Julieta Zarate Medel
Expediente 1161/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1161/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Julieta Zarate Medel
Actuaciones
- Principal
* Visto el escrito signado por la quejosa **********mediante el cual solicita la devolución del documento que adjuntó a su escrito de demanda; atento a ello, hágase la devolución de la citada documental (acuse de recibo de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve), dejando en su lugar únicamente copia autorizada de la constancia aludida; asimismo, se tiene por autorizados para recoger la misma a las personas que indica. ******
- Principal
Visto lo de cuenta, se aprecia que ha fenecido el término que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó la presente demanda de amparo; en consecuencia, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese como asunto concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo con el punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, el expediente principal transcurrido cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será destruido en su totalidad, porque se desechó el juicio de amparo. En otro orden, en cumplimiento a lo que establecen los puntos décimo primero, párrafo segundo, del capítulo tercero, vigésimo y vigésimo primero del citado Acuerdo General Conjunto, este expediente a criterio de esta juzgadora no es de relevancia documental, histórica ni jurídica, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por *, por propio derecho, contra actos de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y otra autoridad. Regístrese en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este órgano jurisdiccional, con el número * y fórmese expediente físico y electrónico. Ahora bien, es importante precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, página 64, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Del análisis integro de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado se hace consistir en la resolución de diecisiete de julio de dos mil diecinueve, emitida en el recurso de apelación 303/2019, del índice de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, por virtud de la cual, la autoridad responsable revocó el proveído de ocho de abril de dos mil diecinueve, emitido por el Juez Sexto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, con sede en Acapulco de Juárez, emitido en autos del expediente de origen 407-3/2015. También se desprende que mediante acuerdo de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, pronunciado en los autos del expediente 407-3/2015, el Juez del Conocimiento, determinó no tener por contestando a la parte quejosa en tiempo y forma el llamamiento a juicio, respecto de la demanda instaurada por José Antonio Barrios Ríos, al haber fenecido el término otorgado para tal efecto, razón por la cual la parte quejosa objetó la certificación realizada en dicho proveído, emitiendo la resolución correspondiente el ocho de abril de dos mil diecinueve, donde el Juez de origen ordenó regularizar el procedimiento respecto de dicha certificación y tuvo a la parte quejosa por contestando en tiempo el llamamiento a juicio respecto de la citada demanda y por opuestas sus excepciones y defensas que hizo valer, acuerdo que fue apelado por la parte actora (José Antonio Barrios Ríos). En ese contexto, sí mediante el acto reclamado el Tribunal de Alzada revocó el auto de ocho de abril de dos mil diecinueve, emitido por el Juez Sexto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, con sede en Acapulco de Juárez, dejando vigente la certificación hecha en veintiséis de marzo de dos mil diecinueve y por ende, declarada la rebeldía a la parte quejosa, al haber contestado de manera extemporánea la demanda instaurada en su contra; entonces, resulta inconcuso, que las consecuencias del mismo no tienen una ejecución de imposible reparación, por lo que se actualiza la improcedencia de la presente acción constitucional. En efecto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V, del artículo 107, interpretada a contrario sensu, ambos numerales de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . . . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . . . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De la intelección de los dispositivos trascritos, se advierte que es requisito indispensable para la procedencia del amparo biinstancial respecto de actos dictados dentro de juicio, que éstos tengan una ejecución que sea de imposible reparación, esto es, que revistan la característica de que la afectación que producen dentro del procedimiento judicial en el que fueron emitidos, trascienda los derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no que solamente tengan una consecuencia simplemente procesal, para de ahí determinar la ejecución de imposible reparación a que se refiere el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. En esta tesitura, debe señalarse que el juicio constitucional indirecto resulta improcedente en la especie, toda vez que las consecuencias del acto reclamado sólo afectan única y exclusivamente derechos intraprocesales, de ahí que no es un acto cuya ejecución sea de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte, toda vez que la parte quejosa puede obtener al finalizar el juicio respectivo, una sentencia favorable a sus intereses, sin que las violaciones que reclama transciendan al sentido del fallo, o dejen huella en su esfera jurídica. De lo expuesto, se deriva un elemento toral para considerar que el acto impugnado no es susceptible de combatirse mediante el juicio de amparo indirecto, porque se reitera, no se trata de una violación que cause a una de las partes un perjuicio inmediato y directo de imposible reparación. Ciertamente, como antes se vio, las consecuencias del acto reclamado se traducen en que el juez de origen tenga por declarada la rebeldía a la parte quejosa, al haber contestado de manera extemporánea la demanda instaurada en su contra, en autos del juicio de origen; empero, tales consecuencias constituyen violaciones intraprocesales que en su oportunidad pueden ser reparadas al momento en que se dicte sentencia definitiva, pues resulta claro que si la parte quejosa obtiene un fallo definitivo favorable a sus intereses, las violaciones que ahora reclama desaparecerían sin haber dejado huella en su esfera jurídica y en caso de obtener una resolución desfavorable a sus intereses, tales vulneraciones pueden reclamarse a título de violaciones procesales a través de la vía directa. Resulta aplicable al caso la Jurisprudencia P./J. 20/92, con número de registro 205652, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Julio de 1992, Octava Época, cuyo rubro y texto son: DEMANDA, EN CONTRA DE LA RESOLUCION QUE LA TIENE POR CONTESTADA EN SENTIDO AFIRMATIVO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO. De acuerdo con los artículos 107, fracción III, de la Constitución Federal y 114, fracción IV, 158 y 159 de la Ley de Amparo, cuando se trate de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación, o sea, cuando afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado la violación de la garantía individual de que se trate. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y desaparecen si el afectado obtiene una sentencia o laudo favorable. En consecuencia, el auto que tiene por contestada la demanda en sentido afirmativo no debe reclamarse en amparo indirecto, pues no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que dicho acuerdo sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene sentencia o laudo favorable, máxime que el hecho de tener por contestada la demanda en sentido afirmativo, no implica necesariamente una sentencia o laudo condenatorio, porque las Juntas al igual que cualquier otro tribunal, tienen la obligación de examinar la procedencia de la acción y determinar si se configuraron o no, sus elementos. En tal virtud, el acuerdo que tiene por contestada la demanda en sentido afirmativo, dictado en forma ilegal, constituye una violación procesal reclamable a través del amparo directo, hasta que se dicte sentencia o laudo definitivo adverso al afectado, pues es innegable que tal violación, en ese supuesto, afectaría sus defensas, trascendiendo al resultado del fallo. Por tanto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia ya analizada, lo que procede es desechar de plano la presente demanda, atento a lo dispuesto en el artículo 113 del ordenamiento legal en cita. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace del conocimiento de las partes, en términos de los artículos 1, 18, 22, 26 y 27, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, su derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales, los cuales se estiman confidenciales, lo que deberán manifestar expresamente, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones se dicten sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la prealudida ley; en el entendido que este aviso surtirá efectos para todas las actuaciones que se realicen en el presente juicio; asimismo, se les informa que de conformidad con los artículos 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias; sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información. De igual forma se comunica a las partes que el uso de las reproducciones de las actuaciones y constancias que integran este sumario, será responsabilidad exclusiva de quien las solicite. DOMICILIO. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda de amparo. AUTORIZADOS. Se tiene como sus autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a *, toda vez que de acuerdo a la certificación secretarial de cuenta se aprecia que cuenta con registro de cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y solo para oír y recibir notificaciones a *, por no estar registrados en el aludido sistema, ello de acuerdo a la certificación secretarial de cuenta. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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