Julieta Sanchez Reyes
Expediente 417/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 417/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Julieta Sanchez Reyes
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veintitrés de mayo de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual hace del conocimiento de este juzgado que mediante proveído de veintidós de los actuales, dicha superioridad aceptó la competencia declinada. Atento a lo anterior, y como de la certificación de cuenta y del estado procesal que guardan los presentes autos se desprende que no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar, en consecuencia y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el juicio en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN, dado que se este juzgado se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y lineamientos especificados en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diez de diciembre de dos mil doce; asimismo, se hace constar que no se formaron cuadernos incidentales. Además, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental por no encontrarse en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, once de mayo de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por - por propio derecho, contra actos del Magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado y Juez Segundo de Primera Instancia en materia Civil, ambos con residencia en esta ciudad; regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado, bajo el número III-417/2018-1. Ahora bien, del análisis a la demanda de amparo a estudio, se advierte que la quejosa señala como acto reclamado el siguiente: "De las autoridades Ordenadoras y Ejecutoras señaladas con anterioridad: La sentencia esgrimida dentro del toca número I-92/2018. Relativo al recurso de apelación interpuesto por -, en contra de la sentencia definitiva dictada por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, en el juicio ordinario civil número 540/2017, que en ejercicio de la acción de evicción ." Por ello, al constituir el acto reclamado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido, debe tenerse como definitiva, y al tratarse de un acto que no es competencia de un Juzgado de Distrito, dada la consecuencia del mismo, que en el presente caso, es la sentencia definitiva dictada dentro del juicio ordinario civil 540/2017, así como la resolución que la confirmó, emitida dentro del toca I-92/2018; es decir, se está en presencia de una resolución definitiva que extingue el procedimiento, por ende, no se actualizan los supuestos previsto en el numeral 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, para efecto de que este Juzgado asuma la competencia en términos del diverso numeral 37 de la citada ley. Lo anterior, pone de manifiesto que en la especie se surten las hipótesis previstas en el artículo 170 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "ARTICULO 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." Asentado lo anterior, el suscrito estima que los actos motivo de la demanda de amparo de que se trata, resulta competencia de un Tribunal Colegiado de Circuito, toda vez que, como quedó de manifiesto, se está en presencia de una resolución que extingue el procedimiento (juicio ordinario civil), y de la resolución que confirmó la sentencia definitiva, ya que constituye una resolución que puso fin al juicio ordinario civil, ello, de conformidad con lo dispuesto por el numeral transcrito. Motivos por los cuales resulta evidente que la demanda que nos ocupa, es de la competencia de un Tribunal Colegiado de Circuito, salvo la mejor opinión de éste, en términos de los preceptos legales invocados. De ahí que se actualiza la hipótesis prevista en el numeral 170 de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, con apoyo en los artículos 33, 34, 47 y 170 de la Ley de la Materia, este Juzgado carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, lo que conduce al suscrito a declararse legalmente INCOMPETENTE de plano, para conocer del asunto planteado, ordenándose remitir la demanda y sus anexos al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, para lo que tenga a bien determinar la superioridad; solicitando acusar el recibo de estilo correspondiente. Tiene aplicación, por analogía la tesis sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes 10 de abril de 2015, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación que textualmente señala: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor. " Asimismo, tiene aplicación la tesis sustentada por Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, visible en la página1692, del tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente señala: "AUTO QUE PONE FIN AL JUICIO. EL AMPARO DIRECTO ES LA VÍA EN LA QUE DEBE SER IMPUGNADO, AUN CUANDO NO SE HUBIERA AGOTADO EL RECURSO ORDINARIO. El auto que pone fin al juicio, así sea recurrible, para efectos de determinar la vía en la que puede ser impugnado, constituye la última resolución y no aquella que resuelve el recurso procedente contra el indicado proveído o, en su caso, el acuerdo que declara firme el respectivo auto, porque la procedencia del juicio de amparo directo, competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, está prevista en el artículo 158 de la Ley de Amparo en términos claros acerca de que la materia del juicio de amparo son las sentencias definitivas o laudos y aquellas resoluciones que pongan fin al juicio, y si bien ese numeral exige, además, que las resoluciones sean definitivas, es decir, que respecto de ellas no proceda recurso ordinario por el que puedan ser modificadas o revocadas, esta última disposición incide solamente por cuanto hace a la procedencia y no por cuanto a la vía por la cual deban ser impugnadas dichas determinaciones; es decir, por como está redactado el indicado artículo 158, siendo el acto reclamado una última resolución o sentencia definitiva, esas resoluciones deben ser impugnadas por la vía de amparo directo y lo inherente al principio de definitividad, esto es, al estudio relativo a si procede o no recurso contra la resolución que se reclame y si se agotó o no ese recurso, es un tema que toca dilucidarlo al Tribunal Colegiado al proveer sobre la admisión de la demanda o al resolver en definitiva el asunto. En las relatadas condiciones, se estima que este Juzgado de Distrito resulta legalmente INCOMPETENTE para conocer de la misma. Fórmese cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. De acuerdo con el artículo 21, párrafo tercero de la propia ley, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. Se hace del conocimiento de las partes, que en caso de que deseen recibir notificaciones vía electrónica, es necesario que primeramente realicen el trámite correspondiente en la página de internet http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx/ a efecto de que se les otorgue el nombre de usuario respectivo y una vez hecho lo anterior, deberán proporcionar a este juzgado dicho dato, a fin de que se pueda autorizar la consulta respectiva, ello de conformidad con el artículo 94, del mismo Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, pues dicha disposición establece que el otorgamiento de acceso a los expedientes electrónicos se realizará al asociar el "Nombre de Usuario" que el solicitante ingresó al registrarse en el portal respectivo. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro y texto: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Finalmente, se tiene a la parte quejosa por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en esta ciudad; mientras que a ********************, se le faculta únicamente para imponerse de autos y recibir notificaciones personales, por así indicarlo el promovente. Notifíquese personalmente.
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