías. Además, el presente asunto no contiene información reservada ni documentos originales, además no se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Finalmente, el presente acuerdo se guarda con el nombre de: "(V)- EJECUTORIA SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA- SE ORDENA ARCHVIO", para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado procesal que guarda el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que Adrián Román Hernández, se ostentó como apoderado de Julio Alberto Silva Díaz solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y actos que a continuación se precisan: Autoridades responsables. Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos. Precisión de los actos reclamados. Omisión de emitir y notificar el acuerdo relativo a la petición realizada el cuatro de agosto de dos mil veintidós, ante la responsable dentro del juicio laboral ***. Actualización de causales. En la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 6, del citado ordenamiento legal, que a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Lo anterior, porque el presente juicio de amparo es promovido por ***, quien se ostentó como apoderado de ***, actor en el juicio laboral de origen ***. Sin embargo, de las constancias remitidas por la autoridad responsable adjuntas a su informe, mismas que obran en el juicio de amparo en que se actúa, se aprecia que la junta responsable informó que, *** no cuenta con la personería jurídica a nombre del directo quejoso, ***, toda que este último falleció el veintidós de abril de dos mil catorce, circunstancia que se corrobora con el acta de defunción remitida por el Director General del Registro Civil del Estado de Morelos, constancias que merecen eficacia probatoria plena, en virtud de ser copias certificadas, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2º Ahora bien, toda vez que en autos, previa la presentación del juicio de amparo (veintitrés de junio de dos mil veintidós) no obraba constancia que se acreditara a ***, como apoderado de ***, se concluye que este, carece de legitimación para promover el presente juicio de amparo en su nombre. Máxime si se toma en consideración que en términos del artículo 2595, fracción III del Código Civil Federal, el mandato termina con motivo de la muerte del mandante, razón por la cual, si en la especie ***, falleció el veintidós de abril de dos mil catorce, resulta inconcuso que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, no existía persona que pudiera detentar su representación como apoderado legal del acaecido quejoso. Atento a lo anterior, se puede afirmar que el promovente del amparo incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que este órgano judicial no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional, ya que el análisis de la legitimación en el proceso, se puede abordar hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional. En efecto, debe distinguirse la legitimación en el proceso de la legitimación en la causa. La primera es un presupuesto del procedimiento, se refiere, o a la capacidad para comparecer al juicio, para lo cual se requiere que el compareciente esté en pleno ejercicio de sus derechos civiles, o a la representación de quien comparece a nombre de otro. En este sentido, siendo la legitimación ad procesum un presupuesto procesal, puede examinarse en cualquier momento del juicio, pues si el promovente carece de capacidad para comparecer a él o no justifica ser el representante legal del demandante, sería ociosa la continuación de un proceso seguido por quien no puede apersonarse en él. En cambio, la legitimación en la causa, no es un presupuesto procesal, sino una condición para obtener sentencia favorable. La legitimación en la causa, consiste en la identidad de la persona a cuyo favor está la ley; en consecuencia, el que promueve estará legitimado en la causa cuando ejercita un derecho que realmente le corresponde. Como se ve, la legitimación ad causam, atañe al fondo de la cuestión litigiosa y, por tanto, lógicamente, sólo puede analizarse en el momento en que se pronuncia la sentencia definitiva. En apoyo de las anteriores consideraciones se invoca el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicado a fojas 350, Tomo XI, mayo de 1993, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "LEGITIMACIÓN PROCESAL Y EN LA CAUSA, DIFERENCIAS. La legitimación procesal es un presupuesto del procedimiento. Se refiere o a la capacidad para comparecer a juicio, para lo cual se requiere que el compareciente esté en el pleno ejercicio de sus derechos civiles; o a la representación de quien comparece a nombre de otro. La legitimación procesal puede examinarse aun de oficio por el juzgador, o a instancia de cualesquiera de las partes; y, en todo caso, en la audiencia previa y de conciliación el Juez debe examinar las cuestiones relativas a la legitimación procesal (artículos 45, 47 y 272 a la del Código de Procedimientos Civiles). La legitimación en la causa, en cambio, es una condición para obtener sentencia favorable. La legitimación activa consiste en la identidad del actor con la persona a cuyo favor está la ley; en consecuencia, el actor estará legitimado cuando ejercita un derecho que realmente le corresponde. En esa virtud, la legitimación en la causa debe examinarse al momento en que se dicte la sentencia de fondo, y no antes." Luego entonces, al no tener reconocida la representación del directo quejoso en el juicio laboral del que deriva el acto reclamado, es contundente que ***, carece de legitimación para intentar la presente vía constitucional en nombre de ***. