Julio Adrían De la Rosa Barrientos y Otros.
Expediente 15/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 17 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 15/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 16/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Julio Adrían De la Rosa Barrientos y Otros.
- Noé Ríos González
- Noé Ríos González y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, en el que este Tribunal sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo promovido por **************, por conducto de su apoderado legal, no fue recurrido dentro del término legal, por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara firme dicho proveído. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. Por otra parte, toda vez que en el presente juicio se decretó el sobreseimiento, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), del acuerdo citado en el párrafo que antecede. Se toma nota de que en el presente asunto no se aperturó incidente de suspensión. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio de cuenta que remite la Presidenta de la Junta Especial número Veintiocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre, al que adjunta transcripción del acuerdo de treinta de enero del año en curso, emitido dentro del juicio laboral 1140/2018. Ahora bien, de las referidas constancias, a las cuales el suscrito les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de sus funciones, se desprende que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia, que textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es, lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Respecto de la causal de improcedencia en comento, el tratadista Alfonso Noriega en su obra titulada Lecciones de Amparo, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, fojas 497 y 498, opina que se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente"; concluye que ".únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, se sostiene que opera la causal de improcedencia señalada porque: 1) La parte quejosa señaló como actos reclamados: La omisión en el trámite del juicio laboral número ******************** de la estadística de la Junta Especial número Veintiocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guanajuato. 2) De las constancias que se acuerdan y las allegadas por la Presidenta de la Junta Especial número Veintiocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guanajuato, al rendir su informe, se advierte que: El tres de junio de dos mil diecinueve, se llevó a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en la que comparecieron la parte actora licenciado ******************** en representación de los trabajadores ******************** (aquí quejosos); y, por la parte demandada ********************, quien dio contestación al escrito de demanda y ampliación únicamente respecto de los referidos actores; se señaló fecha para la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas; El veintidós de agosto del citado año, se desahogaron las pruebas que así lo ameritaron, quedando pendientes la confesional ofrecida por la actora a cargo de ********************, así como la testimonial ofrecida por la demandada a cargo de ********************. Respecto de los diversos actores ********************, regularizó el procedimiento a efecto de que fueran emplazados, señalando fecha y hora para el verificativo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. El treinta de enero del año en curso, dentro del juicio laboral ********************, ordenó el desahogo de la pruebas confesional a cargo de ******************** y testimonial a cargo de ********************, ofrecidas respectivamente por la parte actora y demandada, encomendando su diligenciación a su homólogo en esta ciudad; además, señaló fecha y hora para el desahogo de la prueba de inspección judicial ofertada por la actora. En las relatadas condiciones, es evidente que la afectación reclamada por la parte quejosa en el presente juicio, cesó en sus efectos, dado que, la responsable ha llevado a cabo las acciones conducentes para la continuación del trámite del juicio laboral del que emana la omisión reclamada. Razones por las cuales, ya no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, dado que no se puede alcanzar el objeto que se persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haberse restituido a la solicitante del amparo en el pleno goce del derecho fundamental conculcado, ya que las responsables llevaron a cabo las acciones conducentes para la continuación del trámite del juicio laboral de origen; lo que trae como consecuencia que, se le repusiera en el goce del derecho fundamental violado. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improceder en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese a sus autos el oficio de cuenta que remite la Presidenta de la Junta Especial número Veintiocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre, al que adjunta transcripción del acuerdo de treinta de enero del año en curso, emitido dentro del juicio laboral 1140/2018. Ahora bien, de las referidas constancias, a las cuales el suscrito les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de sus funciones, se desprende que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia, que textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es, lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Respecto de la causal de improcedencia en comento, el tratadista Alfonso Noriega en su obra titulada Lecciones de Amparo, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, fojas 497 y 498, opina que se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente"; concluye que ".únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, se sostiene que opera la causal de improcedencia señalada porque: 1) La parte quejosa señaló como actos reclamados: La omisión en el trámite del juicio laboral número ******************** de la estadística de la Junta Especial número Veintiocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guanajuato. 2) De las constancias que se acuerdan y las allegadas por la Presidenta de la Junta Especial número Veintiocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guanajuato, al rendir su informe, se advierte que: El tres de junio de dos mil diecinueve, se llevó a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en la que comparecieron la parte actora licenciado ******************** en representación de los trabajadores ******************** (aquí quejosos); y, por la parte demandada ********************, quien dio contestación al escrito de demanda y ampliación únicamente respecto de los referidos actores; se señaló fecha para la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas; El veintidós de agosto del citado año, se desahogaron las pruebas que así lo ameritaron, quedando pendientes la confesional ofrecida por la actora a cargo de ********************, así como la testimonial ofrecida por la demandada a cargo de ********************. Respecto de los diversos actores ********************, regularizó el procedimiento a efecto de que fueran emplazados, señalando fecha y hora para el verificativo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. El treinta de enero del año en curso, dentro del juicio laboral ********************, ordenó el desahogo de la pruebas confesional a cargo de ******************** y testimonial a cargo de ********************, ofrecidas respectivamente por la parte actora y demandada, encomendando su diligenciación a su homólogo en esta ciudad; además, señaló fecha y hora para el desahogo de la prueba de inspección judicial ofertada por la actora. En las relatadas condiciones, es evidente que la afectación reclamada por la parte quejosa en el presente juicio, cesó en sus efectos, dado que, la responsable ha llevado a cabo las acciones conducentes para la continuación del trámite del juicio laboral del que emana la omisión reclamada. Razones por las cuales, ya no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, dado que no se puede alcanzar el objeto que se persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haberse restituido a la solicitante del amparo en el pleno goce del derecho fundamental conculcado, ya que las responsables llevaron a cabo las acciones conducentes para la continuación del trámite del juicio laboral de origen; lo que trae como consecuencia que, se le repusiera en el goce del derecho fundamental violado. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improceder en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se desprende que no obran las constancias solicitadas al Presidente de la Junta Especial número Veintiocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, motivo por el cual no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para esta fecha; en tales condiciones, se difiere la misma y se señalan las nueve horas con cuarenta minutos del veintidós de febrero de dos mil veintitrés, para su celebración.
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