Julieta Yadira Rivera Hervert

Expediente 1226/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 16 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1226/2022
Año
2022
Actuaciones
16
Última actuación
21/02/2023

Partes del expediente

  • Julieta Yadira Rivera Hervert

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, tomando en consideración que se dio vista a la parte quejosa con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado procede a analizar si se encuentra cumplida. Análisis del cumplimento. El seis de enero de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que las autoridades responsables Director del Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto" y Director General de los Servicios de Salud de San Luis Potosí, en el respectivo ámbito de sus atribuciones: ".1. Brinden la atención médica, adecuada y oportuna a Julieta Yadira Rivera Hervert, conforme al estado actual de la quejosa. 2. Si a la fecha, subsiste el padecimiento de hernia ventral, se otorgue el tratamiento que conforme a los diagnósticos recientes hayan determinado los especialistas; el cual deberá ser practicado de manera inmediata, debiendo las responsables realizar las gestiones correspondientes para que, de no contar con el equipo médico necesario, se le practique en un hospital perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social o en otras clínicas con las que de ser el caso, se establezcan convenios. 3. Den el seguimiento que requiere acorde a su padecimiento a fin de salvaguardar el derecho humano al rango más elevado posible de salud de la quejosa. En la inteligencia de que, para dar cumplimiento a la presente sentencia, las responsables deberán atender el criterio que dio paso a la tesis 1a. XIV/2021 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro digital 2022888, de rubro: DERECHO HUMANO A LA SALUD. CRITERIOS QUE DEBEN VALORARSE PARA SU EFECTIVA GARANTÍA (OBJETIVO, SUBJETIVO, TEMPORAL E INSTITUCIONAL). A través de la cual la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las autoridades responsables de prestar asistencia médica y tratamiento a los pacientes usuarios de alguna institución que integre el Sistema Nacional de Salud, deben garantizar el derecho humano a la salud mediante la valoración de los criterios siguientes: 1) Subjetivo, de acuerdo con el cual el Estado deberá actuar con el propósito de procurar el tratamiento terapéutico y farmacéutico del paciente, ya sea para lograr su reversibilidad o curación o, de ser diagnosticado con una enfermedad crónico y/o degenerativa, procurar la garantía del tratamiento necesario para el control de su sintomatología, así como el control del deterioro de su integridad física y psíquica, es decir, tomando en cuenta el estado de salud del paciente, así como sus requerimientos clínicos y médicos; 2) Objetivo, conforme al cual el Estado deberá garantizar que el tratamiento sea adecuado, de modo que si el paciente requiere algún medicamento, éste contenga las sales originales o genéricas que conserven la biodisponibilidad y bioequivalencia de las sales originales para su efectividad; 3) Temporal, conforme al cual el Estado deberá garantizar que el tratamiento del paciente se garantice de forma oportuna, permanente y constante; y, 4) Institucional, de acuerdo con el cual el Estado debe garantizar que las unidades médicas o instituciones de salud que se encarguen de la garantía del tratamiento lo hagan de conformidad con los estándares más altos de tecnología y especialización médica. Además, resulta necesario precisar en este aspecto, que dada la naturaleza del padecimiento con el que fue diagnosticada la quejosa y atendiendo a que el tratamiento, medicamentos y consultas dependerán en gran medida a la evolución de su padecimiento, para efectos de cumplir con la ejecutoria de amparo, bastará con que las autoridades responsables hagan el pronunciamiento respectivo bajo protesta de decir verdad en el sentido de que acatarán este fallo, con independencia de que en lo sucesivo, provean todo lo necesario para el estricto cumplimiento de la ejecutoria respectiva en los términos señalados en la presente determinación." Ejecutoria. Por proveído de veintiséis de enero de dos mil veintitrés causó ejecutoria dicho fallo constitucional. Acciones de cumplimiento. En acatamiento a lo anterior, mediante oficio recibido en este juzgado el primero de febrero del año en curso, la apoderada legal de los Servicios de Salud del Estado de San Luis Potosí, remitió copia autógrafa del oficio dirigido al Director del Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto", del que se advierte que lo requirió para que continuara brindando a la quejosa la atención médica adecuada y oportuna que requiera, así como los tratamientos médicos y seguimientos que llegara a necesitar mientras subsista su padecimiento de hernia ventral. Por su parte, mediante oficio recibido el dos de febrero siguiente, el apoderado y representante legal del Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto", informó que continúa otorgando atención médica a la quejosa Julieta Yadira Rivera Hervert, respecto de su padecimiento; asimismo, que el cinco de diciembre de dos mil veintidós le fue realizado el procedimiento quirúrgico de plastia ventral con malla sublay para corregir su padecimiento y, que el cuatro de enero del presente año, fue la última consulta a la que asistió en la cual, derivado del examen físico que le fue practicado, se decidió por parte de los médicos especialistas determinar su alta médica por cirugía general, dejando únicamente cita abierta en caso de ser necesario. Asimismo, a través de las diversas comunicaciones oficiales recibidas el diez de febrero del presente año, las citadas responsables manifestaron, bajo protesta de decir verdad, que continuarán otorgando de manera puntual la atención médica que la aquí quejosa requiera, tomando en consideración su padecimiento. Por cumplida. En ese sentido, es preciso destacar que la relevancia de la expresión "bajo protesta de decir verdad", implica que los señalamientos que dichas responsables hagan ante este órgano jurisdiccional, se harán con sujeción a la realidad, de modo que, en caso de que no sea así, podrían hacerse acreedoras a las sanciones establecidas en la legislación penal aplicable. En ese orden de ideas, si las autoridades responsables demostraron que se encuentran proporcionando a la parte quejosa la atención médica que necesita, además, de que manifestaron bajo protesta de decir verdad que se continuarán brindando la asistencia médica que llegase a necesitar la promovente Julieta Yadira Rivera Hervert, lo que incluye los procedimientos médicos que resultaren necesarios, así como la realización de los estudios que le sean prescritos; es indiscutible que con ello se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Aunado a lo anterior, es menester subrayar que en caso incurrir las autoridades responsables en repetición de los actos reclamados, esto es, dejar de proporcionar la atención médica integral a la parte quejosa y el tratamiento necesario para su padecimiento, y se advierta que dichas omisiones se realizaron dolosamente, previa petición en tal sentido, se dará tramite al incidente respectivo, el cual puede culminar con la separación del cargo del titular correspondiente, así como con la vista al Ministerio Público Federal, por la posible comisión de algún delito. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de que se trata, sin que se haya incurrido en exceso o defecto al dar cumplimiento a la misma. Archivo. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Valoración. Acorde a lo establecido en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se concedió la protección constitucional solicitada, este expediente es susceptible de depuración. En consecuencia, dicho expediente deberá permanecer en este juzgado por un lapso de tres años, contado a partir del presente auto en el que se ordena su archivo y transcurrido aquél, dentro del término de noventa días deberá procederse a su depuración, para su posterior transferencia. Hágase constar la valoración del expediente, en la carátula respectiva, como lo prevé el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Acuse de recibo. Por último, se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que la constancia de notificación relativa al oficio que deriva de esta determinación, hace las veces de acuse de recibo, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, quince de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, se hace del conocimiento de las partes que por oficio SEADS/557/2023, de ocho de febrero de dos mil veintitrés, la Secretaría Ejecutiva de Adscripción autorizó a Rodolfo Jiménez Silva, para desempeñarse como Secretario en funciones de Juez de Distrito de este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar, y de conformidad con el criterio plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 104/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 312 del tomo XXXII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de julio de 2010, Novena Época, con registro digital 164217, que dispone lo siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Notifíquese

