Julieth Stefanny Carreño Duarte
Expediente 98/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 98/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 23/03/2023
Partes del expediente
- JULIETH STEFANNY CARREÑO DUARTE y Otros.
- Julieth Stefanny Carreño Duarte
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ciudad de México, a veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; con fundamento en los numerales 355, 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme al artículo 2o. de la ley de la materia, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Hágase las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y de conformidad con el numeral 214 de la ley de la materia, interpretado a contrario sensu, al no existir diligencias pendientes por realizar, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En atención a los criterios establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y conforme al Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el veintiséis de agosto siguiente. Valoración del expediente Por tanto, de conformidad con el artículo 15 del mencionado acuerdo y al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Asimismo, se advierte que SE SOBRESEYÓ en el juicio amparo; sin embargo, se concedió suspensión de plano. Ahora, si bien acorde a lo dispuesto en el artículo 21 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, es susceptible de ser destruido; cabe destacar que en el capítulo 7, punto 7.4 del citado Manual, se establece que el presente expediente debe conservarse, por lo que el mismo es DEPURABLE, por lo que tal valoración deberá constar en la carátula. Conforme a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 18 del Acuerdo de marras, consérvese por el término de tres años en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo, procédase a su depuración dentro de los noventa días siguientes. Finalmente, previo a la trasferencia correspondiente, se instruye al secretario, a efecto de que certifique que la versión electrónica del expediente coincida en su totalidad con la impresa. Notifíquese.
- Principal
R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio 98/2023-IV, promovido por *******, por derecho propio y a favor de sus menores hijos de identidad reservada e iniciales *********. y *******., contra los actos y las autoridades precisadas en el considerando tercero, por los fundamentos y razones ahí expuestos. SEGUNDO. Suprímase los datos sensibles que contenga la presente sentencia, en términos del último considerando. Notifíquese; y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
- Principal
Ciudad de México, a nueve de febrero de dos mil veintitrés. Informes justificados Agréguense a los autos los informes justificados de las autoridades responsables que los suscriben. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pónganse a la vista de las partes por el término de ocho días hábiles, para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Informes de suspensión de plano En otro orden de ideas, téngase por recibidos los diversos oficios que en cumplimiento a la suspensión de plano decretada por este órgano jurisdiccional, remiten las autoridades responsables que los suscriben; de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales procedentes. Asimismo, se tiene como domicilio de las autoridades oficiantes el que precisa en los informes de cuenta, y como delegados en términos del artículo 9o. de la Ley de Amparo, a las personas que designan. Aceptan competencia En otro orden de ideas, intégrese a este expediente el oficio suscrito por el Secretario del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por medio del cual acusa recibo del diverso con el que se le remitió copia certificada del juicio de amparo 98/2023-IV, de este índice, promovido por ***************y otros, e informa que aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional, respecto de las autoridades y actos por los que se declinó conocimiento; lo que se toma de conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, a seis de febrero de dos mil veintitrés. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *********** a favor de *********** y de sus menores hijos de iniciales ********** y ********., contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de México y otra autoridad responsable. Aspectos Generales. Regístrese con el número de juicio 98/2023-IV. Fórmese expediente electrónico e impreso. Fijación de Litis De la lectura integral de la demanda, se advierte que los actos reclamados que se combaten en esta vía consisten en: 1. Incomunicación. 2. Deportación. 3. Tortura. 4. Detención (privación ilegal de la libertad) y aseguramiento. 