Julieta Puga Rosano

Expediente 243/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
243/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
15/04/2019

Partes del expediente

  • Julieta Puga Rosano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, quince de abril de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve; en tal virtud, con fundamento en lo que disponen los artículos 286 y 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicho auto en el cual se sobreseyó fuera de audiencia, ha causado estado para todos los fines legales correspondientes. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo y archívese el presente asunto como concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que únicamente se sobreseyó fuera de audiencia, en el entendido que el presente asunto se tramito sin cuaderno incidental. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Asimismo, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que la quejosa Julieta Puga Rosano, ocurre ante esta instancia de control constitucional a reclamar de las autoridades señaladas como responsables: Autoridades responsables:  Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla; y,  Actuario adscrito a la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla. Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que los reclamados a la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, son los siguientes:  La omisión de acordar el escrito de 1) veintidós de enero de dos mil diecisiete y 2) tres de enero de dos mil diecinueve, presentados ante la autoridad responsable dentro del juicio laboral de origen 1806/2015.  . La omisión de proveer respecto de la admisión y desahogo de las pruebas ofrecidas en el juicio del cual derivan los actos reclamados. Asimismo, se tiene como acto reclamado al Actuario adscrito a la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, el que sigue:  La omisión de notificar los acuerdos recaído a los escritos de veintidós de enero de dos mil dieciocho, tres de enero de dos mil diecinueve y el auto en el que se haya pronunciado respecto de la admisión y desahogo de las pruebas ofrecidas en el juicio laboral de origen 1806/2015. En relación a lo anterior, y atento al estado procesal que guardan los autos esta autoridad advierte que respecto de los actos reclamados consistentes en la omisión de acordar el escrito de 1) veintidós de enero de dos mil diecisiete y 2) tres de enero de dos mil diecinueve, así como la omisión de notificar los acuerdos recaído a dichos escritos reclamados a la Junta responsable y su actuario adscrito, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.]" De lo anterior se desprende que procede el sobreseimiento dentro de un juicio de amparo, cuando de las constancias apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado. Ahora bien, la autoridad responsable Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, por conducto de su presidenta, al rendir su informe de ley, negó la existencia del acto que se les reclama consistentes en la omisión de acordar el escrito de 1) veintidós de enero de dos mil diecisiete y 2) tres de enero de dos mil diecinueve, así como la omisión de notificar los acuerdos recaído a dichos escritos dentro del expediente 1806/2015, por considerar que al haber dictado los proveídos de veintidós de enero de dos mil dieciocho y tres de enero de dos mil diecinueve, mismos que fueron notificados en las citadas datas, respectivamente, por medio de estados, dichas omisiones que se les atribuyen son inexistentes; afirmación que se encuentra corroborada con las copias certificadas que la responsable acompañó a su informe justificado, cuya eficacia probatoria es plena en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2, por haber sido emitidas por un funcionario público en ejercicio de sus funciones. En efecto, de las aludidas documentales, es posible advertir que mediante proveídos de veintidós de enero de dos mil dieciocho y tres de enero de dos mil diecinueve, mismos que fueron notificados en las citadas datas, respectivamente, por medio de estados; de tal forma que al momento de la presentación de la demanda de amparo, las omisiones de mérito no existían en la forma planteada por el solicitante de amparo. Ello pues, cuando se presentó el escrito de demanda de amparo, esto es, el veinticinco de febrero de dos mil diecinueve [como se advierte del sello de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla que obra a foja 2] dentro del expediente laboral 1806/2015, ya se había proveído y notificado lo conducente respecto de los escritos de veintidós de enero de dos mil diecisiete y tres de enero de dos mil diecinueve. Tiene aplicación por identidad de razones jurídicas la jurisprudencia 2a./J. 3/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 15, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 79, julio de mil novecientos noventa y cuatro, Materia Común, Octava Época, bajo el rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." En esas condiciones, atendiendo a que los actos reclamados consistentes en la omisión de acordar el escrito de veintidós de enero de dos mil diecisiete y tres de enero de dos mil diecinueve, así como la omisión de notificar los acuerdos recaídos a dichos escritos dentro del expediente 1806/2015, a la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla y su actuario adscrito, son inexistentes, procede sobreseer en el juicio de conformidad con la fracción IV del artículo 63 de la Ley de la materia. Ahora bien, respecto de los actos reclamados consistentes en la omisión de proveer respecto de la admisión y desahogo de las pruebas ofrecidas en el juicio laboral de origen 1806/2015, así como la omisión de notificar el mismo, las autoridades responsables señalan que, los actos reclamados por la parte quejosa no son ciertos, en virtud de que por auto de quince de enero de dos mil diecinueve, se acordó lo procedente respecto de la admisión y desahogo de las pruebas ofrecidas en el juicio del cual derivan los actos reclamados, mismo que fue notificado a la parte quejosa el veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, para lo cual la Presidenta de la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla remitió copia certificada de tales actuaciones, derivadas del expediente laboral 1806/2015, las cuales adquieren pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese sentido, esta autoridad advierte que respecto de los actos reclamados a la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla