Julieta Victoria Silva Gil
Expediente 2271/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2271/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Julieta Victoria Silva Gil
Actuaciones
- Principal
MESA VI. Vista la certificación de cuenta y como de la misma se desprende, que la parte a quien pudiera causarle perjuicio el acuerdo dictado el nueve de diciembre de dos mil veintiuno, por este Juzgado, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto, no interpuso el recurso de revisión; en consecuencia con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO en sus términos dicha resolución. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. Notifíquese.
- Principal
MESA II.-...glósese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio del Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento a la sentencia dictada en autos, señala que giró exhorto el veinte de octubre del año en curso, a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Tlalnepantla Estado de México, para que notifique a la parte demandada ... toda vez que en autos obra el oficio del Presidente de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán-Texcoco, mediante el cual señala que ha dado cumplimiento a la sentencia dictada en autos, esto es, que ha emplazado a la parte demandada ..., requiérase a la Junta Especial Número Uno ... para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir de la notificación de este acuerdo, ... cumpla con la ejecutoria de mérito, ...apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá una multa ... se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación..
- Principal
MESA III.- Mérida, Yucatán, veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. Atento el estado que guarda este asunto, del contenido del informe justificado rendido por la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad y de las constancias remitidas, que obran glosados en autos, sobreviene la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que produce el sobreseimiento de este juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, por las razones que a continuación se exponen. INTRODUCCIÓN. ****, por conducto de su apoderado María Isabel Puc Ku, reclama de la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, la denegación de justicia que incurre al no continuar con el juicio ejecutivo mercantil 761/2018, en su etapa de ejecución, a pesar de haberse solicitado la reevaluación del predio embargado por escritos de veintiuno de junio, quince de julio y doce de octubre, todos del año dos mil veintiuno. HECHOS. Del informe justificado de cuenta y sus anexos que en copias certificadas remite la autoridad responsable, las cuales tienen valor probatorio pleno que le confieren los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y de la demanda de amparo, en relación al acto aquí reclamado, se advierte lo siguiente: 1. Escrito de fecha veintiuno de junio de dos mil veintiuno, suscrito por María Isabel Puc Ku, en el que solicitó la revaluación del predio embargado. 2. Acuerdo de veintitrés de junio del año en curso, en el que se le dio vista a las partes respecto del avalúo que exhibió la aquí quejosa. 3. Notificación del acuerdo antes citado de fecha veintinueve de junio de dos mil veintiuno por medio de lista publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. 4. Escrito de fecha quince de julio de dos mil veintiuno, suscrito por María Isabel Puc Ku, en el que solicitó la revaluación del predio embargado. 5. Escrito de fecha doce de octubre de dos mil veintiuno, suscrito por María Isabel Puc Ku, en el que reiteró su solicitud del quince de julio del año en curso, respecto la revaluación del predio embargado. 6. Acuerdo de veintisiete de octubre del año en curso, en el que se pronunció respecto a la solicitud de la quejosa. 7. Notificación del acuerdo antes citado de fecha veintinueve de octubre de dos mil veintiuno por medio de lista publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. CONTEXTO LEGAL. El artículo 61 de la Ley de Amparo, en su fracción XXI, párrafo primero, dice: "ARTICULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto" reclamado." Con la finalidad de comprender los alcances de la causa de improcedencia citada, debe señalarse que los efectos de los actos reclamados no cesan sino cuando son derogados o revocados, y esto origina una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se combate. Lo anterior también procede cuando una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo a la promoción del amparo y repone al quejoso en el goce de sus derechos humanos violados. En ese tenor, la cesación de efectos del acto reclamado significa que se deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que implica no sólo la contención definitiva de los actos de autoridad sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada de la insubsistencia del acto reclamado, pues la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar su constitucionalidad cuando ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y no dejó huella alguna en el conjunto de derechos gobernado que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. ANÁLISIS. Reflexionando