5. Retención. 6. Negativa de otorgar beneficios establecidos en los artículos 102 y 109 de la Ley de Migración. 7. Falta de acuerdo de presentación en términos de lo dispuesto por la Ley Nacional de Migración. 8. Acta de rechazo. Suspensión de plano respecto a los actos 1 a 3. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE A ***************** y a los menores de iniciales ******. y ********., LA SUSPENSIÓN DE PLANO respecto a los actos consistentes en 1. incomunicación, 2. Deportación y 3. tortura, o cualquier otro de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional, para el efecto que CESEN INMEDIATAMENTE y para que los quejosos NO SEA DEPORTADA DEL PAÍS a su lugar de origen o procedencia. No obstante lo anterior, la suspensión decretada no tiene el alcance jurídico para otorgar la libertad deambulatoria a los directos quejosos mencionados, puesto que, en su caso y previa ratificación del ocurso inicial, así como de constatar el motivo por el que se encuentran retenidos, el acto del que deriva, será materia de la incidencia respectiva. Con fundamento en el artículo 160 de la Ley de Amparo, toda vez que la suspensión tiene por objeto de que no se ejecute la deportación para efectos de operatividad de la medida cautelar decretada a favor **************** y a los menores de iniciales ******* y *******., queden a disposición de este órgano de control constitucional por lo que hace a su libertad personal, en el lugar en que actualmente se encuentran, y a disposición de la autoridad responsable respecto a la continuación del procedimiento migratorio. Lo referido en el párrafo precedente tiene apoyo por analogía en la jurisprudencia, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo.". En la inteligencia que queda bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables la medida que adopten a fin que los quejosos reciban, de presentarse algún padecimiento, la atención médica adecuada bajo las circunstancias del caso en concreto. Asimismo, las autoridades responsables deberán adoptar las medidas que estimen necesarias a fin de que salvaguarden en todo momento el orden público y seguridad del sitio donde se encuentran los justiciables, sólo en el caso que se estuviera en presencia de situaciones de hecho y de derecho ajenas a aquellas que fueron proporcionadas por la promovente en su escrito de demanda. Es decir, si las autoridades responsables contaran con información distinta a la proporcionada, que revelara algún grado de peligrosidad de la parte quejosa mayor de edad; en ese sentido deberán adoptar las medidas necesarias a fin que se proteja tanto la integridad de la agraviada, como el orden público y seguridad del sitio en el que deban destinados. Lo anterior, no implica que las autoridades responsables, de considerarlo pertinente, determinen si la justiciable y los menores reúnen los requisitos establecidos en la norma migratoria, de su legal estadía en el país, por lo que el procedimiento respectivo debe continuar. Por tanto, se apercibe a las referidas responsables para que dentro del plazo de veinticuatro horas, contado a partir de su legal notificación, informen a este juzgado federal el cumplimiento que hayan dado o esté dando a la suspensión otorgada; en la inteligencia que la violación a esta suspensión entraña la comisión de un delito equiparable al de abuso de autoridad, conforme al numeral 262 de la propia ley, por lo que de consumarse el mismo, de inmediato se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. En el entendido que de no realizar pronunciamiento alguno sobre el particular, las autoridades responsables supeditadas a informar el resultado de la encomienda, incurren en responsabilidad, conforme a lo dispuesto por el artículo 262 de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que la seguridad y custodia de los directos quejosos queda bajo la más estricta responsabilidad de la autoridad a cuya disposición se encuentre, quien deberá tomar todas y cada una de las medida pertinentes para tal efecto atendiendo a la naturaleza y circunstancias del asunto; tomando también las medidas necesarias para salvaguardar la vida de la agraviada y los menores. Defensa adecuada Asimismo, comuníquese a las autoridades responsables que deberán permitir que la justiciable y los menores de edad, estén acompañados de un defensor y representante especial que así designen para el efecto de ser quien les asista en las diligencias necesarias. En ese sentido, es de señalar que este órgano de control constitucional considera importante precisar algunos aspectos al derecho de una defensa adecuada, mismos que pueden ser violados de diversa manera por órganos del Estado, para tal efecto la fracción