y el actuario de su adscripción, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que la quejosa señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a la quejosa en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Establecido lo anterior, de las constancias remitidas por la responsable a las cuales se otorgó valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el quince de enero de dos mil diecinueve, la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla dictó un acuerdo en el que se proveyó lo pertinente respecto de la admisión y desahogo de pruebas ofrecido en el juicio laboral de origen, mismo que se notificó a la parte quejosa el veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, es dable concluir que cesaron los efectos del retardo del que se duele el peticionario de amparo, toda vez que los efectos de dicho retardo desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna de dicha afectación. Al respecto es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de epígrafe y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En las relatadas condiciones, como se dijo, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en la fracción V del artículo 63 íbidem, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, respecto de los actos consistentes en la omisión de proveer respecto de la admisión y desahogo de las pruebas ofrecidas en el juicio laboral de origen 1806/2015, así como la omisión de notificar el mismo reclamados a la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla y el Actuario de su adscripción. En tales condiciones, se deja sin efecto las nueve horas con diecisiete minutos del cuatro de abril de dos mil diecinueve, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. Resulta aplicable al caso, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Tomo XVII de marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que literalmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que la quejosa Julieta Puga Rosano, ocurre ante esta instancia de control constitucional a reclamar de las autoridades señaladas como responsables: Autoridades responsables:  Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla; y,  Actuario adscrito a la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla. Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que los reclamados a la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, son los siguientes:  La omisión de acordar el escrito de 1) veintidós de enero de dos mil diecisiete y 2) tres de enero de dos mil diecinueve, presentados ante la autoridad responsable dentro del juicio laboral de origen 1806/2015.  . La omisión de proveer respecto de la admisión y desahogo de las pruebas ofrecidas en el juicio del cual derivan los actos reclamados. Asimismo, se tiene como acto reclamado al Actuario adscrito a la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, el que sigue:  La omisión de notificar los acuerdos recaído a los escritos de veintidós de enero de dos mil dieciocho, tres de enero de dos mil diecinueve y el auto en el que se haya pronunciado respecto de la admisión y desahogo de las pruebas ofrecidas en el juicio laboral de origen 1806/2015. En relación a lo anterior, y atento al estado procesal que guardan los autos esta autoridad advierte que respecto de los actos reclamados consistentes en la omisión de acordar el escrito de 1) veintidós de enero de dos mil diecisiete y 2) tres de enero de dos mil diecinueve, así como la omisión de notificar los acuerdos recaído a dichos escritos reclamados a la Junta responsable y su actuario adscrito, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.]" De lo anterior se desprende que procede el sobreseimiento dentro de un juicio de amparo, cuando de las constancias apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado. Ahora bien, la autoridad responsable Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, por conducto de su presidenta, al rendir su informe de ley, negó la existencia del acto que se les reclama consistentes en la omisión de acordar el escrito de 1) veintidós de enero de dos mil diecisiete y 2) tres de enero de dos mil diecinueve, así como la omisión de notificar los acuerdos recaído a dichos escritos dentro del expediente 1806/2015, por considerar que al haber dictado los proveídos de veintidós de enero de dos mil dieciocho y tres de enero de dos mil diecinueve, mismos que fueron notificados en las citadas datas, respectivamente, por medio de estados, dichas omisiones que se les atribuyen son inexistentes; afirmación que se encuentra corroborada con las copias certificadas que la responsable acompañó a su informe justificado, cuya eficacia probatoria es plena en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2, por haber sido emitidas por un funcionario público en ejercicio de sus funciones. En efecto, de las aludidas documentales, es posible advertir que mediante proveídos de veintidós de enero de dos mil dieciocho y tres de enero de dos mil diecinueve, mismos que fueron notificados en las citadas datas, respectivamente, por medio de estados; de tal forma que al momento de la presentación de la demanda de amparo, las omisiones de mérito no existían en la forma planteada por el solicitante de amparo. Ello pues, cuando se presentó el escrito de demanda de amparo, esto es, el veinticinco de febrero de dos mil diecinueve [como se advierte del sello de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla que obra a foja 2] dentro del expediente laboral 1806/2015, ya se había proveído y notificado lo conducente respecto de los escritos de veintidós de enero de dos mil diecisiete y tres de enero de dos mil diecinueve. Tiene aplicación por identidad de razones jurídicas la jurisprudencia 2a./J. 3/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 15, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 79, julio de mil novecientos noventa y cuatro, Materia Común, Octava Época, bajo el rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." En esas condiciones, atendiendo a que los actos reclamados consistentes en la omisión de acordar el escrito de veintidós de enero de dos mil diecisiete y tres de enero de dos mil diecinueve, así como la omisión de notificar los acuerdos recaídos a dichos escritos dentro del expediente 1806/2015, a la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla y su actuario adscrito, son inexistentes, procede sobreseer en el juicio de conformidad con la fracción IV del artículo 63 de la Ley de la materia. Ahora bien, respecto