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis consultable en la Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo III, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1989, visible en la página 115, que dice lo siguiente: "APODERADOS QUE NO ESTAN LEGITIMADOS PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso designó a varias personas como sus apoderados jurídicos dentro del juicio del que emana el acto reclamado y la autoridad responsable sólo a una de ellas le reconoció tal carácter, el amparo interpuesto por cualquiera de los restantes, ostentándose como mandatario de aquél, es improcedente, en términos de los artículos 4o. y 73, fracción XVIII, último párrafo, en relación con el 74, fracción III, de la Ley de Amparo, debido a que no se promovió por parte legítima. Así como la Tesis aislada sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicada en la foja 393, Registro 218979, Tomo X, Julio de 1992, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, del texto y rubro, siguiente: "PERSONALIDAD SI NO CONSTA EL NOMBRAMIENTO DEL ADMINISTRADOR EN EL PODER NOTARIAL CORRESPONDIENTE, EL APODERADO CARECE DE. Al no consignarse en el poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración y dominio, otorgado al apoderado de una persona moral quejosa, la parte relativa del instrumento en que se designa al administrador de la sociedad, con ese carácter, ni haber exhibido el promovente en el juicio de garantías el testimonio notarial, resulta que la sola afirmación del fedatario público, ante quien se otorgó el poder, no basta para tener por comprobado que el administrador de la quejosa contaba con facultades para otorgarle la calidad de apoderado de la misma y, por lo tanto, legitimado para promover el juicio de amparo." De ahí que, ***, al no haber demostrado en forma alguna estar legitimada para promover el amparo en nombre de ***, se actualiza indudablemente la causal de improcedencia contemplada por la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 6, del citado ordenamiento legal, y por ende, con fundamento en el diverso numeral 63, fracción V, de la legislación reglamentaria en consulta, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en la presente controversia constitucional. Sin que pase desapercibido, que el promovente de amparo, dentro del juicio de origen, ostenta la calidad de apoderado de la beneficiaria de los derechos del acaecido quejoso dentro del sumario laboral de origen, empero, toda vez que la presente instancia se promovió en representación de *** y no de su beneficiaria, se estima procedente la actualización de la causa de sobreseimiento en estudio. Asimismo, no obsta a lo anterior, el hecho de que no se haya resuelto este asunto, en la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que las causales de improcedencia invocadas, son notorias e indudables, ya que aun cuando el promovente alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar que, por una parte, no tiene personalidad jurídica a nombre del directo quejoso y, por otra, los efectos de los actos que señaló como reclamados no le afectan en su esfera jurídica. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada puede impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia, como acontece en el caso. Además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Es aplicable en lo conducente, la tesis jurisprudencial 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, la cual establece literalmente lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Se deja sin efectos audiencia constitucional. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las once horas con cuarenta minutos del ocho de marzo de dos mil veintitrés. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano, además por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, tres de febrero de dos mil veintitrés. Recepción del escrito Agréguese a los autos el oficio signado por el Director General del Registro Civil del Estado de Morelos, a través del cual, en atención al proveído de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, remite copia certificada de la constancia requerida por este juzgado federal. Satisfecho requerimiento y sin efectos apercibimiento En consecuencia, se tiene por satisfecho el requerimiento formulado y se deja sin efectos el apercibimiento decretado en autos. Finalmente, el presente acuerdo se guarda con el nombre de: "(v) SE TIENE POR SATISFECHO EL REQUERIMIENTO EFECTUADO", para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dos de febrero de dos mil veintitrés. Estado procesal de autos Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para hoy, en virtud de que mediante proveído de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, se requirió a la Dirección de Registro Civil en Cuernavaca, Morelos, diversa información relacionada con el presente juicio de amparo, por lo que, a la fecha, se encuentra trascurriendo el plazo concedido. Diferimiento de audiencia constitucional En consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y, en su lugar, se fijan las once horas con cuarenta minutos del ocho de marzo de dos mil veintitrés. Finalmente, el presente acuerdo se guarda con el nombre de: "(V) SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL (08-03-2023)- CON MOTIVO DE QUE SE ENCUENTRA TRASCURRIENDO EL PLAZO CONCEDIDO AL REGISTRO CIVIL", para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
Quedan 2 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · 2,949 expedientes
- Julián Hernández Anaya658/2023
- Julian Perez Cortes1000/2023
- Julián Tezoquipa Brito240/2023
- Juliana Campos Lázaro1035/2022
- Juliana Campos Lázaro1078/2022
- Juliana del Carmen Tellez Lozada1290/2023
- Julio Augusto Muñoz Demedecis64/2023
- Julio Cardoso Naranjo1621/2022
- Julio Cesar Baday107/2022
- Julio Cesar Blancas Hernandez765/2022
- Julio César Botello Botello973/2022
- Julio Cesar Cortes Cantor1539/2022