VI del apartado B del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (.) B. De los derechos de toda persona imputada: (.) VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa; En ese orden, acorde al principio de Supremacía Constitucional, el derecho a una defensa adecuada entraña una prohibición para el Estado consistente en no entorpecer el ejercicio del derecho de defensa del gobernado, brindarle la oportunidad de nombrar un defensor y un representante especial, no impedirle que se entreviste de manera previa y en privado con los justiciables, sin que el derecho de defensa se transforme en un mero requisito formal, por el contrario debe ser eficaz y efectiva la intervención del defensor y del representante. Lo anterior deberán considerarlo las autoridades responsables, en relación directa a los efectos respecto de los que se provee en el presente asunto. Asistencia consular Con fundamento en el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, se debe hacer saber a la parte quejosa su derecho a comunicarse con la oficina o representación consular de su país (notificación consular). En ese orden de ideas, requiérase a la parte quejosa, para que en el momento de la notificación o en el plazo de tres días manifieste si es su deseo, solicitar asistencia del Consulado de su país. Ratificación de la demanda de amparo Por otra parte, se comisiona a cualquiera de los Actuarios adscritos a este juzgado para que de manera inmediata se constituya en las instalaciones que ocupa el Instituto Nacional de Migración ubicado en la Terminal Uno del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, así como en cualquier otro lugar en que la autoridad responsable le refiera se encuentran los justiciables, siempre y cuando sea dentro de la jurisdicción de este juzgado federal, a fin de llevar a cabo la búsqueda y localización de ************* y a los menores de iniciales ***********. y **********.. Hecho lo anterior, deberá cerciorarse que la quejosa ************** hable el idioma español, a fin de llevar a cabo la diligencia, de no ser así y dado que tener un traductor o intérprete que les asista en las diligencias realizadas ante la autoridad es un derecho fundamental de todo extranjero que se encuentre ante las autoridades migratorias y que no hable o comprenda el idioma español, con fundamento en los artículos 14 y 109, fracción VI, de la Ley de Migración, requerirá a la autoridad ante la que se encuentre en custodia la parte quejosa para que designen perito traductor o intérprete que hable cualquiera de los idiomas que dominen los justiciables. Luego, en su caso, por medio de dicho traductor o intérprete la deberá requerir para que al momento de la notificación o por escrito, en dentro del término de tres días hábiles, manifieste si es su deseo ratificar la demanda promovida a su favor y en la de sus menores hijos; apercibida que de no hacerlo, ésta se tendrá por no presentada y quedarán sin efectos las providencias dictadas, en términos del numeral 15 de la ley de la materia. De igual forma, en caso de que ratifique la demanda, se requiera para que señale si es su deseo tener por autorizada a la persona que promovió la demanda a su favor. En el entendido que, de no haber traductor que entienda algún idioma que manejen los peticionarios, la actuaria adscrita a este juzgado podrá hacer uso de las herramientas tecnológicas con las que cuente a fin de cerciorarse si es deseo de la parte quejosa ratificar la demanda presentada a su favor. Por otra parte, se faculta al Actuaria Judicial para que se entreviste con la autoridad responsable que tenga a su disposición a los justiciables, a efecto que le informe con exactitud cuál es el procedimiento que se le sigue, conforme a su legislación aplicable. De igual forma, se apercibe a las autoridades para que otorguen las facilidades necesarias al funcionario mencionado para que realice la diligencia encomendada, dado que en caso de que obstaculicen su función, de igual forma, incurrirán en el delito de abuso de autoridad. No pasa desapercibido para este juzgado que la promovente refiere que los justiciables se encuentran en la Ciudad de México, así como en "(.) el aeropuerto internacional de la Ciudad de Cancún, Quintana Roo(.)