JULIETA VAZQUEZ PACHECO y Otros.

Expediente 199/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
199/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
27/03/2023

Partes del expediente

  • JULIETA VAZQUEZ PACHECO y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio promovido por Julieta Vázquez Pacheco, por derecho propio, contra los actos y autoridades precisados en el resultando primero, por las razones y fundamentos expuestos en el último considerando de esta sentencia constitucional.

  2. Principal

    Oficio del Titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado08/03/2023 37802 Oficio /2023 ADM del Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado 08/03/2023 3792 3 Oficio FGE/CGAJ/DPC/1572/2023 del Coordinador General de Asuntos Jurídicos en representación del Fiscal General del Estado 08/03/2023 3802 Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, en relación al diverso 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a aquélla, se tienen por rendidos sus informe con justificación; dese vista a las partes por el término de tres días para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional, conforme al diverso 124 del propio cuerpo normativo de leyes. Por otra parte: NÚMERO PROGRESIVO DESCRIPCIÓN FECHA Y HORA REGISTRO 3 Oficio FGE/CGAJ/DPC/1572/2023 del Coordinador General de Asuntos Jurídicos en representación del Fiscal General del Estado 08/03/2023 3802 Informa que notificó a la autoridad responsable, en su carácter de superior jerárquico, para que tenga conocimiento del proveído de dos de marzo de este año, y remite la constancia correspondiente.

  3. Incidental

    ÚNICO. Se NIEGA la suspensión definitiva solicitada por ********************, por derecho propio, contra los actos y autoridades precisados en el resultando primero de esta interlocutoria, en términos del último considerando.

