Julio Alberto Martínez Euán

Expediente 1027/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1027/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
09/01/2019

Partes del expediente

  • Julio Alberto Martínez Euán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, nueve de enero de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos y la razón de cuenta que antecede, se acuerda: se tiene por recibido de la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, su oficio 104, con el que remite testimonio de la resolución de tres de enero del presente año, pronunciada por ese Tribunal en el toca 232/2018, formada con motivo del recurso de queja interpuesto por el quejoso Julio Alberto Martínez Euán, en contra del acuerdo de veintiséis de septiembre del dos mil dieciocho, dictado en estos propios autos, testimonio del que aparece que la citada Superioridad, por los motivos que expone, declaró infundado el aludido recurso de queja. Acúsese recibo. En mérito de lo anterior, y previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciocho de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, se acuerda: agréguese el oficio 7112 signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, del que se advierte que en autos del recurso de queja 232/2018, dicha Superioridad admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por Julio *********, en contra del acuerdo dictado el veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo que promovió la nombrada parte quejosa, por advertirse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, quince de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, se acuerda: agréguese a este expediente copia del escrito de cuenta signado por el quejoso Julio *******, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del acuerdo de veintiséis de septiembre del presente año, dictado en este juicio. Por tanto, con fundamento en los artículos 80, 97 fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, ríndase el informe sobre la materia de la queja en el sentido de que SÍ ES CIERTO que por proveído de veintiséis de septiembre del año en curso, se desechó de plano la demanda de amparo que promovió el nombrado quejoso, por advertirse un motivo manifiesto e indudable de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción IV, penúltimo párrafo, interpretado en sentido contrario, ambos de la ley de la materia. En consecuencia, envíese el original del escrito de expresión de agravios, constante de seis fojas útiles, junto con copia certificada de la demanda de amparo, auto de once de septiembre del presente año, auto recurrido y de su notificación relativa, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, para lo que esa Superioridad estime procedente resolver al respecto. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se acuerda: agréguese el escrito del quejoso Julio Alberto Martínez Euán, mediante el cual da cumplimiento a la prevención efectuada por proveído de once de septiembre último. Ahora bien, vista la demanda de amparo promovida por Julio Alberto Martínez Euán, contra el acto que reclama de la Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, que hace consistir esencialmente en: La sentencia interlocutoria de trece de agosto del presente año derivado del recurso de revocación interpuesto por el quejoso en autos del expediente 1313/2011 de su índice. El suscrito advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, previsto en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción IV, penúltimo párrafo, este último interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo. Los preceptos legales antes relacionados, establecen lo siguiente: "Artículo 61.El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede:. IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. ." Ahora bien, de los antecedentes del acto reclamado se desprende que en autos del juicio ejecutivo mercantil 1313/2011, del índice del Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, se llevó a cabo el remate en pública subasta, el cual se fincó a favor de Javier Gaspar González Lope por la cantidad de ochenta y siete mil pesos, siendo que en ese propio auto se aprobó el remate. Es el caso, que el uno de junio de dos mil diecisiete, se reconoció a Julio Alberto Martínez Euán, aquí quejoso, como cesionario de todos los derechos que en la ejecución de sentencia correspondían a la parte actora, por lo que solicitó el pago de la cantidad exhibida y depositada, sin embargo, el veintisiete de octubre siguiente, la autoridad señalada como responsable no accedió a su solicitud. En contra de tal determinación, Martínez Euán interpuso recurso de revocación, la cual el diez de mayo pasado fue confirmada por la autoridad. Posteriormente, previa solicitud del promovente, aquí quejoso, en relación al pago en concepto de compensación, la responsable no accedió a la misma, debido a que existía una tercería excluyente de preferencia interpuesta por Rolando Basora León, apoderado legal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. En contra de dicha resolución, la promovente interpuso recurso de revocación, el cual se resolvió el trece de agosto pasado, en donde la responsable no accedía al referido pago. Precisado lo anterior, se advierte que en el presente caso se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado, no se encuentra dentro de los actos que son susceptibles de examen en el juicio constitucional, porque no se trata de la última resolución dictada en un procedimiento de ejecución, pues se trata de un acto dictado fuera de juicio, concretamente en su etapa de ejecución, por lo que el amparo indirecto sólo puede promoverse contra la última resolución dictada en dicho procedimiento. En efecto, cabe precisar que por última resolución se entiende, aquélla en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la resolución definitiva, o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de conformidad con la tesis de Jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número P./J. 32/2001, publicada en la página 31, del Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 190035, del tenor siguiente: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.- La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". Así como ahora en la actual Ley de Amparo las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Ahora bien, es inconcuso que el acto reclamado no constituye la última resolución pronunciada dentro de la etapa de ejecución de sentencia, por tratarse de la resolución dictada al recurso de revocación interpuesto en contra del auto que no accedió a decretar el pago de la cantidad solicitada en concepto de compensación. Luego, siendo que el acto reclamado no constituye la última resolución dictada en ejecución de sentencia, y toda vez que de conformidad con el artículo 107, fracción IV, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo podrá promoverse ante el juez de Distrito, contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, únicamente contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en dicha demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso; es inconcuso que la acción constitucional que se intenta es improcedente por tratarse el acto reclamado de un auto en el que la responsable ordena la entrega del inmueble antes indicado. Es aplicable al caso, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página, visible del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Materia(s): Común, Tesis P./J. 108/2010, con número de registro 163152, en la página 6, cuyo rubro y texto señalan: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Consecuentemente, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Julio Alberto Martínez Euán. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Notifíquese personalmente y regístrese. SE NOTIFICA AL QUEJOSO DE CONFORMDIAD CON LOS ARTICULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO.

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