."; por tanto, en caso de que resulte infructuosa la localización de los justiciables en las instalaciones de la Estación Migratoria de la Ciudad de México, se proveerá lo que en derecho proceda, a fin de continuar con la búsqueda de los aquí quejosos. Tortura Toda vez que uno de los actos que se reclaman consiste en tortura, lo cual refleja la posible existencia de actos materializados en los justiciables, que pudieran contravenir sus derechos humanos y, en términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta autoridad tiene obligación de promover, respetar, proteger y garantizar las prerrogativas de referencia, contenidas en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano; por tanto, con copia simple de la demanda de amparo, dese vista por oficio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, para su conocimiento y efectos que en términos de su representación social competa. Al caso se cita la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "ACTOS DE TORTURA. CUANDO LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, CON MOTIVO DE SUS FUNCIONES, TENGAN CONOCIMIENTO DE LA MANIFESTACIÓN DE UNA PERSONA QUE AFIRME HABERLOS SUFRIDO, OFICIOSAMENTE DEBERÁN DAR VISTA CON TAL AFIRMACIÓN A LA AUTORIDAD MINISTERIAL QUE DEBA INVESTIGAR ESE PROBABLE ILÍCITO. El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del 11 de junio de 2011, establece que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano. Esa disposición también adopta el principio hermenéutico pro homine, según el cual, en la protección de los derechos humanos debe elegirse la interpretación más favorable para las personas. Por otro lado, los artículos 22 constitucional, 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconocen el derecho humano de toda persona a no sufrir actos de tortura. Además, este derecho fundamental fue garantizado por nuestro país al suscribir la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, de cuyos artículos 1, 6 y 8 se advierte que las personas que denuncien haber sido torturadas tienen derecho a que las autoridades intervengan inmediata y oficiosamente a fin de que su caso sea investigado y, de ser procedente, juzgado en el ámbito penal. Por su parte, el artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura establece que todo servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de un posible hecho de tortura está obligado a denunciarlo de inmediato. Así, del análisis de los preceptos invocados se concluye: a) Las personas que denuncien actos de tortura tienen el derecho a que las autoridades intervengan de forma expedita para que su acusación sea investigada y, en su caso, examinada a través de un juicio penal; b) La obligación de proteger ese derecho recae en todas las autoridades del país (en el ámbito de sus competencias), y no sólo en aquellas que deban investigar o juzgar el caso; y c) Atento al principio interpretativo pro homine, para efectos del mencionado derecho, debe considerarse como denuncia de un acto de tortura a todo tipo de noticia o aviso que sobre ese hecho se formule ante cualquier autoridad con motivo de sus funciones. Consecuentemente, cuando los órganos jurisdiccionales, con motivo de sus funciones, tengan conocimiento de la manifestación de una persona que afirme haber sufrido tortura, oficiosamente deberán dar vista con tal afirmación a la autoridad ministerial que deba investigar ese probable ilícito.". Reserva 1 Respecto de los actos reclamados señalados como: 4. Detención (privación ilegal de la libertad) y aseguramiento. 5. Retención. 6. Negativa de otorgar beneficios establecidos en los artículos 102 y 109 de la Ley de Migración. 7. Falta de acuerdo de presentación en términos de lo dispuesto por la Ley Nacional de Migración. 8. Acta de rechazo. Se reserva acordar lo conducente, sólo en el caso de que se ratifique la demanda de amparo promovida a su favor, en virtud de que son materia del incidente de suspensión. Reserva 2 Por otra parte, respecto a la solicitud de acceso al expediente electrónico que se ordenó abrir en párrafos anteriores, así como la realización de las notificaciones por la vía electrónica que deriven de la tramitación del presente sumario, se reserva proveer lo conducente hasta en tanto se ratifique la demanda y se autorice a la promovente ****************. Uso de medios electrónicos y obtención de copias Se autoriza el uso de medios electrónicos, obtención de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo. Lo anterior, con excepción de las grabadoras, toda vez que no son el medio idóneo para imponerse de autos. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Por otra parte, al actualizarse uno de los supuestos a que se refiere el artículo 21 de la Ley de Amparo, SE HABILITA AL ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO para que realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente cuaderno, entregue y dirija los oficios que del mismo deriven, para obviar trámites innecesarios que sólo retrasarían el procedimiento del juicio de amparo que se provee. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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