Julio Abraham Velázquez Torres

Expediente 1147/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1147/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
10/10/2023

Partes del expediente

  • Julio Abraham Velázquez Torres

Actuaciones

  1. Principal

    Admite recurso y acusa de recibo. Agréguese el oficio signado por la actuaria judicial del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad; téngase a la Superioridad acusando recibo del oficio mediante el cual se enviaron los autos originales del juicio de amparo que dio origen al cuaderno de antecedentes en que se actúa, con motivo de la tramitación del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa e informando que fue admitido y registrado con el número Q.P. 426/2023-I, de lo cual este órgano queda enterado.

  2. Principal

    Recurso de queja. Agréguese a los autos el escrito de agravios signado por la parte quejosa; con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), 99, 100 y 101, de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo recurso de queja contra el auto de dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, ríndase informe en relación a la materia de la queja interpuesta, teniendo como cierto el acto reclamado, y como justificativa de dicho informe remítase el escrito del recurso interpuesto y copia del mismo, así como el original del juicio de amparo en el que se actúa al Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, en turno, para su trámite y resolución, solicitando el acuse relativo; fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo.

  3. Principal

    Radicación. Vista la demanda de amparo que promueve *****, defensor particular de ********y******** contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl; fórmese expediente electrónico e impreso, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal, con el número 1147/2023-II. (...) La parte quejosa reclama en el presente asunto la determinación del Juez responsable de ordenar la reposición del dato de prueba consistente en la pericial en química forense en cromatografía de masa de gases, para lo cual refiere el promovente ordenó la reapertura de la investigación por un plazo de treinta días, dicha resolución reclamada no constituye para los accionantes constitucionales, un acto de imposible reparación, que transgreda en su perjuicio algún derecho fundamental tutelado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde a lo previsto en los artículos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), Constitucional. Se reitera, tal decisión del juez responsable no constituye para el accionante constitucional, acto de imposible reparación, que transgreda en su perjuicio algún derecho fundamental tutelado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde a lo previsto en los artículos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), Constitucional. Lo anterior es así, porque el acto reclamado, no quebranta en su perjuicio, de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo, ya que sólo produce efectos formales o intraprocesales, por tratarse de actos que carecen de una consecuencia de imposible reparación. A fin de evidenciar lo anterior, se estima pertinente transcribir el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece: ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO Artículo 211. Etapas del procedimiento penal El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. La investigación no se interrumpe ni se suspende durante el tiempo en que se lleve a cabo la audiencia inicial hasta su conclusión o durante la víspera de la ejecución de una orden de aprehensión. El ejercicio de la acción inicia con la solicitud de citatorio a audiencia inicial, puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia, con lo cual el Ministerio Público no perderá la dirección de la investigación. El proceso dará inicio con la audiencia inicial, y terminará con la sentencia firme. Así, del contenido del numeral reproducido, obtenemos que, el acto reclamado se emitió en la etapa intermedia, que comprende desde la formulación de la acusación, hasta el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. Luego, se insiste, el acto reclamado en el amparo indirecto (dictado en etapa intermedia) no puede considerarse como de aquellos de imposible reparación, dado que no pueden estimarse así aquellos que, como en el caso, tienen como consecuencia alguna afectación a derechos de índole adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales, dado que su fin último es la obtención de un fallo favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejándose intacta la esfera jurídica del afectado al no alterarse dejándose intacta la esfera jurídica del afectado al no alterarse algún derecho sustantivo. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia PC.XVII. J/29 P (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 81, Diciembre de 2020, Tomo I, página 1154, de rubro y texto: ""JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, NO PROCEDE CONTRA LAS DETERMINACIONES DEL JUEZ DE CONTROL, CONSISTENTES EN LA ACEPTACIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA OFRECIDOS POR ALGUNA DE LAS PARTES, EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. Hechos. Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron si es procedente el juicio de amparo indirecto contra la determinación del Juez de Control en la etapa intermedia, de admitir medios de prueba, arribando a conclusiones distintas, pues uno consideró que, por regla general, es procedente por afectar en forma preponderante y superior los derechos sustantivos de acceso a la justicia y defensa adecuada y los restantes concluyeron que no es impugnable a través de ese medio de control constitucional, porque no implica un acto de ejecución irreparable. Criterio jurídico: Las determinaciones del Juez de Control, relativas a la aceptación de los medios de prueba ofrecidos por alguna de las partes -o a la forma en que se pretendan recibir o desahogar-, por regla general, constituyen actos de naturaleza intraprocesal que no son susceptibles de impugnarse en el amparo indirecto. Justificación: Lo anterior es así, ya que con esas actuaciones normalmente no se violan derechos sustantivos contenidos en la Constitución General, sino sólo se afectan derechos adjetivos o procesales, los cuales no generan la afectación extrema que obligue a efectuar un inmediato análisis de la constitucionalidad de los actos procesales en cuestión; por tanto, no se ubican dentro de los actos de imposible reparación que como categoría excepcional del juicio de amparo prevén los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Ello pues una de las principales funciones del Juez de Control durante esta etapa, consiste en asegurarse de que durante la investigación no se hubieran cometido transgresiones a los derechos fundamentales del imputado y, en su caso, garantizar que las consecuencias de éstas no se trasladen a la etapa de juicio oral, por lo que esta etapa resulta el momento procesal idóneo para que éste haga valer sus inconformidades. De ahí que al momento de desahogar la prueba ante el Juez o tribunal de enjuiciamiento, dada la naturaleza híbrida del acuerdo de apertura a juicio oral, se reconoce la relación ineludible entre los aspectos vinculados con la motivación aplicada para admitir la prueba y aquellos que puedan derivar del debate para su desahogo; en consecuencia, estos últimos pueden ser valorados en la sentencia, dando lugar a una eventual declaratoria de ilegalidad o ilicitud, cuando trastoquen derechos fundamentales. Además, los efectos jurídicos producidos por la determinación del Juez señalado como responsable, son meramente intraprocesales y, por ende, no afectan ningún derecho sustantivo, pues la infracción relativa se causaría sólo en el caso de que se obtuviera una sentencia de condena en su contra, lo cual incluso se podría solucionar mediante la promoción, en su momento, del juicio de amparo directo, en el que podría hacer valer la violación procesal relativa, tal y como lo establecen los artículos 171 y 173, apartado B, fracción XIX, ambos de la Ley de Amparo, previo agotamiento del recurso procedente, que en el caso, se advierte es el de revocación; sin embargo, ello no es materia de análisis, ya que se está en presencia de un acto que como se dijo, no es de imposible reparación. Sustenta lo anterior, la tesis del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, registro digital: 2013269, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo II, página 1844, que dice: "PRUEBAS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. LA DETERMINACIÓN DEL JUEZ DE CONTROL RELACIONADA CON SU ADMISIÓN, ACAECIDA EN LA ETAPA INTERMEDIA, POR REGLA GENERAL, CONSTITUYE UN ACTO DE NATURALEZA INTRAPROCESAL SUSCEPTIBLE DE IMPUGNARSE EN EL AMPARO DIRECTO QUE, EN SU CASO, SE PROMUEVA CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA O RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL PROCEDIMIENTO, Y NO EN EL JUICIO BIINSTANCIAL. De conformidad con el artículo 334, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y la admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio. En ese tenor, la determinación del Juez de control relacionada con la admisión de medios de prueba acaecida en esa etapa procedimental, por regla general, constituye un acto de naturaleza intraprocesal susceptible de impugnarse en términos de los artículos 171 y 173, apartado B, fracciones X y XIX, de la Ley de Amparo, en el amparo directo que, en su caso, se promueva contra la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al procedimiento, no así en el juicio de amparo biinstancial; máxime que dicha cuestión no actualiza ningún caso de excepción, a que se refiere la fracción V del artículo 107 de la citada ley, para la procedencia de la vía indirecta. En consecuencia, es evidente que en la especie se actualiza la causal de improcedencia contemplada en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, interpretada a contrario sensu de la Ley de Amparo, en concordancia con el ordinal 107, fracción III, inciso b), Constitucional; en consecuencia, de conformidad con el arábigo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la presente demanda de amparo.

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