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, diez de febrero de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos los oficios de cuenta, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con su contenido así como con los diversos oficios registrados con los progresivos de correspondencia interna 1600 y 1725, dese vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, corriéndole traslado con copia autorizada de los mismos, para que manifieste lo que a su derecho convenga, en la inteligencia que transcurrido dicho término, con o sin el desahogo de la vista, este órgano constitucional resolverá sobre el cumplimiento de la referida sentencia. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, tres de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el apoderado y representante legal de la autoridad responsable Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto", con un anexo que acompaña; mediante el cual informa respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio constitucional. En atención a lo anterior y atendiendo a que mediante proveído de dos de febrero de dos mil veintitrés, se reservó acordar lo conducente en cuanto al oficio remitido por la diversa responsable, Apoderada Legal de los Servicios de Salud del Estado de San Luis Potosí, hasta en tanto la diversa autoridad, informara lo conducente, lo cual ya aconteció, en atención a su contenido y al oficio de cuenta se provee: Toda vez que de los informes rendidos por las citadas responsables, en relación al cumplimiento de la ejecutoria de que se trata, no se advierte que hubiesen manifestado "bajo protesta de decir verdad" que acatarán la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a las autoridades responsables, para que dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído, informen el cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo y manifiesten "bajo protesta decir verdad" que la cumplirán en sus términos, conforme a lo señalado en el fallo referido. Lo anterior bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, sin causa justificada, se les impondrá una multa, por el equivalente a cien días del valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.

Quedan 12 actuaciones en este expediente

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