Julio Alberto Ríos Silva

Expediente 768/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 14 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
768/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
20/10/2022

Partes del expediente

  • Julio Alberto Ríos Silva

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    : Visto el estado que guarda el presente asunto y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa recurriera la sentencia de treinta de septiembre de dos mil veintidós; por tanto, se declara que la resolución de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. En atención a lo anterior, glósese el original del incidente de suspensión, háganse las anotaciones en el libro de control correspondiente y archívese como asunto concluido. Por otro lado, con apoyo en los artículos 3° de la Ley de Amparo, 25 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se tiene por hecha la certificación secretarial relativa a la coincidencia total entre la versión electrónica del presente expediente con su versión impresa. Ahora, con fundamento en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé dicho numeral, del Acuerdo General citado. De igual forma, se destaca que el presente expediente se sobreseyó en el juicio, como consecuencia de lo anterior es susceptible su destrucción una vez transcurrido el plazo de tres años, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En lo que respecta al original del incidente de suspensión, con apoyo en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, es destruible una vez transcurrido el plazo de tres años, toda vez que se negó la medida cautelar. Con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se determina que el duplicado del incidente de suspensión es destruible, lo que podrá hacerse una vez transcurridos seis meses.

  2. Principal

    : En Cancún, Quintana Roo, siendo las once horas con veinte minutos del treinta de septiembre de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, relativa al juicio de amparo indirecto 768/2022-II, Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Carlos Arturo Sandoval Salvatori, secretario que autoriza y da fe, declara abierta la misma, sin la comparecencia de las partes, ni representante de ellas. Abierta la audiencia, el secretario da lectura a la demanda y demás constancias que obran en autos, y certifica que el particular equiparable a autoridad responsable siguiente rindió informe justificado en el siguiente término: Autoridad responsable Sentido 1 Universidad Tecnológica del Sur, Sociedad Civil, por conducto de su apoderado *** Niega Cancún, Quintana Roo En consecuencia, el Juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, el secretario hace constar que la parte quejosa ofreció pruebas documentales; a lo que el Juez provee: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas y admitidas las pruebas aludidas, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza; por tanto, se da por terminada la fase probatoria. Abierto el período de alegatos, el secretario hace constar que el quejoso y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, formularon manifestaciones en vía de alegatos, no así las demás partes; luego, el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hechas las manifestaciones que en vía de alegatos realizan el quejoso y la fiscal de la adscripción; por lo que se da por concluida la etapa de esta audiencia. Enseguida, el secretario certifica que no hay promociones pendientes de acordar. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por celebrada la presente audiencia constitucional y al encontrarse integrado el expediente en que se actúa, se dicta la siguiente resolución. Visto para resolver el juicio de amparo 768/2022-II, promovido por ***, por derecho propio, contra un acto del particular equiparable a autoridad responsable Universidad Tecnológica del Sur, Sociedad Civil; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el cinco de agosto de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, remitido por razón de turno en la citada fecha a este juzgado de distrito, ***, por derecho propio, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra un acto del particular equiparable a autoridad responsable Universidad Tecnológica del Sur, Sociedad Civil, por considerarlo violatorio de los artículos 1º, 2º, 3º y 5° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hace consistir en: "IV. ACTO RECLAMADO - - - De la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR S.C. Y/O UNIVERSIDAD DEL SUR se reclama la inconstitucionalidad violatoria (sic) del artículo (sic) 3º y 5º de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos (sic), al establecer que la tramitación del título profesional tardaría dieciocho meses, lapso de tiempo que genera una demora en demasía, misma que me impide ejercer la profesión, así como el continuar con los estudios de un posgrado al ser un requisito indispensable el tener el título profesional." SEGUNDO. Radicación, admisión y audiencia constitucional. Recibida que fue la demanda de amparo el cinco de agosto de dos mil veintidós, en este juzgado de distrito, por auto ocho siguiente, se ordenó formar expediente que fue registrado bajo el número 768/2022-II; se admitió a trámite; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción, la intervención