sobre los hechos y el contexto legal anotado, la suscrita estima que en el presente caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que hace improcedente el presente juicio de amparo indirecto, esto es, han cesado los efectos de la omisión reclamada que la parte quejosa atribuye a la autoridad responsable. Como se adelantó, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama en esencia la denegación de justicia que incurre al no continuar con el juicio ejecutivo mercantil 761/2018, en su etapa de ejecución, a pesar de haberse solicitado la reevaluación del predio embargado por escritos de veintiuno de junio, quince de julio y doce de octubre, todos del año dos mil veintiuno. Ahora bien, del legajo de copias certificadas que remitió la autoridad responsable con su informe justificado, antes relatadas y valoradas, se advierte el escrito veintiuno de junio de dos mil veintiuno, suscrito por María Isabel Puc Ku, en el que solicitó la revaluación del predio embargado; acuerdo de veintitrés de junio del año en curso, en el que se le dio vista a las partes respecto del avalúo que exhibió la aquí quejosa; notificado el veintinueve de junio de dos mil veintiuno por medio de lista publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán; así como los escritos de quince de julio y doce de octubre, ambos de dos mil veintiuno, suscritos por María Isabel Puc Ku, en los que primeramente, solicitó la revaluación del predio embargado y en el segundo reiteró su solicitud del quince de julio del año en curso, respecto la revaluación del predio embargado; el acuerdo de veintisiete de octubre del año en curso, en el que la autoridad responsable se pronunció respecto a la solicitud de la quejosa; el cal fue notificado el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno (posterior a la presentación de la demanda de amparo) por medio de lista publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. De lo anteriormente reseñado, puede inferirse que si la parte quejosa señaló como acto reclamado la denegación de justicia que incurre el juez mercantil al no continuar con el juicio ejecutivo mercantil 761/2018, en su etapa de ejecución, a pesar de haberse solicitado la reevaluación del predio embargado; y de las constancias remitidas por la responsable que acompañó a su informe justificado, se advierte que la autoridad se ha pronunciado respecto de la reevaluación de dicho inmueble embargado en el juicio de origen; en tal virtud, resulta incuestionable que el acto omisivo que se le reclama ha cesado en sus efectos, actualizándose en la especie la causal de improcedencia del juicio constitucional prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por tanto, es evidente que se actualiza la citada causal de improcedencia manifiesta e indudable, pues han cesado los efectos del acto reclamado, en virtud de que las cosas se restablecieron a la situación anterior que se tenía antes del acto que dio origen a la promoción del juicio constitucional, de modo tal, que produjo el resultado de una sentencia concesora, en la medida en que ya ha sido emitido el acto omisivo que la parte quejosa reclamó, pues ha sido restituida en el goce de sus derechos violados, en virtud de que la abstención imputada a la responsable, ha dejado de existir, con lo cual se satisfizo el derecho tutelado por la norma constitucional que consideró como violada la señalada en los artículos 8 y 17 Constitucionales. Cabe agregar que el no sobreseer respecto de la emisión de la resolución, implicaría desconocer que el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes del alumbramiento del acto reclamado, pues resultaría contrario a la naturaleza del mismo que fuese seguido sin ninguna finalidad práctica, como si se tratara sólo de un ejercicio intelectual o de una actividad simplemente especulativa, razón por la cual resulta justificado que el juicio constitucional se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Es aplicable al caso el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IX, Junio de 1999, Tesis 2a./J. 59/99, visible en la página 38, cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, sirve de apoyo a las anteriores consideraciones, el criterio jurisprudencial emitido por la Segunda Sala de la anterior conformación de la Suprema Corte de la Nación, publicado en la página 86, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Segunda Sala, Volumen LXVIII, Tercera parte, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que establezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". CONCLUSIÓN. Por lo anteriormente expuesto, toda vez que se actualiza la causal de improcedencia que señala el artículo 61, fracción XXI, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sin necesidad de esperar la fecha cual está fijada; por tanto déjese sin efectos la misma. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 10/2003 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación, publicado en la página 386, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. Notifíquese personalmente.
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