  4. Principal

    Con el escrito de demanda de ***. Se ordena formar expediente físico, únicamente con las constancias presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escritos o solicitudes). La documentación recibida por vía electrónica (demandas, recursos, promociones etc.) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas), constará únicamente en el expediente electrónico, en términos de los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, vigente a partir del siete de noviembre siguiente, no así en el expediente impreso. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 3, fracción XII, del citado Acuerdo General, los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes, como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el Consejo de la Judicatura Federal. Las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las recibidas por esa vía, a pesar de que no integren la totalidad del expediente electrónico Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno como ***. Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior, se impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que haya un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche; por tanto, de su análisis oficioso, debe decirse que ésta debe desecharse parcialmente, por lo que se procede a efectuar el análisis respectivo. Esencialmente la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de una demanda de amparo, es necesario que exista un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Precisado lo anterior, tenemos que la parte quejosa reclama: La omisión del Fiscal General del Estado de Puebla de darle acceso o intervención en la carpeta de investigación. Las órdenes de Búsqueda, Aprehensión, Detención y Su ejecución. De la lectura de los preceptos legales en cita, se advierten las formas para dar cumplimiento al principio de instancia de parte agraviada que, entre otros, rige el juicio de amparo, previsto en el artículo 6 de la Ley de Amparo, el que establece como regla general a seguir para la procedencia del sumario constitucional, que éste únicamente puede promoverse por aquella persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado por sí, por representante legal o por su apoderado; apreciándose que en caso excepcional, cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverse por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que la ley reglamentaria lo permita expresamente. Así, de una intelección armónica entre lo establecido en el artículo 6 de la Ley de Amparo, se advierte que el principio de instancia de parte agraviada, puede cumplirse cuando es el agraviado el que directamente insta al órgano jurisdiccional o, excepcionalmente, en los siguientes supuestos de procedibilidad: 1. Puede promover el representante legal o apoderado; 2. Puede promover cualquier otra persona en su nombre, cuando el acto reclamado derive de un procedimiento criminal; 3. Podrá promover por conducto de su defensor o de cualquier otra persona en los casos previstos en la Ley; 4. Podrá promover cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida; ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción, o destierro, extradición, desaparición forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado esté imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquier otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. Pues bien, en el caso particular el presente juicio de amparo resulta improcedente, respecto del acto consistente en la omisión del Fiscal General del Estado de Puebla de darle acceso o intervención en la carpeta de investigación, en atención a que dicho acto no lesiona los derechos fundamentales de la parte quejosa, ya que los actos de autoridad que pudiera lesionar sus derechos sería la resolución en donde se ordene su captura por el juez de lo penal que corresponda conocer y resolver sobre la petición del Ministerio Público y/o Fiscal. En esas condiciones, toda vez que no causa daño o perjuicio a las personas contra las que se iniciaron las investigaciones, por ser de orden público, según lo establece el artículo 21 Constitucional, que en lo atinente dispone que el Ministerio Público está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, y en su caso integrar la correspondiente averiguación previa y/o carpeta de investigación, siempre y cuando en ellas no se ordene que se le prive de su libertad, posesiones o derechos al gobernado. En esas condiciones, con fundamento en el diverso 113 de la Ley de Amparo, lo procedente en el caso desechar parcialmente la demanda de referencia, en virtud de advertirse de manera manifiesta e indudable, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos 5, fracción I, y 6 del mismo ordenamiento legal en cita, respecto del acto reclamado consistente en la omisión del Fiscal General del Estado de Puebla de darle acceso o intervención en la carpeta de investigación en contra de la parte quejosa. se admite a trámite la demanda de amparo que promueve ***, por propio derecho, contra actos de la Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla Capital ***, y otras autoridades, contra los siguientes actos reclamados: Las órdenes de: Búsqueda, Aprehensión, Detención, y Su ejecución. Por separado tramítese el incidente de suspensión. Dese a la Representación Social de la adscripción la intervención que le compete. En términos del artículo 117 de la Ley de Amparo pídanse a las autoridades responsables su informe con justificación, que deberán rendir dentro del término de quince días siguientes al en que reciban el oficio respectivo y con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa, apercibiéndose que si el informe no se rinde en el término señalado, y si esta circunstancia trae como consecuencia que se llegue a diferir la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de doscientos cincuenta días de salario, calculado conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de diez de enero del año en curso, con vigencia a partir del uno de febrero siguiente. En la inteligencia de que las autoridades responsables también deberán proporcionar algún correo electrónico o número telefónico a efecto de entablar comunicación con motivo de la pronta tramitación e integración del presente asunto. Por lo que hace a los Jueces de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de las diversas Regiones Judiciales señalados como responsables en el presente asunto, se ordena su notificación a través del Juez de Oralidad Penal y de Ejecución, en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal de todas las Regiones Judiciales del Estado, dado que esa Administración General cuenta con acceso al índice cronológico de los libros de gobierno de todas las sedes judiciales en materia de oralidad penal, en donde se concentra información de las partes del procedimiento. Lo anterior de conformidad con las consideraciones contenidas en el oficio *** de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, signado por el aludido Juez en funciones de Administrador General. De la misma forma, por lo que hace a las autoridades adscritas a la Fiscalía General del Estado de Puebla, se ordena su notificación mediante un sólo oficio y a través del Fiscal General del Estado de Puebla, en su carácter de superior jerárquico. Apercibidos que de no hacerlo el Administrador General y Fiscal General de referencia, se les impondrá multa consistente en cincuenta días de salario mínimo, calculado conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de diez de enero del año en curso, con vigencia a partir del uno de febrero siguiente, con fundamento en el artículo 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Se fijan las DOCE HORAS DEL VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la audiencia constitucional. Requiérase a las autoridades responsables para que al rendir su informe con justificación y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, conforme al artículo 117 de la Ley de Amparo, remitan copias autorizadas, legibles y completas de las constancias que tomaron en consideración para emitirlo, apercibidos que de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de doscientos cincuenta días de salario, calculado conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de diez de enero del año en curso, con vigencia a partir del uno de febrero siguiente. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 64 del ordenamiento legal invocado, se requiere a las responsables para que, en el supuesto de que hubiere alguna causal de improcedencia en el presente juicio o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo hagan saber así a este Juzgado, pues de no cumplir con esa obligación, con fundamento en el artículo 251 de la Ley de Amparo se les impondrá multa de treinta días de salario, calculado conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de diez de enero del año en curso, con vigencia a partir del uno de febrero siguiente. Para el caso de que el acto reclamado sea cierto, se requiere a las autoridades responsables respectivas para que, si en algún momento dejaran de conocer del asunto respectivo, en el término de tres días siguiente en que ello ocurra, lo hagan saber de manera inmediata a este juzgado de distrito, a efecto de estar en posibilidad de acordar lo conducente, para la pronta resolución de este juicio, conforme lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional; apercibidos que de ser omisos se les impondrá multa de cincuenta días de salario, calculada conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de diez de enero del año en curso, con vigencia a partir del uno de febrero siguiente, en términos de los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. En el mismo supuesto, de ser cierto el acto reclamado, se requiere a los jueces responsables para que en el término de tres días, siguiente al en que reciban el oficio respectivo, informen el último domicilio que tengan registrado del agente del Ministerio Público quien actuó en la emisión del acto reclamado, así como de las personas a quienes les revista el carácter de víctimas u ofendidos, en su calidad de terceros interesados, respectivamente. Apercibidos que de no hacerlo así, se les impondrá multa de cincuenta días de salario, calculada conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de diez de enero del año en curso, con vigencia a partir del uno de febrero siguiente, en términos de los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Ahora bien, con fundamento en el artículo 108, fracción III, en relación con el 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, que establecen entre las obligaciones de la parte quejosa la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja, como se advierte del artículo 79 de la Ley de Amparo), se apercibe a la parte quejosa que si las autoridades responsables no existen con la denominación que indica en su demanda, se les tendrá como inexistentes, suspendiéndose toda comunicación con las mismas, y en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación salvo prueba en contrario, o que se corrija el señalamiento en la denominación de las autoridades responsables, tomando en consideración que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, que procura la impartición de justicia pronta y expedita y al principio de celeridad procesal. Lo anterior no impide a la parte quejosa aclarar o corregir, en su caso, la denominación de las autoridades responsables hasta antes de la resolución de este asunto. se tiene como medio para recibir notificaciones de la parte quejosa la vía electrónica, que podrá consultar a través del usuario "********************". Se hace de su conocimiento que de conformidad con la fracción III del artículo 30 de la Ley de Amparo, está obligada a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de la ley en cita, en el plazo máximo de dos días a partir de que este órgano jurisdiccional le envíe las notificaciones generadas en el presente asunto, con excepción de las determinaciones dictadas en el incidente de suspensión, en cuyo caso, el plazo será de veinticuatro horas. Apercibida que de no cumplir con lo anterior las notificaciones que le correspondan se realizarán mediante lista de conformidad con la fracción II del artículo 31 de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo que así lo ordene. En virtud de lo anterior, se ordena a los actuarios que para los casos en los que se actualice la hipótesis de que se trata, asienten la razón respectiva a fin de que la notificación correspondiente surta efecto en términos del artículo 31, fracción II de la ley de la materia. En ese sentido, se comisiona a la Analista Jurídico SISE para que proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes al usuario *** para la consulta del expediente electrónico. En lo referente al correo electrónico y número telefónico que proporciona, téngaseles como medios de comunicación no procesal, a fin de que pueda establecerse el contacto respectivo exclusivamente en los casos en que este juzgador lo estime necesario. Con fundamento en el artículo 24 de la ley de la materia, ténganse por autorizadas a ***, para el único efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de las actuaciones del presente asunto, en virtud de no tener registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho del Poder Judicial de la Federación ni haber acreditado ante este juzgado estar legalmente autorizadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario a fin de que notifique este proveído y los subsecuentes aún en días y horas inhábiles, ya que con ello se privilegia la expedites en la administración de justicia, prevista por el artículo 17 de la Constitución General de la República. A fin de dar celeridad en la integración del presente asunto, se instruye el actuario para que en uso de las herramientas electrónicas (correo electrónico, vía interconexión con firma electrónica) notifique a las autoridades responsables en el presente asunto, y para el caso de imposibilidad, deberá asentar la razón respectiva, y notificarlas vía correo acelerado, sin acuerdo de por medio. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables y a aquéllas que tengan el carácter de terceras interesadas, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se le notificarán por medio de lista que se fija en lugar visible de este Juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por sus respectivos delegados o autorizados. Se hace notar que conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también está sujeto a las disposiciones contenidas en la referida Ley, y a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, esta última publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero dos mil diecisiete; por lo tanto, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV, y V, 25, 31, y demás disposiciones aplicables al caso de dicha normativa; esto es, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sean materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos. Finalmente, con fundamento en los artículos 257 y 263, fracción II, último párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se invita a las partes a que: Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, proporcionen a este juzgado los datos necesarios para que este juicio se tramite bajo la modalidad "en línea", lo que lo hará aún más ágil. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos, números de teléfonos celulares y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueda entablar comunicación no procesal.

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