legal que le compete, quien formuló pedimento en el sentido de sobreseer en el presente juicio; se requirió al particular equiparable a autoridad responsable su informe con justificación, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahoga al dictar esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito es competente para resolver el presente juicio, en términos de lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues en el caso concreto se reclama un acto de un particular equiparable a autoridad responsable en materia administrativa que carecen de ejecución y la demanda de amparo se presentó en esta ciudad. SEGUNDO. Jurisprudencias y tesis aisladas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y las tesis aisladas invocadas en el presente asunto que fueron integradas conforme a la Ley de Amparo anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables dado que no se oponen a la legislación vigente, de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la actual ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y que entró en vigor al día siguiente. TERCERO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligatoriedad del juez de distrito de analizar la demanda de amparo en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se proceden a precisar los actos reclamados en el presente asunto, que de acuerdo con el examen integral practicado al libelo constitucional y demás constancias de autos, se hacen consistir en el siguientes: ? De la Universidad Tecnológica del Sur, Sociedad Civil, la negativa de otorgar en breve término al quejoso ***, el título profesional correspondiente por haber concluido sus estudios de la licenciatura en derecho, desde septiembre de dos mil diecinueve, cuyo pago para su tramitación realizó el veinte de mayo de dos mil veintidós. Es aplicable al caso concreto, la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se transcriben a continuación: Novena Época No. Registro: 192097 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Toda vez que se ha precisado el acto reclamado por la parte quejosa en este juicio de amparo, debe abordarse a continuación el estudio sobre su certeza. CUARTO. Inexistencia del acto reclamado. El particular equiparable a autoridad responsable Universidad Tecnológica del Sur, Sociedad Civil, por conducto de su apoderado ***, al rendir informe justificado, negó la existencia del acto que se le reclama, precisado en el considerando tercero de esta sentencia. Al respecto, manifestó que desde del uno de marzo al veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, el quejoso estuvo asistiendo ante las oficinas de control escolar de dicha institución educativa, con la finalidad de obtener la documentación y realizar el pago de los derechos correspondientes para cumplir con los requisitos legales para la expedición de su título profesional. Agrega, que no ha dicho de forma expresa al quejoso que el proceso para la expedición de su título profesional tardará dieciocho meses e informa que, por disposición de la Secretaría de Educación Pública, se prevé un término de tres meses para la tramitación y expedición del título profesional, contado a partir de la solicitud realizada por el alumno, siempre y cuando se hayan cumplido con todos los requisitos legales para la obtención del título. Apunta, que fue hasta el catorce de junio de dos mil veintidós que a través de correo electrónico el ahora quejoso envío al correo institucional del particular equiparable a autoridad responsable, la documentación que le fue solicitada para la tramitación y expedición del título profesional y que el veintisiete de junio siguiente, el área de control escolar le dio contestación respecto a la solicitud de tramitación y expedición del multicitado título profesional. Al respecto, el particular equiparable a autoridad responsable le informó al quejoso que su trámite fue aceptado, validado y que no existe impedimento para realizar el trámite correspondiente y que los documentos relativos a la carta pasante, certificado de licenciatura, acta de titulación y representación gráfica de título electrónico, le será enviado en formato PDF a su cuenta de correo una vez que sean emitidos por la autoridad competente. Entonces, refiere que si el quejoso solicitó a través de medios electrónicos la tramitación y expedición de su título profesional el catorce de junio del año en curso, de manera alguna se ha vulnerado derechos humanos, pues no se le ha negado la tramitación y expedición del título y no se le ha negado su otorgamiento en breve término, pues la solicitud de tramitación y expedición de dicho título fue aceptada y validada hasta el veintisiete de junio pasado, en virtud que el quejoso planteó la solicitud, como ya se dijo, el catorce de junio anterior. Ahora, en torno al tema del plazo para expedir dicho título, si bien no está determinado en algún cuerpo normativo, es constitucionalmente válido considerar que, en términos del artículo 8° de la Constitución Federal, en su carácter de particular equiparable a autoridad responsable respecto a dicho acto, se encuentra obligada a hacerlo en breve término y como lo ha reconocido el Alto Tribunal del país, por este último debe entenderse un periodo racional y justificado para estudiar y acordar la petición, conforme a su complejidad, las circunstancias