de los actos reclamados consistentes en la omisión de proveer respecto de la admisión y desahogo de las pruebas ofrecidas en el juicio laboral de origen 1806/2015, así como la omisión de notificar el mismo, las autoridades responsables señalan que, los actos reclamados por la parte quejosa no son ciertos, en virtud de que por auto de quince de enero de dos mil diecinueve, se acordó lo procedente respecto de la admisión y desahogo de las pruebas ofrecidas en el juicio del cual derivan los actos reclamados, mismo que fue notificado a la parte quejosa el veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, para lo cual la Presidenta de la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla remitió copia certificada de tales actuaciones, derivadas del expediente laboral 1806/2015, las cuales adquieren pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese sentido, esta autoridad advierte que respecto de los actos reclamados a la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla y el actuario de su adscripción, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que la quejosa señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a la quejosa en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Establecido lo anterior, de las constancias remitidas por la responsable a las cuales se otorgó valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el quince de enero de dos mil diecinueve, la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla dictó un acuerdo en el que se proveyó lo pertinente respecto de la admisión y desahogo de pruebas ofrecido en el juicio laboral de origen, mismo que se notificó a la parte quejosa el veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, es dable concluir que cesaron los efectos del retardo del que se duele el peticionario de amparo, toda vez que los efectos de dicho retardo desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna de dicha afectación. Al respecto es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de epígrafe y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En las relatadas condiciones, como se dijo, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en la fracción V del artículo 63 íbidem, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, respecto de los actos consistentes en la omisión de proveer respecto de la admisión y desahogo de las pruebas ofrecidas en el juicio laboral de origen 1806/2015, así como la omisión de notificar el mismo reclamados a la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla y el Actuario de su adscripción. En tales condiciones, se deja sin efecto las nueve horas con diecisiete minutos del cuatro de abril de dos mil diecinueve, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. Resulta aplicable al caso, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Tomo XVII de marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que literalmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de marzo de dos mil diecinueve. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, téngase por recibido el escrito de cuenta signado por Ricardo Morales Gordiano, Presidente del Consejo de Administración de la persona moral denominada "Cooperativa de Autotransportes de Puebla, Azumiatla, Tecola y Anexas" Sociedad Cooperativa Limitada, a través del cual amplía su demanda de amparo. En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley de Amparo téngase a la parte quejosa ampliando su demanda de amparo; respecto de los siguientes actos reclamados: ".a).- Lo es la ilegal Determinación Jurídico Administrativa número DACP-332/2017, con la cual pretenden declarar el abandono del trámite administrativo contenido dentro del procedimiento número 193/2016, del cual emana la resolución definitiva contenida en el oficio número SIT/CYSET/125/2016, de fecha veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis, y con esto dejar sin efecto alguno ese acuerdo. b).- Así como el ilegal procedimiento seguido por parte del Director de Administración de Concesiones y Permisos de la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado de Puebla y que sirviera de base para emitir la Determinación Jurídico Administrativa número DACP-332/2017, con la cual pretenden declarar el abandono del trámite administrativo contenido dentro del procedimiento número 193/2016, del cual emana la resolución definitiva contenida en el oficio número SIT/CYSET/125/2016, de fecha veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis, y con esto dejar sin efecto alguno ese acuerdo; así como sus consecuencias legales." Por lo anterior, con fundamento en los artículos 111 y 117 de la Ley de Amparo, con copia simple del escrito de ampliación, requiérase al Director de Administración de Concesiones y Permisos de la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado de Puebla, para que dentro del plazo de quince días contados a partir de aquél en que reciba el oficio notificatorio de este auto, rinda el informe justificado que le corresponde, en el que expondrá, las razones y fundamentos que estime pertinente para sostener la improcedencia del juicio y la constitucional o legalidad del acto reclamado, al que se acompañará, en su caso, copias certificadas de las constancias necesarias para apoyarlo. Se apercibe a la autoridad responsable que la omisión a rendir su informe justificado presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo de la parte quejosa acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos a que se refiere el artículo 1º de la Ley de Amparo , y se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, 238, y 260, fracción II, de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los transitorios segundo, tercero y quinto del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve; haciéndoles de su conocimiento que se encuentran señaladas las NUEVE HORAS CON TREINTA Y UN MINUTOS DEL DOCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. En términos de lo dispuesto por el artículo 26 fracción I, inciso k) de la ley de la materia, córrase traslado con copia simple del escrito de ampliación de la demanda al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado en materia de amparos. Por otra parte, téngase al ocursante ofreciendo las pruebas consistentes en las documentales que exhibe, las cuales se tomaran en consideración en el momento procesal oportuno, tal y como lo establece el numeral 119 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.

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