específicas del caso y las cargas de trabajo de la autoridad. Ciertamente, en relación con los aspectos destacados, resulta conveniente traer a colación la interpretación prevaleciente del Alto Tribunal -que interesa al tema-, del artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de tenor siguiente: Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Este dispositivo constitucional reconoce el derecho humano de petición, frente a los funcionarios y empleados públicos; al hacerlo, dispone que unos y otros lo respetarán, siempre que sea formulado por escrito, de manera pacífica y respetuosa; además, en materia política se limita a que tal derecho sólo se ejerza por los ciudadanos de la República. Aunado a lo anterior, la Carta Magna dispone que para garantizar este derecho, la autoridad a la que se dirija la petición, deberá dictar un acuerdo de forma escrita, en el que dé contestación, además la constriñe a dar a conocer al peticionario la referida respuesta en breve término. En la Quinta Época, a través de la jurisprudencia número 470, que sustentó la misma Segunda Sala de este Alto Tribunal, más que determinarse un plazo máximo de cuatro meses para dar contestación a una petición que formulen los gobernados ante autoridades, textualmente se señaló PETICIÓN, DERECHO DE. TÉRMINO PARA EL ACUERDO RESPECTIVO. Atento lo dispuesto por el artículo 8o. de la Constitución, que ordena que a toda petición debe recaer el acuerdo respectivo, es indudable que si pasan más de cuatro meses desde que una persona presenta un ocurso y ningún acuerdo recae a él, se viola la garantía que consagra el citado artículo constitucional. Con motivo de esta jurisprudencia, en ciertos planos de actuación de autoridad -incluso, de orden gubernamental y legislativo de nuestro país, como se puso de relieve en supralíneas-, hubo un malentendido generalizado, acerca de que esa jurisprudencia estableció un plazo máximo para atender el derecho de petición. Sin embargo, se insiste, ello no es así, porque lo que se estableció en tal criterio para los órganos jerárquicos vinculados, fue una consideración acerca de que no hay duda de la violación al derecho de petición si pasan más de cuatro meses desde que una persona presenta una petición por escrito y no recae ningún acuerdo a él; esta consideración, claro está, es totalmente distinta a la fijación jurisprudencial de un plazo máximo, aunque sí da idea de una temporalidad que en cierto modo constituye parámetro previamente calificado como violatorio de ese derecho. Ya en la Sexta Época, ante la indefinición en el propio precepto constitucional en cita, de la expresión "breve término" con que cuentan las autoridades para emitir una respuesta a las solicitudes que les son formuladas por los ciudadanos, la misma Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un criterio -en tesis aislada- en el que estableció que este breve término es aquel en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse. El criterio aludido es del tenor siguiente: PETICIÓN, DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TÉRMINO. La expresión 'breve término' a que se refiere el artículo 8o. constitucional, es aquel en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse. Ahora, no puede soslayarse sino en todo caso, debe destacarse, que este concepto de "breve término", en realidad da pie a la ponderación por los jueces en cada caso concreto, al conocer y resolver el juicio de amparo en que se reclama la violación a tal derecho. En el particular, se estima que es inexistente el acto que se atribuye al particular equiparable a autoridad responsable, en virtud que, si bien a la luz de las consideraciones previamente apuntadas, no existe un plazo específico para considerar que la autoridad responsable no ha atendido una petición en "breve término", para considerarse que se ha vulnerado el artículo 8º constitucional, lo cierto es que, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un criterio -en tesis aislada- en el que estableció que este breve término es aquel en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse. Entonces, si el quejoso *** cumplió con los requisitos para el trámite y expedición del título profesional de licenciado en derecho, el catorce de junio de dos mil veintidós y la autoridad responsable le informó al peticionario de amparo el veintisiete de junio siguiente, que dicho trámite fue aceptado y validado por la institución, se estima que no ha transcurrido un plazo no razonable mayor de cuatro meses, para considerarse que el particular equiparable a autoridad responsable negó otorgar en breve término al quejoso el título correspondiente por haber concluido sus estudios de la licenciatura en derecho, pues como ya se dijo, dicho impetrante cumplió con todos los requisitos legales exigidos para ello hasta el catorce de junio pasado. Sin que obste que la parte quejosa haya referido en la demanda de amparo que en enero de dos mil veintidós, se le expidió una constancia de conclusión de estudios de la licenciatura en derecho, pero, como lo comunicó el particular equiparable a autoridad responsable, el plazo para que el particular expida el título profesional en breve término debe computarse a partir de que cumplió con todos los requisitos para tal efecto; lo cual, en el caso, fue partir del catorce de junio de dos mil veintidós; de ahí que, se estime que es inexistente el acto en estudio. En ese contexto, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede el sobreseimiento cuando de las constancias de autos apareciere claramente que no existe el acto reclamado o cuando no se probare su existencia. Luego, en esta instancia constitucional no se probó del particular equiparable a autoridad responsable la negativa precisada en el considerando tercero de esta sentencia, previo a la presentación de la demanda de amparo (cinco de agosto de dos mil veintidós); ergo, no se acreditó la existencia del acto reclamado al particular equiparable a autoridad responsable. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia con datos de localización, rubro y texto, siguientes: Época: Octava Época Registro: 206346 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 79, Julio de 1994 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 3/94 Página: 15 ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Sin que pase desapercibido que el quejoso ofreció como pruebas las documentales que enseguida se describen: 1. Original del recibo de pago expedido por Universidad del Sur, Sociedad Civil, a nombre del alumno ***. 2. Original de la constancia de conclusión de estudios de la licenciatura en derecho de veintinueve de enero de dos mil veintidós, expedida a favor de ***, por la Directora de Control Escolar de la Universidad del Sur, con clave ***. 3. Original de la constancia de pagos de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, expedida en favor del alumno ***, por el Director de Finanzas de la Universidad del Sur. Documentales que cuentan con valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; sin embargo, solo demuestran lo siguiente: i) El quejoso realizó el pago de determinada cantidad por el concepto de denominado EXPEDICION DE ACTA DE TITULACIÓN Y TITULO en la institución educativa Universidad del Sur, Sociedad Civil. ii) El veintinueve de enero de dos mil veintidós, la Directora de Control Escolar de la Universidad del Sur, Sociedad Civil, emitió una constancia de conclusión de estudios de licenciatura en derecho, a nombre del quejoso ***. iii) El veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, el quejoso realizó diversos pagos y por determinados conceptos, ante el Director de Finanzas de la Universidad del Sur, Sociedad Civil. Con todo, del referido caudal probatorio no se advierte la participación del particular equiparable a autoridad responsable en la emisión del acto reclamado, o bien, la existencia de dicho acto, consistente en la negativa de otorgar en breve término al quejoso ***, el título profesional correspondiente por haber concluido sus estudios de la licenciatura en derecho. En ese contexto, toda vez que la parte quejosa no aportó prueba idónea que acredita la existencia del acto reclamado en comento, como lo solicita la fiscal federal de la adscripción, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, respecto de la omisión reclamada a la Universidad Tecnológica del Sur, Sociedad Civil, precisada en el considerando tercero de esta sentencia, por ser inexistente, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la siguiente jurisprudencia: Época: Sexta Época Registro: 917818 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN Materia(s): Común Tesis: 284 Página: 236 INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Finalmente, se precisa que no es el caso analizar los alegatos hechos valer por la parte quejosa, toda vez no forman parte de la litis y en nada cambiarían el sentido de la presente resolución. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia de datos de localización, rubro y texto siguientes: Época: Octava Época Registro: 205449 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 80, Agosto de 1994 Materia(s): Común Tesis: P./J. 27/94 Página: 14 ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ***, por derecho propio, contra el acto reclamado del particular equiparable a autoridad responsable Universidad Tecnológica del Sur, Sociedad Civil, precisado en el considerando tercero, en términos de los expuesto en el cuarto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Carlos Arturo Sandoval Salvatori, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    : Agréguese a los autos el pedimento de cuenta, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado; visto su contenido, téngasele por hechas las manifestaciones ahí vertidas y con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, dese cuenta con el mismo al momento de desahogar la audiencia constitucional. Asimismo, en cuanto a la solicitud de expedir copia certificada de la resolución que se pronuncie en este juicio, dígasele que con apoyo en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, una vez que sea pronunciada la resolución respectiva, se le expedirá copia certificada de la misma.

  4. Principal

    : Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por el quejoso ****, mediante la cual realiza manifestaciones a manera de alegatos; por tanto, ténganse por hechas las manifestaciones vertidas en el ocurso de cuenta y con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, dese cuenta con las mismas al momento de desahogar la audiencia constitucional.

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